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Juez en proceso de investigación lanza serios cuestionamientos en contra del Ministerio Público.

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Santo Domingo, RD.-El magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, juez del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional,  reaccionó con serios cuestionamientos al Ministerio Público este jueves por primera vez tras el pedimento de suspensión provisional y a la investigación que abrirá en su contra la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por presuntas faltas graves en su ejercicio.

A través de una misiva, Rodríguez Consoró expresó que ante la  “avasallante persecución” del Ministerio Público, se vio en la necesidad de salir a “defender su honor”. Dijo que no se opone a ser investigado. No obstante, consideró que está siendo “vil e injustamente atacado” por el órgano de justicia.

En el documento, el juez continuó haciendo férreas críticas al MP, haciendo alusión a que esta institución “pretende ser juez y parte”.

“Lo que debe comprender la sociedad, es que, a quien persigue el Ministerio Público no es a mí, a quien realmente persigue, es al sistema de justicia y la independencia de los jueces”, manifestó Rodríguez.

Carta íntegra del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró

“Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres” (Juan 8:32).

Ante la avasallante persecución e innumerables injurias y calumnias del Ministerio Público y de personas con oscuros propósitos, he decidido no guardar silencio y salir a defender mi honor y la libertad decisional e independencia de los jueces dominicanos, porque el honor es patrimonio del Alma, y el Alma sólo le pertenece a Dios.

No me opongo a ser investigado e inclusive cuestionado, pues soy un servidor judicial, y los jueces recibimos nuestro salario de los impuestos del pueblo y ese solo hecho, da el derecho a la sociedad de saber quién administra justicia y si ese servidor es digno del tal función. Sin embargo, estoy siendo vil e injustificadamente atacado por el Ministerio Público, el cual es una parte interesada en el proceso penal, y los jueces que somos los terceros imparciales, estamos en la obligación legal y constitucional de refrenar sus actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes en contra de todo ciudadano.

Un Ministerio Público, que ante su ya conocida ineficiencia e inoperancia investigativa, persigue y desea bajo la intimidación y el denostamiento moral en los medios de comunicación, secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces. No veo este ataque como algo perjudicial únicamente a mi persona, sino, como un ataque feroz a nuestra constitución y a los cimientos de nuestra Carta Magna, ya que, es el propio sistema democrático de la nación quien está siendo gravemente golpeado, es la estabilidad democrática y la seguridad jurídica del país, quienes en este momento están siendo lesionadas a muerte.

El adoctrinamiento de los jueces, sobre la base del miedo y la injuria pública, es tratar de negarle a todos los ciudadanos el derecho a ser juzgados con justicia, atendiendo a las reglas del Debido Proceso de Ley, la tutela Judicial efectiva y todas las garantías mínimas que les son acordadas por la constitución y las leyes.

Tenemos un Ministerio Público que quiere ser juez y parte, pues, la PEPCA, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no a preparar la apelación del caso, conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley, sino, que sale a perseguir al juez que ha juzgado conforme la justicia y los parámetros legalmente establecidos, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho.

Sin embargo como dijo en una ocasión la actual Procuradora General de la República, la magistrada Mirian German: “los jueces no están para complacer a nadie” y “la teoría de caso del Ministerio Público no es prueba”, expresiones que compartimos con dicha magistrada, quien al igual que yo, fue injuriada y públicamente acusada sin fundamento. Si complacer al Ministerio Público fuere la función de la justicia penal, no necesitaríamos jueces, sino, que el propio Ministerio Público arbitraria sus procesos y él mismo los decidiría, siendo esto al afecto, lo que este órgano persigue poniendo nuestra función y accionar al escarnio público.

Debe llamar la atención del pueblo dominicano está perniciosa intención del Ministerio Público, porque en un país donde exista un órgano, cual que sea, que se entienda ser un Dios del Olimpo, que se quiera colocar por encima del bien y del mal, existe una línea muy delgada hacia el despotismo, pues, en un país democrático, como nos declara el artículo 4 de nuestra constitución, todos los órganos necesitan su contrapeso, para mantener la salud democrática del Estado.

Al momento que este entramado malicioso, mentiroso y servil, logre amañar la decisión de los jueces a su voluntad, queda la ciudadanía en su conjunto, desprotegida en sus derechos fundamentales, pues, si el juez no puede fallar con independencia conforme lo establece nuestra Carta Magna, el valor justicia no se logra materializar.

El papel del juez es aplicar las leyes con sentido de justicia y la del Ministerio Público, es acusar y presentar pruebas que demuestren su acusación, y cuando decimos pruebas no nos referimos a papeles, sino, a la presentación objetiva de pruebas que logren justificar la fuerza de todo el aparato represivo del Estado en contra de un ciudadano.

Lo que debe comprender la sociedad, es que, a quien persigue el Ministerio Público no es a mí, a quien realmente persigue, es al sistema de justicia y la independencia de los jueces; no es a mi exclusivamente a quien necesitan callar y adoctrinar, sino a todos los jueces del país; no es matar mi moral, sino matar la moral de la justicia. Por ello me han tomado como carne de cañón, para sembrar el terror en los jueces y así inmovilizarles, para que no puedan fallar los casos con independencia. Perseguirme e intentar desmembrar mi integridad, es la respuesta a la ineficiencia claramente exhibida por el Ministerio Público para articular sus casos, ante su falta de pericia para probar sus acusaciones.

Sepa el país, que durante mi ejercicio en estas dignas funciones de juez, he actuado rectamente, apegado a la constitución, la ley, la ética, y la moral, que no tengo nada que temer ni nada que esconder, todo lo contrario, exhibo con mucho orgullo todo lo que tengo y lo que soy, que son el inmenso temor y amor a Dios, mi familia y los principios y valores que me inculcaron mis padres y que me han permitido tener las fuerzas y el valor de poner freno a las extorciones, los abusos y atropellos de un Ministerio Público ineficiente, inoperante, abusivo, marginador, que se alimenta y alimenta el morbo.

Pero, en honor a la popular frase Romana: “Pan y Circo”, a nosotros nos tocó ser circo.

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Por efecto de vaguada declaran 21 provincias en alerta amarilla y 7 en verde.

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SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el  Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del  colentamiento diurno, segun  el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.

Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE

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En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.

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Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.

Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.

«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.

  • El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.

Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».

«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».

Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».

Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y  «con rencor», así como por interés político.

Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.

Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.

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Fijan lectura de sentencia del caso Coral para el 15 de junio.

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Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado  de fallo el juicio  seguido  contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos  implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.

La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.

La jueza sostuvo que quedaban cerrados los debates y que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, este último establece que si el debate se excedió por más de 30 días en este caso, el juicio inició el pasado 27 de junio de 2024, el plazo de la deliberación es de 40 días.

El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.

A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.

Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.

Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.

El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

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