Santo Domingo, RD.-El magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, juez del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, reaccionó con serios cuestionamientos al Ministerio Público este jueves por primera vez tras el pedimento de suspensión provisional y a la investigación que abrirá en su contra la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por presuntas faltas graves en su ejercicio.Nacionales
Juez en proceso de investigación lanza serios cuestionamientos en contra del Ministerio Público.
Santo Domingo, RD.-El magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, juez del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, reaccionó con serios cuestionamientos al Ministerio Público este jueves por primera vez tras el pedimento de suspensión provisional y a la investigación que abrirá en su contra la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por presuntas faltas graves en su ejercicio.A través de una misiva, Rodríguez Consoró expresó que ante la “avasallante persecución” del Ministerio Público, se vio en la necesidad de salir a “defender su honor”. Dijo que no se opone a ser investigado. No obstante, consideró que está siendo “vil e injustamente atacado” por el órgano de justicia.
En el documento, el juez continuó haciendo férreas críticas al MP, haciendo alusión a que esta institución “pretende ser juez y parte”.
“Lo que debe comprender la sociedad, es que, a quien persigue el Ministerio Público no es a mí, a quien realmente persigue, es al sistema de justicia y la independencia de los jueces”, manifestó Rodríguez.
Carta íntegra del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró
“Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres” (Juan 8:32).
Ante la avasallante persecución e innumerables injurias y calumnias del Ministerio Público y de personas con oscuros propósitos, he decidido no guardar silencio y salir a defender mi honor y la libertad decisional e independencia de los jueces dominicanos, porque el honor es patrimonio del Alma, y el Alma sólo le pertenece a Dios.
No me opongo a ser investigado e inclusive cuestionado, pues soy un servidor judicial, y los jueces recibimos nuestro salario de los impuestos del pueblo y ese solo hecho, da el derecho a la sociedad de saber quién administra justicia y si ese servidor es digno del tal función. Sin embargo, estoy siendo vil e injustificadamente atacado por el Ministerio Público, el cual es una parte interesada en el proceso penal, y los jueces que somos los terceros imparciales, estamos en la obligación legal y constitucional de refrenar sus actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes en contra de todo ciudadano.
Un Ministerio Público, que ante su ya conocida ineficiencia e inoperancia investigativa, persigue y desea bajo la intimidación y el denostamiento moral en los medios de comunicación, secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces. No veo este ataque como algo perjudicial únicamente a mi persona, sino, como un ataque feroz a nuestra constitución y a los cimientos de nuestra Carta Magna, ya que, es el propio sistema democrático de la nación quien está siendo gravemente golpeado, es la estabilidad democrática y la seguridad jurídica del país, quienes en este momento están siendo lesionadas a muerte.
El adoctrinamiento de los jueces, sobre la base del miedo y la injuria pública, es tratar de negarle a todos los ciudadanos el derecho a ser juzgados con justicia, atendiendo a las reglas del Debido Proceso de Ley, la tutela Judicial efectiva y todas las garantías mínimas que les son acordadas por la constitución y las leyes.
Tenemos un Ministerio Público que quiere ser juez y parte, pues, la PEPCA, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no a preparar la apelación del caso, conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley, sino, que sale a perseguir al juez que ha juzgado conforme la justicia y los parámetros legalmente establecidos, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho.
Sin embargo como dijo en una ocasión la actual Procuradora General de la República, la magistrada Mirian German: “los jueces no están para complacer a nadie” y “la teoría de caso del Ministerio Público no es prueba”, expresiones que compartimos con dicha magistrada, quien al igual que yo, fue injuriada y públicamente acusada sin fundamento. Si complacer al Ministerio Público fuere la función de la justicia penal, no necesitaríamos jueces, sino, que el propio Ministerio Público arbitraria sus procesos y él mismo los decidiría, siendo esto al afecto, lo que este órgano persigue poniendo nuestra función y accionar al escarnio público.
Debe llamar la atención del pueblo dominicano está perniciosa intención del Ministerio Público, porque en un país donde exista un órgano, cual que sea, que se entienda ser un Dios del Olimpo, que se quiera colocar por encima del bien y del mal, existe una línea muy delgada hacia el despotismo, pues, en un país democrático, como nos declara el artículo 4 de nuestra constitución, todos los órganos necesitan su contrapeso, para mantener la salud democrática del Estado.
Al momento que este entramado malicioso, mentiroso y servil, logre amañar la decisión de los jueces a su voluntad, queda la ciudadanía en su conjunto, desprotegida en sus derechos fundamentales, pues, si el juez no puede fallar con independencia conforme lo establece nuestra Carta Magna, el valor justicia no se logra materializar.
El papel del juez es aplicar las leyes con sentido de justicia y la del Ministerio Público, es acusar y presentar pruebas que demuestren su acusación, y cuando decimos pruebas no nos referimos a papeles, sino, a la presentación objetiva de pruebas que logren justificar la fuerza de todo el aparato represivo del Estado en contra de un ciudadano.
Lo que debe comprender la sociedad, es que, a quien persigue el Ministerio Público no es a mí, a quien realmente persigue, es al sistema de justicia y la independencia de los jueces; no es a mi exclusivamente a quien necesitan callar y adoctrinar, sino a todos los jueces del país; no es matar mi moral, sino matar la moral de la justicia. Por ello me han tomado como carne de cañón, para sembrar el terror en los jueces y así inmovilizarles, para que no puedan fallar los casos con independencia. Perseguirme e intentar desmembrar mi integridad, es la respuesta a la ineficiencia claramente exhibida por el Ministerio Público para articular sus casos, ante su falta de pericia para probar sus acusaciones.
Sepa el país, que durante mi ejercicio en estas dignas funciones de juez, he actuado rectamente, apegado a la constitución, la ley, la ética, y la moral, que no tengo nada que temer ni nada que esconder, todo lo contrario, exhibo con mucho orgullo todo lo que tengo y lo que soy, que son el inmenso temor y amor a Dios, mi familia y los principios y valores que me inculcaron mis padres y que me han permitido tener las fuerzas y el valor de poner freno a las extorciones, los abusos y atropellos de un Ministerio Público ineficiente, inoperante, abusivo, marginador, que se alimenta y alimenta el morbo.
Pero, en honor a la popular frase Romana: “Pan y Circo”, a nosotros nos tocó ser circo.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
En ese sentido, las magistradas, según las palabras de la jueza Clara Castillo, «aún cuando ha vencido el plazo legal, el tribunal entiende que no procede la solución de la extinción penal por el plazo máximo de duración«.
«Cuando el tribunal hace el análisis de la actividad procesal, el tribunal llega a la conclusión que, independientemente de que el caso ha excedido el plazo máximo de duración del proceso, ha sido necesario, la duración ha sido razonable, no se ha observado una demora injustificada»Jueza del Segundo Tribunal Colegiado del DN
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).
Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.
En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores
Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.
También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.
La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.