Santo Domingo, R.D.-La agresiva política de endeudamiento del Gobierno sigue su agitado curso y La Cámara de Diputados aprobó este jueves, el último día de la legislatura ordinaria, tres convenios de préstamos propuestos por el Poder Ejecutivo que suman en total 160 millones de dólares estadounidenses.

Estos préstamos son aprobados antes de marcar el cierre de los trabajos legislativos, que serán reanudados el próximo 16 de agosto con la juramentación del presidente Luis Abinader. Ese día también asumen los legisladores electos y relectos en las pasadas elecciones del 19 de mayo.

El préstamo más costoso es de 120 millones de dólares, suscrito entre el Gobierno dominicano y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), y estará dirigido al financiamiento del mejoramiento de los sistemas de distribución energética del país.

Se tiene contemplado que esta partida sea enviada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) para su ejecución.

Asimismo, edificar infraestructuras en condiciones sostenibles que no afecten al medioambiente y garantizar el suministro eléctrico ante el crecimiento de la demanda en el territorio nacional.

Este empréstito fue dividido en dos contratos suscritos y depositados en el órgano legislativo en el mismo día, cada uno por 60 millones de dólares. La primera cuota se pagará el 15 de diciembre de 2028 y la última cuota el 15 de junio de 2043. El plazo del préstamo es de hasta 25 años, incluyendo hasta cinco años de periodo de gracia.

40 millones de dólares

Mientras que el otro, que contempla una entrega de 40 millones de dólares, permitirá el desarrollo el Proyecto del Plan de Reforma y Modernización del Estado, correspondiente al Ministerio de Administración Pública (MAP).

La pieza busca con este dinero mejorar la eficiencia, accesibilidad y capacidad de respuesta de los servicios administrativos seleccionados para los ciudadanos y las empresas.

Santo Domingo, R.D.-Cincuenta y seis denuncias de fraudes presentó la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ante el Ministerio Público, los cuales fueron detectados  en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en virtud de la competencia que le otorga la Ley 13-20, cuyas  irregularidades ya llegan a 288.

«Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87-01 y sus modificaciones, desde la Tesorería de la Seguridad Social hacemos un monitoreo constante de los registros realizados por los empleadores en el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), para poder detectar la evasión, omisión, elusión y el fraude al seguro familiar de salud y denunciar ante las autoridades correspondientes a quienes atentan contra el equilibrio económico y financiero del Sistema a través de la comercialización ilícita del seguro familiar de salud del régimen contributivo”, puntualizó Henry Sahdalá, tesorero de la Seguridad Social.

Santo Domingo, R.D.-La Asociación Dominicana de Profesores (ADP)El fue advertida por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd)  que no puede proporcionarle los nombres de los docentes que fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual debido a que es una información confidencial, cuya divulgación podría vulnerar el derecho a la privacidad de las personas involucradas.

El Minerd indicó al colectivo que, aunque comprende su interés en conocer los nombres de los maestros afectados, la Ley General de libre Acceso a la Información Pública No. 200-04; el Decreto No. 130-05 y la Resolución No. 17-2019 consideran esa información confidencial.

En la comunicación, el Minerd enfatiza que “mantiene un firme compromiso con la lucha contra el acoso sexual en el ámbito educativo”.

“Contamos con políticas y procedimientos establecidos para prevenir, atender y sancionar este tipo de conductas, y trabajamos constantemente para crear un ambiente escolar seguro y respetuoso para todos los estudiantes y docentes, esfuerzo en el cual siempre hemos contado con la buena disposición de la ADP”, precisa la institución.

“Estas entidades tienen facultad legal para investigar y procesar casos de acoso sexual, y pueden proporcionarle la información que necesita en el marco de sus investigaciones”, indica la carta.