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Prisión para uno de ocho acusados de estafa piramidal de más de RD$120 millones

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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva fue impuesta este jueves por  la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional como medida de coerción contra el único detenido de ocho acusados de estafar a 90 querellantes con casi tres millones dólares (más de 120 millones de pesos).

Juan Diego Toribio Mejía está acusado de estafa en el caso piramidal que se han convertidos en recurrentes desde que empezó la pandemia del COVID-19.

La medida de coerción fue impuesta esta tarde por la magistrada Fátima Veloz.

Los siete prófugosLos prófugos son Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, Samil José Abad de la Rosa, José Horacio Vicioso Ureña, Yoirma Guzmán Contreras, Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda y Bélgica Altagracia Báez de la Rosa.

Las víctimas invirtieron desde 7,000 hasta 40,000 dólares y, además de la tasa interés que se les prometía, obtenían 500 dólares por cada persona que llevaban para que se sumara al «proyecto».

Osiris Disla Ynoa, abogado de 15 de las víctimas, dijo que la jueza también declaró el caso complejo por el número de personas involucradas.

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Jochi Gómez realizaba labores de «inteligencia y seguimiento» a jueces y funcionarios del sistema judicial

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Santo Domingo.-Jochi Gome, realizaba labores de «inteligencia y seguimiento» a jueces y funcionarios del sistema judicial dominicano, según detalló el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en su contra y de los demás implicados en el caso Camaleón.

Conforme a los fiscales de la la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en la guantera del vehículo marca Toyota Land Cruiser, color negro, se encontró un documento con la descripcion de los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Keila Perez Santana, Elias Santini Perrera y Arisleyda Méndez Batista.

Señalan los fiscales que también se encontró un cuadro de distintos nombres de jueces, abogados ayudantes, alguacil de estrado, oficinista, alguacil, también del Cuarto Tribunal Colegiado, comenzando con la jueza Perez Santana y terminando con Estafany Orty Montero, siendo esto una prueba de las actividades de inteligencia y seguimiento realizadas por Jochi Gómez a jueces y funcionarios del sistema judicial.

Detalló que luego de producirse el arresto del imputado Jochi Gómez, miembros del Ministerio Público, en compañía de agentes de la Policía Nacional, procedieron a ubicar el vehículo donde este se presentó a la Procuraduría, siendo encontrado en las cercanías de la sede de esta institución, específicamente en la calle Rafae Damirón, frente al Pabellón de Las Naciones, sector Centro de Los Héroes, Distrito Nacional.

Indica que al llegar a este lugar, se verificó que se encontraban 2 vehículos estacionados, siendo estos el vehículo marca Toyota Land Cruiser, color negro, con la placa G364756 y el vehículo marca Toyota Land modelo Cruiser VX.R, color negro, sin placa, en los cuales se encontró en el asiento del conductor de cada vehículo.

Agrega que los señores Pablo José Luna Sosa y Henry Felipe Casso, los cuales al ser cuestionados sobre las razones de su presencia allí, contestaron el primero seguridad y el segundo chofer, respectivamente de Gómez.

Luego de esto, sostienen los fiscales en presencia del señor Henry Felipe Casso, fue realizado el registro del vehículo marca Toyota Land Cruiser, color negro, con la placa G364756, del cual se constató que su número de chasis es el JTMABBBJ8R4118870, mientras que en la depuración de la referida placa, se verificó que la misma no correspondía a dicho vehículo, sino a la jeepeta marca Toyota Land modelo Cruiser VX.R, color negro JTMHV02J504191708.

En el expediente figuran, además de Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix; Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant); Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Nueva.

De acuerdo al Ministerio Público, los imputados pertenecen a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.

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Autoridades apresaron más de 900 personas en el país durante operativos antidrogas

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Santo Domingo, R.D.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció este domingo que, durante la última semana, las autoridades realizaron más de cuatro mil operativos y 65 allanamientos, donde apresaron a 923 personas y ocuparon 141,448 gramos de cocaína, 38,560 dosis de marihuana, 3,135 de crack, 19 gramos de metanfetaminas y 103 pastillas de éxtasis, para un total de 183, 164.50 gramos.

Así lo informó la DNCD a través de un comunicado, en el que también aseguraron que en los operativos se incautaron además 6 armas de fuego, 30 machetes y cuchillos, 9 vehículos, 43 motocicletas, 270 celulares, 24 radios de comunicación, 83 balanzas, RD$ 1,181,253, US$ 5,232 y 5 euros, entre otras evidencias.

Las operaciones de interdicción en contra del microtráfico se extendieron al a los barrios del Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Duarte, Maria Trinidad Sanchez, Samana, Valverde, entre otras localidades.

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Pepca: Acuerdo de Aurix y Ministerio de Defensa fue oculto y de “malas intenciones”

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en contra Jochi Goméz y los demás encartados en el caso Camaleón, detalla que la firma del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) y la empresa Aurix fue un acuerdo oculto y de malas intenciones, al no encontrarse registros institucionales oficiales, según las dependencias del Ministerio de Defensa.

Conforme a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el imputado Jochi Gómez tenía un interés marcado en querer controlar, interferir y participar en actividades de captación, interferencia, seguimiento y ubicación de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional.

Ante esa situación, alega el Pepca se firmó el acuerdo de cooperación realizada por el Ministerio de Defensa, representado por Rubén Darío Paulino Sem, y la empresa Aurix, representada por Jochi Gómez, de fecha 23 de junio del año 2020, con un tiempo de vigencia de 12 meses.

Sostiene que la razón social Aurix fue presentada como una empresa privada dedicada a la recopilación y análisis de datos, a través de la evaluación de fuentes abiertas, públicas e investigaciones particulares, algoritmos e inteligencia artificial.

OBLIGACIONES DE AURIX Y MIDE

Dentro de las obligaciones de Aurix estaba suministrar al MIDE la cooperación de carácter público o privado respecto de todos los perfiles de entes físicos o jurídicos que, en el marco de una investigación, arrojen un nivel de riesgo; facilitar la cooperación con el uso de software de detección de riesgos o amenazas; recopilar y transferir las cooperaciones de los perfiles físicos y jurídicos; se le autoriza el uso del logo y de la empresa en las instalaciones del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, entre otras.

Mientras que el Ministerio de Defensa se encargaría de coordinar los permisos o licencias necesarias para las operaciones de Aurix en el territorio nacional; proveer a Aurix la cooperación necesaria para el desempeño de su labor de investigación; apoyar los planes de asistencia tecnología y transferencia de los datos requeridos, para el fiel cumplimiento y protección de las instalaciones, personal humano y relacionados, ante cualquier amenaza posible o de forma permanente.

Según oficio núm. 12249 del 21 de marzo de 2024, emitido por el exministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Moría, en comunicaciones de los Comandantes Generales del Ejército de la República Dominicana, Armada de la República Dominicana, Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Contralora General de las Fuerzas Armadas, no se encontraron registros de pagos, deudas o relación con la razón social Aurix S.A.S.

Aduce la Pepca que lo que constata que la firma del acuerdo de cooperación fue un acuerdo oculto y de malas intenciones, al no encontrarse registros institucionales oficiales, según las dependencias del Ministerio de Defensa.

Acotó que la firma de este acuerdo viola completamente las disposiciones contenidas en la Constitución y la ley 139-13, al otorgar facultades y libertades, propias de instituciones castrenses y de inteligencia, a una empresa privada para un uso y abuso de información privilegiada y tratada como seguridad nacional, resultando en prácticas particulares de Gómez y sus actividades ilícitas de manipulación, amenazas, chantajes y extorsión.

Precisa que según comunicación de fecha 4 de octubre de 2024, marcada con el número 33275, remitida por la Dirección de la Policía Nacional, se pudo corroborar que no existe acuerdo ni convenio alguno entre esta institución y la empresa AURIX S.A.S. De igual forma se pudo corroborar el uso de instituciones como el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y otros organismos de investigación.

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