Nacionales
Sesgo político denuncia jueza en su evaluación del CNM.
Santo Domingo, R.D.-Pilar Jiménez Ortiz, jueza de la Suprema Corte de Justicia, denunció al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por presunta arbitrariedad y sesgo político en el proceso de evaluación para su permanencia en el alto tribunal.
En una carta dirigida a los miembros del CNM y depositada en la secretaría del Consejo, Jiménez Ortiz acusó al organismo de actuar fuera del marco legal al calificarla como “no idónea”, alegando que se utilizaron criterios inventados y percepciones subjetivas.
Según la jueza, se distorsionaron hechos técnicos y jurídicos durante su evaluación, y recordó el reconocimiento de errores en la Ley 2-23 por parte de Napoleón Estévez Lavandier, actual presidente del Tribunal Constitucional.
Se quejó que la postura presentada por ella y que la descalificó para continuar en la Suprema Corte de Justicia fue la usada por Estévez para lograr su paso a la cabeza del Tribunal Constitucional.
- La magistrada también denunció una supuesta práctica sistemática de descalificación contra juezas dentro del CNM.
Afirmó que mujeres con trayectorias intachables han sido excluidas por razones políticas, lo que, a su juicio, constituye una forma de discriminación institucionalizada.
Jiménez Ortiz preside la Primera Sala o Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia.
En la evaluación a Jiménez Ortiz, el CNM reveló que se objetó como «inoportuno» el aplazamiento de la aplicación de la Ley 2-23 Sobre Recurso de Casación sin que se hubiese previsto un mecanismo para ello (como una vacatio legis o vacatio legal, es decir, el período transcurrido entre la publicación de una norma y su entrada en vigor).
Durante su entrevista, la magistrada explicó que tanto ella como el equipo de la sala consideraron que la comunidad jurídica no estaba preparada para aplicar el interés casacional, además de que algunos temas actuaban «en contra de la sala, de la ley y la jurisprudencia».
Otro punto abordado fue que las demandas de suspensión de ejecución de sentencias en los procesos de casación, competencia exclusiva de la magistrada Jiménez Ortiz, no obtuvieron, en la mayoría de los casos, respuesta en el plazo establecido por la ley, provocando la inobservancia de estos y una injustificada mora en dichas demandas.
Además de la jueza Jiménez Ortiz, el pasado 2 de octubre, el Consejo Nacional de la Magistratura evaluó a Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón. Al día siguiente se informó que se decidió no ratificarlos.
Luego de un mes se publicaron los informes. Los argumentos del CNM fueron criticados por organismos de la sociedad civiel como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Integrantes del CNM
- El presidente Luis Abinader
- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos
- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo PachecoEl presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier
- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina
El senador Omar Fernández - El diputado Tobías Crespo
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La magistrada de la Suprema Corte Nancy Salcedo.
Nacionales
Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
Nacionales
Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.