Santo Domingo, R.D.-Tres juristas estimaron que la institucionalidad, formación judicial, independencia y tecnología han avanzado en el país, pero que para el ciudadano común todavía puede ser lenta, costosa y desigual.

Ese fue uno de los diagnósticos centrales expuestos por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, el abogado penalista Miguel Valerio y el jurista Francisco Álvarez Martínez, durante el tercer programa de “Balance: 16 miradas para el 16”, especial de CDN 37 dedicado a revisar los principales desafíos del país cuando el Gobierno del presidente Luis Abinader se aproxima a cumplir seis años.

El episodio estuvo enfocado en una pregunta directa: si una persona común necesita justicia, ¿la encontrará a tiempo y en igualdad de condiciones, sin importar su nivel económico, influencia o capacidad de defensa?

La evaluación inicial fue moderadamente favorable. Peralta otorgó 7 puntos sobre 10 al sistema de justicia dominicano, Valerio le dio 8 y Álvarez Martínez 7.5. Los tres reconocieron avances respecto a décadas anteriores, especialmente en la profesionalización de jueces, la formación especializada, el uso de tecnología y la consolidación de mayores niveles de independencia institucional.

Peralta recordó que en el pasado los jueces eran designados bajo fuertes influencias  políticas y sostuvo que hoy existen mayores garantías institucionales. Valerio resaltó el papel de la Escuela Nacional de la Judicatura y el avance de la justicia virtual. Álvarez Martínez, por su parte, señaló que las nuevas herramientas tecnológicas y las reformas en marcha podrían traducirse en mejoras importantes durante los próximos años.

Sin embargo, cuando el debate pasó de la estructura institucional a la experiencia real del ciudadano, el diagnóstico fue mucho más severo.

Peralta resumió uno de los mayores problemas del sistema con una frase directa: “La justicia aquí es lenta y es cara”.

El ministro reconoció que las instituciones judiciales no cuentan con todos los recursos necesarios para responder a la demanda existente y admitió que el acceso efectivo a la justicia continúa siendo una deuda para una parte importante de la población.

“El costo es muy alto”, afirmó el abogado, al advertir que esta realidad golpea con más fuerza a quienes tienen menos recursos.

Álvarez Martínez también planteó que la desigualdad económica sigue incidiendo en la defensa de los derechos. Afirmó que no es lo mismo enfrentar un proceso con recursos suficientes para contratar una defensa robusta que hacerlo dependiendo de opciones limitadas. Aunque reconoció avances en acceso a información y herramientas digitales, advirtió que la capacidad económica continúa marcando diferencias dentro del sistema.

Uno de los puntos más críticos del programa fue el uso de la prisión preventiva. Valerio cuestionó que en República Dominicana se recurra con tanta frecuencia a esa medida y afirmó que en el país “se cae preso preventivo por cualquier cosa”. También advirtió sobre los costos humanos, económicos e institucionales de mantener a personas detenidas durante largos períodos sin condena definitiva.

El abogado planteó que el Estado podría enfrentar consecuencias cuando una persona permanece años en prisión preventiva y luego resulta absuelta o no condenada.

Álvarez Martínez fue más lejos al estimar que entre 60 % y 70 % de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva. A su juicio, ese dato revela un sistema que “ya colapsó y falló”.

Peralta coincidió en que la prisión preventiva debe ser excepcional. Señaló que su aplicación debe depender de elementos como el riesgo de fuga, el arraigo del imputado y las circunstancias concretas del caso, no solo de la gravedad del hecho atribuido.

La duración de los grandes expedientes de corrupción fue otro de los temas que generó preocupación.

Valerio recordó que la Constitución reconoce el derecho a una justicia pronta y advirtió que los procesos que se prolongan durante cuatro o cinco años pueden producir un choque entre dos derechos: el de las víctimas y la sociedad a obtener justicia, y el del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Álvarez Martínez advirtió que algunos grandes expedientes podrían terminar extinguidos por el paso del tiempo si el sistema no logra procesarlos con mayor eficiencia. Atribuyó parte del problema a acusaciones excesivamente extensas, sobreabundancia de pruebas y expedientes difíciles de manejar dentro de los ritmos ordinarios de los tribunales.

El jurista sostuvo que la complejidad de esos casos no puede convertirse en una excusa para que los procesos queden atrapados en una mora que termine anulando la posibilidad de una sentencia.

Peralta recordó que el Poder Ejecutivo tiene límites frente a esos expedientes, debido a que el Ministerio Público ya no depende directamente del presidente de la República. No obstante, reconoció que el desenlace de los grandes procesos judiciales puede tener repercusiones  políticas y se mostró partidario de simplificar procedimientos.

Consultando su calificación sobre el nuevo Código Penal, Valerio lo calificó con 9 puntos sobre 10 y defendió que incorpora principios y conductas que antes no estaban suficientemente desarrollados dentro de la legislación penal dominicana.

Álvarez Martínez cuestionó la forma en que fue socializado e implementado. Consideró que una reforma de esa magnitud debió explicarse con más amplitud a la ciudadanía antes de su entrada plena en funcionamiento.

Peralta rechazó que el nuevo Código Penal constituya una amenaza a la libertad de expresión. Afirmó que no considera que exista actualmente una legislación que restrinja a periodistas, comunicadores o ciudadanos por expresar opiniones, aunque reconoció que el texto podría requerir ajustes conforme avance su aplicación.

También hubo posiciones encontradas sobre la posibilidad de acumular penas hasta alcanzar 60 años de prisión. Valerio consideró desproporcionado ese aumento y se manifestó contrario al cúmulo de penas. Álvarez Martínez cuestionó que el sistema dominicano esté preparado para retirar a una persona de la sociedad durante seis décadas. Peralta defendió que quien cometa varios delitos graves independientes debe responder por cada uno de ellos.

La creación del Ministerio de Justicia fue presentada como una de las reformas institucionales más relevantes.

Peralta explicó que la nueva institución busca concentrar atribuciones del Poder Ejecutivo que antes estaban dispersas en distintos organismos, entre ellas políticas de justicia, derechos humanos, litigios internacionales, administración penitenciaria y otras funciones que no corresponden directamente al Ministerio Público.

Valerio respaldó la creación del ministerio y consideró que debe asumir un papel central en la definición de la política criminal del Estado.

Álvarez Martínez también valoró la nueva estructura como una oportunidad para acercar el sistema al ciudadano, mejorar la orientación pública y facilitar la comprensión de derechos, procedimientos y rutas institucionales.

En el tramo final, la conversación abordó la independencia de la justicia y el papel del Consejo Nacional de la Magistratura.

Valerio reconoció que, hasta ahora, la administración de Luis Abinader no ha dado señales de intentar imponer jueces afines, aunque recordó que la selección de las altas cortes siempre tiene un componente político.

Peralta sostuvo que el Consejo Nacional de la Magistratura debería ser revisado para reducir la discrecionalidad que puede depender de quien ejerza la Presidencia de la República. Al mismo tiempo, afirmó que durante la actual administración ese órgano ha actuado con libertad.

Los participantes coincidieron en definir la justicia dominicana como un sistema “en transición”, con avances reales, pero también con deudas profundas.

El desafío, según quedó planteado en Balance, es que las reformas institucionales, los nuevos códigos, la tecnología y la creación del Ministerio de Justicia se traduzcan en algo concreto para la ciudadanía: una justicia accesible, confiable, menos costosa y capaz de decidir dentro de un tiempo razonable.

Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prision preventiva impuso un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi como medida de coerción a un hombre acusado de matar a su pareja sentimental en el distrito municipal de Hatillo Palma.

La medida fue dictada contra Alan de Jesús Gómez Castellanos, de 30 años de edad.

El ahora preso preventivo es procesado por la muerte de Nelqui Alejandra Rodríguez García, de 28 años.

De acuerdo con la acusación, la joven fue atacada con un arma blanca por su pareja sentimental.

El hecho, registrado el pasado 8 de agosto, habría ocurrido en presencia de una niña de tres años, hija de la víctima.

Francisco Alejandro Rodríguez, padre de la hoy occisa, manifestó su esperanza de que el acusado reciba todo el peso de la ley.

Mientras que los abogados de la familia, Juan Carlos Báez Peralta, Francis Peralta y Francis Josué Peralta, indicaron que procurarán que al imputado se le imponga la pena máxima contemplada para este tipo de crimen.

• Nelqui Alejandra Rodríguez García era una joven madre, cuya muerte ha causado consternación entre familiares y residentes de Hatillo Palma.

El tribunal ordenó que Gómez Castellanos cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Dajabón.

Santo Domingo, R.D.-La poblacion fue alertada por las autoridades sanitarias este jueves sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alimentos procesados y grasas saturadas y  a adoptar hábitos saludables para prevenir enfermedades crónicas.

La recomendación del Ministerio de Salud Pública surge a propósito del Día del Nutricionista en Latinoamérica, celebrado el pasado 11 de agosto.

• El organismo explicó, mediante una nota de prensa, que mantener una dieta saludable y realizar ejercicios son factores clave para prevenir la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las afecciones cardiovasculares.

Asimismo, agregó que el consumo excesivo de sal, grasas saturadas y alimentos procesados puede contribuir al aumento de peso corporal, lo que puede complicar o derivar en presión arterial alta, debido a que el sobrepeso incrementa la carga sobre el corazón y los vasos sanguíneos.

Entre otros factores que inciden negativamente en la salud, el ministerio mencionó el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco y el estrés crónico.

• Ante esta situación, Salud Pública recomendó mantener una alimentación saludable que incluya diariamente vegetales, verduras, carnes magras o fuentes de proteína y carbohidratos complejos.

• También aconsejó beber suficiente agua, dormir adecuadamente y cumplir con las horas de descanso recomendadas, además de cuidar la salud mental.