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Juristas defienden constitucionalidad Ley General de Salarios

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El Ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, junto a los juristas José Darío Suárez y Olivo Rodríguez Huertas.

SANTO DOMINGO. La aprobación de la Ley General de Salarios, que fue observada por el Poder Ejecutivo y devuelta a la Cámara de Diputados, es una necesidad impostergable para que el país pueda contar con una normativa que permita lograr la transparencia, eliminar la discrecionalidad e inequidad salarial, así como corregir distorsiones en la gestión de recursos humanos en el sector público, consideraron este martes los juristas José Darío Suárez y Olivo Rodríguez Huertas, quienes participaron con sendas exposiciones en un conversatorio sobre el tema, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP).En la actividad, que estuvo encabezada por el titular del MAP, Ramón Ventura Camejo y el director Ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), doctor Marcos Villamán, tomaron parte representantes de la sociedad civil y de distintos sectores gremiales, empresariales y académicos de la República Dominicana.

Ventura Camejo, al dirigirse a los presentes en el conversatorio, manifestó la disposición del Ministerio de Administración Pública a colaborar con los legisladores para el conocimiento y debate de las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley. «Lo importante es culminar este proceso y que la legislación sea aprobada, promulgada y que entre en vigencia, porque eso va a contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia en la administración pública en el país».

Durante su intervención, Rodríguez Huertas destacó que las disposiciones de la Ley General de Salarios abarcan a todos los entes de la administración pública, aunque tengan autonomía constitucional o legal. «Existen las bases constitucionales para el establecimiento de un sistema de compensaciones dentro del sector público, generando uniformidad entre los órganos y entes que cuentan con ese tipo de autonomía», señaló el experto.

Asimismo, aclaró, con respecto a la controversia creada en torno al papel del Ministerio de Administración Pública en el establecimiento de esas remuneraciones, que esos aspectos quedan en manos del Poder Legislativo, y son los legisladores quienes deben definir el monto y la cuantía de las compensaciones que deben recibir esos organismos autónomos.

«Lo que ha habido es un malentendido, porque la ley de salarios no plantea que será el Ministerio de Administración Pública el que fijará los sueldos en los entes de origen constitucional como el Tribunal Constitucional, serán sus órganos directivos los que establecerán sus escalas de salarios» explicó Olivo Rodríguez Huertas.Por su parte, José Darío Suárez especificó que la Ley General de Salarios no contradice los principios de la Ley 41-08, de Función Pública, «sino que los reitera, al tiempo que contribuye a disminuir el dispendio y corregir distorsiones».

El reconocido jurista hizo énfasis en el hecho de que si alguna institución tiene personalidad jurídica, «eso no la coloca fuera de la administración pública».

También expuso que estos organismos autónomos «no pueden definir su propia organización, algo que es potestad del Congreso Nacional», y en este sentido sentenció: «Descentralizar sin control es democratizar la corrupción».

Fanny Bello, directora de Análisis de Trabajo y Remuneraciones del MAP; al intervenir en el conversatorio, indicó que uno de los objetivos de la Ley General de Salarios es que la complejidad de los cargos a desempeñar sea lo que determine el salario base, o sea el principio de que por igual tarea se perciba igual salario.

No obstante, precisó que sumado a esto se tomaría en cuenta el desempeño individual para el establecimiento de compensaciones adicionales, un sistema que aún se encuentra en proceso de estudio por parte del Ministerio de Administración Pública.

Diario Libre

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Escogen a Agelán Casasnovas como directora regional de la Asociación de Mujeres Juezas

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Santo Domingo.- La magistrada Esther Agelán Casasnovas, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, fue elegida Directora Regional para Latinoamérica y del Caribe de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, por sus siglas en inglés IAWJ.

La decisión fue adoptada durante la 14ª_ Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, del 2 al 6 de Mayo del 2018.

La escogencia de la Coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Judicial fue hecha en base a sus méritos, el desarrollo de una labor sobresaliente en la materia y su vocación hacia la defensa del género, según destaca una nota de prensa de la Suprema Corte de Justicia.

Como parte de las actividades, durante el evento fue desarrollada la conferencia titulada “Construyendo Puentes entre las Juezas del Mundo”.

Tras su elección, la magistrada Agelán Casasnovas dijo la IAWJ tiene objetivo procurar la igualdad de género y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables.

La Asociación Internacional de Mujeres Juezas aglutina a más de 5,000 miembros en 101 países y lleva adelante programas de capacitación y perfeccionamiento judicial en temas de género.

La IAWJ ha trabajado durante los últimos 25 años con las juezas de todo el mundo, colaborando con la capacitación y con temas de derechos humanos, a través de conferencias internacionales y regionales.

En el marco del programa emblemático denominado hacia una jurisprudencia de igualdad, ha desarrollado un importante y novedoso programa: “Perfeccionamiento Judicial en el Manejo de casos de Violencia de Género en República Dominicana”.

La delegación que participó en el evento estuvo integrada las juezas del Tribunal Constitucional, Leyda Margarita Piña y Katia Miguelina Jiménez, y las magistradas del Tribunal del Superior Electoral, Cristian Perdomo y Rafaelina Peralta; las juezas Sarah Veras Almánzar y Natividad Ramona Santos, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo; Daisy Indhira Montás y Carmen Mancebo, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Manuel Ramírez Suzaña, presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana: Rosa Rodríguez Nina, presidenta de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal, y Yumiris Tuitt Santana, jueza de la Primera Cámara Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial de Hato Mayor.

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Roban una gemela recién nacida de la Maternidad Renee Klang en Santiago

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Santiago.- Una de dos gemelas, recién nacidas, robada este martes de la Maternidad  Renee Klang viuda Guzmán que funciona adyacente al hospital Presidente Estrella Ureña en Santiago.

Según familiares de la madre de la infante, una señora que ayer se mantuvo a rondando por esa unidad,  fue que cargó con la niña, por lo que le atribuyen negligencia o complicidad a sectores del centro.

La madre de las dos recién nacidas es Noelia Sánchez de 32 años de edad, residente en el sector Cienfuegos de esta ciudad de Santiago.

Las autoridades del centro hospitalario dijeron que están investigando el caso, pero que no podían ofrecer mayores detalles por el momento.

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Ratifican prisión preventiva de un año a «Chaman Chacra»

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Santo Domingo.- A Víctor Alexander Portorreal Mendoza, acusado de matar a su pareja, Reina Isabel Encarnación, y tres niños, el 4 de febrero, en el barrio Enriquillo de esta capital, le fue ratificada la prisión preventiva de un año a ser cumplida en la cárcel de San Pedro de Macorís.

Los asesinatos se habrían cometido el 4 de febrero pasado, pero no fue hasta el jueves 8 de febrero que moradores del sector, donde el imputado cometió los homicidios, reportaron a las autoridades un hedor que provenía de la vivienda, por lo que llegaron patrullas policiales y el cuerpo de bomberos, que abrieron la puerta y encontraron “la macabra escena”.

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