Especialistas universitariasdenunciaron este sábado que el ataque militar de EE. UU. contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro constituyen una «violación flagrante» del Derecho Internacional.
En concreto, la acción norteamericana contraviene de manera «descarada» la norma que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y obliga a los Estados a buscar, por medio de arreglos pacíficos, la solución de las controversias bilaterales, precisó en declaraciones a EFE la profesora de Derecho Internacional Joana Abrisketa, de la universidad española de Deusto.
Tampoco EE.UU. puede capturar a Maduro y sacarlo a la fuerza de su país porque los jefes de Estado «gozan de inmunidad», explicó.
«Un Estado no pueda juzgar a los representantes de otro», incidió Abrisketa. Y eso con independencia de que las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 «no hayan sido legítimas, de que sea un traficante de droga o pertenezca al cártel de los Soles, que es lo que alega el presidente de Estados Unidos«.
La legislación de cada país
La jurista precisó que cada jefe de Estado y de Gobierno únicamente puede ser juzgado conforme a la propia legislación del país, «salvo cuando se cometen gravísimos crímenes internacionales, que no es el caso ni se va a poder demostrar».
Por ello, se trata también de «una violación de la inmunidad de la que gozan los jefes de Estado y de Gobierno». Los asuntos internos de cada Estado son de su propia jurisdicción y «los Estados terceros no pueden inmiscuirse o intervenir», reiteró.
De hecho, el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
En términos similares se expresó la catedrática de Derecho Internacional Público Montserrat Abad, de la Universidad Carlos III de Madrid, que habló de una «agresión» norteamericana que es «una violación flagrante» de ese principio.
Recordó que es el orden que se estableció al terminar la II Guerra Mundial, enfocado de alguna manera a que los Estados poderosos se rigieran por el mismo, según comentó a EFE.
Sin embargo, el precedente de la agresión de Rusia a Ucrania «de alguna manera fue un golpe en la línea de flotación de ese orden internacional de la posguerra«, apuntó la especialista.
Y ahora, la captura de Maduro y su esposa para ser procesados en EE. UU. por narcotráfico se trata de una «violación a la soberanía territorial», en este caso de Venezuela, por «el uso de la fuerza contra la independencia política de otro Estado, la integridad territorial».
Abad se refirió también a las «violaciones de los derechos humanos de las personas individuales, porque no se puede capturar a una persona así».
«No se puede hablar de arrestos, no se puede hablar de detención, sino de captura, viene a ser un secuestro -apuntó-. No tiene ningún tipo de legitimidad ni de cobertura legal conforme al Derecho internacional«
Con independencia del sistema político que rija en cada país, «ello no implica que pueda realizarse este tipo de acciones que están prohibidas por el Derecho internacional«, insistió.
Y, sin duda, en casos como este, añadió, «hay intereses no tan escondidos como el de los recursos del petróleo, los recursos minerales estratégicos, que es un elemento que pesa a la hora de una decisión así por parte de Estados Unidos«.
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El financiero usó su compañía, TNR Holding Group Inc., para recibir y distribuir los recursos a los otros miembros de la conspiración, con quienes discutió cómo asegurar el financiamiento, las armas, las municiones, el personal y el equipo militar necesarios para la operación, añadió el DOJ en un comunicado.
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
En mayo pasado un jurado federal en Miami declaró culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, todos identificados como cómplices de Harricharan, por su participación en el magnicidio de Moïse.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.