Santo Domingo, RD.-Abogados constitucionalistas difieren en torno a la facultad que tiene la Junta Central Electoral para hacer la convocatoria extraordinaria para el día 5 de julio del presente año 2020, pero la clase política dominicana pareció tener un consenso sobre la necesidad que el órgano comicial tomara la señalada decisión.Más Noticias
Abogados constitucionalistas difieren sobre potestad de la JCE para posponer elecciones
Santo Domingo, RD.-Abogados constitucionalistas difieren en torno a la facultad que tiene la Junta Central Electoral para hacer la convocatoria extraordinaria para el día 5 de julio del presente año 2020, pero la clase política dominicana pareció tener un consenso sobre la necesidad que el órgano comicial tomara la señalada decisión.Los juristas tienen opiniones dividas también en torno a si era necesario que la Junta apodere al Congreso Nacional para que decida sobre la posposición de los comicios.
El abogado Cándido Simón fue de los primeros que fijó su posición sobre el tema, planteando que es inconstitucional la resolución de JCE que pospone las elecciones.
“La Constitución impide a la Junta Central Electoral modificar las fechas de las elecciones, debido a que las mismas están fijadas taxativamente por la Carta Sustantiva”, señaló Simón.
Ese criterio no es compartido por los abogados Jhon Garrido, José Reyes, y Carlos Pimentel (director ejecutivo de Participación Ciudadana). Mientras, el abogado Trajano Potentini sostiene que no se trata de enjuiciar si la medida es constitucional o no, sino de que nadie está obligado a lo imposible cuando se produce una situación de fuerza mayor, como la creada por el coronavirus.
El abogado Jhon Garrido sostiene que la resolución de la JCE que mueve las elecciones para julio es constitucional, convencional y apegada a los tratados, y convenciones internacionales que la República Dominicana ha reconocido.
“La Constitución adopta de forma indirecta el principio de unidad de la constitución, (ver art. 74.1). Es por ello, que no se puede leer el mandato que ordena celebrar elecciones cada cuatro años, sin armonizar con el mandato de preservar la salud o la dignidad humana (derecho a la salud)”, argumentó Garrido.
Explicó que cualquier institución de la administración pública tiene competencia para ejercer control convencional ex oficio y consideró que la JCE ejerció el control convencional implicando una normativa constitucional, porque de realizarse las elecciones se afectaría el derecho fundamental a la salud de las personas.
El abogado Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), consideró que postergar las elecciones fue una salida salomónica de la JCE, que contó con el consenso de los partidos políticos.
“Nadie está obligado a lo imposible, máxime cuando estamos en presencia de problema de fuerza mayor, que viene azotando casi a la totalidad del mundo y en particular a la República Dominicana, con un impacto demoledor en los ámbitos social, económico y hasta político, por los efecto y emergencia sanitaria del Coronavirus”, expuso·.
El jurista y catedrático universitario José Reyes, difiere del planteamiento de Simón sobre la inconstitucionalidad de la resolución de la JCE.
“La Constitución de la República establece en su artículo 209, el cual cita Simón, una fecha taxativa en cuanto a la celebración de elecciones, pero no es menos cierto que ese artículo en su numeral 3 reza de la siguiente manera: » En los casos de convocatoria extraordinaria y referendo, las Asambleas Electorales se reunirán a más tardar setenta días después de la publicación de la ley de convocatoria. No podrán coincidir las elecciones de autoridades con la celebración de referendo”, razonó.
También señala que la ley 15-19 en su artículo 18 numeral 7, otorga facultad al Pleno de la JCE para “convocar a elecciones extraordinarias cuando proceda de conformidad con la Constitución y la ley, dictando al efecto la correspondiente proclama”.
También indicó que fundamento el planteamiento de que el Congreso Nacional debe aprobar la proclama de las nuevas elecciones, pues sostiene que la dictada por la Junta no violenta el mandato constitucional.
El abogado Carlos Pimentel, quien es director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, señaló que la posposición de las elecciones en el marco de este periodo de emergencia por el coronavirus no debió ir al Congreso Nacional para su aprobación.
Expuso que la posposición del certamen electoral está dentro del marco de las funciones y competencias de la JCE.
“La norma sustantiva le da a la JCE no solo la facultad de dirigir, organizar y supervisar los procesos electorales, sino también un poder reglamentario, y tiene la facultad, según la ley 15-19, de disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral”, puntualizó.
Indicó que no hay duda de que se ha presentado una dificultad de fuerza mayor, que no hay forma de que la Junta pueda continuar con un proceso electoral, porque se está ante una crisis sanitaria global.
En cambio, planteó que si se tratara de una posposición que se extendiera más allá del período de toma de posesión, 16 de agosto, habría que acudir al Congreso Nacional y que esto implicaría una reforma a la constitución y a la ley de régimen electoral, pero que esto solo sería posible en el marco de un gran acuerdo.
Santiago, RD.- Fue condenado a quince años de cárcel por los jueces que integran el Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial esta ciudad al agente policial, adscrito a Acción Rápida, Alejandro Castro Cruz, por la muerte del niño Donelly Joel Martínez Tejada.
El menor, de 11 años de edad, falleció por el impacto de bala disparado con el arma de Castro Cruz, hecho ocurrido la tarde del 12 de febrero del 2023 en la esquina que forman la calle Mella con avenida Las Carreras, mientras se desarrollaba las festividades del carnaval de Santiago.
El Ministerio Público tipificó el hecho como homicidio voluntario, pero los jueces lo calificaron de involuntario.
El tribunal estuvo presidido por el magistrado juez, Juan Carlos Colón e integrado por las magistradas Claribel Mateo y Gladys de los Santos.Indignación por condena
Los familiares de Donelly mostraron su indignación ya que esperaban la pena máxima.
El agente mató al menor tras impactarlo de un balazo en el brazo izquierdo y el tórax, cuando, en un uso desmedido de la fuerza, accionó su arma de fuego.
Los cargos penales contra el imputado, el agente Alejandro Castro Cruz, son violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano por homicidio voluntario contra Donelly Joel Martínez, así como también por transgresión a los artículos 186, 2, 295 y 309 por abuso de autoridad contra particulares, por los golpes y heridas que infirió al padre del adolescente, Anthony Ysauri Martínez.
Del amplio legajo de pruebas que ha recolectado, la Fiscalía presentó las documentales, periciales y el audiovisual, último en el que recoge en detalles los acontecimientos que tuvieron lugar.
Además de las pruebas que fueron incorporadas en esta primera audiencia, el órgano de justicia presentará otros materiales y testimoniales que constituyen toda la fuerza probatoria necesaria para lograr la imposición de una condena que podría ser de hasta 20 años de prisión.
La investigación del hecho estuvo a cargo del fiscal titular Osvaldo Bonilla y del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, que dirige el procurador de la Corte, Gerardo Ponce.
El Ministerio Público ha planteó que se trató de un hecho grave en el que el imputado, tras irrumpir en el lugar, donde la familia de la víctima celebraba el carnaval, abusó de la autoridad que le confiere la ley, violando todos los protocolos de uso de la fuerza.
Santiago.-Fueron capturados seis hombres presuntamente responsables del asalto a un mensajero, quien fue despojado de dos millones 861 mil 600 pesos en las afueras de una entidad bancaria de la ciudad de Santiago, cuyo captura fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con miembros del Ministerio Público.
Los detenidos son Johan Javier Santana Pichardo, de 30 años; Wellington Saúl de la Rosa, de 24; Darío Alexander Arias Jiménez, de 41; Josías Miguel Tavárez Arias, de 31; Miguel Ángel Fadul Abreu, de 35; y Jan Carlos Tavárez Tavárez, alias “El Cojo”, de 37.
Estas detenciones fueron el resultado de una intensa labor de inteligencia por parte de los investigadores policiales.
Según la denuncia, el mensajero fue interceptado el 16 de septiembre por individuos armados que lo encañonaron y lo despojaron de dos bolsas negras con la suma mencionada, mientras se encontraba a las afueras de un banco. Los delincuentes huyeron en un vehículo KIA, modelo K5 blanco, realizando disparos contra la seguridad del lugar.
Los investigadores lograron identificar a Johan Santana como el cabecilla de la banda conocida como “Los Rayos McQueen Gris”. Se descubrió que Wellington Saúl fue quien, tras el asalto, cambió la placa falsa del vehículo. Por su parte, Arias Jiménez, quien era supervisor de seguridad del banco, fue señalado como quien ubicó al mensajero. Josías Tavárez rentó y condujo el vehículo, mientras que Miguel Fadul fue identificado como quien encañonó al mensajero. “El Cojo” fue uno de los que se bajó del auto para intimidar a la víctima, y se le ocupó RD$300,000.Recuperaciones
En la residencia de Wellington Saúl, ubicada en Bella Vista, Santiago, se recuperaron RD$350,000, mientras que, en la casa de Johan Santana, en el sector Los Platanitos, El Ejido, se ocuparon RD$440,000.
Ambas recuperaciones se realizaron mediante órdenes de allanamiento ejecutadas por los agentes y el Ministerio Público.
Entrega voluntaria y ocupaciones
Estarlin Rodríguez se entregó esta mañana para ser investigado en relación con el asalto al mensajero.
Asimismo, durante las operaciones, se incautaron una escopeta, dos pistolas sin documentos, tres cargadores, uno con capacidad para 30 balas, tres pasamontañas, un carro Sonata gris utilizado en el asalto, varios abrigos y otros objetos.
Historial delictivo
El informe policial indica que esta banda está vinculada a múltiples robos y asaltos a mano armada en diferentes sectores de Santiago, como el atraco al Minimarket del sector Gurabo, el pasado 27 de agosto, que se viralizó en redes sociales.
También se les atribuyen varios asaltos en establecimientos comerciales y a transeúntes en sectores como Mary López, Villa Verde, Villa Olga, Las Antillas, y en municipios como Puñal y Moca, además de la provincia de La Vega.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las investigaciones, mientras los detenidos y las evidencias serán remitidos a la justicia para los fines legales correspondientes.
Santo Domingo, R.D.-Los empleados de las instituciones oficiales fueron llamados por el Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a continuar con normalidad en el desarrollo de sus labores habituales, y mantener la calidad y el buen desempeño en los servicios que brindan a la ciudadanía.
A través de un comunicado firmado por el ministro Sigmund Freund, el MAP resalta que no habrá desvinculaciones inmediatas o masivas, ya que cada una de las instituciones que forman parte de este plan de mejora de la administración pública iniciarán un proceso riguroso de evaluación interna para determinar los próximos pasos en materia de procesos, recursos humanos y otros.
«Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto», reseña el documento enviado a los medios de comunicación.
El órgano rector de la administración pública exclamó que, para el desarrollo exitoso de esta iniciativa, la cual traerá un impacto significativo en la administración y gestión pública, es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución.
«Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas», expresó el documento.
Ahorro
El gobierno dominicano presentó el pasado lunes su propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública mediante la fusión y eliminación de varios ministerios y entidades en busca de ahorrar 25 mil millones de pesos.
Durante LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader dijo que con esta propuesta se busca eliminar duplicidades en las instituciones públicas con el fin de lograr una administración más eficiente, coherente y alineada con las prioridades del gobierno.