Santo Domingo, RD.-Abogados constitucionalistas difieren en torno a la facultad que tiene la Junta Central Electoral para hacer la convocatoria extraordinaria para el día 5 de julio del presente año 2020, pero la clase política dominicana pareció tener un consenso sobre la necesidad que el órgano comicial tomara la señalada decisión.Más Noticias
Abogados constitucionalistas difieren sobre potestad de la JCE para posponer elecciones
Santo Domingo, RD.-Abogados constitucionalistas difieren en torno a la facultad que tiene la Junta Central Electoral para hacer la convocatoria extraordinaria para el día 5 de julio del presente año 2020, pero la clase política dominicana pareció tener un consenso sobre la necesidad que el órgano comicial tomara la señalada decisión.Los juristas tienen opiniones dividas también en torno a si era necesario que la Junta apodere al Congreso Nacional para que decida sobre la posposición de los comicios.
El abogado Cándido Simón fue de los primeros que fijó su posición sobre el tema, planteando que es inconstitucional la resolución de JCE que pospone las elecciones.
“La Constitución impide a la Junta Central Electoral modificar las fechas de las elecciones, debido a que las mismas están fijadas taxativamente por la Carta Sustantiva”, señaló Simón.
Ese criterio no es compartido por los abogados Jhon Garrido, José Reyes, y Carlos Pimentel (director ejecutivo de Participación Ciudadana). Mientras, el abogado Trajano Potentini sostiene que no se trata de enjuiciar si la medida es constitucional o no, sino de que nadie está obligado a lo imposible cuando se produce una situación de fuerza mayor, como la creada por el coronavirus.
El abogado Jhon Garrido sostiene que la resolución de la JCE que mueve las elecciones para julio es constitucional, convencional y apegada a los tratados, y convenciones internacionales que la República Dominicana ha reconocido.
“La Constitución adopta de forma indirecta el principio de unidad de la constitución, (ver art. 74.1). Es por ello, que no se puede leer el mandato que ordena celebrar elecciones cada cuatro años, sin armonizar con el mandato de preservar la salud o la dignidad humana (derecho a la salud)”, argumentó Garrido.
Explicó que cualquier institución de la administración pública tiene competencia para ejercer control convencional ex oficio y consideró que la JCE ejerció el control convencional implicando una normativa constitucional, porque de realizarse las elecciones se afectaría el derecho fundamental a la salud de las personas.
El abogado Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), consideró que postergar las elecciones fue una salida salomónica de la JCE, que contó con el consenso de los partidos políticos.
“Nadie está obligado a lo imposible, máxime cuando estamos en presencia de problema de fuerza mayor, que viene azotando casi a la totalidad del mundo y en particular a la República Dominicana, con un impacto demoledor en los ámbitos social, económico y hasta político, por los efecto y emergencia sanitaria del Coronavirus”, expuso·.
El jurista y catedrático universitario José Reyes, difiere del planteamiento de Simón sobre la inconstitucionalidad de la resolución de la JCE.
“La Constitución de la República establece en su artículo 209, el cual cita Simón, una fecha taxativa en cuanto a la celebración de elecciones, pero no es menos cierto que ese artículo en su numeral 3 reza de la siguiente manera: » En los casos de convocatoria extraordinaria y referendo, las Asambleas Electorales se reunirán a más tardar setenta días después de la publicación de la ley de convocatoria. No podrán coincidir las elecciones de autoridades con la celebración de referendo”, razonó.
También señala que la ley 15-19 en su artículo 18 numeral 7, otorga facultad al Pleno de la JCE para “convocar a elecciones extraordinarias cuando proceda de conformidad con la Constitución y la ley, dictando al efecto la correspondiente proclama”.
También indicó que fundamento el planteamiento de que el Congreso Nacional debe aprobar la proclama de las nuevas elecciones, pues sostiene que la dictada por la Junta no violenta el mandato constitucional.
El abogado Carlos Pimentel, quien es director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, señaló que la posposición de las elecciones en el marco de este periodo de emergencia por el coronavirus no debió ir al Congreso Nacional para su aprobación.
Expuso que la posposición del certamen electoral está dentro del marco de las funciones y competencias de la JCE.
“La norma sustantiva le da a la JCE no solo la facultad de dirigir, organizar y supervisar los procesos electorales, sino también un poder reglamentario, y tiene la facultad, según la ley 15-19, de disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral”, puntualizó.
Indicó que no hay duda de que se ha presentado una dificultad de fuerza mayor, que no hay forma de que la Junta pueda continuar con un proceso electoral, porque se está ante una crisis sanitaria global.
En cambio, planteó que si se tratara de una posposición que se extendiera más allá del período de toma de posesión, 16 de agosto, habría que acudir al Congreso Nacional y que esto implicaría una reforma a la constitución y a la ley de régimen electoral, pero que esto solo sería posible en el marco de un gran acuerdo.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchez respondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
- «Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
- «Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
- La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
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Apresan dos hombres supuestamente vinculados en muerte de joven en el municipio de Guerra.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Por el hecho fueron arrestados Jason Stward Javier Cabral (a) “Copiloto”, de 24 años, y Pablo Antonio Calcaño Silverio (a) “Maiky”, de 43, quienes se encuentran bajo custodia en la División de Delitos Contra la Persona (Homicidios), tras ser capturados en flagrante delito.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Según el informe preliminar, los agentes investigadores fueron alertados sobre la presencia de una persona muerta en el interior de una cisterna. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
En la escena fueron colectadas como evidencias una varilla de 28 pulgadas, cinta adhesiva de color blanco, varias muestras de sustancia pardo-rojiza y varios paños (wipers) con manchas, elementos que forman parte del proceso investigativo.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.