Luis Abinader y Delcy Rodríguez sostuvieron una reunión bilateral en Roma, donde analizaron posibles compras directas de combustibles, cooperación turística y nuevas iniciativas para fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

SANTO DOMINGO. — Los gobiernos de República Dominicana y Venezuela abrieron nuevas perspectivas de cooperación en materia energética y consular, tras una reunión sostenida este lunes entre el presidente Luis Abinader y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación 2026.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde ambos gobernantes intercambiaron planteamientos sobre asuntos económicos, diplomáticos y turísticos de interés común.

Uno de los principales temas abordados fue la posibilidad de que República Dominicana adquiera directamente derivados del petróleo venezolano, mediante negociaciones entre las instituciones responsables del sector energético de ambos países.

Abinader explicó que las conversaciones incluyen el combustible AC30 y el gas licuado de petróleo (GLP), productos utilizados en diferentes actividades económicas y en el consumo doméstico.

Las gestiones estarán a cargo de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y Petróleos de Venezuela (PDVSA), entidades que deberán evaluar los aspectos técnicos y comerciales de una eventual operación.

Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado acuerdos definitivos, cantidades de combustibles, precios ni fechas para iniciar las posibles transacciones.

Avances en las relaciones consulares

Otro de los puntos relevantes de la reunión fue el fortalecimiento de los servicios consulares, como parte del proceso de acercamiento entre Santo Domingo y Caracas.

El mandatario dominicano informó sobre la apertura de un consulado de República Dominicana en Venezuela, con el propósito de facilitar los servicios y la asistencia a los ciudadanos dominicanos residentes o de visita en ese territorio.

Por su parte, Rodríguez anunció que la representación consular venezolana en Santo Domingo contará próximamente con un funcionario designado para atender las necesidades de sus nacionales.

Estas iniciativas se producen en un contexto de normalización gradual de las relaciones bilaterales, luego de las tensiones diplomáticas surgidas entre ambos países tras las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

El acercamiento constituye un paso hacia la recuperación de mecanismos de comunicación y cooperación institucional, aunque todavía quedan aspectos por definir sobre el alcance de las nuevas relaciones.

Venezuela agradece asistencia dominicana tras terremoto

Durante las conversaciones, Rodríguez expresó su agradecimiento al Gobierno dominicano por la asistencia humanitaria brindada a Venezuela después del reciente terremoto que provocó daños en ese país.

La mandataria venezolana destacó la participación de equipos de rescate y profesionales médicos dominicanos, quienes colaboraron en las labores de respuesta a la emergencia.

También felicitó a Abinader por su intervención ante la FAO, en la que el gobernante resaltó los avances de República Dominicana en la lucha contra el hambre y su salida oficial del denominado Mapa del Hambre.

Rodríguez manifestó, además, la disposición de su administración de ampliar los intercambios turísticos y energéticos, aprovechando los vínculos históricos y culturales existentes entre las dos naciones caribeñas.

El béisbol también entra en la agenda bilateral

Más allá de los asuntos económicos y diplomáticos, durante el intercambio con periodistas surgió la posibilidad de organizar una miniserie de béisbol entre las selecciones nacionales de República Dominicana y Venezuela.

La iniciativa, denominada provisionalmente La Revancha, fue planteada como una oportunidad para estrechar las relaciones deportivas entre ambos países.

No obstante, las autoridades no ofrecieron detalles sobre las fechas, sedes ni condiciones de una eventual celebración.

Un acercamiento con implicaciones económicas

La reunión celebrada en Roma representa una nueva etapa de diálogo entre los gobiernos dominicano y venezolano, especialmente por las oportunidades de cooperación que podrían surgir en el sector de los combustibles.

De concretarse las compras directas, estas abrirían una alternativa de abastecimiento para República Dominicana, aunque sus posibles beneficios económicos dependerán de las condiciones comerciales que finalmente sean negociadas.

El encuentro también deja planteada una agenda de trabajo vinculada a la asistencia consular, el turismo y el intercambio institucional, cuyos resultados estarán sujetos al seguimiento que realicen ambos gobiernos.

Las conversaciones se produjeron durante la participación de Abinader en el Foro Mundial de la Alimentación, escenario internacional donde República Dominicana expone sus políticas de producción agropecuaria, protección social y seguridad alimentaria.

El detenido niega su participación en el crimen de Emmanuel Contreras Medina, mientras continúa el proceso judicial contra otro de los implicados.

NEYBA, Bahoruco. — Un hombre señalado dentro de las investigaciones por la muerte del joven Emmanuel Contreras Medina, ocurrida en el sector Los Praditos, del Distrito Nacional, se entregó voluntariamente a las autoridades policiales en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco.

Se trata de Joan Jiménez Medina, quien, según las informaciones relacionadas con el caso, habría recibido una suma de dinero vinculada a los hechos que culminaron con la muerte de Contreras Medina, crimen por el cual también es procesado Lenin Jhericop Núñez de León.

La entrega se produjo en las instalaciones de la Policía Nacional en Neyba, mediante la intermediación del presidente provincial del Colegio de Abogados, Manuel Alexander Sena del Valle, quien acompañó al señalado hasta la dependencia policial.

Tras ponerse a disposición de las autoridades, Jiménez Medina rechazó cualquier responsabilidad en el hecho ocurrido el pasado primero de julio y sostuvo que es inocente de los señalamientos formulados en su contra.

Por su parte, el encargado de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) aseguró que durante el procedimiento se respetarán los derechos y las garantías legales del detenido.

Proceso judicial continúa

Mientras se produce esta nueva entrega, el proceso judicial relacionado con la muerte de Emmanuel Contreras Medina continúa su curso.

La audiencia de apelación de la medida de coerción impuesta a Lenin Jhericop Núñez de León fue aplazada para el próximo lunes, fecha en la que se espera que el tribunal conozca los argumentos de las partes involucradas.

Núñez de León enfrenta un proceso penal por su presunta participación en la muerte del joven, mientras las autoridades procuran esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades individuales de las personas señaladas.

La entrega de Jiménez Medina representa un nuevo acontecimiento dentro de la investigación, aunque corresponderá al Ministerio Público establecer los elementos probatorios que puedan vincularlo con los hechos.

El caso continúa bajo la atención de las autoridades judiciales, que deberán garantizar tanto el esclarecimiento de la muerte de Emmanuel Contreras Medina como el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de los investigados.

El tribunal decidirá el 16 de octubre si mantiene la acusación por homicidio involuntario o admite una calificación más grave basada en el dolo eventual, como solicitan abogados de las víctimas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El proceso judicial por el desplome del techo de la discoteca Jet Set podría experimentar un cambio significativo si el juez Franny González Castillo acepta modificar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento donde fallecieron 236 personas el 8 de abril de 2025.

La controversia surge a raíz de la petición formulada por representantes legales de las víctimas, quienes consideran que las circunstancias de la tragedia deben examinarse bajo la figura del homicidio voluntario con dolo eventual, en lugar del homicidio involuntario planteado por el Ministerio Público.

La decisión sobre esta solicitud quedó reservada para el próximo viernes 16 de octubre, fecha en la que el magistrado de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional deberá pronunciarse sobre el incidente procesal.

Una modificación que podría trasladar el juicio a otro tribunal

La discusión no se limita a la posible gravedad de las sanciones que enfrentarían los imputados, sino que también involucra la competencia del órgano judicial encargado de conocer el expediente.

Actualmente, el proceso se desarrolla ante un tribunal unipersonal, cuya competencia se encuentra delimitada por la gravedad de las infracciones y las penas establecidas en la legislación procesal penal.

Si se admite una nueva calificación que corresponda a un delito sancionable con una pena superior al límite de competencia de ese tribunal, podría ser necesario remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional para su asignación a un tribunal colegiado.

Este escenario, según el planteamiento de los abogados querellantes, implicaría reiniciar el conocimiento del juicio ante los jueces que resulten designados.

En cambio, si el magistrado rechaza la modificación solicitada, el procedimiento podría continuar bajo los términos de la acusación original presentada por el Ministerio Público.

La diferencia entre homicidio involuntario y dolo eventual

El principal punto de controversia consiste en determinar si las muertes fueron consecuencia de conductas imprudentes o negligentes, o si los responsables habrían tenido conocimiento de la posibilidad de un desenlace fatal y, aun así, aceptaron ese riesgo.

El homicidio involuntario se relaciona con resultados mortales ocasionados por imprudencia, negligencia o incumplimiento de obligaciones de cuidado, sin intención de producir la muerte.

Por su parte, el dolo eventual constituye una modalidad de responsabilidad dolosa cuya aplicación exige analizar si el autor previó la posibilidad de que se produjera el resultado prohibido y asumió conscientemente ese riesgo.

La distinción es determinante porque podría modificar sustancialmente las consecuencias penales del caso.

Los abogados que representan a parte de las víctimas consideran que las pruebas y circunstancias descritas en el expediente justifican examinar una calificación más severa.

Sin embargo, la existencia de daños extraordinarios o de un elevado número de fallecidos no demuestra automáticamente la configuración del dolo eventual, cuya aplicación debe sustentarse en elementos probatorios y criterios jurídicos específicos.

Ministerio Público atribuye a propietarios conocimiento de fallas estructurales

La acusación presentada contra los hermanos Espaillat sostiene que existían señales de deterioro en la estructura del techo de la discoteca y que se habrían aplicado reparaciones insuficientes para enfrentar las condiciones del inmueble.

De acuerdo con el órgano persecutor, las deficiencias eran conocidas mediante comunicaciones internas, fotografías, videos y reportes sobre problemas en las instalaciones.

Las investigaciones también señalan que la estructura soportaba equipos de climatización de gran volumen y depósitos de agua, sin que se hubieran realizado los estudios técnicos necesarios para garantizar su capacidad de carga.

El Ministerio Público sostiene que estas circunstancias contribuyeron al desplome ocurrido durante una actividad en el establecimiento.

Corresponderá al tribunal valorar las pruebas y determinar las responsabilidades penales individuales, respetando las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia de los acusados.

Un proceso iniciado tras la tragedia de abril de 2025

El expediente llegó a la etapa de juicio luego de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispusiera el envío a juicio de Antonio y Maribel Espaillat el 15 de junio de 2026.

Durante la fase preliminar también se había solicitado modificar la calificación jurídica, petición que entonces fue rechazada.

Posteriormente, el 28 de agosto, comenzó el juicio ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, presidida por el magistrado Franny González Castillo.

Los imputados cuentan con la representación legal del abogado Miguel Valerio, mientras que los querellantes mantienen su posición de que los hechos deben ser examinados bajo una figura penal de mayor gravedad.

La tragedia dejó 236 personas fallecidas y numerosos heridos, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia reciente del país.

Expectativa ante decisión del tribunal

El pronunciamiento judicial previsto para el 16 de octubre será determinante para establecer el curso inmediato del proceso.

La eventual modificación de la calificación jurídica podría provocar un cambio de tribunal, nuevas actuaciones procesales y una revisión del enfoque bajo el cual se examinarán las responsabilidades atribuidas a los propietarios del establecimiento.

No obstante, aceptar una calificación más grave no equivaldría a declarar culpables a los imputados, pues la responsabilidad penal deberá determinarse mediante una sentencia sustentada en las pruebas debatidas durante el juicio.

El caso mantiene la atención pública no solamente por la magnitud de la tragedia, sino también por las implicaciones jurídicas relacionadas con el deber de prevención, la seguridad de las edificaciones y las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las normas de protección de la vida humana.