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Los megas casos de corrupción en Justicia cierran año muy desvanecidos.
SANTO DOMINGO.- Los megas casos de corrupción llegan al final del año 2022 muy desvanecidos y con pocas posibilidades de que realmente terminen con condenas que permitan que la justicia dominicana recobre parte de su credibilidad perdida.
Entre los inculpados en estos procesos están un exprocurador general de la República, dos hermanos del expresidente Danilo Medina (2012-2016, 2016-2020), varios miembros de la Cámara de Cuentas y altos mandos militares, que guardan distintas medidas de coerción mientras los avances en los tribunales se producen con lentitud.
CASO MEDUSA
Recientemente se aplazó al próximo mes de febrero el juicio preliminar por el caso Medusa, que acusa de múltiples delitos al anterior procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez (2016-2020), como supuesto cabecilla de una red de corrupción que manejó más de 1.000 millones de pesos (18 millones de dólares) en sobornos, según la acusación.
El Ministerio Público presentó en julio pasado acusación formal por este caso, que incluye a 41 imputados, 22 empresas y más de 400 testigos.
Rodríguez, quien guarda prisión preventiva desde julio de 2021, ha negado insistentemente la acusación en su contra.
Con un expediente de más de 12.000 páginas y archivos de 60.000, la extensión total sumaría hasta seis millones de paginas, lo que llevó a los abogados del exprocurador a pedir un aplazamiento argumentando que se necesitaría un año para leer toda la documentación, aunque el juez solo concedió un par de meses para estudiar las pruebas acusatorias.
CASO ANTIPULPO
El caso Antipulpo involucra a Juan Alexis Medina y a la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina, ambos hermanos del pasado presidente Danilo Medina, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
Según el expediente acusatorio, Alexis Medina, principal acusado, creó un entramado societario y, mediante tráfico de influencias por su condición de hermano del entonces jefe del Estado, realizó presuntas maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios.
En agosto pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario por haberse sobrepasado el plazo de 18 meses estipulado como límite para que el imputado permanezca en la cárcel sin que comience el juicio preceptivo.
Los procesados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencias, lavado de activos, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y prevaricación, entre otros delitos.
CORAL Y CORAL 5G
Se trata de dos casos vinculados que involucran a generales y coroneles de varios cuerpos de las fuerzas de seguridad dominicanas, algunos de la seguridad del expresidente Medina.
Como resultado de la operación Coral y de su derivada Coral 5G, el Ministerio Público presentó cargos contra 30 personas físicas y 18 personas jurídicas por supuesta corrupción administrativa, por haber defraudado al Estado dominicano, presuntamente, más de 4.000 millones de pesos (72 millones de dólares), según refleja el expediente acusatorio, que supera las 2.200 páginas.
El presunto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
OPERACIÓN 13
A estos casos que vinculan a integrantes de la anterior administración se suman acusaciones contra funcionarios del presente gobierno, como el caso por fraude destapado con la denominada Operación 13 en la Lotería Nacional.
El proceso involucra al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichel Dicent y a otros ocho acusados de perpetrar un supuesto fraude de más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares) durante un sorteo realizado el 1 de mayo de 2021, en el que el número que resultó ganador del primer premio fue el 13, de ahí el nombre del caso.
APARTADOS DE SUS FUNCIONES
Además, hay una serie de funcionarios del actual Gobierno apartados forzosa o voluntariamente de su cargo, entre ellos el exministro de Educación Roberto Fulcar, destituido por supuestas irregularidades en su cartera, o el exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) Cecilio Rodríguez, por las denuncias de irregularidades en un proceso de licitación.
Asimismo, el exsuperintendente de electricidad Rafael Velasco, tras conocerse un escándalo por aumento de salarios, y el exministro de la Presidencia Lizandro Macarrulla, señalado en distintos escándalos y expedientes de corrupción en actividades privadas.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.