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Los megas casos de corrupción en Justicia cierran año muy desvanecidos.
SANTO DOMINGO.- Los megas casos de corrupción llegan al final del año 2022 muy desvanecidos y con pocas posibilidades de que realmente terminen con condenas que permitan que la justicia dominicana recobre parte de su credibilidad perdida.
Entre los inculpados en estos procesos están un exprocurador general de la República, dos hermanos del expresidente Danilo Medina (2012-2016, 2016-2020), varios miembros de la Cámara de Cuentas y altos mandos militares, que guardan distintas medidas de coerción mientras los avances en los tribunales se producen con lentitud.
CASO MEDUSA
Recientemente se aplazó al próximo mes de febrero el juicio preliminar por el caso Medusa, que acusa de múltiples delitos al anterior procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez (2016-2020), como supuesto cabecilla de una red de corrupción que manejó más de 1.000 millones de pesos (18 millones de dólares) en sobornos, según la acusación.
El Ministerio Público presentó en julio pasado acusación formal por este caso, que incluye a 41 imputados, 22 empresas y más de 400 testigos.
Rodríguez, quien guarda prisión preventiva desde julio de 2021, ha negado insistentemente la acusación en su contra.
Con un expediente de más de 12.000 páginas y archivos de 60.000, la extensión total sumaría hasta seis millones de paginas, lo que llevó a los abogados del exprocurador a pedir un aplazamiento argumentando que se necesitaría un año para leer toda la documentación, aunque el juez solo concedió un par de meses para estudiar las pruebas acusatorias.
CASO ANTIPULPO
El caso Antipulpo involucra a Juan Alexis Medina y a la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina, ambos hermanos del pasado presidente Danilo Medina, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
Según el expediente acusatorio, Alexis Medina, principal acusado, creó un entramado societario y, mediante tráfico de influencias por su condición de hermano del entonces jefe del Estado, realizó presuntas maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios.
En agosto pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario por haberse sobrepasado el plazo de 18 meses estipulado como límite para que el imputado permanezca en la cárcel sin que comience el juicio preceptivo.
Los procesados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencias, lavado de activos, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y prevaricación, entre otros delitos.
CORAL Y CORAL 5G
Se trata de dos casos vinculados que involucran a generales y coroneles de varios cuerpos de las fuerzas de seguridad dominicanas, algunos de la seguridad del expresidente Medina.
Como resultado de la operación Coral y de su derivada Coral 5G, el Ministerio Público presentó cargos contra 30 personas físicas y 18 personas jurídicas por supuesta corrupción administrativa, por haber defraudado al Estado dominicano, presuntamente, más de 4.000 millones de pesos (72 millones de dólares), según refleja el expediente acusatorio, que supera las 2.200 páginas.
El presunto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
OPERACIÓN 13
A estos casos que vinculan a integrantes de la anterior administración se suman acusaciones contra funcionarios del presente gobierno, como el caso por fraude destapado con la denominada Operación 13 en la Lotería Nacional.
El proceso involucra al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichel Dicent y a otros ocho acusados de perpetrar un supuesto fraude de más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares) durante un sorteo realizado el 1 de mayo de 2021, en el que el número que resultó ganador del primer premio fue el 13, de ahí el nombre del caso.
APARTADOS DE SUS FUNCIONES
Además, hay una serie de funcionarios del actual Gobierno apartados forzosa o voluntariamente de su cargo, entre ellos el exministro de Educación Roberto Fulcar, destituido por supuestas irregularidades en su cartera, o el exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) Cecilio Rodríguez, por las denuncias de irregularidades en un proceso de licitación.
Asimismo, el exsuperintendente de electricidad Rafael Velasco, tras conocerse un escándalo por aumento de salarios, y el exministro de la Presidencia Lizandro Macarrulla, señalado en distintos escándalos y expedientes de corrupción en actividades privadas.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.