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Los megas casos de corrupción en Justicia cierran año muy desvanecidos.

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SANTO DOMINGO.- Los megas casos de corrupción  llegan al final del año 2022 muy desvanecidos y con pocas posibilidades de que realmente terminen con condenas que permitan que la justicia dominicana recobre parte de su credibilidad perdida.

Entre los inculpados en estos procesos están un exprocurador general de la República, dos hermanos del expresidente Danilo Medina (2012-2016, 2016-2020), varios miembros de la Cámara de Cuentas y altos mandos militares, que guardan distintas medidas de coerción mientras los avances en los tribunales se producen con lentitud.

CASO MEDUSA

Recientemente se aplazó al próximo mes de febrero el juicio preliminar por el caso Medusa, que acusa de múltiples delitos al anterior procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez (2016-2020), como supuesto cabecilla de una red de corrupción que manejó más de 1.000 millones de pesos (18 millones de dólares) en sobornos, según la acusación.

El Ministerio Público presentó en julio pasado acusación formal por este caso, que incluye a 41 imputados, 22 empresas y más de 400 testigos.

Rodríguez, quien guarda prisión preventiva desde julio de 2021, ha negado insistentemente la acusación en su contra.

Con un expediente de más de 12.000 páginas y archivos de 60.000, la extensión total sumaría hasta seis millones de paginas, lo que llevó a los abogados del exprocurador a pedir un aplazamiento argumentando que se necesitaría un año para leer toda la documentación, aunque el juez solo concedió un par de meses para estudiar las pruebas acusatorias.

CASO ANTIPULPO

El caso Antipulpo involucra a Juan Alexis Medina y a la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina, ambos hermanos del pasado presidente Danilo Medina, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

Según el expediente acusatorio, Alexis Medina, principal acusado, creó un entramado societario y, mediante tráfico de influencias por su condición de hermano del entonces jefe del Estado, realizó presuntas maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios.

En agosto pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario por haberse sobrepasado el plazo de 18 meses estipulado como límite para que el imputado permanezca en la cárcel sin que comience el juicio preceptivo.

Los procesados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencias, lavado de activos, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y prevaricación, entre otros delitos.

CORAL Y CORAL 5G

Se trata de dos casos vinculados que involucran a generales y coroneles de varios cuerpos de las fuerzas de seguridad dominicanas, algunos de la seguridad del expresidente Medina.

Como resultado de la operación Coral y de su derivada Coral 5G, el Ministerio Público presentó cargos contra 30 personas físicas y 18 personas jurídicas por supuesta corrupción administrativa, por haber defraudado al Estado dominicano, presuntamente, más de 4.000 millones de pesos (72 millones de dólares), según refleja el expediente acusatorio, que supera las 2.200 páginas.

El presunto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

OPERACIÓN 13

A estos casos que vinculan a integrantes de la anterior administración se suman acusaciones contra funcionarios del presente gobierno, como el caso por fraude destapado con la denominada Operación 13 en la Lotería Nacional.

El proceso involucra al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Maisichel Dicent y a otros ocho acusados de perpetrar un supuesto fraude de más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares) durante un sorteo realizado el 1 de mayo de 2021, en el que el número que resultó ganador del primer premio fue el 13, de ahí el nombre del caso.

APARTADOS DE SUS FUNCIONES

Además, hay una serie de funcionarios del actual Gobierno apartados forzosa o voluntariamente de su cargo, entre ellos el exministro de Educación Roberto Fulcar, destituido por supuestas irregularidades en su cartera, o el exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) Cecilio Rodríguez, por las denuncias de irregularidades en un proceso de licitación.

Asimismo, el exsuperintendente de electricidad Rafael Velasco, tras conocerse un escándalo por aumento de salarios, y el exministro de la Presidencia Lizandro Macarrulla, señalado en distintos escándalos y expedientes de corrupción en actividades privadas.

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Gobierno dominicano declara terroristas a organizaciones de Irán y el Líbano.

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Por EFE

Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.

Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.

Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.

an/am

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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.

La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.

«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.

«Entrevistas, interrogatorios, imágenes de video que fueron debidamente analizadas y un sinnúmero de elementos de pruebas que van a sustentar la imposición de la prisión preventiva, sin duda alguna»Laura SeguraProcuradora fiscal de San Cristóbal

Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.

Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.

En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.

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Vista de Yoleydi Linarez Araujo el sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. 

El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.

En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.

El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).

Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.

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Infografía
La residencia donde fue encontrada sin vida la niña de seis años en la comunidad Sabana Toro, provincia San Cristóbal. 

Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.

A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.

Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.

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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.

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Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha»,  quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta  ilegal en que ha incurrido.

Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica,  acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.

Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.

“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.

No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.

Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.

El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.

Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.

Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa

¿Cómo funciona la depuración?

“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.

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