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Juez proclama que Justicia de Santiago logra erradicar moras
Santiago. Juan Aníbal Rodríguez, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes y Coordinador de los tribunales del departamento judicial de Santiago, proclamó con motivo de la celebración del Dia del Poder Judicial, que el sistema judicial de Santiago trabaja en la aplicación del Plan Estratégico Justicia 20-24 para poder responder eficientemente a una mayor demanda de los servicios y el avance significativo para la erradicación definitiva de la mora judicial civil.
Durante el acto de celebración del Día del Poder Judicial, Rodríguez Fernández, informó que el Centro de Servicio Presencial de Santiago, de reciente creación, ha recibido más de 22 mil usuarios presenciales y más de 36 mil depósitos de documentos.
Este departamento judicial ya se han ofrecido más de 50 mil servicios judiciales, a través de la plataforma digital del B.O.; ha fallado más de 35 mil expedientes y ha celebrado más de 30 mil audiencias. Indicó que el departamento judicial de Santiago, a pesar de la pandemia, se aproxima significativamente a la erradicación definitiva de la mora judicial civil acumulada durante muchos años.
“Esperamos que esta denegación de justicia, disfrazada de mora judicial, termine este año y que no se produzca nunca más en nuestros tribunales. Hay que destacar el esfuerzo extraordinario que han desplegado los jueces titulares de la primera y la tercera sala civil, de primer grado y la corte de la misma jurisdicción, conjuntamente con sus colaboradores administrativos en la disminución de dicha mora”, apuntó el magistrado.
Resaltó los cambios producidos con la reforma de 1997 que permitió modernizar la administración de justicia con el establecimiento de nuevas jurisdicciones. Sin embargo, durante la lectura del informe indica que con el paso del tiempo y las complejidades de la sociedad dominicana, esos cambios, importantes en su época, agotaron su eficiencia.
También destacó las nuevas estructuras creadas para celebrar audiencias virtuales, gestionar procesos internos y facilitar el acceso a la justicia de manera más eficiente a los usuarios.
Santo Domingo, Rep. Dom.– Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), sostuvo un encuentro con autoridades de la Procuraduría General de la República para informar sobre la situación de ciudadanos que han presentado denuncias por presuntos actos de corrupción administrativa, así como para fortalecer la coordinación entre ambas entidades.
Ortiz Bosch explicó que en agosto de 2025 la DIGEIG recibió una denuncia relacionada con supuestas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON). Tras realizar las verificaciones preliminares, la institución determinó que los hechos correspondían al ámbito penal, por lo que el expediente fue remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en cumplimiento de lo establecido en la Ley 133-11.
La funcionaria señaló que la visita responde a la inquietud institucional ante la posibilidad de que denunciantes o testigos pudieran enfrentar represalias administrativas o legales. En ese contexto, indicó que se consideró oportuno poner la situación en conocimiento del Ministerio Público, órgano competente para la persecución penal.
Asimismo, informó que la DIGEIG trabaja en una propuesta normativa destinada a fortalecer los mecanismos de protección a denunciantes, informantes y testigos, como parte de los esfuerzos para consolidar una cultura de integridad y transparencia en la gestión pública.
Ortiz Bosch reiteró el compromiso del Gobierno dominicano de respaldar a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a denunciar irregularidades y de colaborar con las autoridades competentes para garantizar el respeto al debido proceso y el fortalecimiento institucional.
Santo Domingo.- Mediante operativos de varias instituciones públicas como el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue desmantelado un depósito clandestino de residuos oleosos y paralizaron las operaciones de dos empresas vinculadas al vertido ilegal de estos desechos en la comunidad de La Guáyiga, Hato Nuevo, en la Provincia Santo Domingo.
El material era procesado sin ningún tipo de protocolo y vertido directamente en una cañada cercana, la cual estaba siendo rellenada con escombros para ampliar el terreno.
Un segundo operativo se llevó a cabo en las instalaciones de dos empresas, ubicadas en la calle Lebrón, kilómetro 22 de la Autopista Duarte, también en La Guáyiga, debido a que pese a estar autorizadas para recibir y tratar residuos oleosos provenientes de embarcaciones bajo protocolos y cadena de custodia del Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Aduanas, los camiones tanqueros llegaban a la planta, pero el producto no era tratado, siendo desviado hacia el depósito clandestino intervenido en el primer operativo.
Las intervenciones fueron el resultado de labores de inteligencia conjunta entre el SENPA y el CECCOM, tras las cuales se planificaron y ejecutaron operaciones conjuntas y de acción unificada, con la participación del Equipo de Reacción Rápida (UIR), la Dirección de Inteligencia del SENPA, técnicos de Fiscalización y de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, así como representantes de su Consultoría Jurídica y unidades operativas del CECCOM.
El SENPA, el CECCOM y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reiteran su compromiso con la protección del medio ambiente, la aplicación estricta de la ley y la persecución de toda actividad que ponga en riesgo la salud pública, los recursos naturales y la seguridad ambiental del país.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Un tribunal de Santiago condenó a 20 años de cárcel por pedido del Ministerio Público a un hombre que mató otro con un arma blanca en la localidad de Guayabal, distrito municipal del municipio de Puñal.
La fiscal Aida Medrano Gonell estableció ante el juzgador que todas las pruebas recolectadas tras la ocurrencia del hecho, el 13 de diciembre del año 2021, y cuyas diligencias de investigación encabezó la también la fiscal Cristina Ramírez, del Departamento de Violencias Físicas (Homicidio).
La Fiscalía de Santiago obtuvo pruebas testimoniales que corroboraron los hechos.
González Rosario fue socorrido, pero falleció antes de llegar a un centro de salud. El tribunal estuvo integrado por las magistradas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato.