Opinión
Justicia para esos campesinos
Por Juan Bolívar Díaz
Es justo celebrar que el gobierno decidiera escuchar el clamor de los campesinos de El Seibo que marcharon a pie hasta Santo Domingo hace dos semanas buscando la justicia que les ha sido negada sistemáticamente en los últimos años, al punto de haber sido desalojados de predios que cultivaban hace décadas, aunque nunca tuvieran en sus manos un título de propiedad.
|Celebremos que alguien se conmovió en el Palacio Nacional y el ministro administrativo de la Presidencia inició un diálogo con representantes de toda una comunidad de cientos de familias de San Francisco Vicentillo y La Culebra, municipio de El Seibo que disputan unas 20 mil tareas con un terrateniente de la zona, con poderes tan altos que el año pasado auspició la destrucción de las casas, sembradíos y bienes de tantos agricultores.
Un informe oficial indica que el ministro José Ramón Peralta dedicó el martes más de una hora a escuchar los reclamos “creando las bases para una posible solución a la problemática” y que el gobierno tratará de hacerlo en el marco de la ley y de la dignidad de las personas involucradas.
Fue lo que debieron hacer las autoridades antes que decenas de esos campesinos vinieran a acampar en las inmediaciones del Palacio Nacional, clamando porque el presidente Danilo Medina cumpliera la promesa que les habría hecho el 10 de junio del año pasado, cuando visitó la zona, de que una comisión trabajaría para la titulación definitiva de los predios en conflicto. El reclamo ha ganado amplio apoyo de la comunidad seibana, incluyendo a sacerdotes y pastores.
La negligencia frente a un problema social que motiva amplia solidaridad humana permitió el desalojo ejecutado el 6 de septiembre del 2018, que ha dejado en brutal desamparo a tantas familias que no tienen otro medio de sustento.
Pero abriguemos ahora optimismo de que se hará justicia a estas familias, que enarbolan el decreto 486 emitido en 1975 por el presidente Joaquín Balaguer, donde declara de utilidad pública al menos una parte de los terrenos donde ellos se habían asentado, que según su parecer eran comuneros, pero que reclama el cubanoamericano Pedro Guillermo Varona, quien aduce títulos de propiedad sobre gran parte del área, lo que avala la Asociación de Hacendados. .
Es inconcebible que las autoridades del Instituto Agrario Dominicano no hayan precisado públicamente la situación legal y social de los terrenos, guardando silencio durante tanto tiempo, al igual que el presunto propietario.
Es lamentable que esperaran que los campesinos peregrinos de El Seibo ganaran tanta solidaridad y simpatías en la opinión pública para buscar una solución humana y digna, que en cualquier caso tiene que implicar el amparo público. Alguien tiene que verificar el origen de la presencia de los campesinos en los terrenos y de los reclamos del terrateniente. Y si éste tiene razón sobre parte de esos terrenos, como se ha alegado, que el Estado le ofrezca la compensación que corresponda, dando siempre prioridad a los campesinos. Seguramente el costo será menor que lo que cobran en un solo día la corrupción y la malversación de los fondos públicos, tan ampliamente documentado por el reciente informe de Oxfam.
El Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria ha implorado por una solución justa y humana al conflicto, en este año en que se conmemora medio siglo de una carta pastoral de Monseñor Juan Félix Pepén, quien fuera un ilustre y sensible primer obispo de Higuey, donde abogaba por los derechos de los agricultores de la región, víctimas de la voracidad de los más poderosos.
Basado en la doctrina social de la Iglesia Católica, monseñor Pepén ratificaba la preocupación por la suerte de los campesinos, “porque quien carece de lo necesario para una vida digna, no está en condiciones de ser un buen cristiano”. Exhortaba a los campesinos a unirse para defender sus derechos, mientras pedía a los gobernantes, legisladores y personas de buena voluntad que se apresuraran al estudio del problema rural dominicano para encontrar soluciones que aseguren el bienestar de las presentes y futuras generaciones.
Esperemos que el presidente Danilo Medina haga ese esfuerzo, sería una forma de honrar la memoria de su recién fallecido padre, Juan Pablo Medina, a quien èl mismo definió como gran trabajador, de profundas convicciones cristianas, que lo llevó a conocer las necesidades de los campesinos dominicanos.-
Por Nelson Encarnación
En el año 2003, en los preparativos para invadir Irak, la administración de George W. Bush lanzó la narrativa de que Saddam Hussein disponía de un vasto arsenal de armas de destrucción masiva que le convertía en un peligro “inminente y real” para el mundo.
Esa propaganda se difundió como guion de cine por todo el planeta, replicado masivamente por los medios de comunicación estadounidenses y de una parte importante de los países europeos, sin que ninguno de ellos pusiera en práctica el abc del periodismo serio: la verificación y la contrastación de los hechos.
Al lanzarse la ocupación que depuso el régimen iraquí, los propios invasores buscaron por todos los rincones del país árabe y no encontraron más que armas convencionales, es decir, tanques, cañones, fusiles, lanzacohetes, etc., y nada de “destrucción masiva”, entendido este término como elementos susceptibles de aniquilar a poblaciones enteras.
Fue una vagabundería redonda que medios de desinformación y alabarderos de los Estados Unidos repitieron sin cesar, pese a que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) aseguraba, de manera precisa y rotunda, que no existían dichas armas.
Más de 22 años después, los mismos actores y los mismos mentirosos montan la misma narrativa y la misma propaganda, esta vez con Irán como blanco de la manipulación.
Nuevamente la OIEA asegura que ha inspeccionado las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, habiendo determinado que el proceso solo alcanza para el desarrollo nuclear con fines pacíficos, es decir, producción de energía eléctrica, cuestiones médicas y otros usos no letales.
La información que analizó la OIEA fue concluyente en el sentido de que Irán no está desarrollando armamento nuclear, a pesar de que el director de esa agencia, el argentino Rafael Mariano Grossi, es un comprobado agente pro Israel, que según se especula proporcionó a los servicios de inteligencia israelíes la ubicación del edificio de reunión de los científicos iraníes.
Esto puede explicar la efectividad del bombardeo de la noche del viernes 13 de junio que mató a varios de ellos junto con oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas persas.
Es con base a la repetición del guion de 2003 que Israel abrió una guerra con el país persa que se sabe ha comenzada, pero que nadie conoce sus resultados al final.
Por Rommel Santos Díaz
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto de Roma y dentro de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la CPI o su comparecencia voluntaria ante ésta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de las cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en presencia del Fiscal y del imputado, así como de su defensor.
La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podra celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar lo caargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:
- a)Haya renunciado a su derecho a estar presente; o
- b)Ha huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la CPI e informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia para confirmarlos.
En ese caso, el imputado estará representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de la justicia.
Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:
- a)Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo; y
- b)Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar en la audiencia.
La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de la revelación de información a los efectos de la audiencia.
Antes de la audiencia el fiscal podrá proseguir la investigación y modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su retiro. En caso de retirarse los cargos, el Fiscal comunicará las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares.
En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio.
En la audiencia el imputado podrá:
- a)Impugnar los cargos;
- b)Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y
- c)Presentar pruebas.
La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea su determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:
- a)Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados;
- b)No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes;
- c)Levantara la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la posibilidad de presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relación con un determinado cargo; o modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea de la competencia de la CPI.
La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstara para que el Fiscal la pida nuevamente a condición de que presente pruebas adicionales.
Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformidad con el artículo 61 del Estatuto de Roma para confirmarlos.. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia , podrá retirar los cargos.
Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal
Una vez confirmados los cargos de conformidad con el artículo 61 del Estatuto de Roma, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que , con sujeción a los dispuesto en el presente artículo y en el artículo 64, se encargará de la siguiente fase del procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento
Rommelsantosdiaz@gmailcom.
Por Narciso Isa Conde
Con Jorge Mera entró también un buen continente de la mafia agrícola y sectorial del gobierno Hipólito Mejía, que reforzó la vieja mafia peledeista y balaguerista de ese ministerio.
Una cosa que muestra lo mal que anda un Ministerio importante e incluso un gobierno y un partido que se las pasa haciendo profesión de fe de transparencia, es a qué tipo de funcionarios le rinde honores.
Ha pasado así en los Gobiernos de Balaguer, Leonel, Hipólito, Danilo9 y Abinader.
En días pasados, bajo el título de homenaje al “legado de Orlando Jorge Mera”, en un acto auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el nuevo ministro, el gobierno de Abinader y el PRM exaltaron la memoria del ex ministro fallecido, en ocasión de otro aniversario de su asesinato.
A Jorge Mera lo asesinó un personero de la corrupción asociado y protegido inicialmente por él… hasta que las desmedidas exigencias del truhan lo obligaron a incumplir el pacto y eso provocó la ira de su asesino.
Jorge Mera no tenía ni méritos en la materia ni experiencias para desempeñar ese cargo. Su designación obedeció al reparto de cuotas decidido por Abinader para complacer las diferentes facciones del PRM, al estilo histórico del PRD.
Con Jorge Mera entró también un buen continente de la mafia agrícola y sectorial del gobierno Hipólito Mejía, que reforzó la vieja mafia peledeista y balaguerista de ese ministerio.
De ahí las innumerables violaciones a las áreas protegidas, las prácticas delictivas de granceros y areneros, los venenos esparcidos, la destrucción de manglares, la minería destructiva y los numerosos delitos ambientales impunes.
Jorge Mera designó en un cargo relevante al comunicador Guillermo Gómez, con la misión de crear una nómina paralela de botellas y nuevos enclaves mafiosos.
El historial de Guillermo Gómez, vinculado familiarmente a Jorge Blanco y protegido por él y por el PRD luego de sus andanzas con el generalato asesino de Balaguer, no admite complacencia.
Guillermo Gómez fue premiado por el jorgeblanquismo, luego de prestar “valiosos” servicios al régimen de terror y latrocinio presidido por Balaguer.
El impacto del asesinato de Jorge Mera en el contexto de su espuria relación con Miguel Cruz y la posterior designación de Ceara Hatton, forzaron a su desplazamiento y a la cancelación de una parte de la nómina pervertida de ese ministerio. Pero Gómez siguió recibiendo el apoyo de las altas esferas de poder de la vieja guardia perredeista del PRM y de sus enclaves militares para cosas peores.
Quedó impune y volvió a lo suyo, como siempre.
Guillermo Gómez ya había traspasado a su hijo Jochy conexiones y responsabilidades mafiosas, incluida las militares, las del negocio digital naranja y la de Mike Pompeo, el más “troglo” de los capos de la CIA.
Su heredero siguió administrando fiesta de millones…hasta pasarse de la raya con la estafa de los semáforos y los pactos turbios en materia de espionaje con el Ministerio de Defensa, todavía pendiente de juzgar.
La historia es de una impunidad tras otras y viejos y nuevos delitos se suceden en medio de los temores a la capacidad de chantaje de los grandes beneficiarios de las asociaciones delictivas público-privadas y de los homenajes al legado de complicidades y protecciones de presidentes y ministros que pregonan transparencia mientras encubren grandes delitos.
La fuerza que evidentemente debilita los procesos que implican a los Gómez y a Hugo Beras procede de complicidades que generan un enorme poder de chantaje, con más razón cuando una parte de los delitos se relacionan con las espurias entrañas de las labores de inteligencia oficial y espionaje público-privado bajo el paragua de la CIA y sus agentes en el Estado dominicano.