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Justifica su actuación en Bahía las Águilas
El expresidente Hipólito Mejía
SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía admitió que declaró de utilidad pública los terrenos de Bahía de las Águilas porque eso le permitía recibir las informaciones de la gente que estaba envuelta y comenzar a negociar.
Agregó que cuando eso sucede hay que proceder al pago o a las transacciones jurídicas y dijo que en este caso no se ha pagado nada.
El exgobernante manifestó que no quiso asumir ninguna decisión porque ya se iba del gobierno y se lo dejó a la administración 2004-2008.
En relación al contrato de arrendamiento de los terrenos del lugar dijo que recibió las ofertas de los abogados que estuvieron trabajando en esos expedientes y no tiene los resultados todavía”.
“Ahora yo si te aseguro que me pasé tres años tratando de ver que hacía en ese lugar decidí declararlo de utilidad pública, fue la recomendación que hubo, porque eso me permitía a mí recibir las informaciones de la gente que estaba envuelta y comenzar a negociar», manifestó.
Obviamente “ he tenido que cargar con la nostalgia de no buscar salida al lugar más lindo y de más futuro, donde la gente más necesita”.
“Analizar la trascendencia de la parte jurídica y de la parte que tomó el gobierno, yo no voy a incursionar en este campo, porque esa decisión Danilo la asumió responsablemente. Yo no quise asumir eso antes porque ya yo me iba, además que la recomendación de mi gente era que declarará de utilidad pública para yo tener acceso a la retroalimentación.” añadió.
Prometió hacer un profundo y exhaustivo análisis a la decisión que tomó el actual gobierno.
“Cuando haya que hacer una declaración yo la voy a firmar y voy hacer un trabajito, con mi punto de vista por escrito, pero estoy tratando de avanzar parte de las cosas que me sucedieron a mí ”, expresó Mejía.
En relación a la posición de Miguel Vargas en el conflicto de Bahía de las Águilas, Hipólito apuntó que “esa es su decisión, él ha apoyado muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, ese es su problema, él ha hecho cosas peores.”
almomento.net
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la Republica, respondió las acusaciones del miembro de la comisión política de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, quien afirmó que el mandatario posee 70 millones de dólares en paraísos fiscales.
Durante el encuentro LA Semanal con la prensa, Abinader dijo que a pesar de tener muchos años en la política todavía no se acostumbra a la infamia y a la mentira.
Ante esto, el mandatario se ofreció transferirle esa misma cantidad de dinero a quien encuentre su dinero en Panamá o en paraísos fiscales.
“Yo le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal o es más, en cualquier otra cuenta en el país se lo voy a transferir a la Fundación Global para que lo tengan en su cuenta”, afirmó el jefe del Estado.
En ese sentido, Abinader comentó que de indicarle el banco donde tiene el supuesto dinero en paraíso fiscal “se lo voy transferir a la Fundación Global que creo que ellos lo necesitan para algunos pagos”.
Además, el presidente indicó que no se había referido al tema en ocasiones anteriores porque de ser cierto que tuviese ese dinero “yo sí puedo decir de donde salió”, asegurando que tampoco es ilegal.
El presidente informó que tiene un proyecto para modificar la Ley de Sociedades y modernizarla para que no los dominicanos no tengan que utilizar compañías de Panamá o de otros países “que son compañías con fondos aquí que por la versatilidad y la ley de sociedades que es mucho más avanzada que la nuestra”.
“A ese vocero que me mande para que el busque y se lo transfiera a la Fundación Global donde quiera que el encuentre dinero de Luis Abinader”, recalcó.
LO QUE DIJO ROBERTO ROSARIO
En una publicación en X, Rosario insinuó que Abinader no paga impuestos, asegurando que el presidente declaró que tiene 70 millones de dólares en paraísos fiscales.
SANTO DOMINGO.- Podrá entrar en la fase preliminar el caso Calamar, el cual tiene más de tres mil 600 páginas, dos mil evidencias y 26 nuevos implicados, entre ellos el exsenador Rafael Calderón, cuyos imputados podrán continuar el proceso sin que se les conozcan medidas de coerción.
La coordinadora de los juzgados de instrucción continúa envuelta en el proceso de verificación y cotejo para información del expediente del caso Calamar que cuenta con más de tres mil páginas y dos mil pruebas.
Concluido ese proceso, la jueza Kenya Romero sorteará el tribunal que conocerá el juicio preliminar y que debe notificar a las partes del proceso.
Según juristas, la inclusión de 26 nuevos implicados en el expediente no retrasaría el inicio de esa etapa judicial de los ex funcionarios Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y los otros 17 implicados a quienes les fue impuesta medidas de coerción el año pasado.
Mientras se encuentran a la espera de ser notificados, abogados querellantes en el caso aseguraron que interpusieron nuevas querellas en contra de los 26 nuevos señalados por el Ministerio Público, por la supuesta estafa al Estado de 19 mil millones de pesos.
Entre los nuevos implicados en el caso Calamar figuran Rafael Calderón Martínez, exsenador y actual candidato a esa curul por el (PLD) en Azua, Daniel Guerrero, Manuel Morilla Soto, Nathaly Hernández, Natividad Martínez y otros.
Entre nuevos los encartados en el caso Calamar figuran 13 empresas.
Nacionales
“Algún día aceptaremos que las decisiones de los tribunales hay que cumplirlas”, dice TSE.
Santo Domingo, R.D.-El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidaldo, expresó: “Algún día tenemos que aceptar que las decisiones de los tribunales hay que cumplirlas. Nos guste o no, hay que cumplirlas…”.al referirse a la sentencia que ordena a la Fuerza del Pueblo la reformulación de su boleta electoral en el nivel de diputados en el Distrito Nacional.
Esta sentencia, emitida el pasado 11 de abril por el TSE, rechaza la candidatura Rafael Paz y Selinee Méndez, Rosa Feliciano y Katiuska Morel, aspirantes a diputados en la circunscripción 1 del Distrito Nacional por la FP.
Además, ordena a la FP a inscribir a Andy Roberto Morales, Francisco Guillén y Robert Martínez en sustitución de los excluidos.
Ante las versiones de algunos sectores de la FP y otros partidos políticos de la oposición, quienes afirman que esta sentencia fue motivada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el magistrado, Camacho Hidalgo, invalidó esas posiciones.
Hidalgo aseguró que el pleno del TSE no emite sentencias sobre la base de “la politiquería”.
El magistrado también indicó que la mayor muestra de que el TSE ha emitido decisiones correctas ha sido el respaldo brindado por la JCE.
“Si hay un elemento que da a entender que la decisión del Tribunal es la correcta es la última decisión de la Junta, que le ha devuelto al partido que está cuestionando para presentar la planilla como dice el Tribunal, porque algún día tenemos que aceptar que las decisiones de los tribunales hay que cumplirlas”, destacó el presidente del órgano constitucional.
Precisamente ayer, la JCE informó que no acogió la inscripción de los candidatos de la FP en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, asegurando que no cumplen con lo dictado por el TSE.
La JCE estableció en el comunicado que la FP tendrá hasta las 7:00 de la noche de este miércoles, 1 de mayo, para inscribir los nuevos candidatos.
“No resulta posible acoger la misma, tal y como ha sido presentada, toda vez que con ello se estaría incumpliendo el mandato de las indicadas sentencias”, estableció la entidad electoral, luego de desarrollar una sesión extraordinaria.
SENTENCIA
Esta sentencia del TSE también ordena al partido a identificar la mujer más votada en el proceso interno para que sea incluida en su propuesta de candidaturas en la posición número cuatro.
Asimismo, dispone que las dos plazas restantes que fueron reservadas sean ocupadas por igual cantidad de mujeres, las cuales deberán ser aportadas por dicho partido o por los partidos aliados beneficiarios de dichas plazas, de haber intervenido pactos en ese sentido, para cumplir así con la proporción de género que exige la legislación vigente.