La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público ante dificultades relacionadas con la representación legal de empresas imputadas en el expediente que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó separar el proceso judicial seguido contra la empresa Inprosol, S.R.L., del expediente de presunta corrupción administrativa conocido como Operación Camaleón, en el que figuran como principales acusados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez.

La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada el martes 10 de noviembre, a solicitud del Ministerio Público, debido a dificultades relacionadas con la representación legal de algunas de las sociedades comerciales incluidas en el proceso.

Con esta disposición, el procedimiento contra Inprosol continuará de manera independiente, mientras el tribunal mantiene el conocimiento del expediente respecto de los demás acusados.

Dificultades con representación legal provocan aplazamiento

Durante la audiencia, representantes de las empresas imputadas plantearon situaciones que impidieron avanzar con el conocimiento del juicio de fondo.

En el caso de Inprosol, sus representantes alegaron que la compañía carecía de defensa técnica y que habían solicitado asistencia a la Oficina Nacional de Defensa Pública.

Sin embargo, esa institución sostuvo que sus funciones de representación están dirigidas a personas físicas, mientras se encuentra pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la cuestión.

Por otra parte, el representante de Pago Xchange, S.R.L., empresa vinculada a PagoRD, solicitó el aplazamiento del proceso tras comunicar el fallecimiento de quien identificó como el único propietario de la sociedad comercial.

Ante estas circunstancias, el tribunal otorgó una última oportunidad para que la empresa imputada regularice su situación de representación legal y pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

Las juezas Arlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez fijaron la continuación de la audiencia para el 1 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Ministerio Público mantiene acusación por corrupción

En representación del órgano acusador participaron la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.

El Ministerio Público mantiene su acusación contra los imputados por presuntas irregularidades relacionadas con procesos de contratación pública desarrollados durante la gestión del exdirector del Intrant, Hugo Beras.

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían integrado una estructura que supuestamente utilizaba sociedades comerciales, intermediarios y documentación irregular para favorecer intereses particulares mediante contrataciones estatales.

Entre las operaciones cuestionadas figura la adjudicación de un contrato valorado en RD$1,317,350,997, que, según el órgano persecutor, habría beneficiado a empresas vinculadas al empresario Jochi Gómez.

Principales acusados en la Operación Camaleón

La Operación Camaleón fue puesta en marcha en 2024 y dio origen a una investigación sobre presuntas actuaciones ilícitas vinculadas con contrataciones tecnológicas y administrativas en instituciones estatales.

En junio de 2026, los imputados fueron enviados a juicio de fondo para responder por los hechos atribuidos por el Ministerio Público.

Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, en el expediente figuran Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quienes desempeñaron funciones relacionadas con el Centro de Control de Tráfico y la Dirección de Tecnología del Intrant.

También están incluidos Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Entre las sociedades comerciales mencionadas en el proceso se encuentran Transcore Latam, S.R.L.; Aurix, S.A.S.; Inprosol, S.R.L.; OML Inversiones, S.R.L.; PagoRD Xchange, S.R.L.; Industria Soltex Dominicana, S.R.L., y Dekolor, S.R.L.

Separación del proceso no implica absolución

La decisión de conocer separadamente el expediente de Inprosol constituye una medida de carácter procesal que no representa una absolución ni una declaración de culpabilidad.

La empresa continuará sometida al procedimiento correspondiente, en el que deberán garantizarse sus derechos fundamentales, particularmente el derecho de defensa y las garantías del debido proceso.

La controversia sobre la representación judicial de personas jurídicas también pone de relieve los desafíos que surgen cuando las sociedades comerciales son procesadas penalmente y alegan dificultades para contratar asistencia legal.

Mientras tanto, el Ministerio Público deberá presentar sus pruebas ante el tribunal para sustentar las imputaciones formuladas contra los acusados.

Juicio continuará el primero de diciembre

El proceso judicial continuará el próximo 1 de diciembre, fecha en la que se espera que sean superadas las dificultades de representación legal que han impedido avanzar con el conocimiento de las acusaciones.

La Operación Camaleón constituye uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa vinculados con contrataciones públicas que permanecen bajo conocimiento de los tribunales dominicanos.

La continuación del juicio será determinante para establecer el curso del proceso y permitir que las partes presenten sus argumentos y pruebas, bajo los principios de contradicción, igualdad procesal y presunción de inocencia.

Hasta que exista una sentencia firme, las personas físicas y jurídicas imputadas conservan su condición de inocentes conforme a la Constitución y las leyes de la República Dominicana.

Fuente informativa: Periódico El Día, 11 de noviembre de 2026. Informaciones sobre la audiencia del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional correspondiente al caso Operación Camaleón.

El presidente dominicano aseguró que el país continuará ofreciendo asistencia logística y de inteligencia a las tropas salvadoreñas, mientras mantiene reforzada la vigilancia fronteriza ante la crisis de seguridad haitiana.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El presidente Luis Abinader confirmó que el Gobierno dominicano mantiene una cooperación activa con El Salvador en materia de logística e inteligencia para respaldar las operaciones de las tropas enviadas por el mandatario Nayib Bukele a Haití, al tiempo que planteó la necesidad de coordinar sus actuaciones con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Durante declaraciones ofrecidas a periodistas en el Palacio Nacional, el jefe de Estado expresó su respaldo a las acciones del Gobierno salvadoreño contra las organizaciones criminales que mantienen amplias zonas del territorio haitiano bajo su influencia.

Abinader consideró que la colaboración internacional resulta fundamental para enfrentar la crisis de inseguridad del vecino país, pero advirtió que las diferencias entre las fuerzas desplegadas deben superarse mediante mecanismos efectivos de coordinación.

El mandatario explicó que República Dominicana ha recomendado, a través de sus canales diplomáticos, una mayor articulación operativa entre los militares salvadoreños y la fuerza internacional encargada de combatir las pandillas.

República Dominicana mantiene cooperación con El Salvador

El presidente aseguró que su administración continuará brindando apoyo logístico y de inteligencia a las autoridades salvadoreñas, como parte de los esfuerzos relacionados con la situación haitiana.

Asimismo, reveló que los ministros de Defensa de República Dominicana y El Salvador mantienen comunicación prácticamente diaria para intercambiar informaciones y dar seguimiento a los acontecimientos.

El gobernante sostuvo que la cooperación responde a la necesidad de contribuir a los esfuerzos de estabilización de Haití y proteger los intereses de seguridad nacional dominicanos.

No obstante, insistió en que las operaciones de las diferentes fuerzas deben desarrollarse de manera coordinada para evitar conflictos y fortalecer la efectividad de las intervenciones contra las bandas armadas.

Preocupación por diferencias entre fuerzas militares

Las declaraciones de Abinader se producen en medio de cuestionamientos internacionales sobre la actuación de las tropas salvadoreñas fuera de la estructura operativa de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por las Naciones Unidas.

De acuerdo con informaciones divulgadas por el medio estadounidense Axios, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos han expresado preocupación por la falta de coordinación entre ambos contingentes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también se refirió a los riesgos que representa la presencia de fuerzas militares que desarrollan operaciones separadas en un mismo territorio.

La preocupación radica en la posibilidad de que unidades pertenecientes a diferentes estructuras puedan confundirse durante las operaciones, lo que incrementaría los riesgos de enfrentamientos accidentales.

En ese contexto, el presidente dominicano llamó a establecer mecanismos de entendimiento y cooperación que permitan desarrollar acciones conjuntas sin comprometer la seguridad de los efectivos ni de la población civil.

Refuerzan vigilancia en la frontera dominico-haitiana

Abinader aseguró que las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la crisis haitiana, particularmente en las zonas consideradas de mayor riesgo para la seguridad fronteriza.

El mandatario explicó que las Fuerzas Armadas han reforzado su presencia en la frontera sur y disponen de vehículos blindados, drones y personal preparado para responder ante posibles situaciones de emergencia.

Precisó que el Gobierno evalúa diariamente los acontecimientos en Haití y mantiene las medidas preventivas necesarias para preservar la tranquilidad en territorio dominicano.

Asimismo, señaló que la mayor concentración de las organizaciones criminales haitianas continúa localizada en Puerto Príncipe y sus alrededores, donde las bandas armadas mantienen una importante capacidad de actuación.

El presidente reiteró que la responsabilidad fundamental de su administración consiste en garantizar la paz y la seguridad de República Dominicana frente a cualquier consecuencia derivada del deterioro institucional y social del país vecino.

Despliegue salvadoreño genera atención internacional

La presencia militar de El Salvador en Haití ha adquirido mayor relevancia después del despliegue de un numeroso contingente destinado a enfrentar las estructuras criminales.

Según informaciones divulgadas sobre las operaciones, el envío de militares salvadoreños se intensificó después del secuestro de cuatro aerotécnicos de ese país, ocurrido el 18 de octubre.

Las tropas han desarrollado acciones contra organizaciones armadas, entre ellas la banda conocida como 400 Mawozo, una de las estructuras criminales que operan en territorio haitiano.

Sin embargo, la actuación de fuerzas militares fuera de un mando internacional unificado ha generado interrogantes sobre los mecanismos de coordinación, supervisión y responsabilidad aplicables a sus operaciones.

Crisis haitiana continúa representando desafío regional

La prolongada inseguridad de Haití mantiene en alerta a la comunidad internacional debido a sus consecuencias humanitarias, económicas y políticas.

La expansión de las bandas criminales y las dificultades de las instituciones haitianas para recuperar el control territorial constituyen factores de preocupación para los países de la región, especialmente República Dominicana, que comparte una extensa frontera terrestre con esa nación.

El respaldo dominicano a las operaciones salvadoreñas representa una expresión de cooperación en materia de seguridad, aunque también plantea la importancia de que las actuaciones internacionales estén debidamente coordinadas y sujetas a las normas aplicables.

En ese sentido, las autoridades dominicanas consideran indispensable fortalecer los esfuerzos diplomáticos y operativos para contribuir a la estabilización haitiana.

El Gobierno dominicano reafirmó que continuará colaborando con El Salvador en inteligencia y logística, mientras insiste en la necesidad de que las tropas salvadoreñas y la fuerza internacional antipandillas coordinen sus acciones para evitar incidentes y fortalecer la seguridad en Haití.

Fuente informativa: Declaraciones del presidente Luis Abinader del 10 de noviembre de 2026, difundidas por la Presidencia de la República y medios nacionales.

El municipio concentra el 34 % de las obras registradas en la región Metropolitana, mientras especialistas advierten sobre el crecimiento desorganizado, la paralización de proyectos y la falta de coordinación entre los ayuntamientos.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Santo Domingo Este encabeza la actividad constructiva de la región Metropolitana, al concentrar el 34 % de las 6,682 obras identificadas en la zona urbana, según los resultados del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1), publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en agosto de 2026.

El informe coloca a este municipio en la primera posición por cantidad de construcciones registradas, seguido de Santo Domingo Norte, con un 15.7 %; el Distrito Nacional, con un 13.4 %; y Los Alcarrizos, con un 12.3 %.

En conjunto, estas cuatro demarcaciones reúnen el 75.4 % de las edificaciones contabilizadas, lo que evidencia una importante concentración de la actividad inmobiliaria en determinados puntos del Gran Santo Domingo.

Sin embargo, el crecimiento de las construcciones también plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades municipales para garantizar un desarrollo urbano organizado, sostenible y acompañado de los servicios públicos necesarios.

Distrito Nacional concentra mayor superficie construida

Aunque Santo Domingo Este lidera en número de obras, el Distrito Nacional ocupa la primera posición en superficie de construcción correspondiente a las obras activas, con el 40.8 % del total registrado.

Le siguen Santo Domingo Este, con el 29.1 %, y Santo Domingo Norte, con el 18.2 %. Estas tres demarcaciones concentran el 88.1 % del área edificada identificada en el levantamiento.

Los datos reflejan diferencias en las características de los proyectos inmobiliarios, debido a que una mayor cantidad de edificaciones no necesariamente representa un volumen superior de metros cuadrados construidos.

Casi seis de cada diez obras están paralizadas

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la elevada proporción de construcciones detenidas en la región Metropolitana.

Según los datos citados por el especialista en planificación territorial Reynaldo Peguero, el 59.8 % de las obras registradas se encontraba paralizado, mientras apenas el 19.3 % estaba en proceso de ejecución.

Los municipios con mayores porcentajes de paralización son Boca Chica, con 73.5 %; Los Alcarrizos, con 73.3 %; y San Antonio de Guerra, con 71.6 %.

También presentan niveles elevados Pedro Brand, con 66.4 %; Santo Domingo Este, con 60.6 %; Santo Domingo Norte, con 59.5 %; y Santo Domingo Oeste, con 53.5 %.

El Distrito Nacional presenta una situación diferente, debido a que el 47 % de sus obras se encontraba en ejecución, frente al 33.1 % que permanecía paralizado.

Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de evaluar las condiciones económicas, financieras, administrativas y urbanísticas que podrían estar influyendo en la interrupción de numerosos proyectos inmobiliarios.

Especialistas cuestionan desorden urbanístico

El arquitecto y urbanista Jordi Masalles expresó preocupación por la expansión de Santo Domingo Este, al considerar que el crecimiento de determinados sectores no ha estado acompañado de una organización territorial adecuada.

El especialista entiende que, a medida que se produce la expansión hacia zonas alejadas del centro urbano, aumentan las dificultades relacionadas con la planificación, la organización de las vías y la distribución de los espacios.

Por su parte, Reynaldo Peguero cuestionó los procedimientos utilizados para aprobar y supervisar las construcciones en el Gran Santo Domingo.

A su juicio, las autoridades deben fortalecer los mecanismos de inspección, seguimiento y fiscalización, a fin de garantizar que los proyectos respondan a instrumentos efectivos de ordenamiento territorial.

El especialista planteó la conveniencia de establecer estructuras de supervisión municipal con personal técnico suficiente y herramientas georreferenciadas que permitan dar seguimiento al desarrollo inmobiliario.

Falta coordinación entre los ayuntamientos

El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, reconoció las dificultades existentes para establecer mecanismos de planificación conjunta entre los gobiernos municipales que integran la región Metropolitana.

El funcionario explicó que se han realizado esfuerzos para crear oficinas de planeamiento urbano mancomunadas, pero todavía no ha sido posible concretar una estructura de coordinación que involucre a los principales municipios.

Matías señaló que las capacidades técnicas y administrativas de los ayuntamientos son desiguales, lo que dificulta implementar políticas urbanísticas comunes.

Consideró necesario fortalecer las oficinas municipales de planificación mediante la incorporación de profesionales especializados, información territorial, cartografía, recursos financieros y mecanismos de fiscalización.

Asimismo, recordó que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, contempla mecanismos de asociación entre ayuntamientos para atender necesidades y responsabilidades compartidas.

Preparan nueva legislación para regular el crecimiento urbano

Como respuesta a los desafíos que enfrenta la expansión de las ciudades dominicanas, las autoridades trabajan en una propuesta legislativa destinada a modernizar la planificación y gestión urbana.

Domingo Matías informó que el anteproyecto de Ley de Planificación y Gestión Urbana busca actualizar el marco normativo existente, tomando en consideración las transformaciones demográficas, económicas y territoriales que experimenta el país.

La iniciativa se concibe como un complemento de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

Entre sus principales objetivos figuran regular la expansión de las ciudades, fortalecer los instrumentos de gestión del suelo, promover la recuperación de barrios deteriorados y establecer mecanismos que garanticen la disponibilidad de infraestructuras y servicios públicos.

El proyecto también contempla un régimen de consecuencias para las violaciones de las disposiciones urbanísticas.

Según el funcionario, se prevé desarrollar una consulta ciudadana sobre la propuesta antes de su presentación ante el Congreso Nacional, proyectada para febrero de 2027.

Anuncian planificación conjunta para Santo Domingo y Santiago

Las autoridades también proyectan impulsar un plan asociativo de ordenamiento territorial para la región Metropolitana, mediante el cual los gobiernos locales puedan coordinar políticas de crecimiento urbano sin perder su autonomía administrativa.

El instrumento buscaría promover una gestión conjunta de las áreas que requieren soluciones compartidas, especialmente en materia de movilidad, infraestructura, uso del suelo y expansión territorial.

Domingo Matías adelantó que se preparan procesos de licitación relacionados con esta iniciativa, que también contempla acciones de planificación para Santiago.

La propuesta constituye un esfuerzo por superar la fragmentación administrativa que actualmente dificulta abordar de manera integral los problemas de las principales zonas urbanas del país.

Crecimiento inmobiliario exige mayor control

Los resultados del Registro de Oferta de Edificaciones ponen de relieve que el dinamismo inmobiliario del Gran Santo Domingo no puede evaluarse únicamente por la cantidad de proyectos registrados.

La elevada proporción de obras paralizadas y los cuestionamientos sobre la planificación territorial evidencian la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la fiscalización del desarrollo urbano.

El desafío consiste en garantizar que la expansión de las ciudades vaya acompañada de calles adecuadas, sistemas de drenaje, abastecimiento de agua, saneamiento, transporte, espacios públicos y servicios esenciales.

El crecimiento de Santo Domingo Este y los demás municipios metropolitanos representa una oportunidad para el desarrollo económico, pero también exige políticas de planificación que eviten que el aumento de las construcciones profundice el desorden urbano y las deficiencias de infraestructura.

Fuente informativa: Listín Diario, 11 de noviembre de 2026. Datos del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).