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Las alianzas electorales con el que ostenta el poder es una forma de confabularse con lo mal hecho y con la corrupción administrativa.

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Por Elba García

La alianza político-electoral en la práctica es una especie de complicidad con el que maneja los recursos públicos de forma inadecuada y desviada de una proclamada conducta ética que en el fondo es todo lo contrario a lo que se pregona.

El actual proceso electoral, que incluye las municipales del pasado 18 de febrero y las presidenciales y congresuales del próximo mes de mayo, es una expresión del alto nivel de distorsión que sufre la democracia dominicana, ya que la mayoría de los partidos políticos pequeños que han apoyado al PRM avalan y promueven su conducta de actuar al margen de las leyes del régimen electoral.

Está comprobado que todos estos partidos son más de lo mismo, cuya única razón para adherirse al que está en el poder es preservar su reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE) y de esa manera continuar con el recibimiento de fondos económicos a través de un apoyo que no es propio.

El asunto ha tomado ribetes tan preocupantes que aun aquellos pequeños partidos que mantenían un supuesto apego a principios éticos y que proclaman que trabajan por un mejor país, hoy están sumados al partido oficial, pese a que la conducta del PRM no dista tanto de la que han asumido el PLD y el líder de la Fuerza del Pueblo (FP) de Leonel Fernández.

El asunto luce mucho para contaminante cuando partidos como Alianza País mantiene una alianza con Luis Abinader sin dejar la menor brecha de distanciamiento, cuyo presidente de esa organización y candidato a la senaduría del distrito nacional, Guillermo moreno, está integrado como el que más a la campana a la reelección, lo cual implica admitir como válida la conducta de los oficialistas en lo que respecta a la compra de votos y de cualquier otra trampa propia de la politiquería nacional.

Es una vinculación política que no deja espacio para plantear alguna diferencia con el comportamiento antiético del PRM y de sus funcionarios, lo que deja claro que aunque este partido de Moreno tiene diferencias de forma, no de fondo, con los partidos que conforman la oposición, lo define como más de lo mismo y prácticamente lo deja sin moral para en otra contienda electoral reasumir el discurso moralista que enarboló en el pasado.

Todo este cuadro plantea que el panorama dominicano camina hacia una profundización de la legitimación de las inconductas de los actores de la vida política nacional, cuyas consecuencias alejan las posibilidades de mejorar la democracia nacional.

Sin embargo, en el campo electoral no se puede negar que han surgido otras propuestas que aparentan sustentar un discurso de cambio en el Estado dominicano, como por ejemplo el doctor Roque Espaillat (El Cobrador),  pero las herramientas que usa para buscar alcanzar la meta de presentar una propuesta creíble también se ha desvanecido, porque ha canalizado sus aspiraciones a través de un partido que representa la misma corrupción o tal vez peor de la que se les atribuye a los que en las últimas décadas han controlado el estado.

Concretamente, hay que referirse a lo que parece lo más parecido a un “mesías”, cuyo discurso busca aproximarse a Nayid Bukele de el salvador, lo cual le da un matís poco original y sin tomar en cuenta las diferencias entre las sociedades dominicanas y la del país centroamericano.

Lo cierto es que si bien causa preocupación los altos niveles de coincidencias entre los “moralistas” de hace algún tiempo y que ahora están abrazados a la reelección sin importar cómo impacta esa conducta a su futuro político, lo mismo ocurre con personajes aparecidos como “salvadores” de la noche a la mañana que buscan convertirse en candidatos a cualquier precio, proyectando una diferencia que en el fondo no existe y que no pasa de la expresión aquella de «quítate tú pa-ponerme yo».

Este periódico siempre ha sostenido que para que en la República Dominicana pueda producirse un cambio verdadera debe ser a partir de una propuesta político-electoral que primero busque restablecer valores y entonces dar los pasos a través de un proyecto de nación a 40 años que se apoye en una dirección colegiada y cuyos líderes siempre sean sometidos al escrutinio del ciudadano para que haya una especie de cedazo.

Ello así porque en la República Dominicana por razones de su herencia histórico cultural a través de la política partidista se reproducen permanentemente una serie de antivalores que promueven un cacicazgo que hace que las organizaciones que se dedican a estos fines  sean en realidad sociedades comerciales al servicio de particulares y no de los valores cívicos y democráticos.

Los partidos políticos son empresas comerciales individuales que regularmente o prácticamente siempre tienen un dueño que incluso se apropia hasta de los fondos que proporciona la junta central electoral (JCE) sin rendirle cuenta a nadie, pero quien además negocia con el partido en el poder para exigir prebendas y beneficios muy personales.

Siendo así, si en el país no surgen propuestas político-electorales sobre la base de la construcción de un liderazgo colegiado, cuya única superioridad entre sus actores sea el talento a fin de respetar un principio constitucional como el de igualdad, a fin de que se  requiera que todo aquel que persigue ser aspirante a la presidencia de la República sea sometido a un proceso de legitimación que no deje la menor duda de su apego a principios verdaderamente democráticos.

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El nuevo papado de León X1V podría significar la llegada de grandes cambios con acciones dentro y fuera de la Iglesia Católica.

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Por Elba García

La focalización en pequeñas cosas vistas al margen de las perspectivas de las inmensas agendas  tradicionales del Vaticano, es posible la experimentación de un profundo cambio con resultados medibles en poco tiempo.  Sin abandonar su misión evangelizadora e incluso fortaleciéndola con tareas pequeñas, pero contundentes, el papado de Robert Francis Prevost reúne las condiciones para desarrollar asuntos que impactarían de manera muy particular a determinados países y regiones.

Parece de un gran valor el hecho del puente emocional del nuevo papa, León X1V, con los Estados Unidos de América, donde nació y creció, y Latinoamérica, lugar donde ha desarrollado una buena parte de su sacerdocio e incluso por vínculos familiares que lo unen a la zona.

Independiente de la agenda ante los conflictos bélicos y humanos que se producen en lugares muy concretos del mundo, como el Medio Oriente y Ucrania, el papa León X1V tiene en sus manos un arma muy poderosa como es conocer de primera mano al católico latinoamericano a través de Perú y República Dominicana.

Entre las agendas pequeñas, pero de una extraordinaria trascendencia, está la crisis ético-moral de estos pueblos, donde los valores han sido sustituidos por anti valores, lo cual se convierte en una retranca para que avancen hacia un estadio de progreso, bonanza y dignidad humana.

Este propósito permitiría generar toda una corriente que, sin apartarse de la prédica del evangelio, que es una parte consustancial de la Iglesia Católica, desarrolle campañas amplias y consistentes con la creación de las herramientas necesarias para producir cambios importantes en contra de una conducta que destruye la esencia latinoamericanista.

Ese trabajo con asuntos que parecen pequeños, porque además difieren de los grandes temas que involucran los intereses de grandes potencias como los Estados Unidos de América, donde el nuevo papa tiene vínculos indisolubles.

Esta forma de manejar su papado dejaría resultados tangibles en países muy concretos, los cuales pueden ser logrables a través de un trabajo conjunto con una serie de Estados de Latinoaméricana, que tienen profundos problemas de eficacia e incluso hasta de tipo cultural para emprender una gran campaña para restablecer valores a partir de cada realidad particular.

Este estilo que se permite sugerir este periódico persigue que el nuevo papa tenga una focalización muy concreta y específica para generar soluciones tangibles en un tiempo relativamente corto y que el Vaticano de esa manera se convierta en un gran protagonista de grandes cambios a partir de cosas que parecen pequeñas.

En estas tareas el papa debe partir de la devoción cristiana sin importar la iglesia en que se congrega el creyente y de esa forma convertir este tipo de batalla, que se fundamentaría en cuestiones pequeñas, por ser muy particulares, de alguna nación especifica de la tierra.

Este plan ayudaría probablemente a detener el acentuado proceso de sustitución de valores humanos, cívicos y democráticos, lo cual se traduce en un daño irreparable a la vida en sociedad a partir de la solidaridad, la reciprocidad y la hermandad.

Esta sugerencia de este diario persigue detener lo que parece ser la peor tragedia que vive la razón humana, cuyas metas sólo están marcadas y definidas sobre la base del interés pecuniario, sin importar el aspecto humano de la vida.

El recién fallecido papa Francisco habló mucho sobre el poder decisivo del capitalismo en la vida de los pueblos, lo cual no es que sea del todo negativo, pero que lo avasallante de la corriente hace que todo se traduzca en la búsqueda de riquezas sin importar cualquier otra cosa.

Por lo que se ve, lo planteado en este trabajo periodístico escapa a la posibilidad de las iglesias locales, pero además porque la fuerza del papa trasciende cualquier otra influencia, incluso el hiperpresidencialismo que prevalece en las naciones pobres del tercer mundo.

Las pequeñas agendas, por llamarles de algún modo, no implica necesariamente que el papa no pueda también articular otras con los grandes problemas que confronta el mundo de hoy, como el medioambiental, el de las guerras y de tipos raciales, así como de pobreza.

Sin embargo, esta propuesta puede traer consigo que las cosas aparentemente pequeñas sean tan valiosas que se conviertan en tan grandes como las que más que hoy azotan a la raza humana.

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Ofensiva contra derechos fundamentales es la más grande de todos los tiempos en EE.UU.

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Si por una cosa se caracteriza el gobierno que preside el republicano Donald Trump es por representar la más fuerte agresión en contra del constitucionalismo moderno, cuyas órdenes ejecutivas son emitidas sin ningún miramiento ni cuidado para no dañar  el Estado de Derecho en los Estados Unidos y el resto del mundo.

Lo extraño de lo que ocurre en la nación más poderosa de la tierra es que Trump, como todo un emperador, se ha burlado de la tradición de los Estados Unidos, ya que el Parlamento y hasta la Corte Suprema parecen haberse plegado a sus irracionalidades, la cual durante el pasado año otorgó al mandatario «amplia inmunidad», cuya medida fue criticada por colocar al jefe de Estado por encima de todo el mundo con lo que socava el principio de igualdad en que se fundamenta el Estado de derecho.

Expertos en asuntos jurídicos sostienen que «Decir que un presidente no puede ser procesado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones es categóricamente incorrecto», dice a Richard Painter, jurista de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, que trabajó para la administración de George W. Bush.

Añade este experto que: «Creo que existe una preocupación muy real sobre la señal que envía el resultado de estos casos: que Donald Trump está por encima de la ley y de los delitos por los que cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos habría pagado un precio». Subraya, por su parte, Costas Panagopoulos, politólogo de la Universidad del Noreste. Estados Unidos, dice: «No rinde cuentas y no paga realmente un precio».

Advierte que «la democracia no puede sobrevivir de esta manera». Según él, la forma más probable de cambiar el nuevo statu quo es «mediante una enmienda a la Constitución de Estados Unidos o persuadiendo a la Corte Suprema para que cambie de opinión al respecto».

Consideran estos especialistas que hay otra consideración no escrita que puede actuar como freno a los excesos presidenciales: su legado.

«Donald Trump es consciente (…) de que, si se recuerda por algo su primer mandato, será por cómo manejó la pandemia [de COVID-19], por el 6 de enero y por perder las elecciones de 2020″, dice el politólogo.

«Ninguna de esas cosas es muy positiva para Donald Trump. Es posible que quiera esforzarse al máximo para asegurarse de que se le recuerde en su segundo mandato por cosas que reflejen un aspecto más favorable», sostiene.

La pregunta que predomina en el campo internacional es con qué moral los Estados Unidos puede hablarles a los países que están bajo su influencia de respeto a la ley cuando las autoridades de la potencia del norte no creen en eso.

El problema más peligroso es que la democracia norteamericana ha pasado de buenas a primeras de un presidencialismo puro a un hiperpresidencialismo, donde el primer mandatario de la nación ha roto con el histórico «check and balance», conocido también como controles y equilibrios, que ha caracterizado a la nación del norte.

Ahora todo depende de las acciones de Trump sin tomar en cuenta las decisiones de los jueces en asuntos que están dentro de su competencia y lo peor de todo es que el asunto toma fuerza y que allí ya las cosas fuera de la ley se ven como normales.

Si el fenómeno Trump no impacta rápidamente de muy mala manera a las naciones que están bajo su control, ya sea por colonización política o económica, la razón podría estar en que ahora reina más el miedo a las sanciones en contra de los gobiernos, principalmente latinoamericanos, que la violación de derechos humanos y que se promueva la corrupción administrativa, pero no por otra causa.

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Existe realmente en el país el Estado Social Democrático y de Derecho o se trata de una seudo-constitución?

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró este primero de mayo del 2025 en su biblioteca un panel sobre las candidaturas independientes, donde participaron algunos partidos pequeños y sólo uno de los grandes tuvo una representación allí.

En esta actividad los planteamientos fueron realmente fundamentados en muchas hipótesis que pueden o no ocurrir, pero también hubo quien destacó un aspecto muy delicado para la democracia dominicana como lo es el proyecto de ley sometido por la Junta Central Electoral en el Congreso Nacional, el cual hace trizas los pocos logros alcanzados en términos de igualdad por el constitucionalismo dominicano.

El país desde el año 2010 tiene de forma más funcional el derecho constitucional concentrado y el difuso, pero el primero, que recae directamente sobre el Tribunal Constitucional, ha dado algunos frutos en lo que respecta al derecho, valor y principio de igualdad, a cuyo resultado hay que agregar el que tiene que ver con la sentencia TC/0788-24 sobre las candidaturas independientes.

Sin embargo, el órgano creado por el Estado para manejar todos los asuntos electorales del país se ha encargado de dejar la idea en amplios sectores de la vida nacional de que su trabajo es socavar en este ámbito los avances, si es que se les pueden llamar así, que representan las decisiones del TC sobre los derechos fundamentales en el país.

El asunto se torna más que preocupante porque cualquiera de los dos sistemas que se tomen como referencia, es decir, el Estado Social o el Estado Liberal, ambos conceden una importancia capital a los conceptos de libertad individual y de igualdad social, lo cual indica que la sentencia se enmarca perfectamente tanto en uno como en el otro modelo.

El proyecto de ley de regulación de las candidaturas independientes elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) busca imponer una serie de criterios descabellados sobre esta figura jurídica, que rompen medularmente con el principio de igualdad y con todo el proceso de constitucionalización del derecho que impacta el país desde el año 2010.

Entre algunas de sus desacertadas ideas está exigirle al candidato independiente que tenga personalidad jurídica a través de la Ley 122-05 de asociaciones sin fines de lucro, pese a que esa figura no existe en  esta norma, además que este aspirante presente una cantidad de firmas que consiste en el 2 por ciento de  las contenidas en el padrón electoral, no de la última votación como lo consignan las leyes del régimen electoral y que es lo que se les pide a los partidos políticos, lo cual raya en un abuso imperdonable de un órgano que no debe tener como propósito romper con el derecho, valor y principio de igualdad, el cual es transversal a todos los demás derechos.

Pero debe decirse también que buscar darle personalidad jurídica al candidato independiente mediante la figura de las asociaciones accidentales, la cual no está contemplada en la Ley 122-05, sino en la 479-08 de empresas que tienen fines de lucro, saca de contexto el fallo emitido por el Tribunal Constitucional.

De igual modo, plantea el proyecto de la JCE que las candidaturas independientes sólo tengan financiamiento privado, pero  no público, lo que quiere decir que las leyes del régimen electoral que establecen este privilegio sólo tendrá validez cuando se trate de un partido político, lo cual también es desigual, pero además plantea una búsqueda de recursos económicos para esta modalidad de aspirante que se haría muy difícil lograr, dado que se sabe que la donación de dinero sólo tiene un efecto importante cuando el que busca la  presidencia de la Republica tiene una real vocación de poder o en su defecto tendrá que solicitar donaciones en el bajo mundo.

De manera, que el proyecto de ley de la JCE no sólo hace pedazos el principio de igualdad que tanto ha trabajado a nivel concentrado el TC, sino que pone en tela de juicio si la República Dominicana es impactada por una seudo constitución en la que la violación de los derechos fundamentales es su base de sustentación.

Este debate de anoche en la UASD, permitió establecer que el enfoque que se tiene en el país sobre el fenómeno del neo-constitucionalismo es muy pobre y que no se corresponde con lo que ocurre en el derecho comparado, ya que esta figura jurídica es encontrada desde los países latinoamericanos hasta los altamente desarrollados, como Estados Unidos e Inglaterra, pero lo propio hay que decir de los que están localizados en toda Europa.

El debate en torno a las candidaturas independientes sigue su curso y ahora habría que esperar que la comisión que estudia los proyectos de leyes sometidos, tanto por la Junta Central Electoral como por diputados que así lo han anunciado, se discutan en vistas públicas convocadas para esos fines.

La sentencia del TC ha dejado claro que a través de ella se verifica en el país lo que muchos teóricos sobre el tema han planteado, de que el empoderamiento del neo-constitucionalismo frente al control o monopolio que tienen los partidos del sistema electoral y del poder público plantea una confrontación entre la ciencia política y el derecho.

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