Por Elba García
La alianza político-electoral en la práctica es una especie de complicidad con el que maneja los recursos públicos de forma inadecuada y desviada de una proclamada conducta ética que en el fondo es todo lo contrario a lo que se pregona.
El actual proceso electoral, que incluye las municipales del pasado 18 de febrero y las presidenciales y congresuales del próximo mes de mayo, es una expresión del alto nivel de distorsión que sufre la democracia dominicana, ya que la mayoría de los partidos políticos pequeños que han apoyado al PRM avalan y promueven su conducta de actuar al margen de las leyes del régimen electoral.
Está comprobado que todos estos partidos son más de lo mismo, cuya única razón para adherirse al que está en el poder es preservar su reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE) y de esa manera continuar con el recibimiento de fondos económicos a través de un apoyo que no es propio.
El asunto ha tomado ribetes tan preocupantes que aun aquellos pequeños partidos que mantenían un supuesto apego a principios éticos y que proclaman que trabajan por un mejor país, hoy están sumados al partido oficial, pese a que la conducta del PRM no dista tanto de la que han asumido el PLD y el líder de la Fuerza del Pueblo (FP) de Leonel Fernández.
El asunto luce mucho para contaminante cuando partidos como Alianza País mantiene una alianza con Luis Abinader sin dejar la menor brecha de distanciamiento, cuyo presidente de esa organización y candidato a la senaduría del distrito nacional, Guillermo moreno, está integrado como el que más a la campana a la reelección, lo cual implica admitir como válida la conducta de los oficialistas en lo que respecta a la compra de votos y de cualquier otra trampa propia de la politiquería nacional.
Es una vinculación política que no deja espacio para plantear alguna diferencia con el comportamiento antiético del PRM y de sus funcionarios, lo que deja claro que aunque este partido de Moreno tiene diferencias de forma, no de fondo, con los partidos que conforman la oposición, lo define como más de lo mismo y prácticamente lo deja sin moral para en otra contienda electoral reasumir el discurso moralista que enarboló en el pasado.
Todo este cuadro plantea que el panorama dominicano camina hacia una profundización de la legitimación de las inconductas de los actores de la vida política nacional, cuyas consecuencias alejan las posibilidades de mejorar la democracia nacional.
Sin embargo, en el campo electoral no se puede negar que han surgido otras propuestas que aparentan sustentar un discurso de cambio en el Estado dominicano, como por ejemplo el doctor Roque Espaillat (El Cobrador), pero las herramientas que usa para buscar alcanzar la meta de presentar una propuesta creíble también se ha desvanecido, porque ha canalizado sus aspiraciones a través de un partido que representa la misma corrupción o tal vez peor de la que se les atribuye a los que en las últimas décadas han controlado el estado.
Concretamente, hay que referirse a lo que parece lo más parecido a un “mesías”, cuyo discurso busca aproximarse a Nayid Bukele de el salvador, lo cual le da un matís poco original y sin tomar en cuenta las diferencias entre las sociedades dominicanas y la del país centroamericano.
Lo cierto es que si bien causa preocupación los altos niveles de coincidencias entre los “moralistas” de hace algún tiempo y que ahora están abrazados a la reelección sin importar cómo impacta esa conducta a su futuro político, lo mismo ocurre con personajes aparecidos como “salvadores” de la noche a la mañana que buscan convertirse en candidatos a cualquier precio, proyectando una diferencia que en el fondo no existe y que no pasa de la expresión aquella de «quítate tú pa-ponerme yo».
Este periódico siempre ha sostenido que para que en la República Dominicana pueda producirse un cambio verdadera debe ser a partir de una propuesta político-electoral que primero busque restablecer valores y entonces dar los pasos a través de un proyecto de nación a 40 años que se apoye en una dirección colegiada y cuyos líderes siempre sean sometidos al escrutinio del ciudadano para que haya una especie de cedazo.
Ello así porque en la República Dominicana por razones de su herencia histórico cultural a través de la política partidista se reproducen permanentemente una serie de antivalores que promueven un cacicazgo que hace que las organizaciones que se dedican a estos fines sean en realidad sociedades comerciales al servicio de particulares y no de los valores cívicos y democráticos.
Los partidos políticos son empresas comerciales individuales que regularmente o prácticamente siempre tienen un dueño que incluso se apropia hasta de los fondos que proporciona la junta central electoral (JCE) sin rendirle cuenta a nadie, pero quien además negocia con el partido en el poder para exigir prebendas y beneficios muy personales.
Siendo así, si en el país no surgen propuestas político-electorales sobre la base de la construcción de un liderazgo colegiado, cuya única superioridad entre sus actores sea el talento a fin de respetar un principio constitucional como el de igualdad, a fin de que se requiera que todo aquel que persigue ser aspirante a la presidencia de la República sea sometido a un proceso de legitimación que no deje la menor duda de su apego a principios verdaderamente democráticos.