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APD se pone a tono con política programática, ética y visionaria en contienda electoral de cara elecciones de 2020..
Por Cristina Rodríguez
La Alianza por la Democracia (APD) en su coalición con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y una serie de organizaciones políticas ha apostado a una propuesta programática para ascender al control del Estado y cambiar a la República Dominicana.
Este partido, que lidera el doctor Max Puig, ha decidido asumir con toda la seriedad posible las candidaturas que le fueron asignadas mediante un acuerdo que incluye además al Frente Amplio (FA), Dominicanos por el Cambio (DXC), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y el Partido Humanista Dominicano (PHD).
La APD en su acuerdo político lleva candidaturas a alcaldes, vicealcaldes, directores, vocales, regidores y diputados en diferentes municipios, distritos municipales y circunscripciones de todo el territorio nacional, lo cual podría implicar que haya una buena representación en los diferentes espacios públicos.
En el marco de su plan programático la APD por lo menos se ha preocupado de presentar propuestas al electorado, a fin de cambiar la forma de hacer política en la República Dominicana, donde la misma se ha convertido en una verdadera chercha.
El discurso y los programas de los candidatos de la APD, aunque no se logren aprobar en el Congreso Nacional e incluso en las salas capitulares de las alcaldías del país, no deja dudas del compromiso de esta organización política con los mejores intereses del pueblo dominicano.
Manuel Primo Iglesias, candidato a regidor circunscripción No. 1
En lo que respecta al municipio de Santiago, la APD ha presentado las candidaturas a las regidurías 1 y 2, pertenecientes a las circunscripciones de los mismos números, a los señores Manuel Primo Iglesias y Rafaelina Vargas, dos personas que no dejan ninguna duda de su compromiso con las mejores causas de los dominicanos.
El plan programático de estos dos candidatos incluye, entre otras cosas, la restauración de un patrimonio de Santiago de los Caballeros, como lo es el Hotel Mercedes, el cual se desmorona ante la indiferencia de las autoridades del municipio y del Gobierno Central.
Este monumento de la hotelería nacional se proyecta como un gigante que ya no puede sostenerse por si mismo por las condiciones de abandono en que se encuentra a pesar de estar localizado en el mismo corazón del centro histórico de la segunda ciudad en importancia del país, como lo es la calle 30 de Marzo.
Otra de las propuestas de los candidatos a regidores de la APD es la construcción de canchas para la práctica de baloncesto y voleibol, así como de otras disciplinas deportivas, como una forma de sacar a los jóvenes del mundo de la exclusión, que sólo los impulsa a buscar resolver sus problemas en el mundo de las drogas o de la delincuencia a mano armada.
Los aspirantes regidores Iglesias y Vargas han lanzado la idea de crear una sinfónica infantil en Santiago para que los niños de las escuelas publicas y privadas puedan incorporarse a la misma y desarrollar su talento artístico, pero además es una forma de darle vida al alma de los munícipes de una ciudad que ha visto bajar su nivel de vida e invertir una serie de valores que sólo se podrían restablecer con el arte y la cultura.
Rafaelina Vargas, candidata regidora circunscripción 2
Los señores Iglesias y Vargas también han planteado mediante su plan programático es la restauración de monumentos históricos de Santiago, como el Centro de Recreo y el Palacio Consistorial.
Otra propuesta de gran impacto de estos aspirantes a regidores por la APD es la titulación de todos los dominicanos que viven en terrenos del ayuntamiento, donde pagan un arrendamiento, pese a que lo ideal es dotar a esta gente de sus títulos de propiedad para que se sientan más seguros del techo donde tienen su familia.
Por su parte, la candidatura a diputado por la Circunscripción 2 por la APD propone el restablecimiento de la Constitución del 1963 con la incorporación de una serie de figuras jurídicas, como el referendo revocatorio y el constitucional, entre otras.
José Cabral, candidato a diputado por la circunscripción No.2
El candidato a diputado por la APD lo es el licenciado José Cabral Salcedo, quien tiene una larga trayectoria empresarial y profesional, ya que se ha desempeñado como periodista que ha laborado para cadenas como Univisión y Telemundo de los Estados Unidos, así como para los canales de la televisión pública de la unión americana.
De igual modo, Cabral Salcedo contempla de salir electo por la Circunscripción 2 de la provincia de Santiago la modificación de la Ley 1091, que crea la Colegiación Periodística en la República Dominicana y asimismo buscará la creación de una confederación nacional de colegios profesionales.
Otra de las iniciativas legislativas de Cabral Salcedo es someter un proyecto de ley para crear el primer canal de televisión de servicio público, pero de carácter privado, educativo y cultural, parecido a los que existen en muchos países altamente desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, entre otros.
Esa estación de televisión, amén de que servirá para fortalecer la democracia, también será un instrumento vital para promover en el exterior, porque se busca exportarlo a los mercados donde hay asentados grandes cantidades de criollos, la dominicanidad y el turismo, lo cual estimula y fortalece la economía nacional.
Otros planes es la conversión de San José de las Matas en un municipio medioambiental, que permita la construcción de un moderno hospital de turismo de salud, así como de una universidad con el mismo concepto mediante la inversión público- privada.
Para una mejor ilustración de las candidaturas municipales y provincial de la APD en su coalición con el PRM y una serie de partidos más, se publica íntegramente los programas de los candidatos anteriormente mencionados.
Plan programático de la APD para el primer año de nuestros candidatos a las regidurías de las circunscripciones 1 y 2 del municipio de Santiago.
- Desarrollar un programa de titulación de viviendas que han sido construidas en terrenos de propiedad del ayuntamiento y que mantienen un contrato de arrendamiento con el gobierno municipal.
- Promover una alianza con el Gobierno central a través de Patrimonio Cultural para restaurar el Hotel Mercedes y las casas victorianas y republicanas, a fin de vender al municipio como un destino de turismo histórico, cultural y ecológico mediante el aprovechamiento de su entorno.
- Construir canchas para promover y estimular la práctica de baloncesto y voleibol, a fin de sacar a nuestros jóvenes de las drogas y cualquier otra desviación.
- Crear en el municipio una sinfónica infantil en la que tengan participación las escuelas públicas y privadas.
- Crear o si existe fortalecerlo y ampliar un departamento cultural en el ayuntamiento de Santiago, que procure restaurar conjuntamente con patrimonio cultural lugares como el Palacio Consistorial y el Centro de Recreo, entre otros, así como trabajar con instituciones como el Centro de la Cultura, Casa de Arte y la 37 por las Tablas a través de un consejo municipal para estos fines.
- Organizar un campeonato municipal de béisbol infantil y amateur interbarrial, en el que tengan participación equipos de barrios como Pueblo Nuevo, Los Pepines, La Joya y Baracoa, Los Salados, Buenos Aires, Gregorio Luperón y los Ciruelitos, entre otros.
- Promover la formación de clubes culturales y deportivos en los diferentes barrios, a fin de fortalecer y promover una cultura cívica en el municipio y desde ellos las artes y la cultura para atacar el fenómeno de la delincuencia y la violencia intrafamiliar.
- Crear un canal de televisión educativo y cultural del municipio de Santiago mediante una fundación o patronato, conformado por munícipes destacados y ejemplares a fin de promover los valores de los santiaguenses y cuya programación nunca debe estar al servicio de la politiquería.
- Aprovechar la experiencia de los adultos mayores con conocimientos especiales, para que sean asesores del ayuntamiento de Santiago en las diferentes disciplinas de las ciencias y para impartir conferencias en escuelas y colegios.
- En la promoción del turismo local recurrir a casas republicanas y victorianas para alojar a jóvenes de otros países mediante intercambios deportivos y culturales, cuyo pago será mínimo.
- Establecer programas de intercambios con gobiernos municipales de ciudades importantes de Europa y los Estados Unidos, como París, Nueva York y Montreal, entre otras, a fin de asimilar muchas de sus políticas que sean aprovechables para convertir a Santiago en un ejemplo de gestión municipal en el mundo.
- Distribuir por lo menos 10 becas anuales a los estudiantes más sobresalientes de las escuelas públicas y privadas a nivel de primaria, intermedia y secundaria del municipio de Santiago
POR UN GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE,
HUMANO E INCLUYENTE
PLAN PROGRAMATICO AMPLIADO PARA EL PRIMER AÑO DE LA CANDIDATURA A DIPUTADO POR LA CIRCUNSCRIPCION 2 DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO.
- Anteproyecto de ley para restablecer la Constitución del 1963 mediante la convocatoria de una constituyente con votación y elección popular para la incorporación de algunas figuras jurídicas como el referendo revocatorio y el constitucional, así como la ampliación del plebiscito, la conversión del Congreso Nacional en unicameral, el establecimiento de una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura y que éste tenga la responsabilidad de escoger al Procurador General de la Republica en vez del Poder Ejecutivo para eliminar la influencia de los partidos políticos en el sistema de justicia y de ese modo lograr una mayor independencia de este poder del Estado. De igual modo, incorporar a la Constitución de la República la elección de un senador por las comunidades del exterior a partir de que las mismas tienen la categoría de una provincia de la dimensión de Santiago, la cual cuenta con tres circunscripciones que permite la elección de siete diputados. Asimismo extender la aplicación de la Ley de Mecenazgo a las comunidades en el exterior en función de lo consignado en el artículo 64 de la actual Constitución y a través del sub-ministerio de Cultura que opera en la ciudad de Nueva York.
- Anteproyecto de Ley de Colegiación de los Periodistas y de una confederación de colegios profesionales, ya que el informador público es el único profesional académico que no cuenta con ese logro a pesar de ser el primero que la propuso en la tercera etapa de la lucha por la consecución de esa reivindicación.
- Anteproyecto de ley para crear mediante una fundación o patronato del primer canal de televisión educativo y cultural de servicio público, pero de carácter privado, a fin de promover la dominicanidad y restablecer valores, así como para promover el turismo y mejorar la economía.
- Anteproyecto para crear las comisiones de desarrollo municipal, barrial y nacional como forma de evitar la malversación de los fondos destinados a la construcción de obras públicas, las cuales tendrán como misión realizar un censo en los diferentes pueblos para determinar su composición social y sus necesidades.
- Anteproyecto para que el Estado se haga garante frente a los bancos de los Estados Unidos para hacerles préstamos blandos a los comerciantes dominicanos del exterior, principalmente de los Estados Unidos.
- Anteproyecto para restablecer la educación hostosiana en el sistema educativo dominicano para que pase de memorial a racional.
- Anteproyecto de ley que obligue a la creación de empresas mixtas en los diferentes municipios con inversión del Estado, los empresarios privados residentes en los mismos y los nativos de cada uno de ellos que viven en el exterior y que reúna las condiciones para esos fines, a fin de disminuir el desempleo y sacar a los jóvenes de la exclusión social.
- Anteproyecto de ley para modificar la Ley 8701 que crea el sistema de seguridad social y que a través de esta nueva legislación haya una sola Administradora de Riesgo de Salud (ARS) y una sola Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de carácter públicas y de membresía universal.
- Anteproyecto de ley para eliminar la duplicidad de funciones en el Estado dominicano, como por ejemplo la existencia de dos ministerios de educación.
- Gestionar a través de las alcaldías la promoción de campeonatos de las diferentes disciplinas deportivas con la consecuente construcción de complejos deportivos a fin de contrarrestar el involucramiento de los jóvenes en el mundo de las drogas, tráfico y consumo, así como en la delincuencia con y sin violencia.
- Trabajar para la conversión de San José de las Matas en un municipio medioambiental que permita la construcción de un hospital público-privado internacional de turismo de salud, así como de un Centro de Convenciones, Congresos y Cónclaves Internacionales, cuya inversión provendría del gobierno central a través de los ministerios de Turismo y de Medioambiente.
- Gestionar la creación en la Sierra de una universidad medioambiental con inversión público-privada para atraer estudiantes nacionales y extranjeros
- Gestionar y trabajar para la conversión de las alcaldías de la Sierra, encabezada por la de San José de Las Matas, en un mecanismo para el establecimiento de alianzas estratégicas con otros municipios ejemplares del mundo.
- Gestionar la construcción mediante la misma modalidad de un centro de convenciones, congresos y cónclaves internacionales en la Sierra, el cual también serviría para el montaje en San José de las Matas de un premio internacional a la excelencia profesional en la salud.
- Gestionar y montar con los sectores públicos y privados la creación de la Feria Internacional de Inversión para el Desarrollo de la Sierra.
POR UN ESTADO PARTICIPATIVO,
INSTITUCIONAL Y EFICIENTE
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IA entra a justicia dominicana: entre la eficiencia tecnológica y el desafío de preservar el criterio humano
El uso de herramientas inteligentes comienza a transformar procedimientos judiciales y la práctica jurídica en República Dominicana. La promesa es una justicia más rápida y eficiente, pero su expansión abre interrogantes sobre privacidad, transparencia, responsabilidad, debido proceso y el papel insustituible de jueces y abogados.
Por Elba Rosa García
La inteligencia artificial dejó de ser un asunto reservado a especialistas en tecnología para entrar en uno de los espacios más sensibles de la vida democrática: la administración de justicia.
República Dominicana comienza a experimentar esa transformación. Herramientas capaces de procesar grandes cantidades de información, asistir en la elaboración de documentos y automatizar determinadas tareas ya forman parte de iniciativas desarrolladas dentro del Poder Judicial.
El cambio promete eficiencia, pero también plantea una pregunta que trasciende la tecnología: ¿hasta dónde debe permitirse que la inteligencia artificial intervenga en procesos donde están en juego derechos, patrimonio, libertad y decisiones que pueden modificar la vida de una persona?
La IA ya está entrando a los tribunales
En julio de 2026, el Poder Judicial informó que avanza en la incorporación de soluciones apoyadas en inteligencia artificial con el propósito de optimizar la gestión judicial, fortalecer la transparencia y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de justicia.
Entre las iniciativas anunciadas figura una implementación piloto de Microsoft Copilot en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y en determinadas áreas administrativas y de apoyo a tribunales.
De acuerdo con la institución, estas herramientas permiten apoyar tareas repetitivas, asistir en la redacción jurídica y facilitar el análisis de información legal. El Poder Judicial sostiene, sin embargo, que la tecnología debe funcionar como instrumento auxiliar y no sustituir la función jurisdiccional ni el criterio humano.
Ese último aspecto constituye probablemente el punto central de la discusión.
Una cosa es ayudar al juez y otra decidir por él
La inteligencia artificial puede localizar información en segundos, organizar documentos, comparar grandes cantidades de datos y generar borradores. Pero administrar justicia no consiste solamente en procesar información.
Juzgar supone interpretar normas, valorar pruebas, ponderar derechos, motivar decisiones y comprender circunstancias humanas que difícilmente pueden reducirse a una operación matemática.
El debate ya ha llegado al Tribunal Constitucional dominicano.
Durante el Congreso Mundial de Derecho Constitucional de 2026, el magistrado Amaury A. Reyes Torres abordó el impacto de la inteligencia artificial en la función jurisdiccional y sostuvo que una decisión producida mediante IA generativa no puede considerarse final sin revisión o confirmación humana. También llamó la atención sobre cuestiones como la trazabilidad, la protección de información sensible, el uso ético y la denominada “caja negra” de determinados sistemas tecnológicos.
La reflexión revela que el problema no consiste simplemente en determinar si la justicia utilizará inteligencia artificial.
La cuestión verdaderamente importante será establecer qué puede hacer la IA, qué no debe hacer y quién responde por sus resultados.
El riesgo de una justicia de “caja negra”
Cuando un juez dicta una decisión, debe explicar jurídicamente las razones que sustentan su conclusión.
Pero ¿qué sucede cuando un sistema informático recomienda un determinado resultado y no puede conocerse claramente cómo llegó hasta él?
Ahí aparece uno de los grandes problemas jurídicos de la inteligencia artificial: la explicabilidad.
En un Estado de derecho no debería bastar con afirmar que un algoritmo produjo determinado resultado. Cuando una decisión afecta derechos, la persona necesita conocer las razones, cuestionarlas y disponer de mecanismos efectivos para impugnarlas.
El debido proceso, la tutela judicial efectiva, la igualdad y la seguridad jurídica adquieren así una dimensión tecnológica que hasta hace pocos años parecía lejana.
Los abogados tampoco quedan fuera de la transformación
El cambio no se limita a los tribunales.
Los abogados ya tienen acceso a sistemas capaces de resumir expedientes, estructurar argumentos, comparar documentos, preparar borradores contractuales y asistir en investigaciones jurídicas.
Utilizadas correctamente, estas herramientas pueden ahorrar tiempo y permitir que el profesional concentre mayores esfuerzos en el razonamiento jurídico y la estrategia del caso.
Pero existe una frontera que no debe perderse de vista: la inteligencia artificial puede asistir al abogado, pero no asumir su responsabilidad profesional.
Una respuesta generada automáticamente puede contener errores, omitir elementos relevantes o presentar como cierta información que no ha sido debidamente comprobada. En materia jurídica, un dato incorrecto puede comprometer la defensa de una persona o la credibilidad del profesional.
Por eso, verificar las fuentes, comprobar la jurisprudencia y revisar personalmente cualquier documento producido con asistencia tecnológica se convierte en una nueva obligación práctica del jurista contemporáneo.
Privacidad y expedientes judiciales
Existe otro problema menos visible, pero igualmente importante: los datos.
Los expedientes pueden contener información financiera, familiar, empresarial, médica, penal o patrimonial. Introducir indiscriminadamente esos datos en plataformas tecnológicas externas podría generar riesgos de confidencialidad y protección de información sensible.
Precisamente por ello, el Poder Judicial ha señalado que sus proyectos se desarrollan bajo criterios de seguridad, gobernanza tecnológica, trazabilidad, transparencia y supervisión humana.
La transformación digital de la justicia tendrá que avanzar, por tanto, acompañada de reglas estrictas sobre qué información puede ser procesada, dónde se almacena, quién puede acceder a ella y durante cuánto tiempo permanece disponible.
Los deepfakes: un nuevo desafío para la prueba
La inteligencia artificial también introduce dificultades fuera de los sistemas institucionales.
Hoy es posible generar o alterar imágenes, voces y videos con niveles crecientes de realismo. Una grabación que parece auténtica puede haber sido manipulada; una voz aparentemente perteneciente a determinada persona puede ser artificial.
Las consecuencias para el proceso judicial son evidentes.
La autenticidad, integridad, cadena de custodia y valoración de la prueba digital adquieren una importancia creciente en un entorno donde ver o escuchar algo ya no necesariamente significa que haya ocurrido de esa manera.
En junio de este año, el Poder Judicial recibió una misión de asistencia técnica vinculada con la Unión Europea para analizar la actualización del marco normativo dominicano frente a la inteligencia artificial y los delitos tecnológicos. Entre los fenómenos mencionados estuvieron fraudes, extorsiones, suplantaciones de identidad y deepfakes.
El Derecho comienza a correr detrás de la tecnología
La velocidad de la innovación presenta otro desafío.
La tecnología evoluciona en meses; las leyes necesitan discusión, consensos, aprobación y aplicación.
En la nueva legislatura iniciada en agosto, el Congreso dominicano mantiene entre su agenda diferentes reformas y proyectos vinculados con justicia, ciberseguridad e inteligencia artificial, en momentos en que esta última impacta áreas como educación, salud, empleo, seguridad y servicios públicos.
Regular demasiado pronto o con excesiva rigidez podría limitar innovaciones beneficiosas. Pero llegar demasiado tarde podría dejar a ciudadanos e instituciones sin respuestas claras frente a nuevos riesgos.
El equilibrio será complejo.
La tecnología debe servir a la justicia
La inteligencia artificial puede convertirse en una extraordinaria aliada para un sistema judicial que necesita rapidez, organización, accesibilidad y reducción de tareas repetitivas.
Pero eficiencia y justicia no son necesariamente sinónimos.
Una decisión puede producirse rápidamente y ser injusta. Un algoritmo puede procesar miles de casos y reproducir errores a gran escala. Una herramienta puede aumentar la productividad y, al mismo tiempo, generar riesgos para la privacidad.
Por eso, la transformación que comienza a experimentar la justicia dominicana no debería medirse exclusivamente por la cantidad de procesos que logren automatizarse.
El verdadero indicador será determinar si la tecnología contribuye a ofrecer una justicia más rápida sin hacerla menos humana; más moderna sin hacerla menos transparente; y más eficiente sin debilitar las garantías fundamentales de quienes acuden a los tribunales.
La inteligencia artificial llegó al Derecho y difícilmente retrocederá.
Ahora corresponde al Derecho establecer sus límites.
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Motoconchismo en República Dominicana: entre el sustento de miles de familias y el desafío de la seguridad vial
Una actividad que resuelve necesidades de transporte y genera ingresos, pero cuya informalidad y elevada exposición a los accidentes obligan al país a replantear su regulación
Por Elba García
Para una parte importante de la población dominicana, el motoconcho representa mucho más que una motocicleta estacionada en una esquina esperando pasajeros. Es fuente de ingresos, transporte rápido, conexión entre comunidades y, en numerosos sectores donde el transporte colectivo resulta insuficiente, una alternativa prácticamente indispensable.
Sin embargo, detrás de esa utilidad social y económica existe una realidad preocupante: la motocicleta ocupa un lugar central en la grave problemática de seguridad vial que enfrenta la República Dominicana.
El motoconchismo se encuentra así entre dos realidades difíciles de separar. Por un lado, proporciona sustento a miles de trabajadores y facilita la movilidad de ciudadanos; por otro, su crecimiento desorganizado, la informalidad de una parte del sector y el incumplimiento de las normas de tránsito aumentan los riesgos tanto para conductores como para pasajeros y peatones.
Un país sobre dos ruedas
La magnitud del fenómeno puede apreciarse observando la composición del parque vehicular dominicano. Al cierre de 2025, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contabilizaba 3,846,694 motocicletas, equivalentes al 57.9 % de los 6,640,871 vehículos registrados en el país. En apenas un año, la cantidad de motocicletas aumentó en 314,727 unidades, un crecimiento de 8.9 %.
No todas esas motocicletas están destinadas al motoconcho, naturalmente, pero las cifras permiten dimensionar hasta qué punto este vehículo se ha integrado a la movilidad cotidiana de los dominicanos.
En barrios urbanos, municipios y comunidades rurales, el motoconcho llega allí donde muchas veces no lo hacen los autobuses, carros públicos o corredores organizados. Permite recorrer distancias cortas con rapidez y, para muchas personas que no poseen vehículo propio, constituye la forma más inmediata de llegar al trabajo, la escuela, un centro médico o una parada de transporte colectivo.
Esa flexibilidad explica parte de su permanencia y expansión.
Fuente de trabajo y supervivencia
El otro rostro del motoconcho es económico.
Para numerosos trabajadores, conducir una motocicleta para transportar pasajeros constituye una oportunidad de obtener ingresos sin depender de un empleo asalariado tradicional. En una economía donde la informalidad laboral continúa teniendo un peso significativo, la motocicleta se convierte en una herramienta de trabajo relativamente accesible.
La actividad también produce un movimiento económico indirecto: talleres de reparación, venta de repuestos, neumáticos, lubricantes, combustible y otros servicios relacionados dependen en alguna medida del enorme universo de motocicletas que circula diariamente.
Por eso, cualquier política pública destinada a enfrentar los problemas del motoconchismo debe evitar una simplificación: el motoconchista no puede ser considerado únicamente como un problema de tránsito. Es también un trabajador y un prestador de un servicio que responde a una necesidad real de movilidad.
El precio humano de la motocicleta
Pero los beneficios económicos y sociales conviven con una realidad dramática.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó en julio de 2026 que durante 2025 fallecieron 2,992 personas en siniestros de tránsito en República Dominicana y más del 65 % de las víctimas eran motociclistas.
La cifra no significa que todas esas víctimas fueran motoconchistas, pero demuestra la vulnerabilidad extraordinaria de quienes utilizan motocicletas en las vías dominicanas.
El problema tampoco se limita a las muertes. El Plan Estratégico Institucional 2025-2028 del INTRANT señala que entre 2021 y 2024 se registraron 473,850 personas lesionadas en accidentes de tránsito, una carga considerable tanto para las familias como para el sistema sanitario y la economía nacional.
Cada accidente grave puede representar hospitalización, cirugía, rehabilitación, incapacidad laboral, pérdida de ingresos y, en los casos más extremos, la muerte de quien sostiene económicamente a una familia.
Informalidad: el gran desafío
Una de las principales debilidades históricas del motoconchismo ha sido la informalidad.
Paradas improvisadas, motocicletas sin las condiciones adecuadas, conductores sin la documentación requerida, ausencia de identificación uniforme y poca capacitación vial han dificultado convertir esta actividad en un verdadero servicio organizado de transporte.
En 2026 las autoridades intensificaron las acciones para cambiar esa realidad.
Entre el 3 y el 24 de junio, el INTRANT y otros organismos estatales intervinieron 488 paradas de motoconcho en diferentes puntos del territorio nacional como parte de un proceso de regularización. Las jornadas incluyeron levantamiento documental, fiscalización y depuración de operadores.
Uno de los resultados destacados por la institución fue el incremento de 107.5 % en la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas, al pasar de 1,843 en marzo a 3,824 en junio de 2026.
La tendencia evidencia que la fiscalización, cuando está acompañada de mecanismos que permitan cumplir la normativa, puede conducir progresivamente hacia la formalización.
Seguridad ciudadana y confianza
La regulación tiene otra dimensión: la seguridad del pasajero.
Quien aborda un motoconcho entrega temporalmente su seguridad a una persona que muchas veces desconoce. De ahí la importancia de establecer mecanismos efectivos de identificación de los operadores y de las motocicletas utilizadas para prestar el servicio.
Un sistema organizado permitiría saber quién conduce, si posee licencia vigente, si la motocicleta está debidamente registrada y si cumple con los requisitos establecidos por las autoridades.
Eso protegería al pasajero, pero también al propio motoconchista responsable, porque contribuiría a diferenciar al trabajador formal de quien utiliza una motocicleta al margen de las normas.
El casco no puede ser opcional
La transformación del sector tampoco puede descansar exclusivamente sobre operativos policiales.
Debe acompañarse de educación vial permanente y de una cultura de prevención. El uso correcto del casco protector tanto por el conductor como por el pasajero, el respeto a los semáforos, la prohibición de circular en sentido contrario, el control de velocidad y la eliminación de maniobras temerarias tienen que convertirse en prácticas habituales.
El motoconchista profesional debería asumir que transportar una persona implica una responsabilidad adicional: no solamente llegar rápido, sino llevar al pasajero seguro hasta su destino.
De igual manera, los usuarios deben comprender que aceptar viajar sin casco o con un conductor que viola reiteradamente las normas también los coloca innecesariamente en peligro.
¿Eliminar o transformar?
Plantear la desaparición del motoconchismo no parece responder a la realidad social dominicana.
La actividad cumple una función que el sistema de transporte público todavía no ha podido sustituir completamente, especialmente en sectores periféricos y comunidades donde las rutas tradicionales no llegan con suficiente frecuencia.
El desafío consiste entonces en transformar el motoconcho informal en un servicio regulado, identificable y seguro.
Esto requiere registro de operadores, licencias correspondientes, motocicletas en condiciones técnicas adecuadas, uso obligatorio de equipos de protección, capacitación periódica, organización de las paradas y una fiscalización que sea constante y no solamente producto de operativos ocasionales.
También supone incorporar al propio sector a las soluciones. Las asociaciones de motoconchistas pueden desempeñar un papel importante en la organización de paradas, identificación de conductores y promoción del cumplimiento de las normas.
Entre necesidad y transformación
El motoconchismo dominicano refleja, en cierto modo, las contradicciones del sistema nacional de movilidad.
Surgió y se expandió porque había una necesidad. Generó empleos porque había personas que necesitaban trabajar. Creció en numerosos lugares porque el transporte convencional no podía responder completamente a la demanda.
Pero aquello que nació como una solución espontánea necesita evolucionar.
República Dominicana no tiene que escoger entre proteger el trabajo de los motoconchistas o garantizar la seguridad vial. Ambas cosas pueden y deben coexistir.
Formalizar el sector, capacitar a sus trabajadores y hacer cumplir la ley permitiría conservar sus beneficios económicos y sociales mientras se reducen sus consecuencias negativas.
El verdadero problema, por tanto, quizás no sea la existencia del motoconcho. El problema es permitir que un servicio utilizado diariamente por miles de ciudadanos continúe funcionando sin alcanzar los niveles de organización y seguridad que exige una sociedad moderna.
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República Dominicana crea empleos, pero la informalidad sigue siendo el gran desafío del mercado laboral
Por Elba García
El aumento de la población ocupada convive con una informalidad de 54.1 %. El desafío nacional ya no consiste únicamente en generar puestos de trabajo, sino en conseguir que más empleos ofrezcan productividad, estabilidad y protección social.
La República Dominicana continúa mostrando capacidad para generar empleos, pero detrás de las cifras positivas del mercado laboral permanece una realidad que condiciona la calidad del crecimiento económico: más de la mitad de los ocupados continúa en la informalidad.
El Boletín Trimestral del Mercado Laboral del Banco Central correspondiente a enero-marzo de 2026 sitúa la proporción de ocupados informales en 54.1 % y la de formales en 45.9 %. El dato obliga a mirar más allá del número total de personas con trabajo y preguntarse por la calidad, estabilidad y protección asociadas a esos empleos.
Una economía que recupera dinamismo
El debate adquiere mayor relevancia en momentos en que la actividad económica dominicana muestra señales de recuperación. El Banco Central informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 6.4 % interanual en junio de 2026; durante abril-junio la expansión promedio fue de 5.0 %, y en el primer semestre el crecimiento acumulado alcanzó 4.5 %. Construcción, minería, zonas francas y servicios estuvieron entre las actividades de mayor dinamismo.
Ese desempeño confirma que crecimiento y generación de actividad productiva están presentes. Sin embargo, el reto consiste en lograr que una mayor proporción de ese dinamismo se traduzca en empleos formales y sostenibles.
Tener trabajo no siempre significa tener protección
La informalidad es un fenómeno más complejo que el simple hecho de trabajar por cuenta propia. Desde la perspectiva del desarrollo, plantea interrogantes sobre protección social, estabilidad de los ingresos, productividad, acceso al crédito y capacidad de trabajadores y pequeños negocios para incorporarse plenamente a la economía organizada.
Por eso, una política laboral moderna no puede limitarse a contar cuántas personas están ocupadas. Debe observar también bajo qué condiciones trabajan y qué posibilidades tienen de progresar.
El pequeño negocio también enfrenta barreras
La formalización tampoco puede abordarse únicamente desde la fiscalización. Para muchos pequeños negocios, el tránsito hacia la formalidad implica costos, trámites y obligaciones que pueden resultar difíciles de asumir. El desafío de las políticas públicas es conseguir que formalizarse represente una ventaja real: acceso a financiamiento, capacitación, mercados, protección y oportunidades de crecimiento.
Una estrategia efectiva necesita combinar simplificación administrativa, incentivos, educación financiera, productividad y cumplimiento de las obligaciones legales. Perseguir la informalidad sin comprender sus causas podría terminar debilitando a unidades productivas que generan sustento para miles de familias.
El desafío de los jóvenes
Para los jóvenes, la discusión tiene una dimensión adicional. El primer empleo suele ser la puerta de entrada a la experiencia, al crédito y a la independencia económica. Cuando esa puerta conduce principalmente a ocupaciones precarias o informales, el país corre el riesgo de reproducir durante años una estructura laboral de baja productividad.
La formación técnica, la educación vinculada a las necesidades productivas y las competencias digitales serán cada vez más importantes ante la transformación tecnológica del mercado de trabajo.
Crecer no será suficiente
La República Dominicana necesita continuar creciendo. Pero el desarrollo no puede medirse únicamente por la velocidad de expansión de la economía. También importa la capacidad de ese crecimiento para elevar la productividad, los ingresos y la seguridad económica de las familias.
La informalidad de 54.1 % registrada en el primer trimestre de 2026 resume uno de los grandes desafíos pendientes. El país ha demostrado que puede generar actividad económica; la próxima tarea es conseguir que una mayor parte de esa actividad se convierta en oportunidades formales, productivas y sostenibles.
La verdadera medida del progreso no estará solamente en cuántos dominicanos trabajan, sino también en cómo trabajan, qué protección reciben y qué posibilidades tienen de construir un futuro mejor.
FUENTES DE REFERENCIA
- Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral del Mercado Laboral, enero-marzo de 2026.
- Banco Central de la República Dominicana, “Economía dominicana registra expansión de 6.4 % en junio 2026”, 23 de julio de 2026.