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APD se pone a tono con política programática, ética y visionaria en contienda electoral de cara elecciones de 2020..
Por Cristina Rodríguez
La Alianza por la Democracia (APD) en su coalición con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y una serie de organizaciones políticas ha apostado a una propuesta programática para ascender al control del Estado y cambiar a la República Dominicana.
Este partido, que lidera el doctor Max Puig, ha decidido asumir con toda la seriedad posible las candidaturas que le fueron asignadas mediante un acuerdo que incluye además al Frente Amplio (FA), Dominicanos por el Cambio (DXC), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y el Partido Humanista Dominicano (PHD).
La APD en su acuerdo político lleva candidaturas a alcaldes, vicealcaldes, directores, vocales, regidores y diputados en diferentes municipios, distritos municipales y circunscripciones de todo el territorio nacional, lo cual podría implicar que haya una buena representación en los diferentes espacios públicos.
En el marco de su plan programático la APD por lo menos se ha preocupado de presentar propuestas al electorado, a fin de cambiar la forma de hacer política en la República Dominicana, donde la misma se ha convertido en una verdadera chercha.
El discurso y los programas de los candidatos de la APD, aunque no se logren aprobar en el Congreso Nacional e incluso en las salas capitulares de las alcaldías del país, no deja dudas del compromiso de esta organización política con los mejores intereses del pueblo dominicano.
Manuel Primo Iglesias, candidato a regidor circunscripción No. 1
En lo que respecta al municipio de Santiago, la APD ha presentado las candidaturas a las regidurías 1 y 2, pertenecientes a las circunscripciones de los mismos números, a los señores Manuel Primo Iglesias y Rafaelina Vargas, dos personas que no dejan ninguna duda de su compromiso con las mejores causas de los dominicanos.
El plan programático de estos dos candidatos incluye, entre otras cosas, la restauración de un patrimonio de Santiago de los Caballeros, como lo es el Hotel Mercedes, el cual se desmorona ante la indiferencia de las autoridades del municipio y del Gobierno Central.
Este monumento de la hotelería nacional se proyecta como un gigante que ya no puede sostenerse por si mismo por las condiciones de abandono en que se encuentra a pesar de estar localizado en el mismo corazón del centro histórico de la segunda ciudad en importancia del país, como lo es la calle 30 de Marzo.
Otra de las propuestas de los candidatos a regidores de la APD es la construcción de canchas para la práctica de baloncesto y voleibol, así como de otras disciplinas deportivas, como una forma de sacar a los jóvenes del mundo de la exclusión, que sólo los impulsa a buscar resolver sus problemas en el mundo de las drogas o de la delincuencia a mano armada.
Los aspirantes regidores Iglesias y Vargas han lanzado la idea de crear una sinfónica infantil en Santiago para que los niños de las escuelas publicas y privadas puedan incorporarse a la misma y desarrollar su talento artístico, pero además es una forma de darle vida al alma de los munícipes de una ciudad que ha visto bajar su nivel de vida e invertir una serie de valores que sólo se podrían restablecer con el arte y la cultura.
Rafaelina Vargas, candidata regidora circunscripción 2
Los señores Iglesias y Vargas también han planteado mediante su plan programático es la restauración de monumentos históricos de Santiago, como el Centro de Recreo y el Palacio Consistorial.
Otra propuesta de gran impacto de estos aspirantes a regidores por la APD es la titulación de todos los dominicanos que viven en terrenos del ayuntamiento, donde pagan un arrendamiento, pese a que lo ideal es dotar a esta gente de sus títulos de propiedad para que se sientan más seguros del techo donde tienen su familia.
Por su parte, la candidatura a diputado por la Circunscripción 2 por la APD propone el restablecimiento de la Constitución del 1963 con la incorporación de una serie de figuras jurídicas, como el referendo revocatorio y el constitucional, entre otras.
José Cabral, candidato a diputado por la circunscripción No.2
El candidato a diputado por la APD lo es el licenciado José Cabral Salcedo, quien tiene una larga trayectoria empresarial y profesional, ya que se ha desempeñado como periodista que ha laborado para cadenas como Univisión y Telemundo de los Estados Unidos, así como para los canales de la televisión pública de la unión americana.
De igual modo, Cabral Salcedo contempla de salir electo por la Circunscripción 2 de la provincia de Santiago la modificación de la Ley 1091, que crea la Colegiación Periodística en la República Dominicana y asimismo buscará la creación de una confederación nacional de colegios profesionales.
Otra de las iniciativas legislativas de Cabral Salcedo es someter un proyecto de ley para crear el primer canal de televisión de servicio público, pero de carácter privado, educativo y cultural, parecido a los que existen en muchos países altamente desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, entre otros.
Esa estación de televisión, amén de que servirá para fortalecer la democracia, también será un instrumento vital para promover en el exterior, porque se busca exportarlo a los mercados donde hay asentados grandes cantidades de criollos, la dominicanidad y el turismo, lo cual estimula y fortalece la economía nacional.
Otros planes es la conversión de San José de las Matas en un municipio medioambiental, que permita la construcción de un moderno hospital de turismo de salud, así como de una universidad con el mismo concepto mediante la inversión público- privada.
Para una mejor ilustración de las candidaturas municipales y provincial de la APD en su coalición con el PRM y una serie de partidos más, se publica íntegramente los programas de los candidatos anteriormente mencionados.
Plan programático de la APD para el primer año de nuestros candidatos a las regidurías de las circunscripciones 1 y 2 del municipio de Santiago.
- Desarrollar un programa de titulación de viviendas que han sido construidas en terrenos de propiedad del ayuntamiento y que mantienen un contrato de arrendamiento con el gobierno municipal.
- Promover una alianza con el Gobierno central a través de Patrimonio Cultural para restaurar el Hotel Mercedes y las casas victorianas y republicanas, a fin de vender al municipio como un destino de turismo histórico, cultural y ecológico mediante el aprovechamiento de su entorno.
- Construir canchas para promover y estimular la práctica de baloncesto y voleibol, a fin de sacar a nuestros jóvenes de las drogas y cualquier otra desviación.
- Crear en el municipio una sinfónica infantil en la que tengan participación las escuelas públicas y privadas.
- Crear o si existe fortalecerlo y ampliar un departamento cultural en el ayuntamiento de Santiago, que procure restaurar conjuntamente con patrimonio cultural lugares como el Palacio Consistorial y el Centro de Recreo, entre otros, así como trabajar con instituciones como el Centro de la Cultura, Casa de Arte y la 37 por las Tablas a través de un consejo municipal para estos fines.
- Organizar un campeonato municipal de béisbol infantil y amateur interbarrial, en el que tengan participación equipos de barrios como Pueblo Nuevo, Los Pepines, La Joya y Baracoa, Los Salados, Buenos Aires, Gregorio Luperón y los Ciruelitos, entre otros.
- Promover la formación de clubes culturales y deportivos en los diferentes barrios, a fin de fortalecer y promover una cultura cívica en el municipio y desde ellos las artes y la cultura para atacar el fenómeno de la delincuencia y la violencia intrafamiliar.
- Crear un canal de televisión educativo y cultural del municipio de Santiago mediante una fundación o patronato, conformado por munícipes destacados y ejemplares a fin de promover los valores de los santiaguenses y cuya programación nunca debe estar al servicio de la politiquería.
- Aprovechar la experiencia de los adultos mayores con conocimientos especiales, para que sean asesores del ayuntamiento de Santiago en las diferentes disciplinas de las ciencias y para impartir conferencias en escuelas y colegios.
- En la promoción del turismo local recurrir a casas republicanas y victorianas para alojar a jóvenes de otros países mediante intercambios deportivos y culturales, cuyo pago será mínimo.
- Establecer programas de intercambios con gobiernos municipales de ciudades importantes de Europa y los Estados Unidos, como París, Nueva York y Montreal, entre otras, a fin de asimilar muchas de sus políticas que sean aprovechables para convertir a Santiago en un ejemplo de gestión municipal en el mundo.
- Distribuir por lo menos 10 becas anuales a los estudiantes más sobresalientes de las escuelas públicas y privadas a nivel de primaria, intermedia y secundaria del municipio de Santiago
POR UN GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE,
HUMANO E INCLUYENTE
PLAN PROGRAMATICO AMPLIADO PARA EL PRIMER AÑO DE LA CANDIDATURA A DIPUTADO POR LA CIRCUNSCRIPCION 2 DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO.
- Anteproyecto de ley para restablecer la Constitución del 1963 mediante la convocatoria de una constituyente con votación y elección popular para la incorporación de algunas figuras jurídicas como el referendo revocatorio y el constitucional, así como la ampliación del plebiscito, la conversión del Congreso Nacional en unicameral, el establecimiento de una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura y que éste tenga la responsabilidad de escoger al Procurador General de la Republica en vez del Poder Ejecutivo para eliminar la influencia de los partidos políticos en el sistema de justicia y de ese modo lograr una mayor independencia de este poder del Estado. De igual modo, incorporar a la Constitución de la República la elección de un senador por las comunidades del exterior a partir de que las mismas tienen la categoría de una provincia de la dimensión de Santiago, la cual cuenta con tres circunscripciones que permite la elección de siete diputados. Asimismo extender la aplicación de la Ley de Mecenazgo a las comunidades en el exterior en función de lo consignado en el artículo 64 de la actual Constitución y a través del sub-ministerio de Cultura que opera en la ciudad de Nueva York.
- Anteproyecto de Ley de Colegiación de los Periodistas y de una confederación de colegios profesionales, ya que el informador público es el único profesional académico que no cuenta con ese logro a pesar de ser el primero que la propuso en la tercera etapa de la lucha por la consecución de esa reivindicación.
- Anteproyecto de ley para crear mediante una fundación o patronato del primer canal de televisión educativo y cultural de servicio público, pero de carácter privado, a fin de promover la dominicanidad y restablecer valores, así como para promover el turismo y mejorar la economía.
- Anteproyecto para crear las comisiones de desarrollo municipal, barrial y nacional como forma de evitar la malversación de los fondos destinados a la construcción de obras públicas, las cuales tendrán como misión realizar un censo en los diferentes pueblos para determinar su composición social y sus necesidades.
- Anteproyecto para que el Estado se haga garante frente a los bancos de los Estados Unidos para hacerles préstamos blandos a los comerciantes dominicanos del exterior, principalmente de los Estados Unidos.
- Anteproyecto para restablecer la educación hostosiana en el sistema educativo dominicano para que pase de memorial a racional.
- Anteproyecto de ley que obligue a la creación de empresas mixtas en los diferentes municipios con inversión del Estado, los empresarios privados residentes en los mismos y los nativos de cada uno de ellos que viven en el exterior y que reúna las condiciones para esos fines, a fin de disminuir el desempleo y sacar a los jóvenes de la exclusión social.
- Anteproyecto de ley para modificar la Ley 8701 que crea el sistema de seguridad social y que a través de esta nueva legislación haya una sola Administradora de Riesgo de Salud (ARS) y una sola Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de carácter públicas y de membresía universal.
- Anteproyecto de ley para eliminar la duplicidad de funciones en el Estado dominicano, como por ejemplo la existencia de dos ministerios de educación.
- Gestionar a través de las alcaldías la promoción de campeonatos de las diferentes disciplinas deportivas con la consecuente construcción de complejos deportivos a fin de contrarrestar el involucramiento de los jóvenes en el mundo de las drogas, tráfico y consumo, así como en la delincuencia con y sin violencia.
- Trabajar para la conversión de San José de las Matas en un municipio medioambiental que permita la construcción de un hospital público-privado internacional de turismo de salud, así como de un Centro de Convenciones, Congresos y Cónclaves Internacionales, cuya inversión provendría del gobierno central a través de los ministerios de Turismo y de Medioambiente.
- Gestionar la creación en la Sierra de una universidad medioambiental con inversión público-privada para atraer estudiantes nacionales y extranjeros
- Gestionar y trabajar para la conversión de las alcaldías de la Sierra, encabezada por la de San José de Las Matas, en un mecanismo para el establecimiento de alianzas estratégicas con otros municipios ejemplares del mundo.
- Gestionar la construcción mediante la misma modalidad de un centro de convenciones, congresos y cónclaves internacionales en la Sierra, el cual también serviría para el montaje en San José de las Matas de un premio internacional a la excelencia profesional en la salud.
- Gestionar y montar con los sectores públicos y privados la creación de la Feria Internacional de Inversión para el Desarrollo de la Sierra.
POR UN ESTADO PARTICIPATIVO,
INSTITUCIONAL Y EFICIENTE
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El triunfo de Lula en Brasil es el inicio del fin de la influencia de Trump y el control de la ultraderecha en Latinoamérica.
La reelección del mandatario brasileño representa un revés para el bolsonarismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los gobiernos aliados de Washington, mientras crece el descontento social frente a las dificultades económicas, la inseguridad y las expectativas incumplidas.
Por Elba R. García
La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye mucho más que la continuidad de un proyecto político de izquierda en la principal economía de América Latina, cuyo triunfo representa un acontecimiento de profundas repercusiones geopolíticas, particularmente para el presidente estadounidense Donald Trump, cuya estrategia regional ha encontrado importantes aliados entre los sectores conservadores y de derecha del continente.
Lula consiguió imponerse en la segunda vuelta presidencial celebrada el 25 de octubre de 2026 frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, protagonizando una remontada electoral después de haber quedado en segundo lugar durante la primera votación, cuya victoria fue proyectada por Datafolha y confirmada por los reportes posteriores sobre el escrutinio.
Sin embargo, reducir este resultado a una confrontación entre izquierda y derecha sería desconocer las transformaciones políticas y sociales que experimenta América Latina, dado que lo ocurrido en Brasil también refleja las dificultades que enfrentan los proyectos políticos sustentados en liderazgos personalistas, discursos confrontativos y alianzas internacionales que no siempre responden a las expectativas de bienestar de sus propias poblaciones.
La derrota del candidato de Donald Trump en Brasil representa un revés para él e incluso por la estrecha relación entre el mandatario de la primera potencia del mundo y Jair Bolsonaro, además de que el expresidente brasileño en uno de los principales referentes latinoamericanos del movimiento conservador internacional.
Ambos dirigentes desarrollaron una afinidad política caracterizada por el nacionalismo, la confrontación con sectores progresistas, el cuestionamiento de determinadas instituciones y un discurso centrado en la seguridad, los valores tradicionales y la defensa de sus respectivas bases electorales, lo que llevó a Donald Trump durante los últimos anos a defender públicamente a Bolsonaro frente a distintos procesos judiciales y controversias políticas, lo que se vio como una injerencia en los asuntos internos de la nación más poderosa de Latinoamérica.
Incluso, una investigación de Reuters publicada el 24 de octubre reveló que funcionarios estadounidenses promovieron medidas de presión contra Brasil que, según fuentes consultadas, buscaban favorecer políticamente al entorno bolsonarista.
En ese contexto, la derrota de Flávio Bolsonaro constituye un golpe simbólico para la estrategia de expansión de la influencia trumpista en América Latina, aunque ello no significa que el presidente estadounidense haya perdido automáticamente su capacidad de influencia regional, pero sí demuestra que su cercanía con determinados candidatos no garantiza victorias electorales.
El resultado también confirma que la política brasileña posee dinámicas propias y que los ciudadanos no necesariamente trasladan sus simpatías hacia Estados Unidos al momento de decidir quién debe gobernar su país, lo cual sirve de espejo a otras democracias latinoamericanas.
Uno de los elementos que otorgan mayor relevancia al triunfo de Lula es el momento político que atraviesan varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos mantienen afinidades ideológicas o relaciones cercanas con la administración estadounidense.
Argentina, Chile y Ecuador presentan escenarios distintos, pero comparten una preocupación: la distancia entre las expectativas creadas durante las campañas electorales y los resultados que una parte considerable de la ciudadanía percibe en su vida cotidiana.
En Argentina, Javier Milei llegó al poder prometiendo una transformación radical del modelo económico y del funcionamiento del Estado, cuya cercanía política con Donald Trump ha sido uno de los rasgos más visibles de su proyección internacional.
No obstante, las tensiones sociales derivadas de sus políticas económicas y el malestar de determinados sectores han afectado su valoración ciudadana por lo que su popularidad ha bajado de forma impresionante.
En Chile, José Antonio Kast enfrenta el desafío de convertir su discurso de orden, seguridad y cambio político en resultados capaces de sostener su legitimidad social, pese a que el principal cuestionamiento en estos momentos es la liberación y reducción de penas a violadores sexuales de niños.
Mientras tanto, en Ecuador, Daniel Noboa debe responder a las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la violencia, la seguridad pública y la situación económica, lo que parece llevarlo a iniciar algún tipo de persecución política a través del derecho penal de los opositores que lo enfrentan.
La encuesta regional de CB Global Data correspondiente a octubre de 2026, difundida por la agencia EFE, permite dimensionar estas dificultades, ya que en la misma Javier Miley de Argentina tiene una imagen positiva que llega al 36,1 por ciento, mientras que la negativa alcanza el 59,0 por ciento.
Por su parte, José Antonio Kast de Chile tiene una imagen positiva de un 38,8 por ciento y negativa de un 56,8 por ciento y Daniel Noboa del Ecuador tiene un 47,5 por ciento de imagen negativa y un 46,9 por ciento negativa.
Estos indicadores evidencian dificultades importantes para determinados gobiernos, lo cual podría implicar que todos los mandatarios latinoamericanos de su línea están amenazados de sufrir una derrota en una próxima contienda electoral, sumándose al fenómeno la posibilidad de que Donald Trump pierde el control de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos.
Aunque parece que tuvo algún peso la injerencia de Trump en Brasil para que Lula ganara la reelección, pero también obedece a la forma del ciudadano brasileña ver la política interna independientemente de lo que ocurre en otras partes del mundo.
Lo significativo es que una alianza internacional poderosa puede fortalecer la proyección diplomática de un gobernante, pero no sustituye su obligación de ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.
Otro aspecto fundamental para interpretar la victoria de Lula es el sentimiento de soberanía nacional que históricamente ha acompañado a sectores importantes de la sociedad brasileña.
Brasil no es solamente el país más extenso y poblado de América del Sur. También es una potencia económica con una tradición diplomática que procura mantener márgenes de autonomía frente a las grandes potencias.
Su participación en los BRICS y sus relaciones comerciales con China, Estados Unidos, Europa y otras economías reflejan una estrategia internacional que trasciende las afinidades personales entre mandatarios.
Para determinados sectores políticos brasileños, la posibilidad de que el país adoptara una posición excesivamente alineada con Trump representaba un riesgo para esa autonomía.
Lula logró presentar su candidatura como una alternativa frente al retorno del bolsonarismo y como una defensa de la capacidad de Brasil para decidir sus políticas sin subordinación a intereses extranjeros.
También intervinieron las políticas sociales, la experiencia acumulada del mandatario, las alianzas electorales, la movilización de sus seguidores y las preocupaciones de una población profundamente dividida.
Lo que sí puede sostenerse es que la derrota del candidato bolsonarista debilita una de las principales plataformas políticas desde las cuales Washington podía ampliar su afinidad ideológica en la región.
El escenario latinoamericano demuestra que las sociedades no mantienen una fidelidad permanente hacia un determinado proyecto ideológico, ya que durante las últimas décadas, distintos países han experimentado alternancias entre gobiernos progresistas, conservadores, liberales y de orientación populista.
Estos cambios responden, en buena medida, al desgaste de los gobernantes y a la frustración de una ciudadanía que reclama mejores condiciones de vida.
Los electores pueden respaldar propuestas radicales cuando consideran que los partidos tradicionales han fracasado, pero ese apoyo puede debilitarse cuando las promesas de transformación no se traducen en soluciones.
En ese sentido, el triunfo de Lula plantea una advertencia a la derecha latinoamericana: ganar unas elecciones mediante un discurso de ruptura no garantiza conservar el respaldo popular, aunque el mismo también representa una advertencia para la izquierda, en el sentido del que lo haga mal será expulsado del poder.
El mandatario brasileño enfrentó una elección extraordinariamente competitiva, lo que demuestra que su experiencia y liderazgo histórico tampoco lo eximen de responder a las demandas de seguridad, empleo, estabilidad económica y transparencia.
La lección política es más amplia: ninguna corriente ideológica tiene asegurado el respaldo ciudadano, lo que ha sido evidenciado con lo reñida de las elecciones en Brasil
Donald Trump continúa siendo una figura influyente entre numerosos dirigentes conservadores latinoamericanos, pero sin lugar a dudas que su liderazgo ha recibido un fuerte revés en los países latinoamericanos, lo cual podría profundizarse si es desplazado del control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Su posición al frente de Estados Unidos le proporciona instrumentos diplomáticos, comerciales y estratégicos que ningún otro gobernante del continente posee en la misma dimensión, pero parece que su política de injerencia y confrontación tienen un límite.
La victoria brasileña demuestra que la influencia internacional no equivale a control electoral y que un proyecto político puede no imponerse a una alternativa no cercana al trumpismo, incluso en medio de una región marcada por el avance de diversas expresiones de derecha.
También evidencia las limitaciones de interpretar las elecciones latinoamericanas exclusivamente como una extensión de las disputas políticas estadounidenses, ya que los ciudadanos votan fundamentalmente condicionados por sus propias realidades nacionales.
En Argentina pesan las expectativas económicas. En Ecuador, la inseguridad. En Chile, las demandas de orden y bienestar. En Brasil, estos factores se combinaron con una disputa sobre el rumbo democrático, institucional e internacional del país.
Para Trump, la derrota del bolsonarismo representa un revés político importante, lo que podría implicar el comienzo de un retroceso generalizado de sus aliados regionales.
Esa posibilidad dependerá de la evolución económica, social e institucional de cada nación, sobre todo que Brasil es una especie de equilibrio político continental, dado que la permanencia de Lula al frente de esta nación fortifica los espacios regionales y multilaterales.
Su gobierno ha defendido una política exterior con mayores márgenes de independencia, la cooperación entre países del sur global, el fortalecimiento del multilateralismo y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos internacionales.
La continuidad de ese liderazgo permitirá mantener una voz latinoamericana con capacidad para discrepar de Washington en asuntos comerciales, ambientales y diplomáticos.
No obstante, Lula tendrá que gobernar una sociedad polarizada y negociar con fuerzas políticas que no necesariamente comparten sus prioridades.
Su reelección no elimina la fortaleza electoral del conservadurismo brasileño ni garantiza el predominio regional de la izquierda, ahora lo que sí establece es un contrapeso significativo frente a las aspiraciones de expansión política del trumpismo.
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva trasciende el resultado de unas elecciones presidenciales, porque representa un golpe para el bolsonarismo, un revés para las aspiraciones regionales de Donald Trump y una demostración de que los procesos democráticos latinoamericanos conservan dinámicas que no pueden determinarse desde el exterior.
En momentos en que varios gobiernos enfrentan importantes niveles de rechazo ciudadano, Brasil recuerda que el verdadero poder político no reside exclusivamente en las alianzas internacionales, en la popularidad de un líder extranjero ni en la capacidad de movilizar emociones durante una campaña.
Reside, fundamentalmente, en la confianza de los ciudadanos y en la capacidad de transformar las promesas electorales en resultados.
La gran enseñanza del triunfo de Lula es que ningún liderazgo internacional puede sustituir la voluntad soberana de los pueblos. Y ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, puede conservar indefinidamente el apoyo ciudadano si deja de responder a sus necesidades.
La tragedia del Jet Set podría convertirse en un punto de referencia para la manera en que la justicia dominicana examine las muertes ocasionadas por el desplome de edificaciones cuyos peligros eran conocidos y no fueron corregidos, lo que ahora es un caso que tiene repercusión jurídica, económica, empresarial y social, sobre todo con la nueva calificación penal de homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual, frente a la situación de numerosas edificaciones dominicanas que podrían presentar deterioro estructural, modificaciones no supervisadas o ausencia de mantenimiento adecuado.
La decisión judicial de variar la calificación penal de homicidio involuntario a voluntario mediante la figura del dolo eventual plantea interrogantes que trascienden el proceso contra los propietarios de la discoteca.
La madrugada del 8 de abril de 2025, el desplome del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, provocó una de las mayores tragedias ocurridas en un centro de entretenimiento dominicano.
El 16 de octubre de 2026, el juez Franni González modificó la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusación que venía siendo examinada como homicidio involuntario y que ahora pasó a una calificación de homicidio voluntario sustentada en el dolo eventual.
Se trata de una decisión procesal que modifica la gravedad de la acusación y obliga a que el juicio se conozca nuevamente ante un tribunal colegiado, pero, más allá de las consecuencias para los imputados, surge una cuestión de interés nacional: ¿Qué ocurriría si otras edificaciones utilizadas por miles de dominicanos se encontraran en situaciones semejantes?
El dolo eventual en el derecho penal se presenta cuando una persona crea la posibilidad de provocar un resultado delictivo y, aun así, acepta ese riesgo al continuar con su conducta, aunque necesariamente esto no signifique que alguien desee directamente la muerte de otra persona, como lo ocurrido en la discoteca Jet Set hace ya algún tiempo.
La diferencia está en el conocimiento del peligro y en la aceptación de la posibilidad de que el resultado ocurra, pese a que haya habido advertencias técnicas serias de que el techo de un establecimiento presenta peligro de colapso como pasa en una gran cantidad de edificios del país, los cuales están llenos de objetos de alto peso, como plantas eléctricas y tinacos.
En todo caso si se produce un desplome mortal, el tribunal tendría que determinar si existió una negligencia grave o si los hechos permiten demostrar conocimiento y aceptación del resultado posible, porque no toda advertencia ignorada demuestra automáticamente dolo eventual, ya que para tales fines se exigen pruebas concretas sobre lo que sabía cada imputado y cómo se comportó frente al peligro.
La nueva calificación del caso Jet Set supone una advertencia para propietarios, administradores y responsables de establecimientos que operan en inmuebles con riesgos conocidos, ya que los responsables de edificaciones destinadas a espectáculos, actividades comerciales, viviendas, servicios educativos, atención sanitaria o de reuniones multitudinarias podrían tener mayores motivos para revisar sus condiciones estructurales.
Sin embargo, esto quiere decir que cualquier deterioro importante debe ser evaluado técnicamente y corregido oportunamente, cuya responsabilidad por el deterioro de un techo no sólo recae sobre los propietarios privados, sino también del Estado, el cual debe velar porque tragedias por esa causa no se produzcan.
La República Dominicana dispone de disposiciones sobre diseño, construcción, supervisión e inspección de edificaciones, entre las que figuran el Reglamento R-001 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras y el Reglamento R-004 para la Supervisión e Inspección de Obras.
No obstante, las medidas preventivas pueden evitar pérdidas humanas, cierres inesperados, litigios, indemnizaciones y daños patrimoniales, dado que la seguridad estructural debe ser entendida como parte del costo responsable de cualquier actividad económica y no como un gasto opcional.
En el dolo eventual entra en el debate la presunción de inocencia, cuyo cambio de calificación también enfrenta importantes desafíos jurídicos, pero que de cualquier modo los abogados defensores de los hermanos Espaillat, que es el caso que ha puesto sobre el tapete la referida figura jurídica, cuestionan la aplicación de la misma sobre la base de que no se ha demostrado la aceptación consciente de un desenlace mortal.
Desde cualquier perspectiva que sea vea, la decisión del tribunal al cambiar la calificación del caso a dolo eventual podría generar un proceso preventivo que permitiría identificar inmuebles que requieran mantenimiento, reforzamiento estructural, limitaciones de ocupación o, en situaciones extremas, clausura temporal.
Puede decirse que como la decisión judicial del caso Jet Set no ha establecido todavía la culpabilidad de los acusados, pero que sí coloca sobre la mesa una pregunta que el país no debería ignorar, ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si las advertencias técnicas fueran tomadas en serio antes de que aparezcan las víctimas?De portada
El narcotráfico, el lavado de activos, la economia subterranea y su impacto en la sociedad en R.D.
La economía subterránea vinculada al narcotráfico representa una amenaza para la estabilidad económica, la competencia empresarial y la institucionalidad de la República Dominicana, debido a que la circulación de capitales ilícitos puede distorsionar los mercados y producir una apariencia de prosperidad que no necesariamente se corresponde con el desarrollo nacional.
Por Elba García
Mientras la República Dominicana exhibe crecimiento en sectores como el turismo, la construcción, el comercio y los servicios, existe otra realidad menos visible: la circulación de dinero procedente de actividades ilegales, especialmente del narcotráfico, que plantea una interrogante de enorme trascendencia.
¿Hasta qué punto los recursos económicos provenientes del crimen organizado están penetrando la economía dominicana y alterando las condiciones normales de inversión, competencia y desarrollo?
La preocupación no se limita al tráfico de drogas, sino también al destino de las ganancias que genera esta actividad y a los mecanismos utilizados para introducirlas en el sistema económico nacional.
Para comprender este fenómeno resulta necesario distinguir entre la economía informal, que puede desarrollar actividades lícitas sin cumplir determinadas obligaciones; la economía ilegal, que obtiene ingresos mediante delitos; y el lavado de activos, que procura ocultar el origen ilícito de los recursos.
Esta diferenciación es importante porque no toda inversión millonaria constituye lavado de activos ni toda actividad informal está relacionada con el narcotráfico.
Sin embargo, cuando el dinero criminal logra incorporarse a negocios aparentemente legítimos, sus consecuencias pueden alcanzar a toda la economía.
La ubicación geográfica de la República Dominicana, próxima a importantes rutas comerciales internacionales, representa una ventaja para el turismo y el intercambio de mercancías, pero también constituye un desafío frente a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Durante décadas, organismos internacionales han identificado al país como territorio de tránsito de sustancias ilícitas procedentes de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
Las estadísticas oficiales permiten apreciar la dimensión de esta problemática.
Durante el año 2025, las autoridades dominicanas decomisaron 31.3 toneladas de distintas drogas en territorio nacional, cifra que ascendió a 48.3 toneladas al incluir operaciones realizadas mediante cooperación internacional, según informaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Aunque estos resultados reflejan importantes operaciones de interdicción, no permiten establecer cuánto dinero procedente del narcotráfico permanece o circula dentro de la economía dominicana.
En consecuencia, la interrogante fundamental no es solamente cuánta droga atraviesa el territorio nacional, sino qué proporción de los beneficios económicos de esas operaciones logra incorporarse al mercado interno.
El narcotráfico no termina con la comercialización de sustancias prohibidas, porque las organizaciones criminales necesitan mecanismos para disponer de los recursos obtenidos y aparentar que proceden de actividades legales.
Entre los sectores considerados vulnerables al lavado de activos figuran el mercado inmobiliario, la construcción, la compraventa de vehículos, determinados establecimientos comerciales y los juegos de azar.
Esto no significa que esas actividades estén dominadas por el narcotráfico, sino que presentan características que pueden ser aprovechadas para ocultar operaciones financieras ilegales.
Una empresa que utiliza recursos ilícitos podría vender productos por debajo de sus costos, soportar pérdidas prolongadas o realizar inversiones sin depender exclusivamente de la rentabilidad comercial.
En cambio, el empresario que trabaja dentro de la legalidad necesita recuperar su inversión, pagar salarios, impuestos, electricidad, alquileres, seguridad social y demás gastos operativos.
Es precisamente aquí donde el dinero del narcotráfico puede convertirse en un instrumento de competencia desleal, capaz de desplazar negocios legítimos y alterar las reglas del mercado.
Este fenómeno adquiere especial importancia en el sector inmobiliario.
La adquisición de terrenos, apartamentos, edificios y proyectos de construcción mediante capitales ilícitos puede contribuir al incremento artificial de precios y generar presiones especulativas en determinadas zonas.
Las consecuencias recaen sobre las familias que aspiran a adquirir una vivienda y sobre los inversionistas que dependen de financiamiento legítimo.
Sin embargo, no sería correcto atribuir automáticamente el encarecimiento de los inmuebles al narcotráfico, porque también intervienen factores como los materiales de construcción, las tasas de interés, la demanda habitacional y el valor del suelo.
El problema consiste en determinar qué parte de determinadas operaciones inmobiliarias podría estar vinculada con recursos de procedencia ilegal.
¿Puede el narcotráfico influir en la economía nacional?
La respuesta es afirmativa en términos de riesgo y mecanismos económicos, aunque no existe una estimación pública verificable que permita precisar la magnitud de esa influencia en la República Dominicana.
Una economía caracterizada por importantes movimientos de divisas, inversiones, operaciones comerciales y transferencias internacionales necesita mecanismos eficaces para distinguir los recursos legítimos de aquellos provenientes de actividades criminales.
Según el Banco Central, durante los primeros nueve meses de 2026 las remesas familiares alcanzaron los 9,489.8 millones de dólares, un incremento de 6.5 % respecto al mismo período del año anterior.
Estos recursos constituyen ingresos legítimos que contribuyen al consumo y a la disponibilidad de divisas.
No obstante, el desafío consiste en impedir que las organizaciones criminales utilicen operaciones comerciales y financieras para encubrir movimientos de capitales ilícitos.
Tampoco existen datos suficientes para afirmar que el narcotráfico determina la estabilidad cambiaria dominicana o representa un porcentaje específico del producto interno bruto.
Lo que sí puede establecerse es que la penetración de recursos ilegales genera riesgos para la transparencia financiera, la competencia empresarial y la confianza en las instituciones.
Corrupción y debilitamiento institucional
Las consecuencias del narcotráfico trascienden la circulación de dinero.
Las organizaciones criminales pueden intentar establecer vínculos con funcionarios, autoridades y estructuras de poder para proteger sus operaciones, reducir los riesgos de persecución y facilitar el movimiento de sus recursos.
Cuando estas prácticas ocurren, el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte también en una amenaza para la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica.
La corrupción vinculada al crimen organizado puede debilitar los mecanismos de control, perjudicar la confianza de los inversionistas y favorecer la impunidad.
A esto se suman los recursos que el Estado debe destinar a combatir el tráfico de drogas, investigar delitos financieros, fortalecer la seguridad ciudadana y procesar judicialmente a los responsables.
Por consiguiente, aunque el dinero ilícito pueda generar movimientos comerciales y financiar determinadas inversiones, eso no significa que produzca desarrollo económico sostenible.
El crecimiento verdadero necesita productividad, empleos legítimos, competencia transparente, seguridad jurídica y confianza institucional.
La responsabilidad del Estado dominicano
La República Dominicana dispone de instrumentos legales para enfrentar estas actividades, entre ellos la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo, el combate al narcotráfico no puede limitarse a la incautación de cargamentos de drogas.
También resulta imprescindible investigar el destino de sus ganancias, identificar a los beneficiarios reales de operaciones empresariales, perseguir los patrimonios de origen criminal y fortalecer la supervisión de los sectores vulnerables.
La Unidad de Análisis Financiero y las demás instituciones competentes desempeñan un papel fundamental en la identificación y análisis de operaciones sospechosas.
Pero la efectividad de la política estatal debe medirse también por las investigaciones financieras, las condenas judiciales y la recuperación de los bienes vinculados con actividades ilícitas.
El mayor peligro para la economía dominicana no consiste únicamente en la cantidad de dinero que pueda producir el narcotráfico, sino en la capacidad de ese capital para adquirir apariencia de legalidad, alterar la competencia económica y penetrar las estructuras institucionales.
Una nación puede exhibir edificios modernos, inversiones millonarias, establecimientos comerciales y grandes movimientos financieros sin que todas esas manifestaciones representen necesariamente riqueza generada mediante actividades productivas legítimas.
De ahí que la República Dominicana enfrente un desafío que va mucho más allá de capturar narcotraficantes y decomisar sustancias prohibidas.
Se trata de impedir que el dinero procedente del crimen organizado termine convirtiéndose en un componente de la actividad económica formal y comprometa las posibilidades de desarrollo nacional.
Porque el progreso de un país no debe medirse solamente por la cantidad de dinero que circula en su economía, sino también por la legalidad de su procedencia, la transparencia de las inversiones y los beneficios que produce para la sociedad.
Y ante esta realidad surge una interrogante que las autoridades y la sociedad dominicana no deberían ignorar: ¿hasta qué punto estamos construyendo una economía sustentada en la producción y el trabajo legítimo, y cuánto espacio podría estar ocupando un capital subterráneo cuyo origen y verdadera dimensión todavía desconocemos?