Este lunes el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) anuncia con bombos y platillos que continuará con el corte del servicio del agua potable a la gente pobre que no cuenta con dinero para pagar momentáneamente el suministro del preciado liquido.
Lo peor de lo dicho por el señor Andrés Burgos, director de la institución pública, es que quien dio la orden sobre esa barrabasada fue el presidente Luis Abinader, como si se tratara de un jefe de Estado de otra dimensión, porque la disposición revela un alto nivel de ignorancia y de irrespeto a la Constitución de la República.
En el país todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional ha emitido una serie de sentencias que sientan jurisprudencias en lo que respecta a que el agua potable es un líquido que representa la salud de la gente y que además es un servicio que está en el contexto de los derechos humanos.
Es importante dejar establecido que la decisión de la alta corte no es que exonera a la gente de pagar el servicio de agua, sino a que los órganos encargados de suministrarla busquen otra forma de cobrar, pero no cortar el suministro del preciado líquido, porque ello conlleva, incluso, promover una serie de bacterias en el hogar que no recibe ese preciado liquido y que además invita a enfermarse del Covid-19, el cual se combate principalmente con el lavado de manos.
Una fórmula de cobro sería enviar al buró de crédito a los que no paguen el agua, pero ya el Tribunal Constitucional emitió una serie de sentencias que establece la regla del juego al respecto, por lo que resulta contraproducente que el director de Coraasan tenga la cara tan dura para salir anunciar por los medios de comunicación una medida en contra un tema que está definitivamente decidido a través de la Ley 137-11.
La pregunta que se impone ante semejante ignorancia o abuso es qué dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien debe dar una explicación de la perla anunciada por Coraasan, cuya decisión atribuye al presidente Luis Abinader.
La realidad es que no hay forma de que en el Gobierno paren los errores, los cuales muchos son rectificados, pero los mismos revelan falta de planificación, incapacidad y desconocimiento de las propias leyes por las que se rige el Estado.
En el caso del talibán director de Coraasan sólo queda que en lo inmediato se someta un recurso de amparo de cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y otra instancia ante la Unidad de Seguimiento del Tribunal Constitucional por desacato de una sentencia que sienta jurisprudencia sobre la materia.
El tema del corte del agua potable ha sido abordado por este diario con el Departamento Legal de Coraasan y la respuesta del mismo ha sido que este ente cuenta con sus propios control interno y que lo decidido por cualquier tribunal competente del país no tiene cabida en esa institución pública.
De manera, que el nivel de ignorancia de la gestión perremeísta se convierte en una vergüenza y una forma prácticamente dictatorial de manejarse, lo cual merece darle seguimiento y proceder con los recursos que otorga la ley para que se produzcan las sanciones correspondientes.