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Editorial

La Audacia ilegal con el servicio de agua potable de los funcionarios del Gobierno del PRM.

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Este lunes el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) anuncia con bombos y platillos que continuará con el corte del servicio del agua potable a la gente pobre que no cuenta con dinero para pagar momentáneamente el suministro del preciado liquido.

Lo peor de lo dicho por el señor Andrés Burgos, director de la institución pública, es que quien dio la orden sobre esa barrabasada fue el presidente Luis Abinader, como si se tratara de un jefe de Estado de otra dimensión, porque la disposición revela un alto nivel de ignorancia y  de irrespeto a la Constitución de la República.

En el país todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional ha emitido una serie de sentencias que sientan jurisprudencias en lo que respecta a que el agua potable es un líquido que representa la salud de la gente y que además es un servicio que está en el contexto de los derechos humanos.

Es importante dejar establecido que la decisión de la alta corte  no es que  exonera  a la gente de pagar el servicio de agua, sino a que los órganos encargados de suministrarla  busquen otra forma de cobrar, pero no cortar el  suministro del preciado líquido, porque ello conlleva, incluso, promover una serie de bacterias en el hogar que no recibe ese preciado liquido y que además invita a enfermarse del Covid-19, el cual se combate principalmente con el lavado de manos.

Una fórmula de cobro sería enviar al buró de crédito a los que no paguen el agua, pero ya el Tribunal Constitucional emitió una serie de sentencias que establece la regla del juego al respecto, por lo que resulta contraproducente que el director de Coraasan tenga la cara tan dura para salir anunciar por los medios de comunicación una medida en contra un tema que está  definitivamente decidido a través de la Ley 137-11.

La pregunta que se impone ante semejante ignorancia o abuso es qué dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien debe dar una explicación de la perla anunciada por Coraasan, cuya decisión atribuye al presidente Luis Abinader.

La realidad es que no hay forma de que en el Gobierno paren los errores, los cuales muchos son rectificados, pero los mismos revelan falta de planificación, incapacidad y desconocimiento de las propias leyes por las que se rige el Estado.

En el caso del talibán director de Coraasan sólo queda que en lo inmediato se someta un recurso de amparo de cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y otra instancia ante la Unidad de Seguimiento del Tribunal Constitucional por desacato de una sentencia que sienta jurisprudencia sobre la materia.

El tema del corte del agua potable ha sido abordado por este diario con el Departamento Legal de Coraasan y la respuesta del mismo ha sido que este ente cuenta con sus propios control interno y que lo decidido por cualquier tribunal competente del país no tiene cabida en esa institución pública.

De manera, que el nivel de ignorancia de la gestión perremeísta se convierte en una vergüenza y una forma prácticamente dictatorial de manejarse, lo cual merece darle seguimiento y proceder con los recursos que otorga la ley para que se produzcan las sanciones correspondientes.

 

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Editorial

El impacto del triunfo de Donald Trump.

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Aunque ciertamente las elecciones de los Estados Unidos no constituyen un asunto de fondo, porque ya lo ha dicho este periódico, porque ambos candidatos representan prácticamente lo mismo en política exterior, aunque sí hay una cierta diferencia en asuntos internos como la inmigración.

Sin embargo, hay que ser realista y reconocer que no es lo mismo Trump que Harris, porque el primero tiene una posición ultraconservadora y de maltrato a los que provienen en los Estados Unidos de naciones pobres y subdesarrolladas.

Y eso visto desde los intereses de la región implica mucho, porque no hay quién se atreva a decir que la inmigración no ha sido una válvula de escape de la crisis eterna de las naciones del tercer mundo, máxime en sus economías que se manejan en medio de grandes déficits fiscales y deudas, cuya principal tabla de salvación es precisamente la remesa que procede de su gente en el exterior.

Entonces, a partir de cómo impactan las elecciones estos temas, tiene una importancia capital las elecciones que tuvieron lugar el pasado martes en los Estados Unidos y donde resultó elector Donald Trump.

Buscar eliminar la inmigración de la gente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos representa una fórmula de agudizar sus crisis, incluida la política.

Pero además el hecho de que Trump haya sido el elegido en los comicios de la nación más poderosa del mundo indica que muchos antivalores serán asimilados por los políticos que están bajo su órbita, lo cual indica que  la mala conducta y corrupción es una opción mucho más viable en Latinoamérica.

De manera, con las elecciones recién concluidas en la nación mas poderosa del mundo también estaba echada  la suerte de los países latinoamericanos.

Ahora no queda duda de la preferencia del ciudadano estadounidense , cuya validación de una conducta supuestamente reprochable por el sistema norteamericano ha sido confirmada, lo que mucho gente no quería y en consecuencia la misma puede ser reproducida por todo aquel actor político que no cree en otra cosa que en eso, sobre todo en las naciones que están bajo su influencia.

Sin embargo, hay que decir que la decisión tomada por el votante en las pasadas elecciones es legitima en atención a sus derechos ciudadanos, pero la misma deja un mal sabor para el que propugna y aboga por verdaderos cambios.

De manera, que nadie ponga en tela de juicio la cuestión, que el voto en favor de Trump  tiene un impacto en la vida y el futuro de las familias de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos y de los países de donde son originarios, porque el triunfo de este político podría implicar dañar la vida de los que venden sus fuerzas de trabajo en la unión americana y de la necesaria institucionalidad de las naciones de donde provienen.

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Editorial

El dilema de la violación y la defensa de la Constitución de la República.

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El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no pegan una, actúan como si no tuvieran la menor idea de lo que quieren y de sus metas.

Buscan combatir la corrupción, pero al propio tiempo la promueven, cuyo mejor ejemplo de ese comportamiento es que ahora andan de las manos de los corruptos que hace poco fueron acusados de incurrir en este flagelo.

Porque la verdad es que Abinader y el PRM no tienen ninguna diferencia con el PLD, la Fuerza del Pueblo y otras crápulas de la política vernácula.

Puede asegurarse que la diferencia sólo tiene que ver con el nombre de los actores, tal vez el color de la piel u otros detalles de poca trascendencia, porque en el fondo tienen el mismo comportamiento ante el patrimonio público.

Aunque de alguna manera se cuidan de no exhibir su doble moral, pero su conducta los traiciona, como ocurre ahora que hablan de derechos constitucionales, pero los violan cuando entienden que deben hacerlo.

Hace prácticamente horas que en un acto solemne proclaman una nueva Constitución, pero luego viene la violación  de los derechos más sagrados del ser humano, el de la intimidad, el honor y el buen nombre.

La desfachatez es tan grande que a los pocos días repiten los mismos errores, aunque con una poderosa razón para incurrir en los mismos, como es la torpeza,  lo cual, incluso, va en contra de lo que proclaman, porque es que no saben diferenciar una cosa de otra.

Lo grave de todo esto es que Luis Abinader y el PRM con su comportamiento legitiman a una oposición que no tiene derecho hablar, porque es igual  que los que hoy ocupan el gobierno.

De manera, que los que buscan llegar al poder a través de sus críticas al Gobierno sólo tienen como consigna “quítate tú pa ponerme yo y nada más, pero lo propio hacen los que ahora están arriba y que luego se ven abajo.

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Editorial

La deuda pública, un arma de doble filo.

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El presidente Luis Abinader ha hecho un gobierno dependiente casi totalmente del endeudamiento público, cuya falta de planificación estratégica lo convierte en una víctima de esta peligrosa vía.

Su desenfrenada política de endeudamiento es una forma de irse por lo más fácil, siempre a partir de los ejemplos de países de la zona que también se apoyan en una opción que si no hay calidad del gasto sumerge la nación en una situación insostenible.

De acuerdo a economistas nacionales que se manejan al margen del partidarismo político, consideran que ya el país tiene comprometido de sus ingresos alrededor de un 72 o 74 por ciento.

Es decir, es una situación de coger más préstamos para cumplir con los ya asumidos, lo cual crea un circulo vicioso en la economía que conlleva grandes sacrificios para los dominicanos.

Ahora mismo el país se encamina a un endeudamiento público, tanto interno como externo, realmente insostenible, pero el peligro no para porque el Poder Ejecutivo sigue con un reforzamiento irracional de esa vía.

El Congreso Nacional no para de aprobar préstamos, lo cual ya ha preocupado hasta a los propios legisladores oficialistas, cuyo último en pronunciarse fue Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.

Evidentemente que no se miden las consecuencias de un endeudamiento público insostenible, máxime sin una reforma fiscal integral y que sea más progresiva que regresiva.

Parece que el Gobierno ha armado su propia trampa, la cual no luce que pueda ser superada, porque la escogencia de la vía más fácil del endeudamiento que procurar aumentar la producción nacional y en consecuencia mejorar los niveles de  las exportaciones el país se inclina por lo más peligroso.

El dominicano es bueno que entienda que así como resultada de peligroso un gobierno corrupto, igual ocurre cuando el mismo también es incapaz, porque es un riesgo doble, porque si bien una cosa es mala la otra todavía es peor.

Ojos pelaos.

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