Editorial
La Audacia ilegal con el servicio de agua potable de los funcionarios del Gobierno del PRM.
Este lunes el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) anuncia con bombos y platillos que continuará con el corte del servicio del agua potable a la gente pobre que no cuenta con dinero para pagar momentáneamente el suministro del preciado liquido.
Lo peor de lo dicho por el señor Andrés Burgos, director de la institución pública, es que quien dio la orden sobre esa barrabasada fue el presidente Luis Abinader, como si se tratara de un jefe de Estado de otra dimensión, porque la disposición revela un alto nivel de ignorancia y de irrespeto a la Constitución de la República.
En el país todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional ha emitido una serie de sentencias que sientan jurisprudencias en lo que respecta a que el agua potable es un líquido que representa la salud de la gente y que además es un servicio que está en el contexto de los derechos humanos.
Es importante dejar establecido que la decisión de la alta corte no es que exonera a la gente de pagar el servicio de agua, sino a que los órganos encargados de suministrarla busquen otra forma de cobrar, pero no cortar el suministro del preciado líquido, porque ello conlleva, incluso, promover una serie de bacterias en el hogar que no recibe ese preciado liquido y que además invita a enfermarse del Covid-19, el cual se combate principalmente con el lavado de manos.
Una fórmula de cobro sería enviar al buró de crédito a los que no paguen el agua, pero ya el Tribunal Constitucional emitió una serie de sentencias que establece la regla del juego al respecto, por lo que resulta contraproducente que el director de Coraasan tenga la cara tan dura para salir anunciar por los medios de comunicación una medida en contra un tema que está definitivamente decidido a través de la Ley 137-11.
La pregunta que se impone ante semejante ignorancia o abuso es qué dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien debe dar una explicación de la perla anunciada por Coraasan, cuya decisión atribuye al presidente Luis Abinader.
La realidad es que no hay forma de que en el Gobierno paren los errores, los cuales muchos son rectificados, pero los mismos revelan falta de planificación, incapacidad y desconocimiento de las propias leyes por las que se rige el Estado.
En el caso del talibán director de Coraasan sólo queda que en lo inmediato se someta un recurso de amparo de cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y otra instancia ante la Unidad de Seguimiento del Tribunal Constitucional por desacato de una sentencia que sienta jurisprudencia sobre la materia.
El tema del corte del agua potable ha sido abordado por este diario con el Departamento Legal de Coraasan y la respuesta del mismo ha sido que este ente cuenta con sus propios control interno y que lo decidido por cualquier tribunal competente del país no tiene cabida en esa institución pública.
De manera, que el nivel de ignorancia de la gestión perremeísta se convierte en una vergüenza y una forma prácticamente dictatorial de manejarse, lo cual merece darle seguimiento y proceder con los recursos que otorga la ley para que se produzcan las sanciones correspondientes.
La violación sexual de una adolescente haitiana durante un operativo de la Dirección General de Migración representa una afrenta en contra de toda familia sin importar en qué lugar del mundo ocurra y la nacionalidad de la víctima.
Puede producirse en cualquiera de los continentes que conforman el mundo y no hay forma de justificar semejante aberración.
Todo el que tiene algún sentimiento paternal tiene que indignarse con semejante aberración, la cual constituye la que más heridas psicológicas y físicas produce en sus víctimas.
Esa es una forma de arruinarla la vida un ser que apenas comienza a vivir, cuyos traumas la acompañarán durante el resto de su existencia.
No hay forma de concebir semejante crimen, porque en realidad la violación sexual es uno de los peores recursos de cualquier degenerado en contra de sus víctimas.
Cualquier buen ciudadano, no importa que tan poca o muy civilizada sea su nación de procedencia, no puede sentirse cómodo con que un degenerado sobre la base del poder público cometa semejante agresión, pero peor aun en contra de una persona que todavía se puede definir como una niña.
Ya el Gobierno ha reaccionado al respecto, pero el asunto no permite dilaciones, porque el remedio tardío puede ser mucho peor que la enfermedad y la sociedad dominicana no puede darse el lujo de proyectarse ante la comunidad internacional como una nación de salvajes y de perversos que se escudan en la ley para cometer sus atrocidades.
No hay forma de justificar semejante acción, sin importar las diferencias migratorias y a otros niveles con los haitianos, porque el crimen cometido por miembros de la Dirección General de Migración trasciende todas las fronteras.
El que viola a una haitiana de igual lo hace con una dominicana o con cualquier otra persona, porque se habla de un enfermo que merece tratamiento clínico y de la sanción que dispone la ley para este tipo de conducta.
La forma de manejarse del Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) representa un gran reto para la República Dominicana, porque esta entidad no cuenta con un pensamiento y una planificación estratégicas.
Desde su llegada al poder ha quedado demostrado que no piensa nada de lo que hace, lo cual explica la falta de visión de Estado tanto del mandatario que se gasta el país y del partido que lo sustenta.
Abinader le ha buscado una solución incorrecta para satisfacer el pedido de entrega de fondos adicionales a los partidos políticos, incluido el oficial, la cual implica una modificación no pensada de la Ley de Presupuesto.
Pero lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie, somete a la transparencia que manda la Constitución de la República a los partidos políticos que reciben altas sumas de dinero del Estado sin rendirle cuenta a nadie.
En realidad no se sabe de qué se habla cuando se recurre a una expresión muy común de que los partidos son el soporte de la democracia.
Tremenda mentira, porque si a la verdad vamos son la mejor expresión de la desgracia nacional.
La partida que ahora entrega el Gobierno a los partidos políticos no es otra cosa que una vía mas para promover la falta de transparencia y el mal manejo de los dineros de las arcas nacionales.
Esta nueva partida entregada a la partidocracia significa un gran sacrificio para todos los dominicanos en razón de que ello traerá consigo un mayor endeudamiento público, pese a que ya es bastante.
La fiesta del dispendio y de la corrupción de los actores de la vida política nacional son, sin lugar a dudas, la más grave amenaza en contra de los mejores intereses de la nación.
Es una complicidad que involucra a todo el andamiaje oficial, la cual se inicia en el Palacio Nacional, entre a un amplio sector del empresariado, pasa por el Congreso Nacional, el sistema de justicia, incluidos los tribunales Constitucional y Superior Electoral y para colmo el fenómeno no deja fuera a los medios de comunicación social, sobre todo a los más grandes y que más incidencia tienen en la vida nacional.
A Dios que reparta suerte.
En los últimos, digamos, dos años, hemos sido testigos de algunos avances en lo que respecta a la televisión gubernamental, la cual se expresa a través de Radio Televisión Dominicana (RTVD).
La línea grafica de esta estación gubernamental mejora, naturalmente, la percepción que predomina en los países donde hay una verdadera cultura de la televisión pública no se fundamenta sólo en eso, cuyo detalle no implica que el país cuente con un verdadero canal de este tipo.
Es definitivamente mucho lo que falta por hacer, lo cual no depende solamente de que buenos técnicos manejen el asunto, sino también de sacar del entorno gubernamental un proyecto de televisión que tenga el propósito de que el país cuenta con un canal público bajo el estándar que existe en las naciones con grandes avances democráticos.
La televisión pública en la República Dominicana se hace prácticamente imprescindible para atacar la principal distorsión que aquella al país en lo que respecta a sus valores nacionales.
Tanto es así, que la televisión pública sería una muy buena aliada con los planes de mejorar el sistema educativo nacional, el cual, naturalmente, debe tomar sus propias medidas a partir de una visión más integral de ver el Estado dominicano.
Nótese que el pequeño logro en lo que respecta a la televisión gubernamental, no la pública, porque ahí interviene otro concepto, es el resultado de una persona que llega a RTVD y sugiere una serie de cambios en su línea gráfica que la proyectan de mejor manera, pero ello no quiere decir que se ajuste en todo el sentido de la palabra a esta forma de hacer televisión.
En lo referente a la televisión pública no hay forma de desarrollarla que no sea mediante la creación de instancias privadas, llámese fundaciones o patronatos, pero con veedores públicos que garanticen su eficiencia y que en la gestión se cuente con un código de ética que obligue a quienes la controlen a respetar los valores a que hemos hecho referencia.
Y todo parece indicar que hay una herramienta útil para este fin, que no es otra cosa que la Ley 47-20 de alianza público-privada e incluso la misma norma legal que rige a RTVD, la 134-03, la cual en su artículo 3 manda que se procure la descentralización de la televisión gubernamental, lo cual puede dar pie a que nazca en el país una verdadera estación pública.
En términos de televisión pública parece la vía más idónea para que la República Dominicana dé un salto cualitativo en favor de la dominicanidad, la democracia, el arte, el espectáculo y la cultura en general, pero además en el necesario proceso de restablecimiento de valores humanos, sociales, éticos y morales en el marco de la democracia.
El momento es oportuno para hacer cambios importantes en el campo de la televisión con la creación de estaciones públicas, no gubernamentales, para por lo menos promover lo que somos como país de una mejor manera, porque este tipo de televisión puede ser exportable por lo menos para los mercados donde hay una gran cantidad de dominicanos, como Estados Unidos y Europa.