Opinión
La austeridad ya la paga el pueblo
Por Isaías Ramos
La austeridad no comenzó en el Palacio. Comenzó hace tiempo en la mesa de la familia dominicana.
El Gobierno anunció un paquete de medidas de austeridad con el que espera liberar cerca de RD$40,000 millones, recortando gastos operativos, viáticos, publicidad, combustible, eventos y contrataciones, y proponiendo además una reducción de 50% a los fondos públicos de los partidos. Todo ello se presenta como respuesta al impacto económico del conflicto en Medio Oriente y al alza del petróleo.
Pero más que una transformación profunda del gasto, estas medidas lucen insuficientes y de claro sesgo populista, porque operan sobre símbolos de fácil impacto político mientras dejan intactas las verdaderas sangrías del presupuesto, como si se intentara preparar al país para sacrificios mayores sin haber comenzado todavía por corregir las distorsiones estructurales que más gravemente comprometen las finanzas públicas. Y la experiencia dominicana demuestra que, cuando llega el momento del ajuste, el costo suele recaer primero sobre el pueblo trabajador y la clase media, no sobre los sectores que han vivido históricamente mejor protegidos.
Porque la familia dominicana no descubrió el sacrificio esta semana en un Consejo de Gobierno. Lo viene soportando desde hace demasiado tiempo: cuando la compra ya no alcanza, cuando el pasaje aprieta, cuando el salario se agota antes de fin de mes y cuando gas, electricidad y alimentos obligan a reducir lo básico. En demasiados hogares, la crisis ya no se discute: se raciona en la mesa y se posterga en la farmacia. La austeridad real no empezó en el Palacio; empezó hace años en la mesa del pueblo.
Y esas sangrías no se limitan a subsidios, pérdidas y gasto improductivo. También incluyen un régimen de exenciones, incentivos y gastos tributarios que cuesta al Estado cientos de miles de millones de pesos cada año y que debe ser revisado con rigor allí donde no demuestre, con datos auditables, un retorno social y productivo suficiente. Antes de pedirle más sacrificios al pueblo, el Gobierno debería empezar por corregir privilegios fiscales injustificados y por agotar con verdadera decisión los instrumentos legales disponibles para recuperar recursos sustraídos al interés general.
El propio Gobierno admite la gravedad del choque. Dijo que cada aumento sostenido de US$10 por barril implica alrededor de US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país, y que el contexto actual representa uno de los mayores choques de precios de la historia reciente, aunque las reservas internacionales superen los US$16,000 millones. Pero precisamente ahí está la verdad incómoda: el problema no es solo la guerra ni el barril. Es la fragilidad con la que la República Dominicana llega a esta crisis.
En 2025, con un petróleo relativamente estable, el país subsidió combustibles por más de RD$11,000 millones; y el propio ministro de Hacienda advirtió que, si no se corrigen las distorsiones, en 2026 ese subsidio podría llegar a RD$50,000 millones. En electricidad, el subsidio a las EDE en 2025 superó los RD$106,000 millones. Eso significa que, si no se corrigen a tiempo estas distorsiones, entre combustibles y electricidad el país podría terminar destinando este año entre RD$150,000 y RD$200,000 millones para seguir sosteniendo un modelo caro, opaco e ineficiente.
Y aquí surge una reflexión inevitable: si apenas un 10% de ese monto se dedicara a fortalecer de verdad la producción agrícola, pecuaria y pesquera, la República Dominicana podría financiar riego, semillas, fertilizantes, alimento animal, cadena de frío, caminos rurales, mercados de productores, compras públicas inteligentes y apoyo estable a la producción nacional. Es decir, con una fracción de lo que hoy se dilapida sosteniendo distorsiones, el país podría producir más, abaratar alimentos y proteger mucho mejor a los sectores más vulnerables.
No solo se está subsidiando la ineficiencia; se está sacrificando, a un costo gigantesco, la soberanía energética, alimentaria y fiscal de la República Dominicana. Con una parte sustancial de los recursos dilapidados en los últimos años solo en subsidios al sector eléctrico, el país habría podido acelerar decisivamente la instalación de capacidad renovable, almacenamiento y mejoras de red, reduciendo su dependencia fósil y acercándose mucho más a un sistema eléctrico soberano, competitivo, confiable, sostenible y ambientalmente responsable.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la austeridad seria no puede ser un episodio de contención administrativa. Tiene que ser una política de dirección nacional. Eso exige, por lo menos, cuatro decisiones urgentes.
Primero, una auditoría integral del sector eléctrico, para que el país sepa de una vez por todas dónde están las pérdidas, las distorsiones, los costos reales y las responsabilidades del sistema completo.
Segundo, sustituir subsidios generales por apoyos focalizados, auditables y productivos, de modo que el subsidio social proteja al vulnerable, el subsidio productivo aumente la oferta y el subsidio eléctrico cubra consumo básico, no siga escondiendo pérdidas e ineficiencias permanentes.
Tercero, una defensa real de la producción nacional, con apoyo al agro, la pesca, mercados de productores y reactivación técnica de INESPRE como instrumento de estabilización y comercialización justa, con reglas claras que prioricen la soberanía alimentaria por encima de intereses de corto plazo que debilitan la producción nacional.
Cuarto, un blindaje fiscal que termine con la cultura del déficit permanente y con la costumbre de financiar con deuda lo que no se quiere corregir con responsabilidad.
El pueblo dominicano no necesita que le expliquen la austeridad. La vive todos los días. Lo que necesita es un Estado que deje de improvisar y de manipular la realidad, que diga la verdad a tiempo y que proteja mejor. Porque cuando el Gobierno descubre tarde la austeridad que el pueblo lleva años padeciendo, el problema ya no es solo económico. Es de dirección nacional.
Esperamos estar equivocados. Pero sería profundamente irresponsable que el Gobierno, sin corregir los problemas estructurales que mantienen atada a la República Dominicana, pretenda trasladar nuevas cargas a una sociedad que ya soporta demasiado.
Basta de improvisar; es tiempo de gobernar.
Los intereses del poder profundo de EEUU, de su complejo militar-industrial-financiero e informático, dominan la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Congreso y sus inquilinos, las elites que dirigen los partidos PD y PR, y el poderoso capital sionista omnipresente en todas las instancias de decisión.
Todos acompañan al Súper Estado terrorista dominante y a su política de guerra con diferentes énfasis y modalidades.
Todos se empeñaron en subordinar y comprometer a la degradada Europa Occidental en su cruzada contra Rusia… hasta destrozar a Ucrania.
Todos ha instrumentalizando el Estado Genocida de Israel para la ejecución del holocausto palestino, sus viles ataques a la resistencia islámica y su fracasada cruzada de exterminio contra Irán.
Todos auparon las matanzas de la OTAN y precipitaron su crisis.
Todos han impulsado los diversos capítulos, con sus crueldades y fracasos, de la destructiva guerra global infinita: Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Libia, Gaza, Cisjordania, Líbano, Irán, Ucrania, Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua…
George W. Busch fue el instrumento escogido al inicio de este siglo XXI para decretar esa Guerra Global Infinita o Guerra mundial Antiterrorista, precedida la guerra con la que lograron desintegrar Yugoslavia y masacrar Kosovo.
Clinton habló de paz y continuó la guerra.
Obama volvió a hablar de paz e hizo lo mismo, y aun así logró que le colgaran el prostituido Premio Nobel de la Paz.
Trump repitió la historia, sin aspirar inicialmente a tanto.
Biden arreció el tono guerrerista y Trump volvió con nuevos cantos de paz, para luego vestirse de paloma y actuar como halcón, aspirando a un Nobel todavía más prostituido, que se lo traspasó María Corina.
Todos apuntando los cañones contra la emergencia de China y de Rusia, la intensa expansión de los BRICS y el auge del Sur Global abrazado cada vez más a la autodeterminación.
Todos sorprendidos por el poderío militar de la Federación Rusa y atónitos y llenos de miedo por el poderío político-militar de Irán.
Divididos, enloquecidos, empobreciéndose, gansterizándose cada vez más…perdiendo progresivamente la tercera guerra mundial no declarada.
Es ese contexto y en medio de la crisis múltiple de EEUU y de todo el sistema imperialistas occidental, es que brota el engendro Donald Trump, actualmente en ruta hacia la bancarrota por las sucesivas derrotas sufridas.
Las guerras, con sus reveses y sus victorias, son el gran negocio de ese poder profundo, de ese complejo militar, de su industria armamentista y sus articulaciones financieras, de su componentes micro electrónicos-digitales y de la gran minería que los nutre.
Eso determina que los planes mineros de los países dependientes o nuevas colonias estén regidos por los centros imperiales, con una fuerte impronta de ese complejo militar industrial y del PENTÁGONO, específicamente de su Comando Sur en la región latino-caribeña y en el caso de nuestro país y de la hermana república de Haití
Recordemos como generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, y quienes la han relevado en el mando, pregonan sin rubor que el interés fundamental de esa súper potencia en la región latino-caribeña reside en el conjunto de minerales estratégicos, tales como los derivados de las tierras raras, el litio, oro titanio, níquel, cobalto uranio, sílice y otros.
Este enfoque se formula desde un Pentágono, estrechamente vinculado al poderoso Complejo Militar-Industrial-Informático- Financiero-Informático, que sostiene y se beneficia de la guerra global infinita y la carrera armamentista; actualmente en desventaja frente a China, Rusia, Irán y otros países soberanos en relación la posesión de esos minerales estratégicos.
El plan minero del régimen neocolonial dominicano, con su FALCONDO, BARRICK-UNIGOLD, GOLD QUEST, BELFOND, con sus más 300 concesiones de exploración y el control del 25% de su territorio y múltiples fuentes de agua, responde a los intereses y la dirección imperialista transnacional, e incluye la minería no metálica
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2.-MAS ALLÁ DE ORO, NIQUEL Y COBALTO…
- Esta el agua, el territorio y mucho más…todo atrapado por el Comando Sur.
- Además de oro, plata, níquel, hierro y cobalto, en RD hay tierras raras (con sus 17 elementos) y titanio, que también las hay en Haití
- El diario digital NOTICIA LIBRE informó y publicó en junio del 2023 fotografías de los equipos del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana recorriendo el sitio de Las Mercedes, ubicada en la zona de exploración de tierras raras en la Provincia de Pedernales.
- Entonces, ese medio precisó que «el Ejército de los Estados Unidos confirmó la alta presencia de elementos de tierras raras (REE) en la República Dominicana, como resultado de un estudio colaborativo entre el Departamento de Defensa (DoD), el Departamento de Estado (DOS) y el gobierno dominicano». Y agregó que ese esfuerzo fue liderado por «el Laboratorio Ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (ERDC).**
- Gran parte de esos yacimientos son de alto interés del Pentágono y el Complejo Militar, para la fabricación de armamentos de alta tecnología.
- Por su parte, Comando Sur, con todo el descaro del mundo declaró que se trata de minerales fundamentales «para la seguridad nacional de EEUU»; y no es un secreto que unidades militares estadounidenses están explorando tierras raras y otros minerales estratégicos aquí y en Haití.
- Las tierras raras de República Dominicana y de Haití están a ambos lados de la parte sur de la frontera dominico-haitiana y el titanio a ambos lados en la parte norte.
- No es casual que el Gobierno dominicano le haya concedido al ejército de EEUU, inicialmente en secreto, la función de explorar áreas de tierras raras en la reserva fiscal de Ávila, próximo a Pedernales-Cabo Rojo.
- La unidad militar se instaló en el paraje «Las Abejas». Algo absolutamente ilegal, totalmente prohibido cuando se trata de otros estados.
- Tampoco es casual que, del otro lado de la frontera, en territorio haitiano, cerca del río Pedernales, esté instalada, desde hace tiempo, una unidad militar norteamericana con igual propósito.
- Respecto al titanio, «en el tramo norte de la frontera, a ambos lados del MURO o de la llamada «VERJA INTELIGENTE», hay arena y rocas titaníferas» y del lado dominicano, en la cercanía de Pepillo Salcedo, «se otorgó una concesión de exploración de titanio de 80 km2 a un tal Eliezer Lisboa Medina, que data del 2012 y que ahora se está gestionando el permiso de explotación. La misma fue bautizada como Concesión Pepillo Salcedo.
- La existencia en grande de esos minerales y la ubicación geoestratégica de esta isla, es parte de lo esencial para la superpotencia norteamericana reforzar su intervención militar y aplastar su derecho a la autodeterminación,
- Por eso no es nada casual, que con el pretexto del Muro fronterizo y de la crisis haitiana, manipulada por el Pentágono y la CIA, la frontera dominico-haitiana esté intervenida militarmente por el Comando Sur y unidades de Inteligencia de Israel.
- Tampoco lo es que Haití, intervenido militarmente 12 veces antes por EEUU en los últimos 30 años, cargue ahora con la nueva fase del «caos meta-controlado», a cargo de intervención bajo tutela EEUU.
- Pero hay más en cuanto a colonialismo militar:
- El Ministerio de Defensa del gobierno que preside Abinader firmó un acuerdo con el Comando Sur del Pentágono, en el que se compromete a actuar conjuntamente con la armada estadounidense donde quiera que se «atente contra la seguridad nacional de EEUU».
- -La presencia recurrente de la jefatura del Comando Sur en la isla es parte ya de la cotidianidad política-militar.
- -El trabajo de campo para el conocimiento del terreno, suelo y subsuelo y sobre suelo del país, ha estado a cargo de sucesivas maniobras militares del Comando Sur, bautizadas con el nombre de «Nuevo Horizonte.»
- -La USAID-CÍA-DEA-FBI-DEA tienen presencia directa en puntos más sensibles del Estado dominicano, de un estado gestionado con una lógica empresarial y neocolonial.
- -El Comando Sur y la USAID tienen a su cargo la tutela de la remodelación del Puerto Atlántico Noroestano (cívico-militar) y de los proyectos energéticos de Manzanillo, ubicado en áreas próximas a las tierras y rocas titaníferas; justo en la frontera marítima atlántica con Haití, de cara a Cuba, Venezuela y Nicaragua, acosadas y agredidas por EEUU. Consumado lo de VENEZUELA
-
Aquí mandan el Comando Sur directamente; y la CÍA desde la DNCD.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma facultó a la Corte Penal Internacional para solicitar la cooperación de los Estados Partes. Estas solicitudes serán normalmente por escrito y serán tramitadas por la vía diplomática, salvo que el Estado especifique lo contrario.
En algunos casos de urgencias, los requerimientos podrán tramitarse por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, como facsímiles o correo electrónico, siempre que la solicitud sea confirmada por el método apropiado.
Las solicitudes de la Corte Penal Internacional y cualquier otra documentación de apoyo serán traducidas al idioma oficial del Estado requerido o en uno de los idiomas de trabajo de la Corte. Los idiomas de trabajo de la CPI son el inglés y el francés.
El Estatuto de Roma señala los contenidos necesarios de la mayoría de las solicitudes de cooperación. La Corte Penal Internacional deberá cumplir con una exposición concisa de su propósito y fundamentos jurídicos y los motivos de la asistencia solicitada.
La CPI, también deberá presentar una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan la solicitud hecha al Estado. Asimismo deberá ofrecer información detallada acerca del paradero o la identificación de la persona o el lugar de la búsqueda o identificación.
Según el Estatuto de Roma la CPI, es importante para las solicitudes de cooperación de los Estados precisar las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito que deba cumplirse.
Finalmente, se requiere según el Estatuto de la CPI cualquier información que pueda ser necesaria conforme al derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud. Los Estados deberán comunicar a la Corte cualquier disposición específica de su derecho interno al respecto.
El Estatuto de Roma prevé que las solicitudes de asistencia sean ejecutadas de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido.
Sin embargo, si el derecho interno no lo prohíbe, la CPI podrá especificar la forma de proceder, incluidos los procedimientos indicados y la autorización a las personas que deberán estar presentes o que deberán asistir en el proceso de ejecución.
En el caso de una solicitud de cooperación y asistencia de la Corte Penal Internacional urgente, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán tramitados con urgencia.
Por Isaías Ramos
Pueblo Viejo debe estudiarse como advertencia nacional sobre lo que ocurre cuando un Estado dueño del recurso firma desde la debilidad ética, patriótica, social e institucional; acepta fórmulas opacas y coloca el patrimonio de la Nación detrás de la rentabilidad privada.
Hubo inversión, empleos, exportaciones y pagos fiscales. Pero ¿puede llamarse desarrollo a un modelo donde la empresa cobra, deduce, recupera y asegura su rentabilidad primero, mientras el Estado espera y el pueblo queda expuesto al agua bajo sospecha, al pasivo ambiental y a la incertidumbre?
El contrato original nació en 2002, bajo Hipólito Mejía, con Placer Dome. Barrick entró en 2006, al adquirir Placer Dome. Pero el desequilibrio se agravó en 2009, bajo Leonel Fernández, cuando la Primera Enmienda colocó al Estado detrás de la recuperación de inversión y de una Tasa Interna de Retorno del 10% para la empresa. La renegociación de 2013, bajo Danilo Medina, corrigió parte del desastre, pero no la lección.
Ese diseño debe recordarse como el peor contrato minero conocido de nuestra historia. Su mayor gravedad fue permitir que la empresa recuperara primero la inversión reconocida y alcanzara una TIR del 10% antes de que el Estado participara plenamente mediante el PUN.
El país dueño del recurso aceptó esperar mientras la empresa aseguraba capital, rentabilidad y ventaja contractual. Eso no fue desarrollo; fue subordinación fiscal. Fue convertir el patrimonio nacional en plataforma de rentabilidad privada desproporcionada: la empresa cobraba primero, deducía primero, recuperaba primero y el pueblo quedaba esperando.
A eso se sumaron privilegios fiscales y exenciones tributarias. Cuando el pueblo pone el oro, el agua y el territorio, pero la empresa recibe exenciones, deducciones, estabilidad contractual y recuperación prioritaria, el contrato deja de parecer desarrollo y empieza a parecer privilegio estructurado y despojo contractual autorizado.
Según denunció Danilo Medina en 2013, de cada 100 dólares de exportación, 97 quedarían para Barrick y apenas 3 para el pueblo dominicano. Eso fue subordinación inaceptable para una nación dueña del yacimiento.
Si hubo que renegociar en 2013, fue porque el contrato era indefendible. Y sin una auditoría independiente e integral, sigue pendiente la pregunta esencial: ¿cuánto de esa “inversión” fue real, cuánto fue deducido y cuánto redujo lo que debía recibir el pueblo?
La trampa está en el lenguaje. Al pueblo se le habla de PUN y porcentajes, pero casi nunca se le explica la participación bruta equivalente por onza. El PUN no es 28.75% de cada onza exportada. Es 28.75% de un flujo neto, después de costos, deducciones, amortizaciones y fórmulas contractuales.
Si el Estado exigiera su parte en metal, el pueblo vería que no recibiría 28.75 onzas de cada 100 exportadas. En 2021, esa equivalencia pudo rondar 11 onzas por cada 100; en 2022, apenas 2. Por eso debe evaluarse por participación bruta real y auditada, no por porcentajes anunciados.
El peor contrato puede terminar haciendo que el pueblo cobre poco, condicionado o no cobre justamente nunca, mientras hereda agua bajo sospecha, pasivos ambientales y miseria territorial.
El artículo 67 es claro: todo contrato o permiso para explotar recursos naturales lleva incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, prevenir daños y restaurar el ambiente si resulta alterado. Además, prohíbe desechos tóxicos y peligrosos, e impone responsabilidad y reparación.
Entonces, ¿qué son los relaves? Los relaves —lodos y desechos mineros— no son sobrantes inocentes. Son residuos que quedan después de triturar roca y extraer oro; pueden contener metales pesados, químicos y materiales capaces de comprometer suelos, ríos y acuíferos. Si pueden liberar sustancias tóxicas o peligrosas, el Estado debe prevenirlos, auditarlos, exigir garantías reales y, si procede, impedirlos.
La Constitución entró al contrato. Aunque no la quieran ver, está ahí.
El artículo 14 es claro: el oro y los recursos mineros no renovables son patrimonio de la Nación, no propiedad privada de una empresa. El artículo 51 protege la propiedad privada, pero no privatiza el patrimonio de la Nación; una concesión permite aprovechar temporalmente un recurso bajo condiciones estrictas, no apropiarse de lo que pertenece al pueblo dominicano.
Por eso, en el Frente Cívico y Social entendemos que Pueblo Viejo debe ser auditado integralmente. No bastan conciliaciones de pagos ni estados financieros de la empresa. El país necesita una auditoría independiente, coordinada por el Estado, con firmas internacionales, universidades, laboratorios especializados y participación técnica nacional.
Esa auditoría debe responder: ¿cuánto se invirtió? ¿Cuánto se recuperó? ¿Qué se dedujo? ¿Cuánta agua se usó? ¿Qué desechos quedan? ¿Qué garantías existen para cierre y post-cierre? ¿Qué pasivos cargará el pueblo?
Auditar no es atacar la inversión. Auditar es defender el Estado de Derecho. Si una auditoría demuestra deducciones indebidas, pagos incompletos, riesgos hídricos o pasivos no garantizados, el Estado tiene el deber constitucional de actuar.
Pueblo Viejo debe quedar como referencia mundial de lo indebido: cuando un Estado firma débilmente, la empresa extrae oro, pero el pueblo puede terminar pagando la factura ambiental, fiscal y soberana.
Ya basta de contratos que brillan para el mercado y oscurecen el territorio. Ya basta de porcentajes maquillados que confunden al pueblo. Ya basta de propaganda que disfraza como minería responsable lo que puede dejar lodos, químicos y pasivos ambientales. Ya basta de minería sin auditoría nacional independiente.
Primero la Constitución.
Primero el agua.
Primero la soberanía.
Primero el pueblo.
Ya basta de improvisar, es tiempo de gobernar con orden constitucional.