Opinión
La austeridad ya la paga el pueblo
Por Isaías Ramos
La austeridad no comenzó en el Palacio. Comenzó hace tiempo en la mesa de la familia dominicana.
El Gobierno anunció un paquete de medidas de austeridad con el que espera liberar cerca de RD$40,000 millones, recortando gastos operativos, viáticos, publicidad, combustible, eventos y contrataciones, y proponiendo además una reducción de 50% a los fondos públicos de los partidos. Todo ello se presenta como respuesta al impacto económico del conflicto en Medio Oriente y al alza del petróleo.
Pero más que una transformación profunda del gasto, estas medidas lucen insuficientes y de claro sesgo populista, porque operan sobre símbolos de fácil impacto político mientras dejan intactas las verdaderas sangrías del presupuesto, como si se intentara preparar al país para sacrificios mayores sin haber comenzado todavía por corregir las distorsiones estructurales que más gravemente comprometen las finanzas públicas. Y la experiencia dominicana demuestra que, cuando llega el momento del ajuste, el costo suele recaer primero sobre el pueblo trabajador y la clase media, no sobre los sectores que han vivido históricamente mejor protegidos.
Porque la familia dominicana no descubrió el sacrificio esta semana en un Consejo de Gobierno. Lo viene soportando desde hace demasiado tiempo: cuando la compra ya no alcanza, cuando el pasaje aprieta, cuando el salario se agota antes de fin de mes y cuando gas, electricidad y alimentos obligan a reducir lo básico. En demasiados hogares, la crisis ya no se discute: se raciona en la mesa y se posterga en la farmacia. La austeridad real no empezó en el Palacio; empezó hace años en la mesa del pueblo.
Y esas sangrías no se limitan a subsidios, pérdidas y gasto improductivo. También incluyen un régimen de exenciones, incentivos y gastos tributarios que cuesta al Estado cientos de miles de millones de pesos cada año y que debe ser revisado con rigor allí donde no demuestre, con datos auditables, un retorno social y productivo suficiente. Antes de pedirle más sacrificios al pueblo, el Gobierno debería empezar por corregir privilegios fiscales injustificados y por agotar con verdadera decisión los instrumentos legales disponibles para recuperar recursos sustraídos al interés general.
El propio Gobierno admite la gravedad del choque. Dijo que cada aumento sostenido de US$10 por barril implica alrededor de US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país, y que el contexto actual representa uno de los mayores choques de precios de la historia reciente, aunque las reservas internacionales superen los US$16,000 millones. Pero precisamente ahí está la verdad incómoda: el problema no es solo la guerra ni el barril. Es la fragilidad con la que la República Dominicana llega a esta crisis.
En 2025, con un petróleo relativamente estable, el país subsidió combustibles por más de RD$11,000 millones; y el propio ministro de Hacienda advirtió que, si no se corrigen las distorsiones, en 2026 ese subsidio podría llegar a RD$50,000 millones. En electricidad, el subsidio a las EDE en 2025 superó los RD$106,000 millones. Eso significa que, si no se corrigen a tiempo estas distorsiones, entre combustibles y electricidad el país podría terminar destinando este año entre RD$150,000 y RD$200,000 millones para seguir sosteniendo un modelo caro, opaco e ineficiente.
Y aquí surge una reflexión inevitable: si apenas un 10% de ese monto se dedicara a fortalecer de verdad la producción agrícola, pecuaria y pesquera, la República Dominicana podría financiar riego, semillas, fertilizantes, alimento animal, cadena de frío, caminos rurales, mercados de productores, compras públicas inteligentes y apoyo estable a la producción nacional. Es decir, con una fracción de lo que hoy se dilapida sosteniendo distorsiones, el país podría producir más, abaratar alimentos y proteger mucho mejor a los sectores más vulnerables.
No solo se está subsidiando la ineficiencia; se está sacrificando, a un costo gigantesco, la soberanía energética, alimentaria y fiscal de la República Dominicana. Con una parte sustancial de los recursos dilapidados en los últimos años solo en subsidios al sector eléctrico, el país habría podido acelerar decisivamente la instalación de capacidad renovable, almacenamiento y mejoras de red, reduciendo su dependencia fósil y acercándose mucho más a un sistema eléctrico soberano, competitivo, confiable, sostenible y ambientalmente responsable.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la austeridad seria no puede ser un episodio de contención administrativa. Tiene que ser una política de dirección nacional. Eso exige, por lo menos, cuatro decisiones urgentes.
Primero, una auditoría integral del sector eléctrico, para que el país sepa de una vez por todas dónde están las pérdidas, las distorsiones, los costos reales y las responsabilidades del sistema completo.
Segundo, sustituir subsidios generales por apoyos focalizados, auditables y productivos, de modo que el subsidio social proteja al vulnerable, el subsidio productivo aumente la oferta y el subsidio eléctrico cubra consumo básico, no siga escondiendo pérdidas e ineficiencias permanentes.
Tercero, una defensa real de la producción nacional, con apoyo al agro, la pesca, mercados de productores y reactivación técnica de INESPRE como instrumento de estabilización y comercialización justa, con reglas claras que prioricen la soberanía alimentaria por encima de intereses de corto plazo que debilitan la producción nacional.
Cuarto, un blindaje fiscal que termine con la cultura del déficit permanente y con la costumbre de financiar con deuda lo que no se quiere corregir con responsabilidad.
El pueblo dominicano no necesita que le expliquen la austeridad. La vive todos los días. Lo que necesita es un Estado que deje de improvisar y de manipular la realidad, que diga la verdad a tiempo y que proteja mejor. Porque cuando el Gobierno descubre tarde la austeridad que el pueblo lleva años padeciendo, el problema ya no es solo económico. Es de dirección nacional.
Esperamos estar equivocados. Pero sería profundamente irresponsable que el Gobierno, sin corregir los problemas estructurales que mantienen atada a la República Dominicana, pretenda trasladar nuevas cargas a una sociedad que ya soporta demasiado.
Basta de improvisar; es tiempo de gobernar.
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.