Opinión
La austeridad ya la paga el pueblo
Por Isaías Ramos
La austeridad no comenzó en el Palacio. Comenzó hace tiempo en la mesa de la familia dominicana.
El Gobierno anunció un paquete de medidas de austeridad con el que espera liberar cerca de RD$40,000 millones, recortando gastos operativos, viáticos, publicidad, combustible, eventos y contrataciones, y proponiendo además una reducción de 50% a los fondos públicos de los partidos. Todo ello se presenta como respuesta al impacto económico del conflicto en Medio Oriente y al alza del petróleo.
Pero más que una transformación profunda del gasto, estas medidas lucen insuficientes y de claro sesgo populista, porque operan sobre símbolos de fácil impacto político mientras dejan intactas las verdaderas sangrías del presupuesto, como si se intentara preparar al país para sacrificios mayores sin haber comenzado todavía por corregir las distorsiones estructurales que más gravemente comprometen las finanzas públicas. Y la experiencia dominicana demuestra que, cuando llega el momento del ajuste, el costo suele recaer primero sobre el pueblo trabajador y la clase media, no sobre los sectores que han vivido históricamente mejor protegidos.
Porque la familia dominicana no descubrió el sacrificio esta semana en un Consejo de Gobierno. Lo viene soportando desde hace demasiado tiempo: cuando la compra ya no alcanza, cuando el pasaje aprieta, cuando el salario se agota antes de fin de mes y cuando gas, electricidad y alimentos obligan a reducir lo básico. En demasiados hogares, la crisis ya no se discute: se raciona en la mesa y se posterga en la farmacia. La austeridad real no empezó en el Palacio; empezó hace años en la mesa del pueblo.
Y esas sangrías no se limitan a subsidios, pérdidas y gasto improductivo. También incluyen un régimen de exenciones, incentivos y gastos tributarios que cuesta al Estado cientos de miles de millones de pesos cada año y que debe ser revisado con rigor allí donde no demuestre, con datos auditables, un retorno social y productivo suficiente. Antes de pedirle más sacrificios al pueblo, el Gobierno debería empezar por corregir privilegios fiscales injustificados y por agotar con verdadera decisión los instrumentos legales disponibles para recuperar recursos sustraídos al interés general.
El propio Gobierno admite la gravedad del choque. Dijo que cada aumento sostenido de US$10 por barril implica alrededor de US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país, y que el contexto actual representa uno de los mayores choques de precios de la historia reciente, aunque las reservas internacionales superen los US$16,000 millones. Pero precisamente ahí está la verdad incómoda: el problema no es solo la guerra ni el barril. Es la fragilidad con la que la República Dominicana llega a esta crisis.
En 2025, con un petróleo relativamente estable, el país subsidió combustibles por más de RD$11,000 millones; y el propio ministro de Hacienda advirtió que, si no se corrigen las distorsiones, en 2026 ese subsidio podría llegar a RD$50,000 millones. En electricidad, el subsidio a las EDE en 2025 superó los RD$106,000 millones. Eso significa que, si no se corrigen a tiempo estas distorsiones, entre combustibles y electricidad el país podría terminar destinando este año entre RD$150,000 y RD$200,000 millones para seguir sosteniendo un modelo caro, opaco e ineficiente.
Y aquí surge una reflexión inevitable: si apenas un 10% de ese monto se dedicara a fortalecer de verdad la producción agrícola, pecuaria y pesquera, la República Dominicana podría financiar riego, semillas, fertilizantes, alimento animal, cadena de frío, caminos rurales, mercados de productores, compras públicas inteligentes y apoyo estable a la producción nacional. Es decir, con una fracción de lo que hoy se dilapida sosteniendo distorsiones, el país podría producir más, abaratar alimentos y proteger mucho mejor a los sectores más vulnerables.
No solo se está subsidiando la ineficiencia; se está sacrificando, a un costo gigantesco, la soberanía energética, alimentaria y fiscal de la República Dominicana. Con una parte sustancial de los recursos dilapidados en los últimos años solo en subsidios al sector eléctrico, el país habría podido acelerar decisivamente la instalación de capacidad renovable, almacenamiento y mejoras de red, reduciendo su dependencia fósil y acercándose mucho más a un sistema eléctrico soberano, competitivo, confiable, sostenible y ambientalmente responsable.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la austeridad seria no puede ser un episodio de contención administrativa. Tiene que ser una política de dirección nacional. Eso exige, por lo menos, cuatro decisiones urgentes.
Primero, una auditoría integral del sector eléctrico, para que el país sepa de una vez por todas dónde están las pérdidas, las distorsiones, los costos reales y las responsabilidades del sistema completo.
Segundo, sustituir subsidios generales por apoyos focalizados, auditables y productivos, de modo que el subsidio social proteja al vulnerable, el subsidio productivo aumente la oferta y el subsidio eléctrico cubra consumo básico, no siga escondiendo pérdidas e ineficiencias permanentes.
Tercero, una defensa real de la producción nacional, con apoyo al agro, la pesca, mercados de productores y reactivación técnica de INESPRE como instrumento de estabilización y comercialización justa, con reglas claras que prioricen la soberanía alimentaria por encima de intereses de corto plazo que debilitan la producción nacional.
Cuarto, un blindaje fiscal que termine con la cultura del déficit permanente y con la costumbre de financiar con deuda lo que no se quiere corregir con responsabilidad.
El pueblo dominicano no necesita que le expliquen la austeridad. La vive todos los días. Lo que necesita es un Estado que deje de improvisar y de manipular la realidad, que diga la verdad a tiempo y que proteja mejor. Porque cuando el Gobierno descubre tarde la austeridad que el pueblo lleva años padeciendo, el problema ya no es solo económico. Es de dirección nacional.
Esperamos estar equivocados. Pero sería profundamente irresponsable que el Gobierno, sin corregir los problemas estructurales que mantienen atada a la República Dominicana, pretenda trasladar nuevas cargas a una sociedad que ya soporta demasiado.
Basta de improvisar; es tiempo de gobernar.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
……………………………………………
El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
.………………………………………….
13 de septiembre de 2026