Opinión
La austeridad ya la paga el pueblo
Por Isaías Ramos
La austeridad no comenzó en el Palacio. Comenzó hace tiempo en la mesa de la familia dominicana.
El Gobierno anunció un paquete de medidas de austeridad con el que espera liberar cerca de RD$40,000 millones, recortando gastos operativos, viáticos, publicidad, combustible, eventos y contrataciones, y proponiendo además una reducción de 50% a los fondos públicos de los partidos. Todo ello se presenta como respuesta al impacto económico del conflicto en Medio Oriente y al alza del petróleo.
Pero más que una transformación profunda del gasto, estas medidas lucen insuficientes y de claro sesgo populista, porque operan sobre símbolos de fácil impacto político mientras dejan intactas las verdaderas sangrías del presupuesto, como si se intentara preparar al país para sacrificios mayores sin haber comenzado todavía por corregir las distorsiones estructurales que más gravemente comprometen las finanzas públicas. Y la experiencia dominicana demuestra que, cuando llega el momento del ajuste, el costo suele recaer primero sobre el pueblo trabajador y la clase media, no sobre los sectores que han vivido históricamente mejor protegidos.
Porque la familia dominicana no descubrió el sacrificio esta semana en un Consejo de Gobierno. Lo viene soportando desde hace demasiado tiempo: cuando la compra ya no alcanza, cuando el pasaje aprieta, cuando el salario se agota antes de fin de mes y cuando gas, electricidad y alimentos obligan a reducir lo básico. En demasiados hogares, la crisis ya no se discute: se raciona en la mesa y se posterga en la farmacia. La austeridad real no empezó en el Palacio; empezó hace años en la mesa del pueblo.
Y esas sangrías no se limitan a subsidios, pérdidas y gasto improductivo. También incluyen un régimen de exenciones, incentivos y gastos tributarios que cuesta al Estado cientos de miles de millones de pesos cada año y que debe ser revisado con rigor allí donde no demuestre, con datos auditables, un retorno social y productivo suficiente. Antes de pedirle más sacrificios al pueblo, el Gobierno debería empezar por corregir privilegios fiscales injustificados y por agotar con verdadera decisión los instrumentos legales disponibles para recuperar recursos sustraídos al interés general.
El propio Gobierno admite la gravedad del choque. Dijo que cada aumento sostenido de US$10 por barril implica alrededor de US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país, y que el contexto actual representa uno de los mayores choques de precios de la historia reciente, aunque las reservas internacionales superen los US$16,000 millones. Pero precisamente ahí está la verdad incómoda: el problema no es solo la guerra ni el barril. Es la fragilidad con la que la República Dominicana llega a esta crisis.
En 2025, con un petróleo relativamente estable, el país subsidió combustibles por más de RD$11,000 millones; y el propio ministro de Hacienda advirtió que, si no se corrigen las distorsiones, en 2026 ese subsidio podría llegar a RD$50,000 millones. En electricidad, el subsidio a las EDE en 2025 superó los RD$106,000 millones. Eso significa que, si no se corrigen a tiempo estas distorsiones, entre combustibles y electricidad el país podría terminar destinando este año entre RD$150,000 y RD$200,000 millones para seguir sosteniendo un modelo caro, opaco e ineficiente.
Y aquí surge una reflexión inevitable: si apenas un 10% de ese monto se dedicara a fortalecer de verdad la producción agrícola, pecuaria y pesquera, la República Dominicana podría financiar riego, semillas, fertilizantes, alimento animal, cadena de frío, caminos rurales, mercados de productores, compras públicas inteligentes y apoyo estable a la producción nacional. Es decir, con una fracción de lo que hoy se dilapida sosteniendo distorsiones, el país podría producir más, abaratar alimentos y proteger mucho mejor a los sectores más vulnerables.
No solo se está subsidiando la ineficiencia; se está sacrificando, a un costo gigantesco, la soberanía energética, alimentaria y fiscal de la República Dominicana. Con una parte sustancial de los recursos dilapidados en los últimos años solo en subsidios al sector eléctrico, el país habría podido acelerar decisivamente la instalación de capacidad renovable, almacenamiento y mejoras de red, reduciendo su dependencia fósil y acercándose mucho más a un sistema eléctrico soberano, competitivo, confiable, sostenible y ambientalmente responsable.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la austeridad seria no puede ser un episodio de contención administrativa. Tiene que ser una política de dirección nacional. Eso exige, por lo menos, cuatro decisiones urgentes.
Primero, una auditoría integral del sector eléctrico, para que el país sepa de una vez por todas dónde están las pérdidas, las distorsiones, los costos reales y las responsabilidades del sistema completo.
Segundo, sustituir subsidios generales por apoyos focalizados, auditables y productivos, de modo que el subsidio social proteja al vulnerable, el subsidio productivo aumente la oferta y el subsidio eléctrico cubra consumo básico, no siga escondiendo pérdidas e ineficiencias permanentes.
Tercero, una defensa real de la producción nacional, con apoyo al agro, la pesca, mercados de productores y reactivación técnica de INESPRE como instrumento de estabilización y comercialización justa, con reglas claras que prioricen la soberanía alimentaria por encima de intereses de corto plazo que debilitan la producción nacional.
Cuarto, un blindaje fiscal que termine con la cultura del déficit permanente y con la costumbre de financiar con deuda lo que no se quiere corregir con responsabilidad.
El pueblo dominicano no necesita que le expliquen la austeridad. La vive todos los días. Lo que necesita es un Estado que deje de improvisar y de manipular la realidad, que diga la verdad a tiempo y que proteja mejor. Porque cuando el Gobierno descubre tarde la austeridad que el pueblo lleva años padeciendo, el problema ya no es solo económico. Es de dirección nacional.
Esperamos estar equivocados. Pero sería profundamente irresponsable que el Gobierno, sin corregir los problemas estructurales que mantienen atada a la República Dominicana, pretenda trasladar nuevas cargas a una sociedad que ya soporta demasiado.
Basta de improvisar; es tiempo de gobernar.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.