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Lugar donde la muerte intercepta a muchos antes de llegar a casa
Santo Domingo, R.D.-La muerte de una persona querida profundamente dificilmente se olvida, aunque pasen los años, sobre todo cuando la ida para siempre es inesperada y llega de repente, cuyo drama es retratado por el diarismo nacional.
Jesús se levanta temprano, como siempre, y por un instante olvida que la mecedora frente a la suya está vacía. Durante 31 años, su primer ritual del día fue compartir café con su esposa, Níquida Espinoza Reyes. Aunque muchos le dicen que intente olvidarla, él sabe que eso es imposible.
Hace dos años, Níquida había regresado de España, a pocos días de cumplir 55 años. La mañana del 1 de agosto de 2025 se despidieron con besos y una frase que hoy resuena en su memoria: «Ve con Dios todo el tiempo».
Ese día, mientras trabajaba, Jesús intentó llamarla sin éxito. La falta de respuesta lo inquietó, aunque trató de continuar con su rutina. Más tarde escuchó sobre un accidente cerca del kilómetro cinco de la autopista 6 de Noviembre, sin imaginar que esa noticia cambiaría su vida.
Lo que en 1999 fue inaugurado como una vía de progreso para agilizar el transporte y descongestionar la entrada a San Cristóbal, se ha transformado en un escenario de luto constante.
Los datos hablanLos números revelan un patrón de siniestralidad concentrado en más de una docena de puntos críticos en la autopista, lo que la ha llevado al ranking de los corredores más peligrosos del país.
Entre 2020 y 2024, la vía registró 169 accidentes, con 203 fallecidos y 413 heridos, según cifras del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). El 2024 fue el año más crítico: 61 accidentes y 78 muertes.
En cuanto a la distribución geográfica, entre 2018 y 2025 San Cristóbal fue una de las provincias con mayor incidencia de muertes por accidentes.
«No hay régimen de consecuencia»
El dirigente comunitario Elvis Rodríguez, describe la situación en la autopista como una «carnicería humana» que las autoridades han ignorado pese a los constantes pedidos de auxilio. A su juicio, la construcción de un puente peatonal y la rehabilitación de la carretera Sánchez vieja como vía alterna son soluciones que podrían reducir la mortalidad en la zona.
Explica que, sin sanciones efectivas, conductas como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, la imprudencia al volante y el uso de vehículos en mal estado se normalizan, incluso en tramos identificados como críticos.
González sostiene que una multa no duele si no hay consecuencias reales: «¿Cómo va a ser que una persona cruce el semáforo en rojo y le van a poner una multa de 1,600 pesos? ¿No le duele eso?».
Indica que la ausencia de control, sumada a la concentración de puntos de alto riesgo, crea un escenario donde los accidentes dejan de ser hechos aislados y se convierten en tragedias anunciadas.
Los anillos de boda que Lorianny nunca compró
El 4 de abril de 2025, la vida de Lorianny Javier cambió para siempre. Su pareja, Jairo Sánchez, de 35 años, salió alrededor de las 2 de la tarde rumbo a su trabajo, sin imaginar que no regresaría. Minutos después, mientras almorzaba cerca de la autopista, Lorianny presenció el accidente en el que Jairo fue atropellado al intentar cruzar la vía.
Desde entonces, el dolor la acompaña mientras enfrenta sola la crianza de sus tres hijos. Lo recuerda como un padre dedicado a su familia, y vive con la ausencia de los planes que compartían, como casarse ese mismo año.
El observatorio del Intrant indica que los accidentes en la autopista 6 de Noviembre se concentran durante las jornadas laborales y en los desplazamientos de retorno a casa: entre las 6:00 y las 11:59 de la mañana, y de las 12:00 del mediodía a las 5:59 de la tarde. En horario nocturno, de 6:00 a 11:59 de la noche, el riesgo también se mantiene elevado.
De acuerdo con los datos del Opsevi, las colisiones entre dos o más vehículos son los más frecuentes en la referida autopista. Les siguen los atropellos a peatones y los deslizamientos. También predominan casos de choques contra obstáculos fijos y accidentes de un solo vehículo sin colisión.
El 24 de enero a las 6:00 de la mañana, Marcial Martínez, un vigilante de 63 años, murió impactado por un motorista mientras intentaba cruzar a pie el tramo de La Cruz para llegar a su trabajo.
No regresó
A doña Casilla Acevedo ya casi no le quedan palabras para hablar de esa autopista. En menos de dos años ha enterrado a dos hijos. El más reciente, Ricardo Moya, de 46 años, murió hace un mes y medio en el cruce La Preventiva, en Najayo Arriba. El día del accidente salió temprano, como siempre, tras llevar unos pasajeros y regresar a casa para preparar a su hija para la escuela, pero nunca llegó.
Para el arquitecto y urbanista Jesús Mayobanex Suazo, el problema «no es un error de diseño, sino un tema de uso». Explica que la autopista fue concebida para tránsito rápido, pero con el tiempo ha pasado de ser una vía interurbana a funcionar como una vía metropolitana, sin haber sido adaptada para ese cambio.
El crecimiento de comunidades a ambos lados, sin una planificación vial paralela, ha generado una dinámica donde conviven peatones, motoristas, transporte público y vehículos pesados en un mismo espacio de alta velocidad. En ese contexto, advierte, cada cruce informal se convierte en un punto potencial de accidente.
Sobrevivir también deja marcas
Durante el período analizado, solo en 2023 se contabilizaron 180 heridos, lo que lo convierte en el año con mayor número de personas lesionadas.
Entre ellos está Roberto Badio, un motorista que sobrevivió hace tres años a un accidente en el cruce de Engombe, en Santo Domingo Oeste, cuando una camioneta lo impactó mientras intentaba cruzar la vía. El conductor huyó, dejándolo herido en el pavimento.
El choque le provocó una fractura en el brazo que requirió cirugía, y desde entonces tiene placas metálicas como secuela de aquel hecho que casi le cuesta la vida.
Falta de iluminación, señalización y educación vial
Alexander Feliz cuenta que sufrió un accidente en el kilómetro cinco debido a la oscuridad de la vía y la falta de visibilidad, lo que provocó que otro conductor no detectara su vehículo a tiempo. Aunque no hubo heridos, sí se registraron daños materiales importantes.
A partir de esa experiencia, advierte que el cruce de Cambita es un punto crítico por la ausencia de señalización, poca iluminación y exceso de velocidad sin control.
El arquitecto Mayobanex advierte que las soluciones aisladas, como la construcción de puentes peatonales, no son suficientes si no se acompañan de control y educación. «Tan solo un 14 % de las personas utiliza los puentes peatonales», señala.
El experto advierte de forma directa que la autopista tiene poca iluminación, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo, sobre todo de noche.
Señala que esto, junto al crecimiento del parque vehicular —con más del 50% de motores—, incrementa la vulnerabilidad. «El problema no es la autopista, es la imprudencia«, afirma.
Frente a este escenario, el experto Mayobanex insiste en la necesidad de un régimen de consecuencias real:
·Ir más allá de la multa económica, incorporando sanciones como la suspensión de licencias, la incautación de vehículos y la tipificación de conductas temerarias, como el exceso de velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol, como faltas graves con implicaciones penales.
·Educación vial permanente, no como operativos de temporada, sino un programa sostenido que promueva el respeto a las leyes y el uso adecuado de la infraestructura.
·Implementar medidas de control y alerta que ya han demostrado efectividad en otros contextos: mejorar la iluminación de la vía, presencia de agentes de tránsito, instalar radares fijos de velocidad y utilizar reductores que adviertan la proximidad de cruces peligrosos.
Los reductores funcionan, pero «se los roban»
El dolor de Clotilde Castro sigue intacto tras la muerte de su hija, Massiel Aybar, de 26 años, quien fue atropellada el 6 de septiembre en el cruce de Quita Sueño. Era estudiante de enfermería. En el mismo hecho murió Bienvenido Heredia.
Clotilde pide la culminación del puente peatonal para evitar más tragedias, mientras que el chofer Eimer Santana advierte que los vehículos circulan a alta velocidad y urge mayor supervisión de tránsito.
Dice que, aunque se han colocado reductores de velocidad, muchos han sido «robados«, lo que permite que el peligro persista.
La radiografía de los tramos
- Comunidad Doña Ana: el cierre de cruces sin alternativas seguras genera preocupación. Eric de Jesús cuestiona la medida y plantea que se necesitan soluciones como un puente peatonal o un túnel para que las personas puedan cruzar.
- El Carril de Haina: el puente peatonal motorizado de El Carril de Haina es la prueba de que la infraestructura salva vidas, aunque persisten retos de conducta. Bienvenido Campusano asegura que la situación «ha mejorado, porque los motoristas se suben y bajan por el peatonal».
- Hatillo: en el tramo comprendido entre los sectores San Miguel, Hatillo y Doña Chucha, el comunitarios Marino Toledo sostiene que la única solución son los elevados para separar los flujos de tránsito y evitar choques.
- Los Molinas y Semilla: estos cruces que conectan comunidades como Los Molinas, 5 de Abril, Villa Fundación, Puerto Rico, Semilla, Moscú, Sabana Toro, entre otros.
Evaristo Reyes Morales, con 15 años observando el cruce Los Molinas, alerta que los accidentes son constantes y propone cerrar el paso, advirtiendo además que los puentes existentes no siempre se usan y hace un llamado a la educación vial.
En Semilla, el motorista Alexis Cárdenas critica el puente actual y sugiere construir uno elevado, como en el kilómetro 12, para separar el tránsito hacia el sur de la vida comunitaria.
- En Yaguate convergen varias comunidades: Najayo al Medio, La Roca, La Loma, Los Mateos, Los Palos, La Cabilma y Moja Cazabe, entre otras, obligadas a interactuar diariamente con la vía de alta velocidad.
Afirma que la solución requiere medidas integrales: mejor iluminación, control de velocidad, estudios técnicos y la construcción de pasos seguros.
Los expertos Mayobanex Suazo y Kenia González, afirman que la solución requiere un enfoque integral: reorganización de cruces basada en estudios técnicos, mejora del alumbrado, control estricto de la velocidad y presencia constante de agentes de tránsito que garanticen el cumplimiento de la ley, acompañados de educación vial y un régimen de consecuencias efectivo.
Santo Domingo.-Las reformas del Poder Judicial constituyen una exigencia permanente de un Estado Social y Democrático de Derecho. La legitimidad la justicia no se agota en la corrección formal de sentencias. Se construye mediante la calidad del servicio, la previsibilidad de sus actuaciones, la duración razonable de los procesos y la seguridad ciudadana de que la justicia es administrada con solvencia moral, altos criterios técnicos, integridad, independencia, imparcialidad y respeto irrestricto a la dignidad humana. De ahí que las reformas institucionales deban asumirse como un compromiso permanente, dirigido a consolidar un sistema más eficiente, inclusivo y cercano.
El Poder Judicial tiene la responsabilidad de asegurar que toda persona encuentre en los tribunales una respuesta oportuna pero también jurídicamente fundada. Esta responsabilidad trasciende los períodos de gobierno, las autoridades de turno. Por ello, las reformas judiciales deben ser concebidas como políticas de largo alcance, sustentadas siempre en la planificación, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación objetiva de sus resultados.
La continuidad de las reformas no implica inmovilismo ni resistencia al cambio. Por el contrario, exige la capacidad institucional de preservar los avances alcanzados, corregir las deficiencias advertidas y responder, con prudencia, a las nuevas demandas sociales. Una reforma que no logra consolidarse como política de Estado corre el riesgo de convertirse en una iniciativa transitoria, vulnerable a interrupciones que afectan la eficiencia del servicio judicial y debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Mora judicial y control de calidad
Sin duda alguna como institución en los últimos 7 años hemos avanzado muy significativamente en la lucha contra la mora jurisdiccional. Es por ello por lo que estamos obligados preservar las condiciones que nos permiten continuar hasta erradicar la mora por completo, al tiempo de fortalecer los controles de calidad.
En este esfuerzo es indispensable seguir fortaleciendo los sistemas de gestión de expedientes, los mecanismos de asignación y seguimiento de casos y continuar adoptando medidas para identificar y fiscalizar las causas de retraso. Permitir la rendición de cuentas en tiempo real, es decir, contar con indicadores públicos de duración de los procesos: inventario de expedientes, cumplimiento de plazos y productividad, sin convertir a los jueces en simples generadores de números. La calidad de las decisiones debe mantenerse como criterio central.
Naturalmente, la erradicación total de la mora judicial nos debe llevar a la reflexión de si la estructura y organización del Poder Judicial ya ha quedado rezagada, ameritando una mejor concepción. Es tiempo de pensar en la viabilidad, o no, de insertar al sistema, como criterio de calidad, la asignación por especialidad y no solo por demarcación, la distribución nacional de la administración de recursos en un gobierno abierto colaborativo y de buena gestión de cumplimiento, los criterios de competencia prorrogada opcionales y cerrados por disponibilidad para mayor equilibrio en la distribución de la carga laboral, entre otras buenas prácticas de sistemas modelos.
Asegurar la mejora continua de las condiciones económicas y laborales
La independencia judicial requiere jueces bien formados, pero también instituciones que cuiden su salud mental, su seguridad, su dignidad y sus condiciones laborales. La capacitación debe continuar siendo permanente y los beneficios deben ser progresivos y revisables. Todo sistema que exige excelencia debe ofrecer las condiciones necesarias para alcanzarla.
La progresividad implicará tener conciencia de que debemos ampliar los canales de participación y comunicación institucional, sin comprometer la reserva de los casos ni la independencia de las decisiones. Los tribunales no son islas, todo lo que afecte a un tribunal afecta la totalidad del sistema, debemos reflexionar en los temas de gestión crisis como plan nacional.
Acceso a la justica
El acceso a la justicia no se satisface únicamente con la existencia formal de tribunales. Es necesario que las personas puedan comprender los procedimientos, obtener asistencia adecuada y recibir decisiones dentro de un plazo razonable, un plazo que debe poder en algún momento, cuando no es legal, ser estimado. Eso implica que es tiempo también de pensar en ampliar la formación judicial como obligatoria en espacios adicionales a la Escuela Nacional de la Judicatura: tal vez, incluir la educación judicial en secundaria, grado y post grado. La justicia debe ser técnicamente rigurosa, pero también comprensible y cercana. Saber de justicia, no es trasmitir saber de problemas. La justicia es el más alto, digno y noble ideal social.
Transformación digital e inclusión
La tecnología debe ponerse al servicio de las personas. La transformación digital debe seguir el camino de la inclusión. Es arduo sabido que las personas no tienen igual acceso a internet, equipos o conocimientos tecnológicos. Por eso, junto con la justicia digital es sustancial continuar ampliando la cobertura nacional de los servicios de orientación, asistencia presencial y mecanismos que eviten que la brecha tecnológica se convierta en una nueva barrera.
También debe prestarse especial atención a la protección de datos personales, la seguridad de la información y el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial. Además de reflexionar, holísticamente, en la utilidad y funcionabilidad país de los datos que almacenamos y resguardamos.
Promover una cultura de solución pacífica de conflictos
La jurisdicción debe ser fuerte, pero no todos los conflictos tienen que llegar a juicio. Es importante fortalecer la mediación, la conciliación y otros mecanismos alternativos, siempre que respeten los derechos de las partes y no se utilicen para presionar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este punto debemos hacer ejercicios de factibilidad: sincerar la causa por las que los mecanismos alternos no aumentan su utilidad y promoverlos como un ganar-ganar, no solo mirando las partes, sino también a sus representantes.
Construir una
La legitimidad del Poder Judicial depende también de la confianza en sus procesos de selección, evaluación y promoción. Los jueces son el centro de la carrera, debe asegurarse mediante el respeto al mérito y la igualdad de oportunidades, al tiempo de exigir buena gerencia.
La presencia de más mujeres en los espacios de decisión debe ser una política institucional permanente, no una excepción. Es necesario que nuestras juezas sientan que nuestro sistema le hace justicia elevando paridad. Esto asegura el sentido de permanencia e identificación, lo que es sustancial para el desarrollo de un buen clima laboral.
En conclusión, la reforma judicial no puede quedar sometida a la temporalidad de los cargos, a los cambios de administración ni a las prioridades coyunturales. Allí donde las reformas se interrumpen sin evaluación ni justificación institucional, no solo se pierden recursos y esfuerzos: también se debilita la seguridad jurídica, se afecta la confianza pública y se compromete la capacidad del sistema de justicia para responder adecuadamente a las exigencias de la sociedad.
El Poder Judicial dominicano tiene ante sí el deber histórico de consolidar una justicia que no solo sea formalmente accesible, sino materialmente efectiva; una justicia que reconozca las desigualdades existentes y actúe para superarlas; una justicia capaz de proteger los derechos fundamentales y de ofrecer respuestas oportunas frente a las nuevas realidades sociales. Esa tarea no puede depender de esfuerzos individuales ni de iniciativas aisladas. Requiere compromiso con la continuidad, consenso institucional y una firme voluntad de preservar aquello que contribuya al fortalecimiento del sistema.
El Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación después de que el cuerpo del joven fuera localizado tras 21 días desaparecido; propietarios de un establecimiento permanecen detenidos
SANTIAGO.– La muerte de Albert de Jesús Aracena, cuyo cuerpo fue localizado después de permanecer 21 días desaparecido, continúa rodeada de interrogantes mientras el Ministerio Público de Espaillat espera los resultados de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias y causa de su fallecimiento.
El fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas, informó que el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), organismo encargado de realizar los estudios correspondientes.
Los resultados forenses serán fundamentales para determinar si la muerte se produjo por ahogamiento, como han alegado personas detenidas en relación con el caso, o si existen evidencias compatibles con otra causa.
Una versión que genera dudas
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el representante del Ministerio Público, los propietarios del establecimiento New York Grill, quienes permanecen detenidos, han sostenido que Aracena habría muerto ahogado en una piscina.
Según esa versión, posteriormente habrían enterrado el cadáver con el propósito de evitar que el establecimiento fuera cerrado.
Sin embargo, esta explicación no ha sido asumida como definitiva por las autoridades.
Rivas manifestó públicamente sus dudas sobre esa hipótesis y dejó claro que la Fiscalía continuará profundizando las pesquisas antes de establecer una conclusión sobre lo sucedido.
“Esa teoría a mí no me resulta, por eso estamos investigando”, expresó el fiscal, según las declaraciones suministradas.
La posición del Ministerio Público mantiene abierta la posibilidad de que las circunstancias del fallecimiento sean distintas de las relatadas inicialmente por los detenidos.
Autopsia será determinante
Uno de los elementos centrales de la investigación será el informe forense.
La autopsia deberá aportar información científica que permita establecer la causa de muerte y determinar si los hallazgos encontrados en el cadáver son compatibles con un fallecimiento por ahogamiento o si, por el contrario, existen indicios que conduzcan la investigación en otra dirección.
Hasta contar con esos resultados y con los demás elementos recolectados durante las pesquisas, las autoridades no han establecido de manera definitiva la calificación jurídica de los hechos.
Este aspecto resulta especialmente relevante debido a las circunstancias posteriores al fallecimiento, particularmente el enterramiento del cadáver, situación que forma parte de las actuaciones que investiga el Ministerio Público.
Investigan a otras personas
Durante las investigaciones también han surgido informaciones relacionadas con un ciudadano haitiano que presuntamente habría trabajado en el establecimiento, según confirmó el fiscal.
No obstante, con la información disponible hasta el momento no se ha establecido públicamente cuál habría sido su participación o conocimiento de los hechos.
Las autoridades deberán determinar quiénes estuvieron presentes, qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Aracena y cuáles personas pudieron intervenir posteriormente.
21 días de incertidumbre
El hallazgo del cuerpo puso fin a 21 días de incertidumbre sobre el paradero del joven, pero abrió una nueva etapa de la investigación: establecer cómo murió y reconstruir lo ocurrido desde el momento de su desaparición hasta la localización del cadáver.
Ahora la investigación descansa en una combinación de evidencias forenses, declaraciones de los involucrados y demás elementos probatorios que pueda reunir el Ministerio Público.
Mientras tanto, la versión de un supuesto ahogamiento continúa siendo solamente una de las hipótesis examinadas.
Será el resultado de la autopsia, acompañado de las demás evidencias obtenidas por los investigadores, el que permitirá determinar si esa explicación encuentra respaldo científico o si la muerte de Albert de Jesús Aracena ocurrió bajo circunstancias diferentes.
Hasta entonces, el caso permanece abierto y cualquier atribución definitiva de responsabilidad deberá esperar los resultados de la investigación.
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ADP prepara acción ante el Tribunal Constitucional contra artículos del nuevo Código Penal
El gremio magisterial advierte que varias disposiciones podrían generar procesos judiciales contra docentes por actuaciones vinculadas con la vigilancia, disciplina y cuidado de los estudiantes
Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció que prepara una acción ante el Tribunal Constitucional contra varias disposiciones del nuevo Código Penal que, a juicio del gremio, podrían afectar el ejercicio de la función docente y abrir la posibilidad de judicializar actuaciones propias de las responsabilidades de los maestros en los centros educativos.
El presidente de la organización, Eduardo Hidalgo, informó que la ADP cuestionará los artículos 121, 145, 146, 171, 173, 214, 309, 310 y 313, al considerar que algunas de esas disposiciones requieren una delimitación más precisa cuando sean aplicadas en el ámbito escolar.
Hidalgo ofreció las declaraciones durante el panel “El impacto del Nuevo Código Penal en el ejercicio de la función docente”, celebrado en la sede de la ADP, en Gascue.
Gremio defiende protección de menores, pero pide garantías para docentes
El dirigente sindical aseguró que la organización respalda las disposiciones destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes, pero entiende que esa protección debe armonizarse con las garantías de los educadores y con las responsabilidades que estos asumen diariamente dentro de las escuelas.
La preocupación de la ADP se concentra en la posibilidad de que determinadas actuaciones relacionadas con la disciplina, vigilancia, orientación o cuidado de los estudiantes puedan originar procesos judiciales contra profesores.
Entre las disposiciones cuestionadas por el sindicato, Hidalgo hizo referencia al artículo 121, relacionado con el hostigamiento e intimidación; al 145, relativo al acoso sexual; y al 173, vinculado con la discriminación.
También manifestó preocupación por disposiciones relacionadas con el abandono de niños, niñas y adolescentes cuando existe un deber de vigilancia o cuidado, debido a que los docentes tienen responsabilidades de esa naturaleza durante el desarrollo de la jornada escolar.
Para el gremio, la legislación debe permitir diferenciar claramente una actuación docente legítima de aquellas conductas que efectivamente constituyan una infracción penal.
ADP teme denuncias sin fundamento
Otro de los puntos planteados por Hidalgo fue el riesgo de que acusaciones carentes de fundamento puedan afectar la reputación y la carrera profesional de un maestro antes de que los hechos sean debidamente establecidos.
El presidente de la ADP sostuvo que el sindicato mantiene una posición firme frente a conductas como el acoso sexual y aseguró que los miembros de la organización sometidos a la justicia por acusaciones de esa naturaleza son suspendidos del gremio.
Sin embargo, entiende necesario que existan mecanismos capaces de distinguir entre denuncias sustentadas y acusaciones formuladas con la intención de perjudicar a un educador.
La posición del sindicato, según explicó, no procura disminuir la protección penal de los estudiantes, sino evitar que disposiciones cuya finalidad es proteger derechos puedan interpretarse de manera que obstaculicen injustificadamente el ejercicio de la docencia.
Observaciones fueron presentadas antes de aprobarse el Código
La ADP informó que sus inquietudes sobre la reforma penal no surgieron después de su aprobación.
Hidalgo recordó que el pasado 15 de julio la organización entregó a la comisión que trabajaba el proyecto de Código Penal un documento con observaciones relativas a varios de los artículos que ahora pretende cuestionar constitucionalmente.
Según el dirigente, las preocupaciones del gremio no fueron solucionadas satisfactoriamente durante el proceso legislativo, razón por la cual se encuentran preparando la acción constitucional.
La intención es presentar el recurso a principios de septiembre, según adelantó.
Buscarán respaldo del Colegio de Abogados
La ADP también pretende sumar otros sectores a su iniciativa.
Hidalgo indicó que esperan contar con el respaldo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, cuyo presidente, Trajano Vidal Potentini, participó en el panel realizado por el sindicato.
El encuentro contó además con las intervenciones del diputado Wandy Modesto Batista; el maestro y abogado José Vega; y el consultor jurídico de la ADP, John A. Bello. La actividad fue moderada por Nolberto Ortiz, secretario de Finanzas de la organización.
La ADP plantea que el debate sobre el nuevo Código Penal debe encontrar un punto de equilibrio entre dos intereses que considera esenciales: garantizar una protección efectiva de los estudiantes y preservar las condiciones necesarias para que los profesores puedan ejercer legítimamente sus funciones.
Año escolar comienza en medio de otras preocupaciones
Durante el encuentro con periodistas, Hidalgo también se refirió al inicio del año escolar y señaló dificultades relacionadas con infraestructura, sobrepoblación estudiantil, falta de agua y déficit de personal docente y administrativo en algunos centros educativos.
Según afirmó, determinados planteles no pudieron comenzar las clases este martes debido a que todavía no estaban dadas las condiciones necesarias, por lo que algunos iniciarían sus labores la próxima semana.
De esta manera, el comienzo del nuevo período escolar coincide con un debate jurídico que podría trasladarse próximamente al Tribunal Constitucional y que coloca en discusión hasta dónde llega la responsabilidad penal del docente y cuáles garantías deben acompañar el ejercicio de su autoridad dentro de las aulas.