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La Barrick opera su propia planta de agua en Cotuí
La minera tiene una planta flotante en el lago de la presa de Hatillo; en muchas comunidades escasea el líquido
Esta planta absorbe cada día miles de galones de agua para la mina de oro, mientras en las comunidades no hay.
Cotuí tiene actualmente dos realidades que cuando se comparan reflejan el grado de injusticia que se genera cuando una empresa poderosa se sitúa en una población donde campea la pobreza.Esas dos realidades tienen que ver con el agua, pues mientras en las distintas comunidades de la provincia Sánchez Ramírez resulta casi imposible obtener un litro para consumo, la empresa minera Barrick Gold tiene instalada una planta flotante en el lago de la presa de Hatillo y gigantescas tuberías que le permiten succionar toda el agua que quiera del embalse. Informaciones recogidas en Cotuí indican que la planta que posee la minera para extraer agua limpia en Hatillo, para luego usarla en sus operaciones que contaminan la zona, tiene una capacidad para absorber 1,000 litros por segundo, es decir, unos 60 mil litros por minuto. La planta de Barrick está situada en un espacio donde se supone que el público puede llegar sin restricción, pues se trata de un lugar público, pero la empresa tiene allí entre dos y tres agentes que una vez se asoma alguien ajeno a ellos, lo reciben en tono amenazante, prohibiendo todo tipo de movimiento, solicitando todo tipo de documento y anotando prácticamente hasta el color de las gomas del vehículo que llega. El geólogo Osiris de León asegura que por el uso de agua de la presa de Hatillo, la Barrick Gold paga al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) 1.5 millones/año, una cifra insignificante comparada con lo que paga cualquier empresa del país por el uso del agua. Sin embargo, el Indrhi dijo ayer que “el pago del dinero estaba planteado, pero que ni esa entidad ni las juntas de regantes han recibido un centavo, porque se pensó que si se le exigía a la Barrick Gold, eso podría obstaculizar la negociación de la minera con el Estado”. “La Barrick Gold no ha dicho qué cantidad de agua extrae al día. La única limitante que se le ha puesto a esa empresa es que cuando el nivel de agua de la presa de Hatillo esté bajo o el caudal que le entre a la presa sea mínimo en tiempo de sequía, entonces la mina no debe extraer agua, pero nadie supervisa que la empresa cumpla con eso”, criticó de otro lado De León.
En efecto, lo que plantea el especialista es verificable cuando se observa el caudal del río Yuna (que alimenta la presa), que aunque está en estiaje (nivel bajo), la mina sigue sacando la misma cantidad de agua todos los días para sus procesos. “Yo no entiendo por qué el Gobierno, a través del Indrhi, tiene que aceptar que ellos paguen un millón y medio de pesos al año. Eso no es dinero, pero sí es una vergüenza que para una planta del tamaño de la Barrick, con capacidad para procesar 24 mil toneladas métricas de material sulfuroso diariamente y que necesitan el agua para todo el proceso metalúrgico, tengan que estar pagando una cantidad irrisoria al mes al Indrhi y que esta institución se lo acepte”.
A las comunidades ubicadas en el área de influencia de la mina de oro de Pueblo Viejo, la empresa les facilita, en el mejor de los casos, cuatro galones de agua al día. La Organización Mundial de la Salud establece que un ser humano necesita 275 litros de agua al día para cubrir sus necesidades (tomar, cocer sus alimentos, lavar la ropa y bañarse, entre otros). En el caso de esas comunidades no se cumple eso. Al analizar esta parte, Osiris de León sostiene que “cualquiera podría pensar que la responsabilidad de dotar del líquido a las comunidades en cuestión corresponde al Estado, pero no”. Es que, según su reflexión, la empresa fue la que deterioró la calidad de las aguas que hasta antes de establecerse en Cotuí, usaban las comunidades. “Por tanto, cuando una empresa deteriora la calidad del agua en un entorno operativo, en este caso metalúrgico, para poder procesar el mineral, debe resarcir a toda la comunidad con toda el agua que necesite, de acuerdo a la normativa de la OMS, lo cual viola la empresa”, dijo De León.
Derecho para uso del agua
El capítulo sobre derechos de agua para la Barrick Gold está contemplado en la sección 7.8 del acuerdo suscrito por esa empresa con el Estado dominicano.
Esos derechos que posee la Barrick para usar el agua que quiera de la presa de Hatillo, constituyen una incongruencia cuando se observa a Daniel Mena, un agricultor de Hacienda Hatillo, llegar con un galón vacío a verificar si una llave colocada cerca del contaminado río Margajita tiene agua para él “llevar un poquito”.
Cuando elCaribe le pregunta a Mena si sabe que se expone a contraer una enfermedad por el contacto con el líquido su respuesta fue esta: “Mi hijo, no me queda más remedio que consumir esta, si es que la llave tira algo hoy”.
Daños pueden ser severos
El agua que llega por el lago de la presa, según expertos, tiene alto contenido de hierro, cobre, plomo y de cadmio, entre otros y un pH que varía entre 1.8 y 2.0. El pH del agua normal debe ser 7.0 o muy cercano a este. El pH es una medida utilizada por la química para evaluar la acidez o alcalinidad de una sustancia, por lo general en su estado líquido.
El color rojizo sangre que se observa en arroyos y ríos del Cotuí obedece al alto contenido de hierro en dilución que poseen. “La empresa minera ha dicho que ha resuelto el problema, en realidad no tiene una planta de tratamiento de aguas ácidas para neutralizar una serie de fenómenos”, dijo Osiris de León.
Barrick evita colocar la carpa en menú hogareño
En las aguas del lago de la presa de Hatillo hace años era común encontrarse con pescadores a toda hora del día. Se hablaba de que entre todos sumaban 200 personas y una de ellas era Gregorio Javier. Este trabajador ha dejado de ir a la zona desde que se enteró que la carpa que captura tiene 0.26 miligramos de cadmio por cada miligramo de pescado y eso la hace cancerígena. Eso se determinó con un estudio realizado por Osiris de León para la UE.
Plomo
Un estudio presentado al Gobierno hace varios años recomendaba advertir a la comunidad que no consuma carpa.
El Caribe
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.