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La Barrick opera su propia planta de agua en Cotuí
La minera tiene una planta flotante en el lago de la presa de Hatillo; en muchas comunidades escasea el líquido
Esta planta absorbe cada día miles de galones de agua para la mina de oro, mientras en las comunidades no hay.
Cotuí tiene actualmente dos realidades que cuando se comparan reflejan el grado de injusticia que se genera cuando una empresa poderosa se sitúa en una población donde campea la pobreza.Esas dos realidades tienen que ver con el agua, pues mientras en las distintas comunidades de la provincia Sánchez Ramírez resulta casi imposible obtener un litro para consumo, la empresa minera Barrick Gold tiene instalada una planta flotante en el lago de la presa de Hatillo y gigantescas tuberías que le permiten succionar toda el agua que quiera del embalse. Informaciones recogidas en Cotuí indican que la planta que posee la minera para extraer agua limpia en Hatillo, para luego usarla en sus operaciones que contaminan la zona, tiene una capacidad para absorber 1,000 litros por segundo, es decir, unos 60 mil litros por minuto. La planta de Barrick está situada en un espacio donde se supone que el público puede llegar sin restricción, pues se trata de un lugar público, pero la empresa tiene allí entre dos y tres agentes que una vez se asoma alguien ajeno a ellos, lo reciben en tono amenazante, prohibiendo todo tipo de movimiento, solicitando todo tipo de documento y anotando prácticamente hasta el color de las gomas del vehículo que llega. El geólogo Osiris de León asegura que por el uso de agua de la presa de Hatillo, la Barrick Gold paga al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) 1.5 millones/año, una cifra insignificante comparada con lo que paga cualquier empresa del país por el uso del agua. Sin embargo, el Indrhi dijo ayer que “el pago del dinero estaba planteado, pero que ni esa entidad ni las juntas de regantes han recibido un centavo, porque se pensó que si se le exigía a la Barrick Gold, eso podría obstaculizar la negociación de la minera con el Estado”. “La Barrick Gold no ha dicho qué cantidad de agua extrae al día. La única limitante que se le ha puesto a esa empresa es que cuando el nivel de agua de la presa de Hatillo esté bajo o el caudal que le entre a la presa sea mínimo en tiempo de sequía, entonces la mina no debe extraer agua, pero nadie supervisa que la empresa cumpla con eso”, criticó de otro lado De León.
En efecto, lo que plantea el especialista es verificable cuando se observa el caudal del río Yuna (que alimenta la presa), que aunque está en estiaje (nivel bajo), la mina sigue sacando la misma cantidad de agua todos los días para sus procesos. “Yo no entiendo por qué el Gobierno, a través del Indrhi, tiene que aceptar que ellos paguen un millón y medio de pesos al año. Eso no es dinero, pero sí es una vergüenza que para una planta del tamaño de la Barrick, con capacidad para procesar 24 mil toneladas métricas de material sulfuroso diariamente y que necesitan el agua para todo el proceso metalúrgico, tengan que estar pagando una cantidad irrisoria al mes al Indrhi y que esta institución se lo acepte”.
A las comunidades ubicadas en el área de influencia de la mina de oro de Pueblo Viejo, la empresa les facilita, en el mejor de los casos, cuatro galones de agua al día. La Organización Mundial de la Salud establece que un ser humano necesita 275 litros de agua al día para cubrir sus necesidades (tomar, cocer sus alimentos, lavar la ropa y bañarse, entre otros). En el caso de esas comunidades no se cumple eso. Al analizar esta parte, Osiris de León sostiene que “cualquiera podría pensar que la responsabilidad de dotar del líquido a las comunidades en cuestión corresponde al Estado, pero no”. Es que, según su reflexión, la empresa fue la que deterioró la calidad de las aguas que hasta antes de establecerse en Cotuí, usaban las comunidades. “Por tanto, cuando una empresa deteriora la calidad del agua en un entorno operativo, en este caso metalúrgico, para poder procesar el mineral, debe resarcir a toda la comunidad con toda el agua que necesite, de acuerdo a la normativa de la OMS, lo cual viola la empresa”, dijo De León.
Derecho para uso del agua
El capítulo sobre derechos de agua para la Barrick Gold está contemplado en la sección 7.8 del acuerdo suscrito por esa empresa con el Estado dominicano.
Esos derechos que posee la Barrick para usar el agua que quiera de la presa de Hatillo, constituyen una incongruencia cuando se observa a Daniel Mena, un agricultor de Hacienda Hatillo, llegar con un galón vacío a verificar si una llave colocada cerca del contaminado río Margajita tiene agua para él “llevar un poquito”.
Cuando elCaribe le pregunta a Mena si sabe que se expone a contraer una enfermedad por el contacto con el líquido su respuesta fue esta: “Mi hijo, no me queda más remedio que consumir esta, si es que la llave tira algo hoy”.
Daños pueden ser severos
El agua que llega por el lago de la presa, según expertos, tiene alto contenido de hierro, cobre, plomo y de cadmio, entre otros y un pH que varía entre 1.8 y 2.0. El pH del agua normal debe ser 7.0 o muy cercano a este. El pH es una medida utilizada por la química para evaluar la acidez o alcalinidad de una sustancia, por lo general en su estado líquido.
El color rojizo sangre que se observa en arroyos y ríos del Cotuí obedece al alto contenido de hierro en dilución que poseen. “La empresa minera ha dicho que ha resuelto el problema, en realidad no tiene una planta de tratamiento de aguas ácidas para neutralizar una serie de fenómenos”, dijo Osiris de León.
Barrick evita colocar la carpa en menú hogareño
En las aguas del lago de la presa de Hatillo hace años era común encontrarse con pescadores a toda hora del día. Se hablaba de que entre todos sumaban 200 personas y una de ellas era Gregorio Javier. Este trabajador ha dejado de ir a la zona desde que se enteró que la carpa que captura tiene 0.26 miligramos de cadmio por cada miligramo de pescado y eso la hace cancerígena. Eso se determinó con un estudio realizado por Osiris de León para la UE.
Plomo
Un estudio presentado al Gobierno hace varios años recomendaba advertir a la comunidad que no consuma carpa.
El Caribe
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.