Opinión
La barriga de la Barrick
Por Narciso Isa Conde
Las entrañas de Barrick Gold son realmente terribles: repletas de cianuro, paramilitares, dólares sucios, sobornos, saqueadores de oro y plata, agentes de la CIA, oficiales del Pentágono, Bush-es, Cisneros, Rochas, depredadores de montañas, ríos y glaciales.
No es gana de hablar, es historia sufrida y presente real, con evidencias dramáticas aquí, allá y acullá. Lo que recientemente han narrado los/as moradores/as de Sánchez Ramírez, Cotuí, no está lejos de un infierno en la Tierra y permite reconfirmar las amenazas.
- Más allá de la simple revisión económica
En tales circunstancias, la voluntad nacional en pro de la superación de ese cuadro tenebroso, no debería reducirse a renegociar los términos del contrato suscrito (bajo el signo del dolo) entre ese consorcio norteamericano y el ex-presidentes Fernández; ahora con el simple interés de mayores ingresos gubernamentales, para de nuevo pasarlo por el Congreso, quitarle algo de mal olor y airear la administración peledeísta.
Cierto que el hecho de que los legisladores que ayer lo aprobaron sin leer, estén hoy demandando revisarlo, es una clara expresión de cómo ha crecido el clamor contra las nefastas pretensiones de ese monstruo minero. Y eso es muy positivo en sentido general.
Pero el problema no debe limitarse a usar ese clamor para sacar algunos dólares más de las putrefactas y relumbrantes entrañas de la Barrick Gold a beneficio de este Estado carcomido por el neoliberalismo y la corrupción.
Más allá de ese limitado y controversial interés está el grave riego que para la vida nuestra gente y nuestra isla conlleva la explotación de enormes reservas de oro y la plata empleando cianuro o cualquier otro método contaminante, prohibidos ya en muchos países del mundo.
Está en juego el destino de nuestras reservas de agua, bosques y tierras cultivables; incluida la presa de Hatillo, fuente de agua gratis para la Barrick lavar oro y destilar inmundicias.
Está, en general, el costo ambiental que podría ser mucho más alto que las ganancias en dólares.
Está la cuestión de la soberanía del país sobre esos valiosos recursos y ese hermoso territorio, convertido en una especie de república aparte, con autoridades civiles y militares subordinadas y tropas de choque mercenarias.
Está el problema de la mayoría de acciones y el rol de la parte dominicana en la gestión de esa empresa.
Está el monto de las ganancias del Estado y su destino, el provecho para la sociedad, su gente, su entorno… sobretodo cuando debe ser ley mayor que la inversión de los beneficios de la explotación del cualquier recurso no renovable debería ser más perdurable y socialmente útil que el propio recurso.
- Destinos espurios.
Se habla de llenar troneras fiscales provocadas por ladroneles de Estado, todavía impunes. Y eso es inaceptable.
Se habla de pagar deudas públicas (internas y externas), convenidas en términos onerosos para ejecutar el peor de los dispendios. Y eso es una barbaridad.
Se habla de financiar la estafa de la privatización del sistema eléctrico. Y a eso hay que oponerse con rabia.
Se habla de inyectarle “recursos fiscales” a un modelo neoliberal en crisis y a una partidocracia todavía inmersa en la corrupción y los privilegios. Y eso es criminal.
- La maniobra de “Tranquilo” para “traquilarnos”.
El presidente Danilo Medina, a lo Balaguer, a lo Leonel, como la “Gatita de María Ramos”, está empeñado en una maniobra para simplemente pellizcar la barriga gorda de la Gold, lograr que está le ceda algunos dólares más y legitimar lo que el pueblo ha ilegitimado.
A eso sirven los legisladores que como medio de chantaje hablan de revisar ese contrato vergonzoso e insostenible; mientras Alexander Medina, Director de Minería de Danilo y agente de Xtrata Nickel, de la Barrick y de todas las Gold, tranquilamente se emplea a fondo junto a la Cámara Americana de Comercio y la Cámara Petrolera Minera en la detestable misión de garantizar desde el gobierno eso que se llama depredar y saquear la isla a precio de vaca muerta. Todos con sus respectivas partituras en espera de las señales maliciosas del director de orquesta.
Revisión con un gobierno así y una Barrick Gold ecocida y criminal, huele francamente a nuevo engaño con un lavadito de cara.
No hay de otra: hay que exigir anular ese contrato, recuperar la soberanía sobre esos recursos y ese territorio, y decidir que hacer en función del interés del país y de nuestra sociedad. Y esto es válido para todas las concesiones de exploración y explotación que amenazan contaminar, expoliar y destrozar la madre tierra dominicana y haitiana.
En el caso de Pueblo Viejo quedaría pendiente el problema de los sulfuros a cielo abierto, con el efecto oxidante de las lluvias, considerablemente dañino para los suelos. Pero esto exige de un debate a fondo y de las soluciones más ventajosas y adecuadas -desde lo económico y lo ecológico combinados- a ser adoptadas autónomamente como país y como pueblo, no bajo presión imperial.
Con la Barrick y las Gold no habrá vida. Ni en Cotuí, ni en el Cibao y el Nordeste, ni la Cordillera Central, ni en San Juan, ni en Restauración y la frontera, ni en Yamasá…
Con Xtrata-Falcondo tampoco. Ese emporio, como lo hizo en La Peguera y Loma Ortega, habrá de arrasar con el gran tesoro natural -fuente de agua y de biodiversidad- que anida Loma Miranda; y de paso con los sembradíos de arroz y cultivos alimenticios del Norcentral y Nordeste del país.
Ya desataron la guerra.
Indignarse, indignarse, movilizarse para nacionalizar… nacionalizar, nacionalizar, nacionalizar…es el primer paso hacia una salida que contemple el bienestar colectivo.
Eso de revisar, en estas condiciones y con estos actores en el poder, se presta a otra trampa envaselinada.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.