Santo Domingo, RD.-Fue inaugurado en medio de un gran nerviosismo un moderno centro al servicio de la vigilancia y seguridad en virtud de lo que muchos interpretaron como un ambiente extraño, difícil, incómodo, ya que todos los participantes estuvieron muy cercanos y lejanos emocionalmente al propio tiempo.Nacionales
Una batalla riesgosa contra el Coronavirus desde el búnker C5i
Santo Domingo, RD.-Fue inaugurado en medio de un gran nerviosismo un moderno centro al servicio de la vigilancia y seguridad en virtud de lo que muchos interpretaron como un ambiente extraño, difícil, incómodo, ya que todos los participantes estuvieron muy cercanos y lejanos emocionalmente al propio tiempo.Nunca había pensado estar en una actividad del presidente de la Republica, Danilo Medina, sin poder saludarle con un apretón de manos o con un abrazo. Así nos habíamos saludado en cuatro ocasiones anteriores cuando habíamos coincidido en algunos lugares durante su mandato que concluye en agosto próximo.
Detrás de aquella mascarilla oscura del gobernante, intuí que había esbozado una sonrisa al saludar a los comunicadores y funcionarios que le acompañamos este miércoles en la sede del Ministerio de Defensa. Un ligero movimiento de cabeza, y sus ojos fijos en los presentes, también con rostros cubiertos, me hizo tener esa sensación de “saludo cordial a distancia” del gobernante.
Es que el coronavirus o COVID-19 ha variado la conducta, el comportamiento y hasta la forma de pensar de los dominicanos y gran parte de la humanidad.
Lo que provocó el acercamiento del presidente Medina, sus funcionarios y los medios de comunicación en la sede del Ministerio de Defensa, fue la apertura-entrega del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) y la Big Data sanitaria, unidad de seguimiento que encabezará lo que se ha denominado “La guerra contra el coronavirus o COVID 19”, de la cual formarán parte 12 instituciones del Estado, a la cabeza los ministerios de Salud Pública, de la Presidencia y de Defensa.
Esta pandemia que tiene de rodillas a la humanidad y que ha dejado en el país hasta ayer 260 fallecidos y 5,300 casos confirmados, según el último boletín emitido por los organismos oficiales, ha sido enfrentada de forma efectiva, a tal punto que, según asegura el presidente Medina, este se encuentra entre los 10 países que con más prontitud ha tomado decisiones a favor de la población.
Sin embargo, el presidente Medina aseguró que a República Dominicana no se le puede pedir magia en el manejo de la crisis del nuevo coronavirus.
“No somos magos”, dijo el presidente en la inauguración del centro de Big Data para frenar el coronavirus en el país y aseguró que ninguna nación del mundo estaba preparada para hacerle frente al COVID 19. “Unos han aprendido de los errores de otros. Algunos han aprendido de los aciertos. Esto es prueba y error. Algunos nos observan a nosotros”, añadió el mandatario.
Medina anunció que el Gobierno está preparando un nuevo plan para la economía nacional de modo que las empresas pequeñas puedan sobrevivir, porque la idea “es combatir el virus por un lado, mientras se trabaja por otro en el mantenimiento de las empresas”.
Precisó que, aunque este ha sido uno de los países que más restricciones ha aplicado en cuanto a las actividades económicas, se ha actuado con racionalidad ante la pandemia del coronavirus y a pesar de que el sector industrial disminuyó sus actividades, ha mantenido sus operaciones.
Explicó que, gracias al control mantenido por las autoridades, los principales sectores económicos se han mantenido operando durante la crisis, citando particularmente el sector eléctrico, agropecuario y el de los combustibles.
“La cadena completa de producción de alimentos está funcionando. No se puede hablar de un cierre total por eso nosotros aplicamos el plan FASE”, destacó el jefe de Estado, quien descartó por el momento acoger la solicitud de algunas empresas de que se les permita la apertura.
Argumentó que “hay que seguir esperando” y pidió a la población no desesperarse ante esta situación, porque hay solamente dos medidas para controlar el virus, las restricciones y el aislamiento
“Es un riesgo estar exigiendo que el país levante las medidas de restricciones que tiene porque la población se está desesperando. Aquí no hay nadie que le interese mantener la medida. El primero que quisiera salir de esto es el Gobierno, pero son circunstancias que te obligan”, explicó el presidente Medina, para agregar que “ese momento llegará, porque nos preparamos con un nuevo plan para que pequeñas empresas puedan sobrevivir. Al tiempo que combatimos el virus trabajamos para lo otro, pero sin desesperarnos”.
El dilema
El presidente Medina admitió que el nuevo coronavirus afectó a República Dominicana en un momento delicado socialmente, debido a la cercanía de las elecciones.
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Meter miedo
El presidente Danilo Medina admitió que el nuevo coronavirus afectó a República Dominicana en un momento delicado socialmente, debido a la cercanía de las elecciones municipales y recordó que cuando se dio a conocer el primer caso detectado en el país, sectores de la oposición dijeron de inmediato que se buscaba meter miedo para que la población no fuera a votar.
Esperar
Dijo que la misión del gobierno es llegar al límite de aplanar el virus y al parecer se está llegando al momento en que están bajando los casos positivos, pero aún así se debe esperar para variar las medidas de emergencia que existen en la actualidad.
Riesgoso
“Es un riesgo levantar las medidas. Aquí no hay nadie que le interese mantener esas medidas. Nosotros estamos observando el proceso, veremos cómo esto evoluciona. Si se necesita seguir, vamos a seguir”, advirtió el presidente Medina.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.