Nacionales
La Cámara aprobará la Ley de Partidos, la reforma policial y el Defensor del Pueblo
Destaca austeridad en la Cámara Baja y la eliminación de privilegios colaterales
Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados y legislador por Santiago, favorece que sea reformada la Ley 57-96 sobre exoneraciones a los legisladores. (Juan Almánzar)
La Cámara de Diputados priorizará en su agenda de los próximos meses la aprobación de iniciativas y proyectos como la Ley de Partidos Políticos, la reforma policial y militar, la escogencia del Defensor del Pueblo y el programa de difusión de la Constitución Infantil, informó ayer su presidente Abel Martínez.
El legislador oficialista garantizó que este año sería aprobada la Ley de Partidos Políticos con el consenso de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional “porque el tiempo es oportuno debido a que no se está en campaña electoral que pudiera contaminar el proceso”.
Aseguró que si no se logra este año será difícil aprobarla y adelantó que para hacerla realidad se formó una comisión bicameral que hace contacto con los presidentes de los partidos, para obtener el consenso requerido por la Constitución de la República.
De igual modo, dijo que se busca el consenso para presentar una terna y escoger al Defensor del Pueblo, una figura establecida en la Carta Magna de 2010. Sobre este particular, sostuvo que en los próximos días será presentada al Senado la propuesta de candidatos. Martínez fue entrevistado en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe por su director, Osvaldo Santana; el subdirector Esteban Delgado; el jefe de redacción de apertura, Héctor Marte; la encargada de elCaribe Digital, Sandra Guzmán, y Fernando Marte, coordinador de CDN.
Constitución Infantil
Para el presidente de los diputados es de mucha importancia el impulso del proyecto “Constitución Dominicana Infantil”, de la profesora Dulce Vargas de Castellanos, que tiene por finalidad educar desde la niñez los derechos y deberes de los dominicanos mediante el uso de un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento para los infantes.
“En la Cámara de Diputados entendemos que esta cruzada que llevamos de alfabetización constitucional en todos los rincones del país, ha sido bendecida por el propio Tribunal Constitucional, que tenemos conversaciones y reuniones pendientes con el Ministerio de Educación, porque es un mandato expreso de que se enseñe la Constitución en las escuelas”, dijo. Adelantó que también se editará una “Constitución de bolsillo” que sirva de promoción de los derechos y deberes ciudadanos en vez de utilizar las protestas violentas en el reclamo de sus derechos y una versión auditiva para las personas con discapacidades físicas, como los no videntes o iletrados.
Austeridad y transparencia
Pese a esos proyectos, Martínez dijo que la Cámara de Diputados ejecuta un plan de austeridad, mucho antes que el Gobierno pusiera en marcha el suyo..Puso como ejemplo que gracias a los ahorros, por la no entrega de canastas navideñas a los legisladores se logró avanzar en la Constitución Infantil.
Como parte de las medidas se “congeló” la nómina de empleados y se hizo una reingeniería de las comisiones de trabajo. Sin embargo, anunció que este mes se dispondrá un aumento salarial a los empleados de carrera que tendrá un costo adicional de unos 8 a 9 millones de pesos adicionales.
Explicó que eso se hará para corregir algunas distorsiones como personas que hacen trabajos de abogados, y que en principio eran secretarias, y porque otros servidores tienen sueldos que se gastan prácticamente en el pago de pasajes.
Martínez ha querido dar el ejemplo de austeridad y por eso desde que asumió la presidencia de la Cámara renunció a la exoneración de un vehículo que le corresponde por ley, a una tarjeta por un monto de RD$150,000 mensuales; al igual que a las asignaciones contenidas en el fondo de gestión que debe recibir cada legislador para fines sociales en sus comunidades. Aseguró que ha manejado los recursos con transparencia y fue en su gestión que por primera vez se publica la nómina, los recursos asignados a cada diputado y se hace pública la compra del Estado mediante una convocatoria a licitación abierta.
Revisión ley
Reiteró la necesidad de que sea reformada la ley 57-96 sobre exoneraciones a los legisladores porque quienes más ganan son los importadores de vehículos. Manifestó que muchos compañeros lo que hacen es vender la exoneración a cambio de otro de venta en el país. “Los compradores entonces importan vehículos costosos, situación que debe ser corregida y que se hará mediante un proyecto que conocen los legisladores. Esa ley hay que revisarla rápido porque si se establece un monto, por ejemplo de cien mil dólares, no pueden traer Ferrari, ni Porsche, Bentley, ni yipetas Lexus de lujo, o sea, que si eso se regula… porque la verdad es que hay 105 diputados de 190, que reciben un salario de mil pesos porque tomaron un préstamo, seguido llegaron a la Cámara”, manifestó.
Situación en el PLD
Respeto a la solicitud que han hecho dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de recomponer el Comité Político y el Central en el Congreso peledeísta incluyendo nuevos miembros, dijo que no necesariamente tiene que ser una sustitución sino una mayor integración, pero entiende que hay otros temas más fundamentales como la revisión de los estatutos, sin dejar de reconocer que “la renovación es importante”.
Aclaró que el tema de los miembros de la dirección del PLD ya fue ratificado por las bases el pasado año mediante un plebiscito en que el 67% de los miembros votaron en favor de la actual dirección. Consideró que hay que reconocer que esa dirigencia es la que ha llevado al PLD a obtener cinco victorias en igual número de elecciones, “y como en cualquier rama de la vida, el éxito se premia”, dijo.
Descartó alguna fricción entre el presidente Danilo Medina y el presidente del partido Leonel Fernández y que por el contrario entre ambos hay una excelente relación que se manifiesta en la armonía que reina en el partido.
Algunos de los beneficios que recibe un diputado
El sueldo base de un diputado ronda los RD$ 170,000 mensuales, pero además reciben otros beneficios como RD$45,000 promedio por las sesiones durante un mes; RD$87,000 de compensación social o gastos en ayuda a sus comunidades.
Otros beneficios son la entrega de comestibles durante las navidades y de bonos. A eso se le suma lo que le da a cada uno por el día de Las Madres y “los Reyes”.
Abel Martínez dice que esas son prácticas viejas que halló al asumir la presidencia de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados tiene 2000 empleados
La Cámara tiene una empleomanía de alrededor de 2,000 personas, entre servidores administrativos y empleados, que laboran con los diputados. Cada diputado tiene una secretaria, un chofer, un seguridad y cada uno recibe un salario del presupuesto de la Cámara. Parte de ese personal, aproximadamente la mitad, está dentro de la Ley 1491 se Carrera Administrativa y son estos los que, a decir de Martínez, comenzarán a recibir el aumento de sueldo dentro del proceso de reingeniería que se realiza por mandato de las autoridades.
Partidos
Este es el momento para la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y estamos hablando con los presidentes de los partidos”.
Exoneraciones
Hay un proyecto de ley que revisará la legislación que tiene que ver con las exoneraciones de vehículos a los diputados”.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.