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La Cámara Baja de EEUU remite el acta de acusación contra Trump
Washington, Estados Unidos.-La Cámara de Representantes de Estados Unidos remitirá al Senado este lunes la acusación contra Donald Trump por «incitación a la insurrección» en la asonada al Capitolio, lo que desencadenará el primer juicio político de un expresidente estadounidense.Menos de una semana después de la investidura del demócrata Joe Biden, Trump vuelve a dominar las noticias.
La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que acusación contra el exmandatario republicano será entregada sobre las 19H00 (00H00 GMT del martes) al secretario de la Cámara Alta.
El proceso contra Trump en el Senado comenzará durante la semana del 8 de febrero. Demócratas y republicanos acordaron retrasar el inicio para darle más tiempo a Trump de preparar su defensa y a Biden la posibilidad de que el Senado confirme su gabinete.
Tras un fin de semana de silencio que contrastó con la frenética actividad en Twitter de Trump, Biden continúa firmando decenas de decretos para paliar la crisis sanitaria y económica del país, entre otras medidas.
Biden anuló la prohibición de su predecesor de que las personas transgénero sirvan en las fuerzas armadas, una decisión considerada discriminatoria.
Y esta tarde se espera que firme un nuevo decreto reforzando el «Made in America», que da prioridad a las empresas y productos estadounidenses en los contratos con el gobierno federal.
Histórico «impeachment»
Con el cargo de alentar a la insurrección aprobado en la Cámara de Representantes el 13 de enero, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ser acusado dos veces en un proceso de juicio político («impeachment» en inglés).
En diciembre de 2019, había sido inculpado por «abuso de poder» y «obstruir el buen funcionamiento del Congreso» por supuestas presiones a Ucrania para perjudicar a Biden. Pero fue absuelto el 5 de febrero de 2020 por el Senado, entonces de mayoría republicana.
Esta noche, los «fiscales» de la Cámara Baja caminarán por los largos y ricamente decorados pasillos que los separan del Senado para presentar el acta de acusación contra el 45º presidente de Estados Unidos. Luego, la leerán frente a los senadores.
Trump está acusado de haber incitado a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el 6 de enero, mientras los legisladores certificaban la victoria electoral de Biden.
«Nunca recuperarán nuestro país siendo débiles», dijo Trump a los manifestantes poco antes del ataque al Capitolio, que dejó cinco muertos. «Tienen que mostrar fuerza».
La violencia desatada horas después conmocionó a Estados Unidos y generó el rechazo de numerosas personalidades.
Pero una condena del Senado parece poco probable en este momento, ya que el magnate inmobiliario, todavía muy popular entre sus electores, sigue contando con partidarios clave en la Cámara Alta.
Juicio «estúpido»
Antes de la ceremonia, el Senado debe aprobar el nombramiento de Janet Yellen como secretaria del Tesoro. El voto de confirmación del futuro jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken podría tener lugar el martes.
Con un panorama sombrío en Estados Unidos por los cerca de 420.000 muertos por la pandemia y la crisis económica que ha provocado, Biden propuso un gigantesco plan de reactivación por 1,9 billones de dólares.
Pero su adopción en el Congreso parece por el momento comprometida por la fuerte oposición de los republicanos, pero también por la reticencia de los demócratas moderados.
Es cierto que los demócratas dominan ahora el Senado además de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, su mayoría en la Cámara Alta es muy frágil: ocupan 50 de los escaños frente a los otros 50 de los republicanos. En caso de empate, es la vicepresidenta Kamala Harris quien tiene el voto decisivo.
Pero se necesitan 60 votos para someter a votación las principales reformas. Y dos tercios del Senado para condenar a Trump, un objetivo que parece difícil de lograr, incluso aunque su influyente líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, no descartó votar por la condena.
«Encuentro este juicio estúpido», señaló el senador republicano Marco Rubio el domingo en Fox. «El país ya está en llamas y es como echar gasolina a este fuego».
Otros incluso esperan bloquear por completo la celebración del juicio, declarando inconstitucional juzgar a un expresidente.
Gran crítico de Trump, el senador republicano Mitt Romney es una de las pocas voces de su partido que apoya el procedimiento, aunque no se ha pronunciado públicamente sobre su voto.
Este excandidato presidencial fue el único republicano que condenó al magnate inmobiliario en su primer juicio político.
Entre los demócratas, sin embargo, los votos son casi unánimes.
«Debe enfrentarse a sus responsabilidades. El futuro de este país está en juego», dijo el lunes el jefe del Comité Judicial de la Cámara, Jerry Nadler.
Más allá del Congreso, el futuro judicial del expresidente sigue siendo muy complicado, con múltiples demandas iniciadas en todo el país.
Pero la Corte Suprema iluminó su horizonte este lunes al ordenar cerrar los casos relacionados con las rentas de origen extranjero extraídas de sus grandes hoteles.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.