Internacionales
La Cámara Baja de EEUU remite el acta de acusación contra Trump
Washington, Estados Unidos.-La Cámara de Representantes de Estados Unidos remitirá al Senado este lunes la acusación contra Donald Trump por «incitación a la insurrección» en la asonada al Capitolio, lo que desencadenará el primer juicio político de un expresidente estadounidense.Menos de una semana después de la investidura del demócrata Joe Biden, Trump vuelve a dominar las noticias.
La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que acusación contra el exmandatario republicano será entregada sobre las 19H00 (00H00 GMT del martes) al secretario de la Cámara Alta.
El proceso contra Trump en el Senado comenzará durante la semana del 8 de febrero. Demócratas y republicanos acordaron retrasar el inicio para darle más tiempo a Trump de preparar su defensa y a Biden la posibilidad de que el Senado confirme su gabinete.
Tras un fin de semana de silencio que contrastó con la frenética actividad en Twitter de Trump, Biden continúa firmando decenas de decretos para paliar la crisis sanitaria y económica del país, entre otras medidas.
Biden anuló la prohibición de su predecesor de que las personas transgénero sirvan en las fuerzas armadas, una decisión considerada discriminatoria.
Y esta tarde se espera que firme un nuevo decreto reforzando el «Made in America», que da prioridad a las empresas y productos estadounidenses en los contratos con el gobierno federal.
Histórico «impeachment»
Con el cargo de alentar a la insurrección aprobado en la Cámara de Representantes el 13 de enero, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ser acusado dos veces en un proceso de juicio político («impeachment» en inglés).
En diciembre de 2019, había sido inculpado por «abuso de poder» y «obstruir el buen funcionamiento del Congreso» por supuestas presiones a Ucrania para perjudicar a Biden. Pero fue absuelto el 5 de febrero de 2020 por el Senado, entonces de mayoría republicana.
Esta noche, los «fiscales» de la Cámara Baja caminarán por los largos y ricamente decorados pasillos que los separan del Senado para presentar el acta de acusación contra el 45º presidente de Estados Unidos. Luego, la leerán frente a los senadores.
Trump está acusado de haber incitado a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el 6 de enero, mientras los legisladores certificaban la victoria electoral de Biden.
«Nunca recuperarán nuestro país siendo débiles», dijo Trump a los manifestantes poco antes del ataque al Capitolio, que dejó cinco muertos. «Tienen que mostrar fuerza».
La violencia desatada horas después conmocionó a Estados Unidos y generó el rechazo de numerosas personalidades.
Pero una condena del Senado parece poco probable en este momento, ya que el magnate inmobiliario, todavía muy popular entre sus electores, sigue contando con partidarios clave en la Cámara Alta.
Juicio «estúpido»
Antes de la ceremonia, el Senado debe aprobar el nombramiento de Janet Yellen como secretaria del Tesoro. El voto de confirmación del futuro jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken podría tener lugar el martes.
Con un panorama sombrío en Estados Unidos por los cerca de 420.000 muertos por la pandemia y la crisis económica que ha provocado, Biden propuso un gigantesco plan de reactivación por 1,9 billones de dólares.
Pero su adopción en el Congreso parece por el momento comprometida por la fuerte oposición de los republicanos, pero también por la reticencia de los demócratas moderados.
Es cierto que los demócratas dominan ahora el Senado además de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, su mayoría en la Cámara Alta es muy frágil: ocupan 50 de los escaños frente a los otros 50 de los republicanos. En caso de empate, es la vicepresidenta Kamala Harris quien tiene el voto decisivo.
Pero se necesitan 60 votos para someter a votación las principales reformas. Y dos tercios del Senado para condenar a Trump, un objetivo que parece difícil de lograr, incluso aunque su influyente líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, no descartó votar por la condena.
«Encuentro este juicio estúpido», señaló el senador republicano Marco Rubio el domingo en Fox. «El país ya está en llamas y es como echar gasolina a este fuego».
Otros incluso esperan bloquear por completo la celebración del juicio, declarando inconstitucional juzgar a un expresidente.
Gran crítico de Trump, el senador republicano Mitt Romney es una de las pocas voces de su partido que apoya el procedimiento, aunque no se ha pronunciado públicamente sobre su voto.
Este excandidato presidencial fue el único republicano que condenó al magnate inmobiliario en su primer juicio político.
Entre los demócratas, sin embargo, los votos son casi unánimes.
«Debe enfrentarse a sus responsabilidades. El futuro de este país está en juego», dijo el lunes el jefe del Comité Judicial de la Cámara, Jerry Nadler.
Más allá del Congreso, el futuro judicial del expresidente sigue siendo muy complicado, con múltiples demandas iniciadas en todo el país.
Pero la Corte Suprema iluminó su horizonte este lunes al ordenar cerrar los casos relacionados con las rentas de origen extranjero extraídas de sus grandes hoteles.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.