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Opinión

Valioso apoyo a la democracia

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Por Juan Bolívar Díaz

Por ahí ruedan voceros oficiales y oficiosos ofendidos por la posición sostenida por la Conferencia del Episcopado Dominicano y el gobierno de Estados Unidos respaldando los reclamos nacionales para que el proceso electoral en marcha se realice con las garantías de  “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, que consagran los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República.

En particular los que pretenden ganar las elecciones a cualquier precio y por encima de todo, se sienten ofendidos con esta “nueva expresión de la injerencia norteamericana” y tratan de evadir la Carta Pastoral de los obispos reviviendo  la complicidad que tuvo la Iglesia Católica con la tiranía de Trujillo y con el golpe de Estado al gobierno democrático de Juan Bosch, como si no hubiese pasado más de medio siglo.

En ninguno de los dos casos tienen razón quienes pretenden mantenerse en el poder a cualquier costo. Nadie debe preferir que ningún estado extranjero, ni tampoco  los pastores religiosos tengan que mediar para que funcionen las instituciones democráticas. Tampoco   que haya que apelar a un gobierno extranjero para financiar y realizar una auditoría a los equipos para la elección de las autoridades nacionales. Como tampoco deberíamos tener necesidad de que la sociedad civil se ponga en pie para garantizar el derecho a elegir y el respeto a la voluntad popular.     

Ese nacionalismo es insostenible en un mundo tan interrelacionado, donde los conceptos de soberanía han quedado  relativizados por principios jurídicos y tratados internacionales, que incluyen sanciones para aquellos países que los violenten, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima el 11 de septiembre del 2001 por el conglomerado de naciones del continente.

Se trata de posiciones hipócritas: justifican  que el gobierno de Danilo Medina se haya  asociado con Estados Unidos para aislar y sancionar a la Venezuela de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo se ofenden porque el comunicado de la embajada norteamericana donde se anunció el financiamiento de la auditoría al sistema informático electoral, precisa que Estados Unidos apoya “la realización de elecciones libres, justas y transparentes”.

La diplomacia norteamericana ha reiterado su decisión  de contribuir para que la institucionalidad democrática salga fortalecida del proceso electoral, como cuestión básica para mantener la estabilidad política y económica de la nación. Es del interés nacional, aunque también de Estados Unidos. Para la isla es más que suficiente la penosa y terrible situación de ingobernabilidad de Haití, y los conflictos que proliferan por el continente, especialmente en la subregión, que incluyen a Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y más allá a Colombia y Ecuador, Bolivia y Chile.

Sin el menor rubor hay que celebrar que la posición de Estados Unidos coincida con el interés nacional y hasta agradecerla, lo que en realidad viene ocurriendo desde la transición democrática de 1978. La mayoría de las reformas políticas, y socioeconómicas  realizadas en el país en las últimas décadas han contado con el apoyo financiero de instituciones norteamericanas. La promoción de la institucionalidad no ha sido excepción desde el proyecto de Iniciativas Democráticas auspiciado por la AID en la década de los noventa.

En cuanto a las iglesias, particularmente a la jerarquía católica, hay que agradecerle también su defensa de los derechos sociales y políticos, en lo que se han distinguido muchos pastores. En su Carta Pastoral de la semana pasada, los obispos fueron bien claros al rememorar su pronunciamiento de hace justo 60 años que rompió un largo silencio  y contribuyó a la liquidación de la tiranía de Trujillo.

Plantean que “en esta hora decisiva para el futuro de nuestro país, quieren llegar a las conciencias con el mismo espíritu de 1962″, dentro de un contexto social y político diferente, pero frente a un proceso con muchas demandas similares,  y fundamentalmente la necesidad de elecciones libres. Tras advertir sobre la ola de convulsiones sociales que sacuden el continente, dicen que “la política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad”.      

Los dos planteamientos de la semana pasada contienen un mensaje bien claro para todo el que tenga capacidad para leer y escuchar.- 

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Opinión

La democracia no es sólo electoral.

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Por José Cabral

Lo dicho por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, en el sentido de que tras el cierre definitivo del proceso electoral, el país puede exhibir cada vez más el fortalecimiento del sistema democrático como una referencia regional.

Esta expresión del presidente del órgano comicial se inscribe en lo que siempre se pregona, pero que no pasa de ser un enunciado que en realidad no se corresponde con la verdad.

La JCE todavía es un verdadero desastre, aunque en asuntos puntuales parece haber cumplido con algunas formalidades, como, por ejemplo, unas votaciones relativamente ordenadas, lo cual es un logro de hace ya muchos años.

Pero hablar de avances democráticos evidentemente que es una cuestión relativa, porque este sistema luce muy rezagado y para hacer un análisis realista de la democracia habría que tomar en cuenta muchas otras aristas.

La verdad es que la democracia dominicana es todavía muy de papel, la cual entraña una serie de falencias que muy difícilmente con el comportamiento que tienen los actores políticos se pueda llegar a un punto en el que se acabe la frase más común en el país de que el modelo político avanza y se fortalece.

Escuchar afirmaciones como las de Román Jáquez confirma de que el país sólo sabe manejarse con la creación de una percepción que representa un verdadero engaño, una mentira.

Hay que ser muy atrevido para hablar de un proceso electoral enteramente democrático, transparente e íntegro, cuando todo el mundo sabe que el mismo está lleno de trampas, de compra de votos y de todo tipo de fraudes.

La Junta Central Electoral (JCE) está llena de tantas deficiencias que tal vez sea una de las peores instancias de la débil democracia nacional.

Ahí es muy poco el control que existe, tanto es así que su funcionamiento representa una vergüenza nacional, donde no hay control de nada, absolutamente de nada, a menos que no sea de la organización puntual de unas elecciones llenas de problemas.

Hay que parar que se digan cosas que cuando se ven en los medios de comunicación no deja otra impresión de que el dominicano nada en la mentira y la manipulación.

Cuando la JCE examine y proceda en contra de los que más dañan el sistema electoral y toda la democracia, entonces se podrá usar el lenguaje de que el país camina hacia una forma más creíble y de mayor fortalecimiento institucional.

De otra manera se trata de una verdadera vacuencia, que nadie cree y que los resultados son el mejor desmentido de una democracia que sólo existe en el papel, no en los hechos.

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Opinión

República Dominicana: Por ahora… un país a la deriva

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Por Isaías Ramos

Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha disfrutado de un supuesto crecimiento económico notable, impulsado por las remesas de los dominicanos en el exterior, un endeudamiento preocupante, una economía de vitrina, el auge del turismo y las zonas francas. Sin embargo, este «progreso» no ha sido suficiente para superar las vulnerabilidades estructurales de una economía extremadamente dependiente del entorno internacional.

La industria nacional, incapaz de convertirse en competitiva a nivel internacional o de satisfacer la demanda interna, sufre debido a un suministro eléctrico caro e ineficaz, leyes laborales que parecen reliquias del pasado y un sistema de seguridad social ajeno al bienestar colectivo. Esto refleja la falta de voluntad política para buscar un desarrollo económico y social que beneficie a la mayoría del pueblo dominicano. Un claro ejemplo de esto es la Ley de Educación (66-97), que, aunque virtuosa y creadora de grandes expectativas, finalmente solo ha dejado decepción y frustración en la población.

No obstante, es en la Ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se plasma la visión de país que aspiramos construir antes del año 2030: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y Democrático de Derecho, y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, gestionando y aprovechando sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, y se inserta competitivamente en la economía global”.

Esta estrategia de desarrollo, elaborada desde el 2008 y convertida en ley en el 2012, a pesar de estar sustentada en el espíritu de un Estado Social y Democrático de Derecho, permite abrir ventanas a un neoliberalismo que ha logrado imponerse, bloqueando toda posibilidad de promover e implementar la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.

A esto se suma un alarmante endeudamiento, una educación que ha dado la espalda a la formación en principios cívicos y valores morales, exacerbada por métodos de perversión, una inseguridad ciudadana desbordada y un sistema de impunidad que perpetúa la corrupción a niveles alarmantes, debilitando la confianza en las instituciones.

Ante este panorama, el gobierno actual ha propuesto 12 reformas, la mayoría ya contempladas en dicha ley. Es imperativo para el gobierno, antes de llevar a cabo la mayoría de estas reformas, restaurar la credibilidad del Estado y ganar la confianza de los ciudadanos con medidas y reformas reales hacia el bienestar colectivo.

Reformas como el código laboral, la seguridad social y del sector eléctrico para adecuarlas al Estado Social y Democrático de Derecho son impostergables con el objetivo de evitar continuar profundizando la miseria y el endeudamiento económico y social al que este modelo neoliberal ha sometido a la población.

Desde el Frente Cívico y Social entendemos que un Estado Social y Democrático de Derecho no es compatible con un modelo económico neoliberal; por lo tanto, las reformas contempladas en la Ley 1-12 deben realizarse acorde a ese espíritu constitucional y a esa visión del país que todos soñamos vivir, y así encaminar a la nación hacia un futuro próspero y equitativo. ¡Es el momento de demostrar que podemos construir ese país que no solo «crezca», sino que también mejore la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos!

¡Despierta, RD!

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Opinión

Los Derechos del Acusado ante la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

El desarrollo de una norma internacional de derecho esta obviamente centrado en el  enjuiciamiento de los supuestos criminales de guerra, el cual se traduce en el apoyo  a un proceso  penal fuerte e independiente.

La implementación de una norma de derecho esta igualmente fundamentada, sin embargo , en la manera en que las personas acusadas  son llevadas ante la Corte Penal Internacional. El proceso  para alcanzar el objetivo  incluye la garantía de un  debido proceso  para todas las personas acusadas.

Es por esta razón que es necesario crear un proceso de defensa  fuerte e independiente. La garantía de los derechos del imputado  es esencial para el establecimiento de un  proceso de defensa  fuerte, y los Estados  Partes podrían necesitar adaptar ciertos aspectos de sus sistemas de justicia penal en el futuro, para asegurar  que sus prácticas referentes a los imputados  tomen en cuenta la jurisprudencia de la CPI en esta área. Delo contrario podrían amenazar la integridad del proceso y perjudicar el trabajo futuro de la CPI.

Uno de los objetivos del sistema  internacional de justicia penal es apoyar la reconciliación entre las personas  y evitar los actos de retribución  colectiva. Para que esto suceda ,  los procedimientos de juicio  deberán respetar los derechos  del acusado, garantizando el empleo de todos los medios de defensa de los cuales tienen derecho  de hacer uso.

Deberá haber un debido proceso , o los miembros del grupo de la persona  acusada se percibirán  ultrajados por un sistema de justicia que no es más que un frente de venganza organizada.

Los artículos 55 y 67 del Estatuto de Roma enumeran los derechos generales de las personas acusadas, y  estos derechos afectan  los procedimientos de competencia del Estado de detención  o custodia.

Los derechos y las obligaciones  que se mencionara están estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,y particularmente garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales son obligatorios para la mayoría de los Estados  Miembros de las Naciones Unidas.

El artículo 67 del Estatuto de Roma establece claramente que deberá existir plena igualdad entre la defensa y la Fiscalía en cualquier proceso ante la Corte Penal Internacional. Por ende, el Estatuto de Roma enfatiza el principio de igualdad de poderes.

A la luz de los derechos del sospechoso establecidos tanto en el artículo 55 como en el artículo 67 del Estatuto de Roma, es esencial para llevar a cabo un procedimiento justo  y efectivo que se garanticen y protejan  estos derechos a lo largo de todo el proceso.

Es recomendable que al arrestar o detener a  una persona el Estado respete todos los derechos estipulados en el artículo 55 para que se garantice el debido proceso, y se evite agravar el proceso en el caso de una revisión  judicial.

El artículo 54 del Estatuto de Roma establece que el Fiscal deberá respetar plenamente los derechos de las personas dispuestos por el Estatuto. Esto significa que las autoridades locales deberán cooperar plenamente con la Fiscalía durante las investigaciones en el lugar de los hechos, y cumplir con cualquier requisito que permita que la investigación descubra tanto prueba vinculante como exculparte para presentar ante la CPI.

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