Nacionales
La CIDH recibe en dos días más de dos mil denuncias de violaciones
Reconoci.do llamó a no acoger plan regularización extranjeros
SANTO DOMINGO. En el segundo día de trabajo de la delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el país, ya superan los dos mil casos, entre denuncias, testimonios y peticiones que han sido elevadas por descendientes de haitianos, quienes ha movilizado cuadros de familias completas a los centros de recepción para exponer la situación que les ha generado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
Ayer, al igual que el pasado lunes, decenas de minibuses del transporte público se apostaban desde las 8:00 de la mañana, en la avenida George Washington, de la Capital, donde está ubicado el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lugar que funciona como centro de operaciones de la CIDH. Decenas de mujeres, muchas con niños recién nacidos, fueron llevados al lugar en compañía de otros hijos, a exponer su situación, quienes recibían orientaciones de grupos y Ongs pro haitianos.
A los denunciantes, que en todo momento mantuvieron el orden, se les proporcionaba un asiento y un número para ser atendidos. En el ínterin recibían agua y comida, así como disponían de baños portátiles donde podían hacer sus necesidades.
La mayoría de los afectados acudía al lugar con un formulario preelaborado con un encabezado del Movimiento Reconoci.do, donde registraban sus datos personales.
«Doy fe que esta situación ha afectado mi vida y la de mi familia, y ha sido agravada por la sentencia del Tribunal Constitucional No.168-13 del 23 de septiembre de 2013. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actué conforme a sus atribuciones, y vele por la tutela efectiva de nuestros derechos ante el Estado dominicano para que sean restituidos de acuerdo a la Constitución y los acuerdos internacionales de Derechos Humanos de la que somos parte», aduce el documento que es firmado por el afectado y entregado a los miembros de la CIDH.
La delegación del organismo internacional ayer también sostuvo reuniones en la Cancillería y el Congreso Nacional.
No al Plan
La coordinadora del Movimiento Reconoci.do, Ana María Belique, llamó a los descendientes de haitianos que porten documentos de identidad dominicano a no acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros puesto en marcha por el Gobierno.
«Si usted nació en República Dominicana y no es extranjero, no tiene que someterse a un plan de regulación y mucho menos si tiene un documento de identidad electoral o acta de nacimiento», refirió al comparecer al centro de recepción de denuncias de la CIDH.
Tras elevar su caso ante los miembros del organismo internacional enfatizó que sólo quienes se consideren extranjeros deben ajustarse a dicho plan.
En ese sentido, pidió a quienes consideran que su vida se ha visto suspendida por la sentencia del TC sobre la nacionalidad a acudir ante la comisión a realizar su denuncia.
Destinos y abogados
Los descendientes de haitianos procedían ayer de diferentes puntos del Distrito Nacional y la provincia de Monte Plata. Al ser cuestionados, decenas señalaban que venían de Gonzalo, Majagual, Guazumita, Sabana Grande de Boyá, El Cañón, en Monte Plata, así como de Caballona, Villa Mella y Los Alcarrizos en el DN. Fueron atendidos por la delegación de la CIDH compuesta por los expertos: Sofía Galván (México), Martha Tavares (Venezuela), Yuri Romaña y Catalina Martínez (colombianas).
«Es un show»
El profesor de la UASD, Manuel Pérez Martínez, acusó a la CIDH de ser falsa porque no permite el derecho primario de la información. «Es un show, un espectáculo de mal gusto, esto es increíble, exigiéndole a la República Dominicana que asumamos Haití», enfatizó al tiempo de desvincular a la UASD de las actividades que realizan en el país.
«Falta respeto»
Victoria Bacilio, una de las denunciantes, dijo que les fueron retenidos sus documentos de identidad, como cédula y pasaporte por el simple hecho de ser descendiente de haitianos.
«Eso me afecta psicológicamente, pretendía salir del país y no pude, yo veo todo como una falta de respeto, pues no soy extranjera», apuntó.
«Vengo a apoyar»
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acudió ayer al centro de recepción de las denuncias para externar su apoyo y orientaciones a los afectados. Indicó que los representantes de la entidad están dando asistencias a afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
Agenda de hoy
Las denuncias se recibirán en San Pedro de Macorís: de 9:00 a 11:00 de la mañana: Centro Jesús Peregrino (Ascala).
La Romana: de 5:30 a 6:30 de la tarde: Salón Multiuso de Guaymate
Dajabón: de 12:00 del mediodía a 1:00 de la tarde: Sede de Solidaridad Fronteriza.
Valverde: de 3:00 a 4:30 de la tarde: Escuela Primaria de la Fundación Yspaniola, Batey Libertad, Mao
Jimaní: de 10:00 a 11:00 de la mañana: salón Comunal, Boca de Cachón, Jimaní.
Bahoruco: de 1:30 a 4:00 de la tarde: salon de reuniones de Plataforma Vida, Batey 6, municipio de Tamayo.
Casos al margen de la nacionalidad llegan ante la CIDH
SD. La presencia de la delegación de miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dio paso a que personas al margen del tema de la nacionalidad acudieran ayer a realizar sus denuncias.
Es el caso de la suspendida jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Santa Moreno, quien planteó ante los abogados del organismo internacional que fue retirada del cargo luego de que reclamara un ascenso de ley. Explicó que tras agotar varios procedimientos judiciales sin obtener respuestas decidió presentar el caso ante la CIDH por considerarlo una violación a sus derechos.
También está Ramón Méndez Marcano, ingenierlo mecánico, quien denunció a una telefónica por no responderle en torno a un caso de usurpación de identidad. Dijo que un desaprensivo, utilizando su nombre y cédula de identidad contrató servicios y luego dejó una deuda pendiente, la que intentaron cobrarle.
A ellos se suma el caso del ex mayor Daniel Polanco, quien acusó a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales de apropiarse de unos terrenos y resistirse a retribuirlo económicamente. Se tratan de 10 mil metros cuadrados ubicados en el kilómetro 11 de la autopista Las Américas.
Diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.