Nacionales
La CIDH recibe en dos días más de dos mil denuncias de violaciones
Reconoci.do llamó a no acoger plan regularización extranjeros
SANTO DOMINGO. En el segundo día de trabajo de la delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el país, ya superan los dos mil casos, entre denuncias, testimonios y peticiones que han sido elevadas por descendientes de haitianos, quienes ha movilizado cuadros de familias completas a los centros de recepción para exponer la situación que les ha generado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
Ayer, al igual que el pasado lunes, decenas de minibuses del transporte público se apostaban desde las 8:00 de la mañana, en la avenida George Washington, de la Capital, donde está ubicado el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lugar que funciona como centro de operaciones de la CIDH. Decenas de mujeres, muchas con niños recién nacidos, fueron llevados al lugar en compañía de otros hijos, a exponer su situación, quienes recibían orientaciones de grupos y Ongs pro haitianos.
A los denunciantes, que en todo momento mantuvieron el orden, se les proporcionaba un asiento y un número para ser atendidos. En el ínterin recibían agua y comida, así como disponían de baños portátiles donde podían hacer sus necesidades.
La mayoría de los afectados acudía al lugar con un formulario preelaborado con un encabezado del Movimiento Reconoci.do, donde registraban sus datos personales.
«Doy fe que esta situación ha afectado mi vida y la de mi familia, y ha sido agravada por la sentencia del Tribunal Constitucional No.168-13 del 23 de septiembre de 2013. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actué conforme a sus atribuciones, y vele por la tutela efectiva de nuestros derechos ante el Estado dominicano para que sean restituidos de acuerdo a la Constitución y los acuerdos internacionales de Derechos Humanos de la que somos parte», aduce el documento que es firmado por el afectado y entregado a los miembros de la CIDH.
La delegación del organismo internacional ayer también sostuvo reuniones en la Cancillería y el Congreso Nacional.
No al Plan
La coordinadora del Movimiento Reconoci.do, Ana María Belique, llamó a los descendientes de haitianos que porten documentos de identidad dominicano a no acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros puesto en marcha por el Gobierno.
«Si usted nació en República Dominicana y no es extranjero, no tiene que someterse a un plan de regulación y mucho menos si tiene un documento de identidad electoral o acta de nacimiento», refirió al comparecer al centro de recepción de denuncias de la CIDH.
Tras elevar su caso ante los miembros del organismo internacional enfatizó que sólo quienes se consideren extranjeros deben ajustarse a dicho plan.
En ese sentido, pidió a quienes consideran que su vida se ha visto suspendida por la sentencia del TC sobre la nacionalidad a acudir ante la comisión a realizar su denuncia.
Destinos y abogados
Los descendientes de haitianos procedían ayer de diferentes puntos del Distrito Nacional y la provincia de Monte Plata. Al ser cuestionados, decenas señalaban que venían de Gonzalo, Majagual, Guazumita, Sabana Grande de Boyá, El Cañón, en Monte Plata, así como de Caballona, Villa Mella y Los Alcarrizos en el DN. Fueron atendidos por la delegación de la CIDH compuesta por los expertos: Sofía Galván (México), Martha Tavares (Venezuela), Yuri Romaña y Catalina Martínez (colombianas).
«Es un show»
El profesor de la UASD, Manuel Pérez Martínez, acusó a la CIDH de ser falsa porque no permite el derecho primario de la información. «Es un show, un espectáculo de mal gusto, esto es increíble, exigiéndole a la República Dominicana que asumamos Haití», enfatizó al tiempo de desvincular a la UASD de las actividades que realizan en el país.
«Falta respeto»
Victoria Bacilio, una de las denunciantes, dijo que les fueron retenidos sus documentos de identidad, como cédula y pasaporte por el simple hecho de ser descendiente de haitianos.
«Eso me afecta psicológicamente, pretendía salir del país y no pude, yo veo todo como una falta de respeto, pues no soy extranjera», apuntó.
«Vengo a apoyar»
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acudió ayer al centro de recepción de las denuncias para externar su apoyo y orientaciones a los afectados. Indicó que los representantes de la entidad están dando asistencias a afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
Agenda de hoy
Las denuncias se recibirán en San Pedro de Macorís: de 9:00 a 11:00 de la mañana: Centro Jesús Peregrino (Ascala).
La Romana: de 5:30 a 6:30 de la tarde: Salón Multiuso de Guaymate
Dajabón: de 12:00 del mediodía a 1:00 de la tarde: Sede de Solidaridad Fronteriza.
Valverde: de 3:00 a 4:30 de la tarde: Escuela Primaria de la Fundación Yspaniola, Batey Libertad, Mao
Jimaní: de 10:00 a 11:00 de la mañana: salón Comunal, Boca de Cachón, Jimaní.
Bahoruco: de 1:30 a 4:00 de la tarde: salon de reuniones de Plataforma Vida, Batey 6, municipio de Tamayo.
Casos al margen de la nacionalidad llegan ante la CIDH
SD. La presencia de la delegación de miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dio paso a que personas al margen del tema de la nacionalidad acudieran ayer a realizar sus denuncias.
Es el caso de la suspendida jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Santa Moreno, quien planteó ante los abogados del organismo internacional que fue retirada del cargo luego de que reclamara un ascenso de ley. Explicó que tras agotar varios procedimientos judiciales sin obtener respuestas decidió presentar el caso ante la CIDH por considerarlo una violación a sus derechos.
También está Ramón Méndez Marcano, ingenierlo mecánico, quien denunció a una telefónica por no responderle en torno a un caso de usurpación de identidad. Dijo que un desaprensivo, utilizando su nombre y cédula de identidad contrató servicios y luego dejó una deuda pendiente, la que intentaron cobrarle.
A ellos se suma el caso del ex mayor Daniel Polanco, quien acusó a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales de apropiarse de unos terrenos y resistirse a retribuirlo económicamente. Se tratan de 10 mil metros cuadrados ubicados en el kilómetro 11 de la autopista Las Américas.
Diariolibre.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.