Nacionales
La CIDH recibe en dos días más de dos mil denuncias de violaciones
Reconoci.do llamó a no acoger plan regularización extranjeros
SANTO DOMINGO. En el segundo día de trabajo de la delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el país, ya superan los dos mil casos, entre denuncias, testimonios y peticiones que han sido elevadas por descendientes de haitianos, quienes ha movilizado cuadros de familias completas a los centros de recepción para exponer la situación que les ha generado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
Ayer, al igual que el pasado lunes, decenas de minibuses del transporte público se apostaban desde las 8:00 de la mañana, en la avenida George Washington, de la Capital, donde está ubicado el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lugar que funciona como centro de operaciones de la CIDH. Decenas de mujeres, muchas con niños recién nacidos, fueron llevados al lugar en compañía de otros hijos, a exponer su situación, quienes recibían orientaciones de grupos y Ongs pro haitianos.
A los denunciantes, que en todo momento mantuvieron el orden, se les proporcionaba un asiento y un número para ser atendidos. En el ínterin recibían agua y comida, así como disponían de baños portátiles donde podían hacer sus necesidades.
La mayoría de los afectados acudía al lugar con un formulario preelaborado con un encabezado del Movimiento Reconoci.do, donde registraban sus datos personales.
«Doy fe que esta situación ha afectado mi vida y la de mi familia, y ha sido agravada por la sentencia del Tribunal Constitucional No.168-13 del 23 de septiembre de 2013. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actué conforme a sus atribuciones, y vele por la tutela efectiva de nuestros derechos ante el Estado dominicano para que sean restituidos de acuerdo a la Constitución y los acuerdos internacionales de Derechos Humanos de la que somos parte», aduce el documento que es firmado por el afectado y entregado a los miembros de la CIDH.
La delegación del organismo internacional ayer también sostuvo reuniones en la Cancillería y el Congreso Nacional.
No al Plan
La coordinadora del Movimiento Reconoci.do, Ana María Belique, llamó a los descendientes de haitianos que porten documentos de identidad dominicano a no acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros puesto en marcha por el Gobierno.
«Si usted nació en República Dominicana y no es extranjero, no tiene que someterse a un plan de regulación y mucho menos si tiene un documento de identidad electoral o acta de nacimiento», refirió al comparecer al centro de recepción de denuncias de la CIDH.
Tras elevar su caso ante los miembros del organismo internacional enfatizó que sólo quienes se consideren extranjeros deben ajustarse a dicho plan.
En ese sentido, pidió a quienes consideran que su vida se ha visto suspendida por la sentencia del TC sobre la nacionalidad a acudir ante la comisión a realizar su denuncia.
Destinos y abogados
Los descendientes de haitianos procedían ayer de diferentes puntos del Distrito Nacional y la provincia de Monte Plata. Al ser cuestionados, decenas señalaban que venían de Gonzalo, Majagual, Guazumita, Sabana Grande de Boyá, El Cañón, en Monte Plata, así como de Caballona, Villa Mella y Los Alcarrizos en el DN. Fueron atendidos por la delegación de la CIDH compuesta por los expertos: Sofía Galván (México), Martha Tavares (Venezuela), Yuri Romaña y Catalina Martínez (colombianas).
«Es un show»
El profesor de la UASD, Manuel Pérez Martínez, acusó a la CIDH de ser falsa porque no permite el derecho primario de la información. «Es un show, un espectáculo de mal gusto, esto es increíble, exigiéndole a la República Dominicana que asumamos Haití», enfatizó al tiempo de desvincular a la UASD de las actividades que realizan en el país.
«Falta respeto»
Victoria Bacilio, una de las denunciantes, dijo que les fueron retenidos sus documentos de identidad, como cédula y pasaporte por el simple hecho de ser descendiente de haitianos.
«Eso me afecta psicológicamente, pretendía salir del país y no pude, yo veo todo como una falta de respeto, pues no soy extranjera», apuntó.
«Vengo a apoyar»
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acudió ayer al centro de recepción de las denuncias para externar su apoyo y orientaciones a los afectados. Indicó que los representantes de la entidad están dando asistencias a afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
Agenda de hoy
Las denuncias se recibirán en San Pedro de Macorís: de 9:00 a 11:00 de la mañana: Centro Jesús Peregrino (Ascala).
La Romana: de 5:30 a 6:30 de la tarde: Salón Multiuso de Guaymate
Dajabón: de 12:00 del mediodía a 1:00 de la tarde: Sede de Solidaridad Fronteriza.
Valverde: de 3:00 a 4:30 de la tarde: Escuela Primaria de la Fundación Yspaniola, Batey Libertad, Mao
Jimaní: de 10:00 a 11:00 de la mañana: salón Comunal, Boca de Cachón, Jimaní.
Bahoruco: de 1:30 a 4:00 de la tarde: salon de reuniones de Plataforma Vida, Batey 6, municipio de Tamayo.
Casos al margen de la nacionalidad llegan ante la CIDH
SD. La presencia de la delegación de miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dio paso a que personas al margen del tema de la nacionalidad acudieran ayer a realizar sus denuncias.
Es el caso de la suspendida jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Santa Moreno, quien planteó ante los abogados del organismo internacional que fue retirada del cargo luego de que reclamara un ascenso de ley. Explicó que tras agotar varios procedimientos judiciales sin obtener respuestas decidió presentar el caso ante la CIDH por considerarlo una violación a sus derechos.
También está Ramón Méndez Marcano, ingenierlo mecánico, quien denunció a una telefónica por no responderle en torno a un caso de usurpación de identidad. Dijo que un desaprensivo, utilizando su nombre y cédula de identidad contrató servicios y luego dejó una deuda pendiente, la que intentaron cobrarle.
A ellos se suma el caso del ex mayor Daniel Polanco, quien acusó a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales de apropiarse de unos terrenos y resistirse a retribuirlo económicamente. Se tratan de 10 mil metros cuadrados ubicados en el kilómetro 11 de la autopista Las Américas.
Diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.