Análisis Noticiosos
La clase media dominicana con alto nivel de pobreza
Por Juan Bolívar Díaz
La propaganda gubernamental, incrementada por el proyecto de reelección total, proclama la reducción de la pobreza al 26 por ciento basado en una metodología que sólo toma en cuenta los niveles mínimos de ingresos, ignorando otras factores no monetarios como las condiciones generales de vida, y particularmente la calidad de los servicios.
Pero aún en los niveles del ingreso, esa conclusión entra en contradicción hasta con estudios recientes del Banco Central y múltiples diagnósticos públicos y privados sobre el empleo, así como con el último informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que en enero estimó la pobreza dominicana en 40.7 por ciento.
Gran caída de la pobreza
El Ministerio de Economía sorprendió al país la semana pasada cuando hizo público un estudio sobre “Evolución de la población de la RD por estratos de ingresos en 2005-2015″, basado únicamente en una metodología del Banco Mundial para analizar los niveles de salarios e ignorando otros factores, como las condiciones generales de vida, aunque hace décadas el crecimiento económico y la pobreza no se miden por las simples estadísticas del ingreso per cápita y los indicadores monetarios que diluyen las extremas desigualdades.
La principal conclusión del informe oficial es que, atendiendo a los niveles de ingreso, ya la sociedad dominicana es mayoritariamente de clase media, con un ingreso por persona en una franja demasiado amplia, de 10 a 50 dólares diarios. O sea que quien recibe 10 mil 278 pesos al mes es tan clase media como el de 51 mil 390 pesos.
Pero lo más fabuloso es que el documento plantea que entre septiembre del 2012 y marzo del 2015, es decir en dos años y medio, la población pobre se redujo del 34.6 al 25.9 es decir en 8.7 puntos porcentuales. Y que en casi la misma proporción se incrementó la clase media que habría pasado del 20.7 al 28.9 por ciento. Esas cifras representan una reducción anual de la pobreza de 3.48 puntos porcentuales, sin duda un récord mundial.
Danilo para siempre
Si esas conclusiones fueran ciertas, y ojalá, al presidente Danilo Medina no sólo se le debería elegir para otro período de gobierno, sino para dos, porque en 75 meses habrá desaparecido por completo la pobreza que durante siglos ha agobiado a la sociedad dominicana, y que hasta ahora la dejan en los últimos escalones del desarrollo humano en el continente. Y como en los tiempos del benefactor de la patria, el generalísimo Trujillo, tendría justificación la proclama de Danilo siempre.
Ese cálculo debe ser hermano gemelo del informe publicado en abril por la dirección del Fondo de Desarrollo Agropecuario, según el cual con un desembolso de 1,812 millones de pesos, de 2,273 millones comprometidos en ese sector por las “visitas sorpresas del presidente”, se habían creado 150,383 empleos, 44 mil 511 directos y 105 mil 872 indirectos. Eso implica que se generó un empleo por cada 12 mil pesos invertidos, lo que significa que con mil millones de dólares, de los 35 mil millones que ya debe el Estado, se habría erradicado el 14.5 por ciento de pleno desempleo y otro tanto de subempleo, y el país estaría formando parte del primer mundo, superando a los europeos, con pleno empleo.
El tremendo optimismo en la reducción de la pobreza nacional contrasta con innumerables informes de los últimos años del mismo Banco Mundial, de la CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, y de instituciones nacionales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles sobre la calidad del empleo, todavía más de la mitad informal, los niveles salariales y las condiciones de los servicios básicos.
Contradice al Banco Central
Esas conclusiones contradicen hasta los estimados del Banco Central, que ahora debería ser reivindicado por quienes le acusan sistemáticamente de maquillar las estadísticas. Este mismo mes, el gobernador Héctor Valdez Albizu sostuvo en una conferencia que el salario real dominicano se encuentra en el mismo poder adquisitivo del 1991, es decir, de hace 24 años, casi un cuarto de siglo y seis períodos gubernamentales. Y se quejaba de que genera pobreza y delincuencia, contrastando que sin embargo la productividad se había elevado en el período en 65.5 por ciento. Eso es dramática concentración del ingreso, que desvirtúa las estimaciones per cápita.
En la “Primera Encuesta de Crecimiento Económico y Financiero de RD 2014″, publicada en noviembre, el mismo Banco Central sostuvo que el 59.7 por ciento de los hogares (no de las personas) recibe ingresos de 18 mil pesos o menos, situando el ingreso promedio por hogares en 19 mil 409 pesos. Eso cuando el mismo BC calcula el promedio del costo de la canasta familiar al 2015 en 27 mil 968 pesos, lo que significa que la mayoría sólo alcanza a cubrir el 69 por ciento de las necesidades básicas.
El ingreso promedio de los hogares sólo cubre el costo de la canasta familiar de los dos quintiles más pobres de los cinco en que se estratifica la población. El más bajo es de 12 mil 756 pesos mensuales, y el siguiente de 18 mil 230. Ya el tercero, de 22 mil 373 pesos, rebasa el promedio del costo.
El último informe de la CEPAL
Para hablar de pobreza la metodología de la CEPAL, con medio siglo de crédito, es mucho más creíble que la del simple nivel salarial, pues evalúa el empleo, la protección social, servicios y sobre todo el rezago educativo, en lo que el Foro Económico Mundial deja al país entre los últimos diez al evaluar 144 países. Se refiere al “núcleo de indicadores de carencias críticas en las condiciones de vida correspondientes al método clásico de las necesidades básicas insatisfechas”, como explica en su “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado en enero pasado.
Ese informe estima la pobreza dominicana en 40.7 por ciento, con 20.2 por ciento de indigentes, cuando los promedios latinoamericanos son de 28 y 20 por ciento. El país está entre los tres peores de los 17 evaluados, en una región que se tomó 34 años, entre 1980 y 2014, para reducir la pobreza promedio en 12 puntos, apenas un tercio más de lo que se atribuye el gobierno dominicano en 30 meses. Entre 2013 y 2014 la CEPAL reconoce disminución de la pobreza, pero sólo de 0.5 por ciento, del 41.2 al 40.7 por ciento.
Los límites del espacio no permiten citar otros estudios de los últimos años donde se revela lo que está a la vista de todos, la dramática pobreza de la familia dominicana, al mismo tiempo que el país registra un alto crecimiento económico, contradicción explicable en la concentración del ingreso, la corrupción y la mala calidad del gasto público.
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.