Análisis Noticiosos
La clase media dominicana con alto nivel de pobreza
Por Juan Bolívar Díaz
La propaganda gubernamental, incrementada por el proyecto de reelección total, proclama la reducción de la pobreza al 26 por ciento basado en una metodología que sólo toma en cuenta los niveles mínimos de ingresos, ignorando otras factores no monetarios como las condiciones generales de vida, y particularmente la calidad de los servicios.
Pero aún en los niveles del ingreso, esa conclusión entra en contradicción hasta con estudios recientes del Banco Central y múltiples diagnósticos públicos y privados sobre el empleo, así como con el último informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que en enero estimó la pobreza dominicana en 40.7 por ciento.
Gran caída de la pobreza
El Ministerio de Economía sorprendió al país la semana pasada cuando hizo público un estudio sobre “Evolución de la población de la RD por estratos de ingresos en 2005-2015″, basado únicamente en una metodología del Banco Mundial para analizar los niveles de salarios e ignorando otros factores, como las condiciones generales de vida, aunque hace décadas el crecimiento económico y la pobreza no se miden por las simples estadísticas del ingreso per cápita y los indicadores monetarios que diluyen las extremas desigualdades.
La principal conclusión del informe oficial es que, atendiendo a los niveles de ingreso, ya la sociedad dominicana es mayoritariamente de clase media, con un ingreso por persona en una franja demasiado amplia, de 10 a 50 dólares diarios. O sea que quien recibe 10 mil 278 pesos al mes es tan clase media como el de 51 mil 390 pesos.
Pero lo más fabuloso es que el documento plantea que entre septiembre del 2012 y marzo del 2015, es decir en dos años y medio, la población pobre se redujo del 34.6 al 25.9 es decir en 8.7 puntos porcentuales. Y que en casi la misma proporción se incrementó la clase media que habría pasado del 20.7 al 28.9 por ciento. Esas cifras representan una reducción anual de la pobreza de 3.48 puntos porcentuales, sin duda un récord mundial.
Danilo para siempre
Si esas conclusiones fueran ciertas, y ojalá, al presidente Danilo Medina no sólo se le debería elegir para otro período de gobierno, sino para dos, porque en 75 meses habrá desaparecido por completo la pobreza que durante siglos ha agobiado a la sociedad dominicana, y que hasta ahora la dejan en los últimos escalones del desarrollo humano en el continente. Y como en los tiempos del benefactor de la patria, el generalísimo Trujillo, tendría justificación la proclama de Danilo siempre.
Ese cálculo debe ser hermano gemelo del informe publicado en abril por la dirección del Fondo de Desarrollo Agropecuario, según el cual con un desembolso de 1,812 millones de pesos, de 2,273 millones comprometidos en ese sector por las “visitas sorpresas del presidente”, se habían creado 150,383 empleos, 44 mil 511 directos y 105 mil 872 indirectos. Eso implica que se generó un empleo por cada 12 mil pesos invertidos, lo que significa que con mil millones de dólares, de los 35 mil millones que ya debe el Estado, se habría erradicado el 14.5 por ciento de pleno desempleo y otro tanto de subempleo, y el país estaría formando parte del primer mundo, superando a los europeos, con pleno empleo.
El tremendo optimismo en la reducción de la pobreza nacional contrasta con innumerables informes de los últimos años del mismo Banco Mundial, de la CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, y de instituciones nacionales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles sobre la calidad del empleo, todavía más de la mitad informal, los niveles salariales y las condiciones de los servicios básicos.
Contradice al Banco Central
Esas conclusiones contradicen hasta los estimados del Banco Central, que ahora debería ser reivindicado por quienes le acusan sistemáticamente de maquillar las estadísticas. Este mismo mes, el gobernador Héctor Valdez Albizu sostuvo en una conferencia que el salario real dominicano se encuentra en el mismo poder adquisitivo del 1991, es decir, de hace 24 años, casi un cuarto de siglo y seis períodos gubernamentales. Y se quejaba de que genera pobreza y delincuencia, contrastando que sin embargo la productividad se había elevado en el período en 65.5 por ciento. Eso es dramática concentración del ingreso, que desvirtúa las estimaciones per cápita.
En la “Primera Encuesta de Crecimiento Económico y Financiero de RD 2014″, publicada en noviembre, el mismo Banco Central sostuvo que el 59.7 por ciento de los hogares (no de las personas) recibe ingresos de 18 mil pesos o menos, situando el ingreso promedio por hogares en 19 mil 409 pesos. Eso cuando el mismo BC calcula el promedio del costo de la canasta familiar al 2015 en 27 mil 968 pesos, lo que significa que la mayoría sólo alcanza a cubrir el 69 por ciento de las necesidades básicas.
El ingreso promedio de los hogares sólo cubre el costo de la canasta familiar de los dos quintiles más pobres de los cinco en que se estratifica la población. El más bajo es de 12 mil 756 pesos mensuales, y el siguiente de 18 mil 230. Ya el tercero, de 22 mil 373 pesos, rebasa el promedio del costo.
El último informe de la CEPAL
Para hablar de pobreza la metodología de la CEPAL, con medio siglo de crédito, es mucho más creíble que la del simple nivel salarial, pues evalúa el empleo, la protección social, servicios y sobre todo el rezago educativo, en lo que el Foro Económico Mundial deja al país entre los últimos diez al evaluar 144 países. Se refiere al “núcleo de indicadores de carencias críticas en las condiciones de vida correspondientes al método clásico de las necesidades básicas insatisfechas”, como explica en su “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado en enero pasado.
Ese informe estima la pobreza dominicana en 40.7 por ciento, con 20.2 por ciento de indigentes, cuando los promedios latinoamericanos son de 28 y 20 por ciento. El país está entre los tres peores de los 17 evaluados, en una región que se tomó 34 años, entre 1980 y 2014, para reducir la pobreza promedio en 12 puntos, apenas un tercio más de lo que se atribuye el gobierno dominicano en 30 meses. Entre 2013 y 2014 la CEPAL reconoce disminución de la pobreza, pero sólo de 0.5 por ciento, del 41.2 al 40.7 por ciento.
Los límites del espacio no permiten citar otros estudios de los últimos años donde se revela lo que está a la vista de todos, la dramática pobreza de la familia dominicana, al mismo tiempo que el país registra un alto crecimiento económico, contradicción explicable en la concentración del ingreso, la corrupción y la mala calidad del gasto público.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.