Editorial
La coacción y el chantaje en una democracia de Papel.
La República Dominicana cada día se proyecta como una sociedad que asumió con mucha seriedad el surgimiento de su vida republicana sobre la base de la mentira y la falsedad.
Esto así, porque la República Dominicana asumió como modelo de gobierno la llamada democracia representativa, pese a que ésta es propia de naciones altamente desarrolladas.
A partir de ahí hemos sido una estafa, donde todo se asume a partir de un discurso que regularmente se estructura sobre la base de la mentira.
Esa retorica ha prevalecido por décadas, lo cual ha permitido el surgimiento o el establecimiento de una cultura del fraude y de la mentira.
Regularmente nos meten gatos por liebres, porque siempre se parte de una retórica estructurada y fundamentada en el fraude y la mentira.
Un fraude y una mentira institucionalizada, como la llamada democracia representativa, en la que los representantes de la sociedad no son más que estafadores vulgares, que no responden en absolutamente lo más mínimo a los intereses del votante.
Por eso tenemos un Congreso Nacional lleno de delincuentes más que representantes de las comunidades que los han llevado al Poder Legislativo, el primero del Estado.
No sorprende que en el país no hayan acciones contundentes en contra de los que coaccionan y chantajean para obligar a los empleados públicos a depositar el voto por el candidato de lo mal hecho.
Si las cosas fueran diferentes en la República Dominicana hoy tuviéramos a muchos de los que administran la cosa pública en el banquillo de los acusados y tal vez condenados por su conducta y su agresión al sistema democrático.
Sin embargo, lo que se ve es que muy difícilmente en el país habrá una sanción severa para los que apuestan a que sigamos con una caricatura de democracia, que más que otra cosa es una especie de bochorno para los que conocen los avances logrados en otros lugares del mundo.
En el país muy poco importa la ley y el orden, porque el poder aparente o real puede más que todo e incluso para doblegar a los que tienen la misión de que el ordenamiento jurídico prevalezca por encima de los delincuentes y de aquellos que se apoyan en la cultura de lo mal hecho para perpetuarse en el manejo del patrimonio público.
En los diferentes momentos de la historia el país ha estado presente y multiplicándose por miles la figura del depredador, que es aquel que va al Estado con el propósito de llevarse todo lo que esté a su alcance, sin ningún tipo de miramiento.
En las últimas horas se ha producido un detonante importante de la corrupción que afecta el contrato firmado entre las compañías Transcore Latam y el Intrant, la primera presidida por el hijo del periodista Guillermo Gómez, Jochy Gómez, y la segunda por un sobrino de Freddy Beras Goico, un hombre de gran prestigio nacional.
Ya son varios los apresados por un fraude en contra del Estado que supera los mil 300 millones de pesos, el cual, de acuerdo a una auditoria de la Contraloría General de la República, está plagado de mentiras y de falsos informes.
En este caso se ha usado la modalidad más común para estafar al Estado y es través del llamado pliego de condiciones, cuyo mecanismo permite que el presupuesto de una obra pública pase de 100 millones a miles de millones de pesos.
El contrato del Intrant con la Transcore Latam para dotar de semáforos al Gran Santo Domingo no escapa a este tipo de manipulación y fraude.
Un aspecto que complica este caso es el hecho de que los que tenían la responsabilidad de ejecutar el referido contrato incurrieron en la comisión de un sabotaje con la sacada de operación de estos aparatos que están colocados en una buena parte de la capital dominicana.
Es en realidad un acto criminal que merece el más fuerte de los castigos, porque parece que se buscaba generar una desgracia de gran magnitud a través de un caos y los accidentes de tránsito que tal maniobra podían provocar.
En este caso como en otros tantos juega un papel de primer orden el partidarismo político, porque no hay que ser un genio para saber que José Angel Gómez Canaán (Jochy) ha conseguido ese contrato, incluido otro con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, por la influencia de su padre, el periodista Guillermo Gómez.
Ello así, porque Jochy Gómez es un personaje muy controversial, involucrado en una serie de acciones que a ningún gobierno lo quisiera tener cerca, pero evidentemente que la influencia de su padre rompe fronteras.
Ahora falta ver cuál será el manejo que se le dará al caso, ya que el padre del involucrado en el fraude ya anunció el inicio de su ofensiva a través del programa de televisión “Aeromundo”, el cual estuvo al servicio por años en favor del PRM
La candidatura del actual alcalde por la ciudad de Nueva York tuvo raíces muy profundas en la comunidad dominicana de la gran urbe.
Fueron muchos los que la promovieron, no por buscar cambios importantes en la ciudad de Nueva York, sino porque sumieron un compromiso más con sus propios intereses personales, no con las mejores causas de la comunidad.
Incluso esta es la razón de que haya muchas personas en el gabinete del alcalde ahora en problemas, que sólo perseguían asuntos muy individuales.
De cualquier modo, lo ocurrido con Eric Adams toca de forma muy especial al país, ya que una de las causas que generaron su triunfo como el más importante funcionario de la ciudad donde hay la más grande concentración de dominicanos en el exterior, fue el voto de éstos.
De manera, que su desgracia de alguna manera toca muy profundamente a los dominicanos, pero que éste también tiene un mensaje alentador, que va en contra de los que se enrolan a la política con mañas y malsanos propósitos, aunque ojalá no sea su caso.
Pero no son pocos los que saben que los políticos usan esta actividad para acumular grandes fortunas sobre la base de una sociedad o vinculación con el bajo mundo y un buen ejemplo al respecto es la República Dominicana.
Lo que ocurre en Nueva York debe servir como un buen precedente en contra la cultura de hacer política para llenarse los bolsillos sobre la base de la venta de una percepción falsa.
Naturalmente, no se puede pedir un castigo hasta tanto no estén atados todos los cabos en lo que respecta con los cargos contra el alcalde Adams.
El punto de referencia y soporte de la investigación tiene que ser necesariamente la presunción de inocencia.
Debe decirse que esa ha sido la forma en que se maneja el sistema de justicia de los Estados Unidos, donde primero se buscan las pruebas y después viene cualquier imputación.
El drama de muchas víctimas de violación de sus derechos humanos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en la sociedad dominicana.
Aunque no han sido tantos los casos llevados al tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional, todo parece indicar que la paciencia se ha agotado en lo que respecta a estos órganos.
Es impresionante la cantidad de denuncias y querellas que se presentan en los centros de recepción de las mismas que son echadas en el zafacón del olvido por una diversidad de razones que van desde la negligencia de los fiscales, la ineptitud y la complicidad.
En realidad, el Ministerio Público ya ha hecho crisis y más que perseguir el crimen y el delito lo que hace es estimularlos.
Hay en la República Dominicana una verdadera amenaza en contra del estado de derecho, porque no hay sanción para que el comete cualquier violación a le ley penal del país.
Por lo que se ve, parece que no queda otra instancia para que este problema se combata que no sea a través del derecho internacional, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio Público en estos momentos es un instrumento para promover la vía de hecho, que la gente haga justicia con sus propias manos.
Se trata de un órgano que ha pasado a ser un verdadero fiasco, que opera más sobre la base de la percepción que de la eficiencia que demanda una sociedad saturada de violaciones a la ley.
Puede afirmarse, sin temor a ninguna equivocación, que el Ministerio Público ha perdido totalmente su credibilidad, lo cual deja muy mal parada a su incumbente, la magistrada Miriam Germán Brito.
Se impone una minuciosa investigación al respecto y que de esa manera haya un profundo y serio saneamiento de un órgano tan importante para contrarrestar el delito y el crimen en el seno de la sociedad dominicana.