Opinión
La columna de Miguel Guerrero: ¡Que paguen los responsables!
Por Miguel Guerrero
El déficit fiscal admitido por el gobierno es casi cuatro veces superior al hoyo del Baninter. Hablamos de un faltante de más de 150 mil millones de pesos, con posibilidades de alcanzar los 200 mil millones al concluir el año.
Si aquél caso costó cinco parches tributarios y un millón de nuevos pobres, la dimensión de este nuevo descalabro fiscal, el más grande jamás sufrido, no permite cálculos inmediatos acerca de sus efectos desastrosos en la economía porque es tan inmenso que no consiente predicciones.
La diferencia entre un hoyo y otro es que mientras el primero fue el resultado de un colosal fraude bancario, que el presidente Fernández y sus ministros intentaron atribuir a una mala conducción de la economía por el gobierno de entonces del PRD, el admitido ahora es el fruto de un uso inmoral e ilegal de los recursos públicos por parte de una administración que estuvo hipnotizando al país con la ilusión de una economía blindada y una estabilidad a toda prueba.
Resulta que esa estabilidad macroeconómica, de la que todavía se vanagloria el gobierno, es una grosera mentira; una burbuja a punto de desmoronarse.
Si el hoyo del Baninter dio lugar a un juicio y a una sentencia de cárcel a los responsables, lo menos que podría esperarse es que esta quiebra también fraudulenta y deliberada de la economía sea castigada y se enjuicie a los responsables, porque la situación a la que hemos llegado es el fruto de consistentes prácticas violatorias de las normas establecidas para el uso del patrimonio público.
No se puede obligar al pueblo a pagar en cuatro años con nuevos impuestos, el costo del despilfarro sin que los causantes reciban el justo castigo por sus faltas.
Ni es razonable otra dolorosa reforma mientras funcionarios, congresistas y “amigos” del poder, continúan en disfrute de barrilitos, nominillas y otros irritantes privilegios.
Artículo original publicado en el periódico El Caribe
Por Isaías Ramos
En la letra del poeta Antonio Machado, encontramos una verdad profunda y a menudo dolorosa: “todo pasa y todo queda”. En el contexto actual de nuestro país, estas palabras resuenan con una claridad inquietante. Nos encontramos en medio de un deterioro sin precedentes que afecta no solo nuestra economía, sino también la moralidad y la espiritualidad de nuestra sociedad.
La realidad es que vivimos en un ciclo vicioso donde las mismas decisiones erradas son respaldadas por una población ciega ante el sufrimiento colectivo. Este apoyo inquebrantable hacia quienes nos han llevado a la miseria moral, económica y social se manifiesta como una especie de fatalismo; hay quienes creen que el cambio es imposible, mientras que otros prefieren ignorar las evidencias del fracaso.
Sin embargo, esta ceguera voluntaria no hace más que perpetuar un sistema que continúa creando un deterioro social sin precedentes, cargado de desigualdad e injusticia.
El modelo económico impuesto ha demostrado ser adverso a los principios fundamentales consagrados en nuestra constitución. No solo hemos sido testigos del gran endeudamiento nacional bajo este gobierno, que se presenta como el mayor en nuestra historia, sino que también hemos visto cómo se reduce drásticamente la inversión en capital humano y social.
El caos migratorio mantiene nuestros hospitales, escuelas y sectores laborales inundados de extranjeros compitiendo por los servicios y trabajos de los dominicanos que viven en situaciones vulnerables, afectando la tranquilidad de toda la nación.
Asimismo, un sistema de justicia que sentencia a los inocentes y libera a los corruptos y criminales. Las promesas de progreso se desvanecen frente a una realidad palpable: hospitales colapsados, escuelas olvidadas y comunidades sumidas en la extrema pobreza.
Lo realmente alarmante es hacia dónde nos está llevando este sistema político bajo un modelo económico salvaje y brutal. Un sistema que parece estar diseñado para beneficiar únicamente a unos pocos, mientras abandona al resto a su suerte. La falta de acciones concretas para mejorar el bienestar general es evidente; lo único que crece es la desesperanza entre aquellos que luchan diariamente por sobrevivir.
En el Frente Cívico y Social creemos que este hermoso país, rico en recursos humanos y naturales, merece algo mejor. Merece un camino hacia el orden, la justicia y, sobre todo, la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Pero esto solo será posible si comenzamos a cuestionar nuestras elecciones colectivas; si comprendemos que apoyar sin criterio puede llevarnos aún más profundo en esta espiral destructiva.
En el FCS estamos convencidos de que es tiempo de abrir los ojos ante la cruda realidad; es momento de reflexionar sobre qué tipo de futuro queremos construir juntos. Solo así podremos romper las cadenas del miedo y la indiferencia para avanzar hacia un renacer moral, económico y espiritual tan necesario para nuestra nación.
Como bien dice Machado: “todo pasa”, pero no debemos permitir que todo quede inalterado ante nuestros ojos cerrados. Es hora de despertar para exigir cambios significativos antes de perder lo poco que nos queda: nuestra dignidad como pueblo luchador.
Como proyecto cívico y social, hacemos un llamado al pueblo dominicano a exaltar nuestro lema nacional como nunca antes, honrando a Dios sobre todas las cosas, amando nuestra patria como nuestro verdadero hogar y defendiendo nuestra libertad con valentía y arrojo.
Y sobre esa base, construyamos juntos ese renacer moral, económico y espiritual tan necesario para nuestra nación, porque solo unidos podremos enfrentar estos desafíos históricos, poniendo fin al ciclo vicioso descrito anteriormente e iniciando uno nuevo, lleno de esperanza renovada, donde prevalezca finalmente lo justo sobre lo injusto.
¡Despierta, RD!
Por Narcisa Isa Conde
Estamos emplazados a enfrentar el enorme daño cultural que le está haciendo Abinader y su régimen (cada vez más empresarial-religioso), a este pueblo.
En otras oportunidades he escrito y hablado del significado de la leyenda de la Virgen de Las Mercedes como invento de alta jerarquía de Iglesia Católica, cuya aparición durante la batalla del Santo Cerro supuestamente respaldó el genocidio español contra los habitantes originarios del Valle del Cibao; leyenda que ha sido usada durante siglos para justificar la brutal conquista y colonización de esta isla.
Recientemente los medios de comunicación informaron que la Vicepresidenta Raquel Peña encabezó la delegación del gobierno a la ceremonia del Santo Cerro, organizada por la cúpula católica dominicana -olvidándose del Sermón de Montesino y distanciándose del perdón pedido por el Papa Francisco por la complicidad de su iglesia con las matanzas ejecutadas por el imperio español- para seguir celebrando la supuesta aparición de la Virgen de Las Mercedes en respaldo al primer genocidio en esta isla.
Desde el púlpito de la iglesia del Santo Cerro, la vice declaró que estaba allí “sobre todo” para “acompañar a la Virgen de las Mercedes para que siga iluminando el camino de la prosperidad”, que al parecer se inició con aquella masacre.
Raquel es católica de la “teología de la dominación”, muy distante de la “teología de la liberación”, por lo que se explica su actitud. Ella pertenece a la élite capitalista de Santiago y de la PUCAMAIMA, muy vinculada a Agripino y pieza clave de la actual gestión neocolonialista.
No es extraño, pues, que Raquel fuera al Santo Cerro a rendir culto a la virgen inventada por los conquistadores, símbolo de lo mas conservador de la iglesia católica dominicana, para pedirle “ser guía y protección de este pueblo”
Esa actitud es armónica con la segunda figura de un régimen que en la actualidad sirve a la dominación imperialista y apoya a los nuevos conquistadores y colonialistas, con sede en la Casa Blanca; ella encaja muy bien con su complacencia con las mineras depredadoras, las intervenciones de USAID, Comando Sur y FMI, la entrega del Puerto de Manzanillo, el respaldo a Guaidó y al mata sacerdotes González Urrutia, y las alianzas con los Uribe. Noboa, Duque y comparsa.
Pero lo peor no es eso. Lo peor es que Raquel Peña preside el Gabinete de Educación de este país, lo que implica una mayor imposición del dogma religioso contra la ciencia en el sistema educativo, el uso del 4 % para enseñar a no pensar, el aplastamiento de la educación laica y la fusión en mayor escala del estado con la religión.
Estamos emplazados a enfrentar el enorme daño cultural que le está haciendo Abinader y su régimen (cada vez más empresarial-religioso), a este pueblo.
Por Rommel Santos Díaz
Los artículos 94 y 95 del Estatuto de Roma facultan a los Estados para aplazar la ejecución de las solicitudes en ciertas situaciones. El artículo 94 describe la situación en que la solicitud interfiera con una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto. Ante tal situación, el Estado requerido podrá consultarlo ante la Corte y acordar un periodo de tiempo de prórroga para la ejecución.
El referido período no excederá de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate la ejecución de la solicitud. El Estado requerido podrá también prestar asistencia con sujeción a ciertas condiciones, en el caso en que decida prestar la asistencia de inmediato.
El artículo 95 describe el caso en que la solicitud de asistencia se aplace por estar pendiente la impugnación de admisibilidad de la causa. La Corte Penal Internacional es competente para decidir todos los asuntos jurisdiccionales que le conciernen. Sin embargo el Estado requerido podrá suspender la ejecución de una solicitud por estar pendiente una decisión de la Corte, a no ser que la Corte haya resuelto expresamente que el Fiscal puede recolectar pruebas antes de que la Corte decida sobre la admisibilidad del asunto.
En otras palabras, podría ser confuso ante tal situación si quien investigara el asunto sería la Corte Penal Internacional o una autoridad nacional estatal. Por esta razón los Estados podrán esperar hasta que se determine definitivamente la competencia de la Corte, antes de que la ejecución de la solicitud sea obligatoria, según la Parte 9 del Estatuto de Roma, salvo que la Corte disponga lo contrario.
En el ámbito de las obligaciones, si un Estado prorroga la ejecución de una solicitud durante el periodo de tiempo acordado con la Corte, en el caso de que exista una interferencia con una investigación o enjuiciamiento pendiente de otro asunto, la suspensión no excederá de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento en el Estado requerido.
Cuando la Corte Penal Internacional haya expresamente resuelto que el Fiscal de la Corte puede recolectar prueba, según el artículo 18 o 19, aun si esta pendiente una impugnación a la admisibilidad del asunto ante la Corte, el Estado requerido no podrá posponer la ejecución de la solicitud de la Corte. No obstante, los Estados podrán posponer la ejecución de una solicitud si esta pendiente la decisión del asunto y no existe tal orden de la Corte.
En cuanto a la implementación cuando un Estado recibe una solicitud de asistencia de la Corte Penal Internacional, este necesita un mecanismo por medio del cual pueda fiscalizar si la ejecución de tal solicitud pudiese interferir con cualquier investigación o enjuiciamiento en curso. Tal método incluiría un procedimiento de consulta entre las respectivas autoridades estatales que se lleve a cabo con cierta regularidad o en periodos cortos de tiempo. Primero se debe identificar a tales autoridades que normalmente incluiría a los oficiales de policía, fiscales, defensores públicos, personal de la secretaria judicial, y posiblemente también el personal de las cortes militares.
En otro orden una vez que se consulte a las autoridades Estatales pertinentes, y se determine que la ejecución de una solicitud interfiere con los asuntos del Estado, este deberá consultar ante la Corte y acordar un periodo de tiempo apropiado de prórroga para la ejecución de la solicitud. El órgano que consulte ante la Corte deberá conocer el estado en que se encuentran los procedimientos nacionales, para poder negociar el periodo de tiempo de prorroga adecuado con la Corte. Alternativamente, el Estado deberá tomar en consideración si la asistencia puede prestarse inmediatamente, sujeta a ciertas condiciones. Cualquier condición deberá negociarse con la Corte.
Cuando un Estado aplaza la ejecución de una solicitud de conformidad con el artículo 94, aquellos involucrados en la investigación o enjuiciamiento estatal deberán estar en contacto con las respectivas autoridades, para que el Estado pueda notificar a la Corte Penal Internacional cuando finalicen dichas investigaciones o enjuiciamiento.
Finalmente, los Estados deberán asegurarse de estar informados sobre las diligencias preliminares de la Corte Penal Internacional, tales como las impugnaciones de admisibilidad. Si deciden posponer la ejecución de una solicitud, estando pendiente una decisión sobre admisibilidad, deberán notificar a la Corte de tal decisión. Sin embargo, cuando el Fiscal este facultado por la Corte para recolectar evidencias en el territorio del Estado requerido, tal Estado deberá contar con leyes y procedimientos vigentes que permitan prestar al Fiscal la asistencia solicitada por la Corte.