De portada
Condena por ¨¨ácido del diablo¨¨ debe ser para todo intolerante y criminal que cometa un acto de tortura y barbarie.
Por Elba García
En el marco de la teoría del derecho penal se habla regularmente del tipo de sanción que se le debe imponer a todo el que comete un crimen, cuyas opciones son 30 años en la cárcel con una pena de reclusión mayor como está consignado en el Código Penal Dominicano, pero hay quienes entiende que la tendencia en la actualidad es evitar la prisión y mucho más aquella de larga duración.
Los que sostienen o se inscriben en esta tesis tienen mucha razón desde el punto de vista de que el fin de la condena es lograr la reinserción social y la regeneración del presidiario, ya que se ha demostrado que el encierro no necesariamente trae consigo estos resultados.
Esta visión del crimen y el delito ha logrado avanzar lo suficiente en muchos lugares del mundo, pero en la República Dominicana esta teoría todavía no ha tenido mucha cabida en razón de que la gente ve como impunidad cuando al que comete un crimen horrendo se le otorgan facilidades para que cambie su conducta.
La propia medida de coerción ha generado muchos debates al respecto, pero el mensaje del sistema de justicia obedece a que la sociedad dominicana ha vivido por muchas décadas bajo la figura conocida como impunidad y si un imputado no recibe la prisión preventiva es como si se hubiera premiado su mala conducta.
En virtud de esa teoría del derecho penal es que en el país se introdujo lo que se conoce como la reforma del sistema penitenciario nacional, que no ha sido otra cosa que humanizar las cárceles y que al final se logre cumplir con el cometido de reinsertar y regenerar al reo.
Sin embargo, la condena impuesta este jueves a los que le rociaron ¨¨ácido del diablo¨¨ a Yocairy Amarante, creó una fuerte presión en el tribunal penal para que fuera severo con el caso de tres individuos que por unos centavos le arruinaron la vida a una muchacha de 16 años de edad.
Por esta razón, el juez acogió un pedido que había hecho el Ministerio Público tras una exhortación de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, para que los fiscales del país den el mismo tratamiento a los casos que tengan que ver con ¨¨ácido del diablo¨¨, cuya sustancia deforma para siempre el rostro de sus víctimas, a fin de que los mismos sean declarados como crímenes de torturas y de barbaries.
Y la verdad que no es para menos y en ese mismo contexto cómo se explicaría otro tipo de sanción para estos jóvenes que por unas monedas han arruinado la vida de un niña de 16 años de edad, aunque este tipo de hecho es cruel e inhumano para cualquier persona que lo sufra, por lo que la condena que les impuso el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a los tres responsables del hecho de 30 de años de reclusión mayor surte un efecto para otros que quieran incurrir en el mismo crimen..
La pregunta que surge a propósito de lo planteado más arriba sobre la corriente del derecho que no está de acuerdo con la prisionalización, ya que lo que se busca es no revictimizar al condenado, porque al final de cuentas son unos individuos que son producto de la falta de civilización y de la no adaptación a la vida en sociedad, pero qué otra cosa se podía hacer.
Pero de qué otro modo cómo se puede resarcir a la sociedad y a la víctima si no es a partir de una justicia fuerte y vigorosa que envíe un mensaje de que un hecho de tortura y barbarie no va a ser tolerado y que no debe volver a ocurrir en la sociedad dominicana.
Willy Antonio Javier Montero, ex pareja de la victima y autor intelectual del hecho, así como Pedro Alexander Sosa Méndez (Alex) y Joan José Feliz (Pinol), quienes lanzaron la sustancia, pagarán con 30 años de reclusión mayor en la cárcel del 15 Azua, cuya condena implica una advertencia de que los casos iguales como éstos que ocurran a partir de ahora recibirán el mismo tratamiento por el sistema de justicia.
Otra pregunta que se impone es qué podría ocurrir en un país como la República Dominicana si ésta no hubiera sido la condena y si el caso no recibe la tipificación de un caso de tortura y de barbarie, porque en entonces los que se dedican a estos crímenes tuvieran luz verde para continuar con sus andanzas al margen de la ley.
Todavía falta otro caso que tiene que ver con una joven nativa de Gaspar Hernández, que no tuvo la misma suerte que Yocairy, porque como resultado de la agresión con ¨¨ácido del diablo¨¨ perdió la vida y los autores del hecho están prófugos, quienes en el momento en que sean apresados recibirán la misma pena que los del hecho narrado más arriba.
Estos casos parten el alma porque mujeres indefensas son victimas de unas agresiones que conllevan quemaduras que les deforma su cuerpo y su rostro y las condenan a vivir en un total aislamiento de la convivencia con los demás, pese a que hay muchas que logran reponerse, pero hay otras que llevan esa carga por toda su existencia.
De portada
Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
De portada
La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.