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Irresponsabilidad de partidos con candidatos al Congreso Nacional comprometidos con delincuencia.
Por Elba García
El comportamiento del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sadosky Duarte Suarez, parece que ha sido recurrente en favor de la delincuencia desde antes de ser electo a esa posición, ya que anteriormente había sido herido de balas por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que lo mantuvo por algún tiempo al borde de la muerte por alegadamente estar involucrado en asuntos de drogas.
A partir de esta realidad no se podía pedir que su conducta fuera diferente luego de gozar con la inmunidad que otorga a sus miembros la Cámara de Diputados y en consecuencia no debe sorprender que este legislador la pusiera al servicio de sus acciones ilegales.
La Policía Nacional atribuye al diputado asumir una actitud agresiva y desafiante cuando miembros de la institución intentaron detener un vehículo ocupado por varios hombres que emprendieron la huida, pero que el plan de los uniformados era detener a un sujeto en contra de quien pesan acusaciones de violencia de género y de narcotráfico.
La actitud del legislador llegó hasta el extremo de insultar al procurador fiscal que trabajaba en el caso, Francis Valerio, y de darle una bofetada a la agente de la Policía Nacional, Disleidy Heredia Figueroa, que le provocó un trauma facial en el lado derecho, de acuerdo al diagnóstico médico.
Los hechos que involucran a este diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se produjo mientras se desarrollaba el pasado domingo el toque de queda en el municipio de Cotuí.
Los hechos ocurridos provocaron la reacción del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien anunció que solicitaría la expulsión del diputado de esa organización por la agresión cometida en contra de la agente policial.
Sin embargo, la pregunta que cualquiera se haría es que si el PRM no conocía las andanzas de ese diputado, porque en Cotuí todo el mundo sabe que vive en medio de la ilegalidad y aún así fue escogido como candidato por la provincia que representa.
La escogencia de este tipo de personaje por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) como candidatos en las pasadas elecciones se extendió por todo el territorio nacional, incluidos algunos personajes vinculados al narcotráfico y a otras acciones al margen de la ley, como por ejemplo Frankly Romero, quien fue electo como senador por la provincia Duarte, pese a ser un deportado de los Estados Unidos por la venta de estupefaciente y lavado de activos.
Pero el asunto no se detiene ahí, ya que son innumerables los casos de diputados y senadores que están dedicados a actividades ilícitas desde antes del PRM escogerlos como candidatos a senadores y diputados en diferentes provincias del territorio nacional.
El fenómeno no es exclusivo del PRM, sino también del PLD y de las demás organizaciones políticas que tienen participación en el escenario político nacional.
De manera, que los partidos políticos dominicanos están muy conscientes de que promueven que delincuentes que exhiben alguna fortuna se conviertan en candidatos municipales y al Congreso Nacional sobre la base de que financien su propia campaña.
La pregunta que se impone en el presente caso es si el PRM no conocía los detalles de la conducta de un diputado que se entiende que fue electo con el aval de sus compañeros de la provincia María Trinidad Sánchez, quienes debieron informar a su partido de las andanzas de este personaje.
Ojalá que las cosas no se queden como con lo ocurrido en Montecristi, donde un senador también del PRM insultó a los agentes del orden y a las autoridades del Ministerio Público en su interés de que pusiera en libertad a otro delincuente de esa zona.
Hasta el momento no se conoce de ninguna sanción impuesta al legislador, pese que el presidente Luis Abinader ascendió al teniente que fue víctima del ultraje, lo cual quiere decir que los dominicanos tendrán que acostumbrarse a este tipo de comportamiento de los perremeístas.
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Una intensa lucha por convertirse en títere de una potencia que desprecia el respeto que impone la dignidad humana.
El chantaje de visas por dignidad y un control político, económico y social a ultranza define hoy día la fuerza y el poder de una nación, donde prevalece el criterio «conmigo o con nadie».
La administración del presidente Donald Trump sólo entiende de la fuerza, de las armas y de todo mecanismo de romper con relaciones armoniosas con los demás Estados.
En ese trance está sometida Venezuela y todos los demás países del llamado primer, segundo y tercer mundo, cuyas reglas del juego es el sometimiento a la voluntad de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, donde la prenda preciosa de la dignidad humana parece esfumarse es en Venezuela, ya que gobierno y oposición rinden pleitesías a Trump para en la competencia de ver quién resulta más gracioso o más títere a favor de los planes de dominación de la potencia del norte.
Es impresionante ver como gobierno y oposición están dispuestos a dar alma y corazón a Trump para entregarse sin límites y servir sin condicionamiento a los intereses que mancillar su dignidad como si se tratara de cualquier mercancía
El escenario escogido es la Casa Blanca, donde acuden o por lo menos comunican su disposición de entregarse a cambio de lo que sea para rendirse ante los pies de quien se expresa con aires de emperador.
Ahora quien acudió al Reynaldo de Trump fue María Corina Machado, quien es Premio Nobel de La Paz, sin haber pacificado nada, pero que busca complacer al jefe de Estado norteamericano en su afán de ser favorecida con el referido reconocimiento
Es la lucha y el vencimiento de la irracionalidad sobre los principios que se suponen deben prevalecer en un mundo que hace siglos que pasó de la barbarie a la civilización.
Machado llegó a la Casa Blanca con el premio muy bien adornado para hacerlo extensivo a Trump en su lucha sin límites por ser títere.
El asunto no tiene fronteras y lo mismo ocurre en cualquiera de los continentes que conforman el mundo, cuyo sometimiento deja muy claro lo vulnerable del planeta.
La era Trump ha impuesto la regla del más fuerte dejando atrás el supuesto respeto del derecho internacional y constitucional.
La era Trump no sólo ha relegado a un segundo plano el derecho, sino también la razón y en consecuencia las reglas de una buena democracia.
Todo ser define la fuerza y el poder con que cuenta, mientras que el que no tiene los mismos sólo tiene la opción de plegarse y convertirse en un títere gracioso ante el imperio.
El Instituto Oslo advirtió a Machado que el premio es intransferible como forma de evitar que la política venezolana hiciera lo que hizo con Trump.
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Pretensiones imperiales toman tanto impulso en era trumpista que borra del mapa derecho internacional
El mundo atraviesa por grandes tensiones como resultado de las no disimuladas acciones de la administración Trump de retornar el planeta a una selva en la que no se respetan derechos, no sólo de las personas físicas, sino también de los Estados.
Hablar después de lo ocurrido en Venezuela con la incursión militar de EE.UU. para la aparente aprehensión de Maduro, cuyo real trasfondo es apropiarse de sus riquezas naturales, principalmente del petróleo, implica tocar un tema que se pensaba superado sin que existan argumentos válidos para justificar esa conducta al margen de la ley y de la civilización.
En pleno siglo 21 que un Estado ocupe el territorio de otro es una medida al margen del derecho internacional contenido en tratados y convenciones y muy concretamente en la Carta de la ONU, pero lo que ha importado muy poco para la administración Trump.
Y ello crea una situación que pone en peligro los territorios soberanos que conforman el mundo y que justificarla o tolerarla mínimamente conlleva que las diferentes sociedades se rijan por la Edad de Piedra en la que el más grande se traga al más chiquito, cuya opción parece predominar en los Estados Unidos, donde luce que se impone la irracionalidad y la falta de razonabilidad.
La vulneración de las fronteras toma tanta fuerza que ahora la administración Trump habla de que por razones de seguridad debe tomar por la fuerza a Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca y de igual manera amenaza a Colombia y México mediante la excusa de combatir el narcotráfico.
Lo preocupante del fenómeno es que los medios de comunicación y una serie de gobiernos justifiquen el apresamiento de Maduro y en consecuencia den luz verde a la intervención de un Estado en contra de otro que se supone que debe tener sus propios mecanismos de solución de cualquier distorsión del Estado Social Democrático de Derecho.
Las acciones ilegales del imperio del norte toman tanta fuerza que ya el tema se aborda como si se hablara de una acción legal y legítima, lo cual lleva a la normalidad decir que ahora funcionarios estadounidenses tendrán el control de Venezuela.
Este peligro no sólo se observa en los actuales momentos en que Maduro, un presidente seriamente cuestionado por la comunidad internacional, pero cuyo apresamiento es ilegal desde cualquier perspectiva que se vea, esta recluido en una cárcel de Nueva York tras un secuestro de una Estado que no es el suyo, el cual se supone que, es en todo caso, es el que debe enjuiciarle.
De manera, que una o varias acciones ilegales no pueden generar otras de igual naturaleza las cuales no se apoyan en derechos, porque entonces se entra en una violación y contradicción con el derecho internacional.
Hay una famosa expresión muy popular que dice que se amuela cuchillo para su propia garganta, la cual es aplicable en el presente caso, lo que pone en una situación muy difícil a los gobiernos que se prestan a ese juego como la República Dominicana y otras naciones de los hemisferios occidental y oriental, cuyas soberanías están hoy muy mancilladas.
Son tantos los controles imperiales de la era trumpista, que la sola amenaza de violar la soberanía de los territorios de paises que se suponen libres, surten unos efectos que no disminuyen con la presión mediática o a través de organismos de concertación pública de carácter internacional.
Inexplicablemente este comportamiento hegemónico ilegal se empodera, mientras el derecho internacional muere sin que los países víctimas den una respuesta en bloques como una forma de sustentarse en la herramienta que lo salvaría de la barbarie como lo constituye el derecho internacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.