Irresponsabilidad de partidos con candidatos al Congreso Nacional comprometidos con delincuencia.

Por Elba García

El comportamiento del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sadosky Duarte Suarez, parece que ha sido recurrente en favor de la delincuencia  desde antes de ser electo a esa posición, ya que anteriormente había sido herido de balas por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que lo mantuvo por algún tiempo al borde de la muerte por alegadamente estar involucrado en asuntos de drogas.

A partir de esta realidad no se podía pedir que su conducta fuera diferente luego de gozar con la inmunidad que otorga a sus miembros la Cámara de Diputados y en consecuencia   no debe sorprender que este legislador la pusiera al servicio de sus acciones ilegales.

La Policía Nacional atribuye al diputado asumir una actitud agresiva y desafiante cuando miembros de la institución intentaron detener un vehículo ocupado por varios hombres que emprendieron la huida, pero que el plan de los uniformados era detener a un sujeto en contra de quien pesan acusaciones de violencia de género y de narcotráfico.

La actitud del legislador llegó hasta el extremo de insultar al procurador fiscal que trabajaba en el caso, Francis Valerio, y de darle una bofetada a la agente de la Policía Nacional, Disleidy Heredia Figueroa, que le provocó un trauma facial en el lado derecho, de acuerdo al diagnóstico médico.

Los hechos que involucran a este diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se produjo mientras se desarrollaba el pasado domingo el toque de queda en el municipio de Cotuí.

Los hechos ocurridos provocaron la reacción del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien anunció que solicitaría la expulsión del diputado de esa organización por la agresión cometida en contra de la agente policial.

Sin embargo, la pregunta que cualquiera se haría es que si el PRM no conocía las andanzas de ese diputado, porque en Cotuí todo el mundo sabe que vive en medio de la ilegalidad y aún así fue escogido como candidato por la provincia que representa.

La escogencia de este tipo de personaje por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) como candidatos en las pasadas elecciones se extendió por todo el territorio nacional, incluidos algunos personajes vinculados al narcotráfico y a otras acciones al margen de la ley, como por ejemplo Frankly Romero, quien fue electo como senador por la provincia Duarte, pese a ser un deportado de los Estados Unidos por la venta de estupefaciente y lavado de activos.

Pero el asunto no se detiene ahí, ya que son innumerables los casos de diputados y senadores que están dedicados a actividades ilícitas desde antes del PRM escogerlos como candidatos a senadores y diputados en diferentes provincias del territorio nacional.

El fenómeno no es exclusivo del PRM, sino también del PLD y de las demás organizaciones políticas que tienen participación en el escenario político nacional.

De manera, que los partidos políticos dominicanos están muy conscientes de que promueven que delincuentes que exhiben alguna fortuna se conviertan en candidatos municipales y al Congreso Nacional sobre la base de que financien su propia campaña.

La pregunta que se impone en el presente caso es si el PRM no conocía los detalles de la conducta de un diputado que se entiende que fue electo con el aval de sus compañeros de la provincia María Trinidad Sánchez, quienes debieron informar a su partido de las andanzas de este personaje.

Ojalá que las cosas no se queden como con lo ocurrido en Montecristi, donde un senador también del PRM insultó a los agentes del orden y a las autoridades del Ministerio Público en su interés de que pusiera en libertad a otro delincuente de esa zona.

Hasta el momento no se conoce de ninguna sanción impuesta al legislador, pese que el presidente Luis Abinader ascendió al teniente que fue víctima del ultraje, lo cual quiere decir que los dominicanos tendrán que acostumbrarse a este tipo de comportamiento de los perremeístas.