Opinión
La Constitución y el Desafío del Verdadero Bienestar Social
Por Isaías Ramos
En un acto de promulgación de las nuevas reformas a la Constitución, que debió haber sido solemne, el presidente proclamó que “una Constitución no está hecha solo con frías palabras técnicas sobre un papel, sino que es, sobre todo, el alma de un pueblo.” También afirmó que “la Constitución es la brújula de nuestra democracia, el espíritu que nos une y nos eleva.” Sin embargo, estas palabras resultan un eco vacío frente a la cruda realidad de sus acciones.
Una Constitución debe ser más que un simple documento; debe encarnar las aspiraciones y los derechos fundamentales de su pueblo. Hoy vivimos una profunda disonancia entre los principios constitucionales y las políticas de este gobierno y de aquellos que le precedieron.
En lugar de orientar hacia el bienestar social y económico, somos testigos de un modelo neoliberal extractivista que prioriza el crecimiento económico sobre el bienestar colectivo, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, ignorando flagrantemente el espíritu de la Constitución y las necesidades de quienes debería servir.
Bajo esta administración, los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución han sido brutalmente vulnerados. Las reformas fiscal y laboral impulsadas e introducidas en el Congreso por el poder ejecutivo están y estaban claramente diseñadas para beneficiar a unos pocos —los grandes intereses corporativos— mientras millones de ciudadanos lidian con la miseria y el sufrimiento diario. Esto no solo es inaceptable; es una traición a la promesa constitucional de garantizar condiciones dignas para todos.
El discurso oficial puede referirse a una «brújula» democrática, pero debemos cuestionar quiénes son realmente los beneficiarios de este rumbo. Al hablar del “espíritu” que une a la nación, es imperativo preguntarnos si ese espíritu incluye a los marginados por el modelo impuesto o si solo refleja los intereses de una élite privilegiada.
La verdadera esencia de una democracia reside en su capacidad para escuchar y atender las demandas del pueblo. Sin embargo, lo que hemos observado hasta ahora es una desconexión alarmante entre el gobierno, la Constitución y la ciudadanía. La promesa constitucional se convierte en retórica vacía cuando, día tras día, se ignoran los principios del Estado Social y Democrático de Derecho y las voces que claman por justicia económica y social.
En este contexto crítico, es urgente reafirmar nuestro compromiso con los principios fundamentales de nuestra Constitución. Exigimos acciones concretas, no solo palabras grandilocuentes. Es momento de recordar a las élites que nos gobiernan que su mandato conlleva una responsabilidad ineludible hacia todos los ciudadanos, sin excepción.
Al final del día, “el alma” mencionada por el presidente reside en cada uno de nosotros: trabajadores luchadores, familias que se esfuerzan por salir adelante e individuos comprometidos con construir un futuro mejor para las próximas generaciones.
Por ello, en el Frente Cívico y Social hacemos un llamado urgente a reorientar nuestro camino hacia uno en el que prevalezcan la justicia social, la igualdad y el respeto por nuestros derechos económicos como pilares inquebrantables dentro del marco constitucional.
En el FCS creemos firmemente que solo así podremos forjar una democracia auténtica, donde nuestras vidas sean valoradas más allá del simple crecimiento económico impuesto desde arriba. La verdadera brújula debe guiarnos hacia una sociedad inclusiva, donde cada voz cuente y sea escuchada, porque esa es la esencia del pacto social: gobernar para todos.
Despierta, RD.
Por Isaías Ramos
«Este gobierno se ha caracterizado por presentar como ‘éxitos’ lo que en realidad son fracasos. El presidente, en su rendición de cuentas, nos pinta el país como una Suiza en América. Para vender sus ilusiones y crear falsas percepciones, se gastan recursos y tiempos valiosos que podrían dedicarse a lo que es verdaderamente importante.
A veces, pienso que esto es simplemente la excusa perfecta para encubrir su fracaso en cumplir las promesas que cada cuatro años venden al pueblo en las elecciones: que se haría justicia contra los corruptos y que los recursos robados serían recuperados. Sin embargo, no ha sucedido ni una cosa ni la otra.
Una partidocracia caracterizada como corrupta jamás combatirá la corrupción y, mucho menos, propiciará una justicia independiente.
En esta partidocracia, nunca han sido capaces de venderle un proyecto de nación al pueblo que nos lleve por un camino de desarrollo y progreso, con ideas claras sobre el país que queremos construir. Mucho menos la patria que aspiramos dejarle a nuestros hijos, ni los hijos que queremos dejar a nuestra patria.
El sistema utiliza diferentes métodos de manipulación y engaño, mientras nos lleva de manera silente y constante a la pobreza, inestabilidad y miseria. Vemos cómo han ideado diversas formas de timar al pueblo, donde el Estado cede, transfiere o hipoteca de manera desordenada los bienes o patrimonios públicos al sector ‘privado’ o ‘financiero’. A estos últimos se les garantizan ganancias y lucros exorbitantes y sin riesgo, mientras se imponen cargas tributarias enormes a las clases media y trabajadora del país, junto con endeudamiento a las futuras generaciones, para así poder garantizar las ‘ganancias’ a los ‘inversionistas’.
Fruto de esa desacertada política pública, de cada 100 pesos que ingresan al Estado, 25 pesos son para pagar solo intereses de la deuda acumulada; igual sucede con los famosos fideicomisos, siendo el mejor ejemplo Vial RD, donde de cada 100 pesos que ingresan, 50 son para el pago de intereses al sector financiero. Mientras tanto, la deuda social acumulada se convierte en una bomba de tiempo a punto de estallar.
Pareciera que ya no solo estamos ante una doctrina del ‘dejar hacer’. Estamos ante un sistema que se impone de manera sutil, pero que lleva una agenda oculta. Dicha agenda acelera el proceso de transformación del sistema hacia un tipo de neo-feudalismo, en el que la distancia entre los que ‘tienen’ y los que ‘no tienen’ no hace más que aumentar cada día.
Es tanto el abuso de poder y la opresión a los que este sistema ha sometido al pueblo, que el mismo sistema podría colapsar. El sistema está sustentado sobre bases muy débiles, como son la especulación del capital, el lavado de dinero, la opresión y los privilegios de unos pocos, ignorando el mérito, la producción, la productividad, los principios y los valores.
El pueblo está cansado de ser gobernado por una clase política que solo se preocupa por garantizar el estatus quo y los beneficios de una élite político-económica que es egoísta, insaciable y avariciosa.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que ha llegado el tiempo de trabajar para la liberación, la inclusión y la cooperación. Es el tiempo de que gobiernen los que piensan y actúan en favor de las mayorías, de una manera organizada y productiva, con igualdad de derechos y oportunidades, en una economía liberada al servicio de la vida y del pueblo.
Desde el Frente Cívico y Social, hacemos un llamado a todos los dominicanos conscientes y comprometidos con el futuro de nuestra nación a estar vigilantes y participativos en el debate que se avecina en el Congreso sobre las regulaciones que se impondrán a las candidaturas independientes. Es crucial que cada uno de nosotros comprenda y se involucre en este proceso para asegurar que las regulaciones apoyen y no limiten la viabilidad de las candidaturas independientes.
Tan pronto como se establezcan las regulaciones para las candidaturas independientes, lanzaremos plataformas para ofrecer apoyo logístico y asesoría. Esta plataforma no solo facilitará logística y orientación, sino que también promoverá activamente los principios de un Estado Social y Democrático de Derecho, donde la justicia, la igualdad y la libertad no sean solo ideales, sino realidades palpables.
Pronto les estaremos invitando a unirse a esta plataforma, a participar en nuestros talleres y reuniones, y a utilizar nuestras herramientas de educación cívica. Juntos, podemos hacer historia y transformar nuestro sistema político en uno que verdaderamente represente los intereses y las aspiraciones de todos los dominicanos.
¡Levantemos nuestras voces, tomemos acción y hagamos que nuestra Constitución sea una realidad viva en cada rincón de nuestra querida República Dominicana!
¡Despierta RD!»
Por: Edgard Paniagua Miguel
El logro del reconocimiento y aceptación de las Candidaturas Independientes plasmado en la Constitución de la República no será suficiente para ponerlas en condiciones iguales a las Candidaturas de los Partidos Políticos.
Hay que seguir legislando y cambiando y modificando leyes y aspectos administrativos que envuelven todo el Sistema.
Hay un paso, tanto o más necesario, como el logrado con las Candidaturas Independientes, y es el del manejo de los recursos y la publicidad que provee la JCE.
Entiendo que el Estado no debe proveer dinero a los Partidos en aras de sostener el sistema democrático del País. Para mi, nada tiene que ver una cosa con la otra; y segundo, es harto conocido el mal uso que se le dan a esos fondos. Desde quedarse en manos de dos o tres líderes, hasta la compra de votos y cédulas. Aberraciones del sistema.
Las Candidaturas Independientes estarían en desventaja permanente si eso siguiera el mismo esquema.
Mi propuesta es que:
1. La JCE maneje esos fondos
2. La JCE use esos fondos para desarrollar las campañas electorales de forma igualitaria para todas las candidaturas
3. La JCE pondría publicidad en todos los medios y sus vertientes en donde aparecerían todos los candidatos y sus fotos igualitariamente para que el elector los vea a todos en las mismas condiciones.
4. Se persiga y condene la compra de votos, y hasta las anulaciones de candidaturas que en el acto mismo se sorprendan comprando votos o cédulas.
De esa manera,
1. El Estado se ahorraría millones de pesos.
2. Todos las candidaturas estarían en el mismo plano. Y los recursos no perjudicarían a unos o beneficiarían a otros.
3. El pueblo tendría la oportunidad de elegir a candidatos independientes y no a los impuestos (a veces corruptos) propuestos e impuestos por los Partidos.
4. Tendríamos un modelo más democrático e igualitario que el actual.
Y si han dado el grito al cielo por la aprobación de as CI, no me imagino lo que harán para impedir la propuesta antes descrita.
Las Candidaturas Independientes ha sido un gran logro; pero no será suficiente si no seguimos modificando el Sistema corrupto que nos han impuesto.
Por Rommel Santos Díaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.