La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.

En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.

Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.

Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.

El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.

Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.

De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.

Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.

La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.

Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.

La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.

Desde los tiempos de Hans Kelsen y Carl Schmitt el debate se concentra en la necesidad de que el control de constitucionalidad esté en manos del Tribunal Constitucional, no del presidente de la República, para dar mayor garantía de imparcialidad en las decisiones que se toman en el sistema de justicia nacional.

Sin embargo, el presidencialismo se ha desbordado en los últimos años y en esa virtud muchos de los candidatos de derecha que han triunfado en las elecciones que se han producido en el planeta tienen la tendencia de irrespetar todos los controles impuestos por el derecho interno y externo.

Este problema tiene como cabeza de la violación del derecho internacional a los Estados Unidos de América, donde se han producido hermosos ejemplos del respeto a los derechos de las personas a través de la Constitución de la República, como el “checks and balances” y en lo que tiene que ver con el derecho constitucional difuso.

Sin embargo, siglos después de haberse tenido estos logros y que han impactado todo el derecho comparado internacional, llega al control del Estado en la potencia del norte una persona que ha echado por la borda todos los avances que ha habido en el marco del estado social democrático de derecho.

Y no es para menos, ya que ello ha conllevado que muchos de los gobernantes de países latinoamericanos, con altos niveles de atrasos, imiten lo que hace su amo que en este caso se trata del presidente Donald Trump, quien se ha puesto por encima de la Constitución de los Estados Unidos, ya que todas sus órdenes ejecutivas violan la carta magna, sin que nadie se dé por agraviado, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de allí.

El fenómeno ya ha hecho su impacto en la República Dominicana, donde el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, no tiene la menor idea de lo que es un Estado y mucho menos del fenómeno de la constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del año 2010.

De manera, que Abinader, quien no ha parado de meter “las patas” desde su llegado al poder, ha incurrido en un tipo de violación que no sólo impactó el derecho interno, sino también el externo, ya que sus decisiones se llevan de paro la Constitución de la República y los convenios y tratados internacionales.

Los errores en esta materia son muchos y muy variados, pero el peor de todos es el que tiene que ver con la promulgación de la Ley 13-26 en violación de la sentencia que sienta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, la cual es el resultado de una acción del Congreso Nacional y del presidente Abinader, que sin tener la facultad para interpretar la carta magna, se atribuyen tal competencia y deciden aprobar primero y promulgar después una norma  que choca de frente con la ley suprema de la nación.

Lo más grave de todo es que los tribunales también incurren en la misma ilegalidad para dejar en cuestionamiento la seguridad jurídica y todo el orden institucional de la nación, lo que, sin dudas, representa una amenaza para el sistema democrático.

El problema descansa en el país en que todo el sistema público, desde los órganos del Estado responsables de combatir la violación de la ley y la Constitución y los propios jueces y juezas, no tienen la independencia para tomar decisiones que enrumben el país por el camino del fortalecimiento institucional, porque responden, principalmente, a los intereses de los partidos políticos, que son  los que al final de la jornada valoran y deciden a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)  si los juzgadores en la justicia deben permanecer en  sus puestos, lo cual está determinado por cómo se hayan manejado frente a ellos.

Esta distorsión, que ya compromete al presidente Abinader, es fruto de la nueva cultura en esta materia que pretende instaurar Donald Trump en el mundo con el socavamiento de todo el derecho internacional sobre la base de que predomine su interés personal y grupal.

Sólo las naciones que se respetan, donde está consolidado el derecho, valor y principio de la dignidad humana, tolerarán semejante comportamiento que coloca a las naciones en los tiempos de las cavernas en vez de la civilización y el progreso social, lo cual indica que en lo que respecta a la República Dominicana Luis  Abinader ha marcado su conducta para toda su existencia como un irresponsable más que buscó el poder sin tener claro para qué, cuyo comportamiento daña más que lo que beneficia a la sociedad.

En el sistema de justicia nacional con las acciones de la partidocracia, que tira por la borda la carrera de cualquier juez, no importan que tan de carrera sea, predomina más el miedo a ser desplazado de su puesto que la vergüenza que se supone que debe ser lo que caracterice a los que tienen la sagrada misión de juzgar la conducta de los demás.

Con lo ocurrido ha salido a la superficie la convicción de los propios actores del sistema de que en la República Dominicana se cuenta con una Constitución de fachada, en la que predomina una percepción que no tiene nada que ver con la realidad y que la constitucionalización del derecho no es más que un mito, pero que del ciudadano depende que esta realidad pueda sufrir un cambio sustancial.

Aunque el deseo es un componente importante en cualquier esfuerzo para que las cosas sean mejores, pero la realidad no se cambia sólo con eso.

Sino que los grandes cambios tienen que conllevar un alto nivel de planificación y de trabajo consistente para poder alcanzar las metas trazadas.

En la República Dominicana todos los esfuerzos de algunos para alcanzar, por ejemplo, el manejo de la administración pública es muy marcado, pero desde que los actores de la vida política nacional se sienten con algún poder estatal, entonces desvían su atención y la solución de los problemas de la población pasan a un segundo plano.

Por esta razón los discursos de la oposición son muy atractivos y convincentes, pero cuando se llega al poder el mismo da un giro que lleva a la gente a perder la confianza en quien se apoyó en esa narrativa para dirigir el Estado.

Esa debilidad de los partidos políticos ha querido cubrirse con el fenómeno del clientelismo, pero la verdad que es prácticamente imposible darle de forma personal alguna dádiva del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos, pese a que ello sí es posible mediante la satisfacción de necesidades sociales, es decir, de la solución colectiva de los problemas.

Si el Estado a través de la gestión de los partidos logra una buena educación o buen sistema de salud, la gente lo aprecia y respeta al que lo hace, pero además crea una buena imagen de la administración pública.

En el país el problema estriba en que los partidos no ven las cosas de esa manera, ya que a los principales actores de la actividad política sólo les interesa resolver los problemas individuales o personales, sobre todo a nivel monetario, pero no promover una inversión estatal que fortalezca el sistema.

Por esta razón, ha tomado tanto poder la corrupción administrativa, cuyos responsables gozan además de impunidad, la cual no tiene límites y que se puede decir que sale del Palacio Nacional, entra a un sector importante del empresariado, penetra en los principales medios de comunicación y luego se convierte en un cometa, que nadie sabe dónde termina.

Este problema, conjuntamente con otros tan o más graves, no es tan fácil de erradicar porque se trata de un mal que tiene un profundo componente cultural, que viene desde de los tiempos de la colonia, cuyas consecuencias han lacerado toda la vida nacional.

El asunto ha derivado en que todo se ve desde la perspectiva de los negocios y en realidad no debe ser así, porque hay renglones que su manejo tiene que ver principalmente con la preservación de una serie de valores sociales y morales que no respetarlos hace que la sociedad pase de los tiempos de la civilización a la época de las cavernas.

En este contexto está, por ejemplo, la educación, la cual es el alma de un verdadero desarrollo humano, pero que cuando la misma es contaminada con la corrupción y con otros hechos que le quitan sentido, la sociedad entra en un nivel de estancamiento y retroceso de la que nadie la puede salvar.

El problema es que ya esta crisis ha tocado fondo y que la solución de la misma no puede estar en manos de los que la provocaron, ya que ellos no abandonan la idea de que el Estado es para usarlo en beneficio individual y de los grupos que están anidados en el seno de los partidos políticos del país.

¡Es así de sencillo!