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Análisis Noticiosos

La continuidad de Maduro bloquea la solución de la crisis de Venezuela

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Por Juan Bolívar Díaz

El adelanto de la elección presidencial al 8 de abril previendo mayor desguañangue económico, se constituye en círculo vicioso al bloquear la posibilidad de participación de la oposición, lo que profundizaría la crisis y el aislamiento de Venezuela  

El diálogo entre el gobierno de Venezuela y su oposición política que se efectúa en Santo Domingo desde marzo del 2016 pende de un hilo, zarandeado por el adelanto de la elección presidencial para el 8 de abril y el desconocimiento de las principales organizaciones políticas y su coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con una crisis económico-social que se agrava cada día Nicolás Maduro intenta atribuirse otros seis años de gobierno adelantándose al mayor desguañangue que se vaticina para este año, pero dejando pocas posibilidades de participación decorosa a sus opositores, lo que implica un círculo vicioso de ilegitimidad y aislamiento internacional.

Casi dos años de “diálogo”

            Desde marzo del 2016 se celebran rondas de negociación en Santo Domingo entre representantes del gobierno y la oposición venezolana, y desde entonces todo lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es adoptar decisiones políticas que contradicen el mínimo espíritu de concertación y de búsqueda de acuerdos políticos. Primero fue con la mediación  de los expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, de España, Panamá y República Dominicana.

En septiembre pasado Fernández y Torrijos fueron relevados sin explicaciones por el presidente Danilo Medina, quien paree haber tomado la mediación como un desafío personal, dedicándole mucho tiempo, lanzando un salvavidas agradecido al gobierno venezolano por su generosidad petrolera, cuando casi toda la región, Estados Unidos y Europa aislaban progresivamente el régimen. Pero  todavía no han logrado acuerdos mínimos para paliar la crisis.

Tras las últimas rondas de negociaciones en los dos últimos meses, las delegaciones de las dos partes volvieron a Caracas el miércoles con las manos vacías, aunque la gubernamental ha querido vender la idea de que ya lograron un “preacuerdo”, porque se firmó un acta de la última sesión donde se consignan algunos avances; los opositores lo niegan diciendo que faltan asuntos medulares, como las garantías para una elección competitiva y transparente, rechazando que eso pueda ocurrir en dos meses. Sin buscar consenso en la mesa del diálogo, la Asamblea Constituyente de Maduro y un dependiente Consejo Nacional Electoral, procedieron esta semana a fijar la elección presidencial para el 8 de abril.

A Dios rogando y golpeando

            La crisis política venezolana tomó un rumbo abismal a partir del 6 de diciembre del 2015, cuando la oposición, agrupada en la MUD ganó dos terceras partes de los diputados para integrar la Asamblea Nacional, y de inmediato los líderes opositores anunciaron que apelarían al referendo revocatorio constitucional del mandato de seis años  que había ganado Nicolás Maduro el 14 de abril del 2013, cuando obtuvo el 50.6 por ciento de la votación, contra 49.4 del opositor Henríque  Capriles de la MUD.

En marzo del 2016 se inició la mediación de Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández. Durante meses los órganos electorales controlados por el gobierno obstruyeron toda posibilidad del referéndum, y evadieron celebrar las elecciones de gobernadores y municipales que correspondían a fines de ese año, mientras la oposición optaba por la confrontación en las calles, que alcanzó su punto de ebullición a mediados del 2017, con más de 100 días de violencia callejera, con muertos, heridos y presos políticos, y posteriormente una hégira hacia el exterior de cientos de miles, impulsados por el deterioro económico y la escasez de productos básicos, incluyendo alimentos y medicinas.

El régimen de Maduro hizo patente el antiquísimo predicamento de “A Dios rogando y con el mazo dando”, pues en medio de la confrontación violenta y sin ofrecer garantías mínimas de imparcialidad, y desconociendo el intento de diálogo, convocó a una elección de Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio del 2017, a la que no concurrieron los partidos opositores. El objetivo era reformular la Constitución, pero en la práctica sustituyó la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ya después de la segunda etapa del intento de diálogo, con el presidente Medina a la cabeza, el régimen celebró las elecciones de gobernadores y municipales sin concertación política, ha desconocido a los principales partidos de oposición, privando a la MUD del derecho a postular como coalición, y finalmente adelanta unilateralmente  la elección presidencial.

Una oposición sin rumbo

Resulta patético que mientras la crisis económica y social, con grave inseguridad por una de las más altas tasas de homicidio del mundo,  alcanzaba niveles insostenibles, y el régimen quedaba casi aislado mundialmente,  la oposición venezolana haya dado múltiples muestras de ineficiencia y de incapacidad para cohesionarse. Primero desafiaron temerariamente al régimen y éste logró conjurar el zarandeo de las calles y algún éxito en dividirla o neutralizarla, incentivando las ambiciones de unos y reprimiendo a otros.

Con evidente inconsistencia y disensiones la oposición ha estado en la segunda etapa del diálogo en Santo Domingo, dando lugar a abusos como el cometido por el gobierno al atribuirle a sus delegados haberle suministrado la información que le permitió localizar y ejecutar al policía rebelde Oscar Pérez y cinco compañeros el 15 de enero pasado, sin atender a su documentada decisión de entregarse. Esa maledicencia debió ser suficiente para, por lo menos, suspender el diálogo por algunas semanas, pero siguieron adelante, y ante tantas debilidades, el gobierno prosiguió golpeándola y tomando decisiones fundamentales de forma unilateral.

La oposición parece resistir las últimas embestidas, lo que ha dejado en un hilo el diálogo que impulsa el gobierno dominicano, con el retiro de los cancilleres “acompañantes”  de México y Chile. Centrados ahora en la fecha de la elección presidencial, que estaba prevista para el último trimestre del año, Maduro bien pudiera ceder por un par de meses y en vez de abril llevarla a junio. Pero habrá que ver si el interés electoral de algunos opositores los lleva a concurrir sin suficientes garantías para todos, sin un consejo electoral independiente ni arbitraje internacional. Están pendientes también los reclamos de restitución de los poderes de la Asamblea Nacional y liberación de presos políticos, aunque en esta materia logró para Navidad algunas concesiones, cuando una treintena fueron excarcelados.

En un círculo vicioso

El régimen de Nicolás Maduro, sin el carisma de Hugo Chávez, ni la bonanza petrolera, ha evolucionado a la dictadura en la medida en que la crisis económica lo ha puesto en jaque, con dos años seguidos de descrecimiento económico de 14 y 15 por ciento, proyectado al 16 por ciento este año. La inflación, del 2 mil 400 por ciento el año pasado, es proyectada por el FMI para este 2018 a un increíble 13 mil por ciento, por los elevados déficits, la desconfianza y el aislamiento internacional.

El desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad marcan la pauta de los venezolanos, excesivamente dependientes durante décadas de la riqueza petrolera, con las mayores reservas  de hidrocarburos del mundo, y aunque los precios del petróleo han repuntado sobre los 64 dólares el barril, no se espera que vuelvan a los niveles que sustentaron las políticas asistencialistas y las relaciones internacionales del chavismo, con varios años entre 80 y 139.83 dólares, máximo a que llegaron en el 2008, y se mantuvieron sobre los 100 dólares en el periodo 2011-14, para bajar hasta 27.76 en el 2016. La falta de inversión y renovación de la industria ha conllevado una caída de la producción a niveles de 1990.

Con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes (más de 26 mil en el 2017), Venezuela es también uno de los países, sin guerra, más violentos del mundo.

El régimen queda cada vez más aislado, con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, la activa desaprobación del “Grupo de Lima”, que incluye a los 18 países más grandes del continente, fuera de Bolivia y Ecuador, y hasta a antiguos socios de Unasur,  y con arrebatos como la expulsión del embajador de España. Y Venezuela luce atrapada entre la ambición continuista de Maduro, la incoherencia de la oposición y la crisis económico-social. Una reedición cuestionada del régimen no promete más que la prolongación de una agonía que tropezará con una salida violenta, porque a ese ritmo no resistiría otros seis años.-

La última de Maduro

 “Ya todo lo que se iba a hablar se habló, o firmamos o firmamos. Y nosotros vamos a ir a las elecciones, con o sin ustedes”, dijo ayer el presidente Maduro durante el acto en el que fue proclamado como candidato presidencial del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigiéndose a la oposición y aludiendo al diálogo en Sano Domingo

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Análisis Noticiosos

Panamá cierra ruta del Tapón del Darién ruta hacia Estados Unidos

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El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca

Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.

“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.

El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.

El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.

El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.

El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.

elpais.com

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Análisis Noticiosos

Reforma judicial confronta a Suprema Corte y al Tribunal Electoral en México.

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El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México

México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.

El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.

Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.

Sesión ordinaria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 29 de enero de 2025.
Sesión ordinaria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 29 de enero de 2025.Daniel Augusto (CUARTOSCURO)

El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.

Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.

Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.

La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.

Alfredo Gutiérrez durante una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre de 2023.
Alfredo Gutiérrez durante una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre de 2023.SCJN

La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.

elpais.com

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Análisis Noticiosos

Latinoamérica excluida de acuerdo de acceso a genérico que previenen el VIH

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Por Efe

Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.

“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.

Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.

La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.

UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.

El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.

“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.

Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.

La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.

Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.

“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.

Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.

Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.

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