Editorial
La Contundencia de los Poderes Fácticos
Históricamente ha quedado demostrado que los poderes fácticos se ponen por encima de cualquier instancia pública o privada, cuya mejor demostración es lo que ocurre con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Los poderes fácticos son, principalmente, el empresariado, la iglesia y los medios de comunicación social, los cuales acumulan tanto poder en las llamadas democracias representativas, que los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y judicial, generalmente respetan sus intereses.
Todo el mundo sabe que incluso Estados tan poderosos como el norteamericano, siempre se cuidan de tomar medidas muy severas en contra de un sector que como el empresarial tiene la posibilidad de crear empleos y de impactar las sociedades capitalistas de tal manera que su estabilidad depende de sus inversiones.
Todo el mundo conoció la experiencia de la llamada burbuja inmobiliaria que sufrió la sociedad estadounidense, donde miles y miles de personas perdieron sus viviendas por un manejo inescrupuloso de los bancos y una serie de instituciones financieras que estafaron a sus clientes y que luego llevó al borde de la quiebra a todo el sistema financiero.
Sin embargo, en ese momento el Estado estadounidense socializó las pérdidas de los bancos y otros agentes del sector financiero, pero mantuvo la privatización de las ganancias de los mismos, cuya carga de los deficits cayó sobre el pueblo, porque éstas fueron financiadas con recursos del contribuyente.
Pero si nos trasladamos a los países latinoamericanos, muy específicamente a la República Dominicana, donde el neoliberalismo ha hecho de las suyas con prácticamente todas las empresas heredadas de la dictadura trujillista, observamos que estos tres poderes fácticos siempre logran que las autoridades inclinen la balanza a favor de sus poderosos intereses.
Por ejemplo, un poder fáctico que no deja pasar una es la iglesia, principalmente la católica, la cual acumula la mayor incidencia en las políticas públicas en las naciones latinoamericanas, ya que fueron colonias españolas y entre sus imposiciones estuvo el asunto religioso.
Este poder fáctico ha echado una serie de peleas con los poderes formales, como el Legislativo y el Ejecutivo, donde en algún momento se ha querido imponer algún proyecto de ley que lesiona cuestiones de principios en la iglesia, pero al final de la jornada se sobreponen los intereses de ésta.
En lo que respecta al otro poder fáctico, los medios de comunicación social, hay ejemplos muy ilustrativos del peso de este sector en las decisiones del Gobierno y del Estado en sentido general, porque cuenta con la fuerza suficiente para imponer su voluntad o sus intereses.
Lo que mejor demuestra el poderío de los medios de comunicación social es lo que pasa en la principal economía del mundo, Estados Unidos, cuyo desarrollo la ha llevado a convertirse en la expresión más alta del capitalismo, como lo es el imperialismo.
Los periódicos, las emisoras de radio y los canales de televisión se han constituido en el principal fiscalizador mediante una guerra abierta con el presidente Donald Trump, cuyos resultados consisten en un nivel de ridiculización del mandatario que le ha quitado toda su credibilidad, llevándolo incluso a la posibilidad de ser expulsado de la Casa Blanca mediante investigaciones periodísticas de un escándalo que se parece mucho al caso Wategate, que generó la renuncia del entonces presidente Richard Nixon.
Jugarse con los poderes fácticos no importa en que lugar del mundo se constituye en un gran dolor de cabeza para cualquier gobierno o autoridad pública, porque su poder descansa en la enorme fuerza de apelación con que cuentan y con la posesión de una mercancía que cambia la forma de pensar de muchos, como la es el dinero.
Es importante darle seguimiento a la extraordinaria incidencia de un poder fáctico como los medios de comunicación social, los cuales tienen al garete a un Donald Trump que nunca midió su audacia de declararle la guerra abierta a la prensa, cuyos resultados son definitivamente demoledores para él, su familia y todos los que se mueven en su entorno.
Cualquiera pudiera alegar que Trump es presa de su propia ignorancia y arrogancia, pero si la prensa se hiciera de la vista gorda de muchas de sus inconductas, probablemente la situación del mandatario norteamericano fuera mucho más llevadera y tolerada.
No se juegue con candela si no quiere quemarse en el fuego.
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo
Hay quienes piensan que la violación de la Constitución y de la ley es parte del juego democrático, sin darse cuenta que ese detalle es un instrumento de atraso y de los tiempos de la caverna.
Lo preocupante del fenómeno es que un órgano como la Junta Central Electoral sea parte de ese juego sucio y que se constituye en una grave amenaza en contra del progreso y el crecimiento nacionales.
La Junta Central Electoral debe entender que su focalización no pueden ser los partidos políticos, sino los ciudadanos, que son los que conforman el pueblo dominicano y en los que descansa la soberanía nacional.
Apoyándose en los ciudadanos este órgano no está supuesto a hacertar el chantaje de los partidos políticos, que como dijo este periódico ensu reportaje de esta semana, no creen en el respeto a la ley y la transparencia.
La falsa democracia nacional se fundamenta en el fraude, la corrupción y la distorsión de las mejores prácticas del sistema representativo.
El hecho de que la JCE se sume a esa forma de democracia la hace inmerecedora de la confianza que demanda el sistema electoral del país.
Naturalmente, no se puede ver el asunto al margen de fenómeno general, cuya regla del juego consiste en hacer lo mal hecho, fuera del régimen legal, para ser merecedor de jugar un papel de primer orden en la corrompida democracia dominicana.
La JCE debe definir su compromiso con esa partidocracia totalmente corrompida de una sociedad que demanda mejor suerte, un comportamiento diferente de los actores de la vida política nacional.
Talvez es mucho pedir en un sistema en el que todo se fundamenta en la búsqueda de beneficios personales, tráficos de influencia y la componenda entre los actores de una partidocracia que por el camino que va echará todo a perder.