Editorial
La Contundencia de los Poderes Fácticos
Históricamente ha quedado demostrado que los poderes fácticos se ponen por encima de cualquier instancia pública o privada, cuya mejor demostración es lo que ocurre con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Los poderes fácticos son, principalmente, el empresariado, la iglesia y los medios de comunicación social, los cuales acumulan tanto poder en las llamadas democracias representativas, que los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y judicial, generalmente respetan sus intereses.
Todo el mundo sabe que incluso Estados tan poderosos como el norteamericano, siempre se cuidan de tomar medidas muy severas en contra de un sector que como el empresarial tiene la posibilidad de crear empleos y de impactar las sociedades capitalistas de tal manera que su estabilidad depende de sus inversiones.
Todo el mundo conoció la experiencia de la llamada burbuja inmobiliaria que sufrió la sociedad estadounidense, donde miles y miles de personas perdieron sus viviendas por un manejo inescrupuloso de los bancos y una serie de instituciones financieras que estafaron a sus clientes y que luego llevó al borde de la quiebra a todo el sistema financiero.
Sin embargo, en ese momento el Estado estadounidense socializó las pérdidas de los bancos y otros agentes del sector financiero, pero mantuvo la privatización de las ganancias de los mismos, cuya carga de los deficits cayó sobre el pueblo, porque éstas fueron financiadas con recursos del contribuyente.
Pero si nos trasladamos a los países latinoamericanos, muy específicamente a la República Dominicana, donde el neoliberalismo ha hecho de las suyas con prácticamente todas las empresas heredadas de la dictadura trujillista, observamos que estos tres poderes fácticos siempre logran que las autoridades inclinen la balanza a favor de sus poderosos intereses.
Por ejemplo, un poder fáctico que no deja pasar una es la iglesia, principalmente la católica, la cual acumula la mayor incidencia en las políticas públicas en las naciones latinoamericanas, ya que fueron colonias españolas y entre sus imposiciones estuvo el asunto religioso.
Este poder fáctico ha echado una serie de peleas con los poderes formales, como el Legislativo y el Ejecutivo, donde en algún momento se ha querido imponer algún proyecto de ley que lesiona cuestiones de principios en la iglesia, pero al final de la jornada se sobreponen los intereses de ésta.
En lo que respecta al otro poder fáctico, los medios de comunicación social, hay ejemplos muy ilustrativos del peso de este sector en las decisiones del Gobierno y del Estado en sentido general, porque cuenta con la fuerza suficiente para imponer su voluntad o sus intereses.
Lo que mejor demuestra el poderío de los medios de comunicación social es lo que pasa en la principal economía del mundo, Estados Unidos, cuyo desarrollo la ha llevado a convertirse en la expresión más alta del capitalismo, como lo es el imperialismo.
Los periódicos, las emisoras de radio y los canales de televisión se han constituido en el principal fiscalizador mediante una guerra abierta con el presidente Donald Trump, cuyos resultados consisten en un nivel de ridiculización del mandatario que le ha quitado toda su credibilidad, llevándolo incluso a la posibilidad de ser expulsado de la Casa Blanca mediante investigaciones periodísticas de un escándalo que se parece mucho al caso Wategate, que generó la renuncia del entonces presidente Richard Nixon.
Jugarse con los poderes fácticos no importa en que lugar del mundo se constituye en un gran dolor de cabeza para cualquier gobierno o autoridad pública, porque su poder descansa en la enorme fuerza de apelación con que cuentan y con la posesión de una mercancía que cambia la forma de pensar de muchos, como la es el dinero.
Es importante darle seguimiento a la extraordinaria incidencia de un poder fáctico como los medios de comunicación social, los cuales tienen al garete a un Donald Trump que nunca midió su audacia de declararle la guerra abierta a la prensa, cuyos resultados son definitivamente demoledores para él, su familia y todos los que se mueven en su entorno.
Cualquiera pudiera alegar que Trump es presa de su propia ignorancia y arrogancia, pero si la prensa se hiciera de la vista gorda de muchas de sus inconductas, probablemente la situación del mandatario norteamericano fuera mucho más llevadera y tolerada.
No se juegue con candela si no quiere quemarse en el fuego.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.
El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.
El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.
Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha sido su falta por acción o omisión.
Y este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.
Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.
En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.
En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.
Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.
Si se escoge a una persona como Ray Guevara como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.
Desde hace ya algunos meses que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia sobre las candidaturas independientes, cuya decisión ha puesto en primer plano esta figura jurídica que hace la democracia nacional más participativa.
Las candidaturas independientes existen en el país desde hace muchas décadas, pero en realidad no ha surtido el efecto esperado y las mismas no han servido de nada para hacer la democracia más participativa y democrática.
Sin embargo, la sentencia del TC ha encendido la chispa para que muchas cosas nuevas y buenas puedan provenir a través de las candidaturas independientes, aunque naturalmente podría ser todo lo contrario, ya que todo va a depender de quiénes se acojan a esta figura para contribuir con el cambio que necesita el país.
Esta decisión de la alta corte pone a la República Dominicana en primer plano en lo que respecta romper con el monopolio electoral que tienen los partidos políticos en el país.
Naturalmente, esta trascendental decisión del TC jugará un papel de primer orden en la democracia nacional en la medida en que la misma sea acogida por el ciudadano que tiene preocupación por el curso que lleva el país.
Es un reto de trascendencia histórica y los buenos y malos resultados que salgan de la sentencia en referencia dependen de cómo el ciudadano asuma el asunto.
Por esa razón es, podría decirse vital, que las organizaciones sociales se incorporen al debate de las candidaturas independientes y que no dejen solos en el escenario a los que se oponen a ellas como los partidos políticos que son la fuente de la gran desgracia nacional.
La confrontación entre los que se oponen y los que defienden las candidaturas independientes está planteada en el escenario y la misma se inicia con la convocatoria de la Junta Central Electoral a los partidos políticos y la misma debe ser extensiva a toda persona física y jurídica que también tenga una opinión sobre el tema.
Es posible que si hay una buena canalización del debate sobre las candidaturas independientes mediante el mismo se pueda demostrar qué beneficiosas son para el sistema electoral dominicano y en consecuencia para la democracia, ya que nadie debe poner en dudas la crisis de credibilidad de la partidocracia, cuyo alto nivel de abstención en las elecciones nacionales ha dejado como resultado una cierta falta de legitimidad de las autoridades que hoy conducen los destinos nacionales.
Que nadie tenga dudas de que la gente está cansada de las travesuras cometidas por la partidocracia, la cual sólo sabe promover lo mal hecho y que sus actores se apropien del patrimonio nacional, cuya conducta podría implicar la desaparición de la nación.
¡La pelea está echada.