Editorial
La Contundencia de los Poderes Fácticos
Históricamente ha quedado demostrado que los poderes fácticos se ponen por encima de cualquier instancia pública o privada, cuya mejor demostración es lo que ocurre con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Los poderes fácticos son, principalmente, el empresariado, la iglesia y los medios de comunicación social, los cuales acumulan tanto poder en las llamadas democracias representativas, que los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y judicial, generalmente respetan sus intereses.
Todo el mundo sabe que incluso Estados tan poderosos como el norteamericano, siempre se cuidan de tomar medidas muy severas en contra de un sector que como el empresarial tiene la posibilidad de crear empleos y de impactar las sociedades capitalistas de tal manera que su estabilidad depende de sus inversiones.
Todo el mundo conoció la experiencia de la llamada burbuja inmobiliaria que sufrió la sociedad estadounidense, donde miles y miles de personas perdieron sus viviendas por un manejo inescrupuloso de los bancos y una serie de instituciones financieras que estafaron a sus clientes y que luego llevó al borde de la quiebra a todo el sistema financiero.
Sin embargo, en ese momento el Estado estadounidense socializó las pérdidas de los bancos y otros agentes del sector financiero, pero mantuvo la privatización de las ganancias de los mismos, cuya carga de los deficits cayó sobre el pueblo, porque éstas fueron financiadas con recursos del contribuyente.
Pero si nos trasladamos a los países latinoamericanos, muy específicamente a la República Dominicana, donde el neoliberalismo ha hecho de las suyas con prácticamente todas las empresas heredadas de la dictadura trujillista, observamos que estos tres poderes fácticos siempre logran que las autoridades inclinen la balanza a favor de sus poderosos intereses.
Por ejemplo, un poder fáctico que no deja pasar una es la iglesia, principalmente la católica, la cual acumula la mayor incidencia en las políticas públicas en las naciones latinoamericanas, ya que fueron colonias españolas y entre sus imposiciones estuvo el asunto religioso.
Este poder fáctico ha echado una serie de peleas con los poderes formales, como el Legislativo y el Ejecutivo, donde en algún momento se ha querido imponer algún proyecto de ley que lesiona cuestiones de principios en la iglesia, pero al final de la jornada se sobreponen los intereses de ésta.
En lo que respecta al otro poder fáctico, los medios de comunicación social, hay ejemplos muy ilustrativos del peso de este sector en las decisiones del Gobierno y del Estado en sentido general, porque cuenta con la fuerza suficiente para imponer su voluntad o sus intereses.
Lo que mejor demuestra el poderío de los medios de comunicación social es lo que pasa en la principal economía del mundo, Estados Unidos, cuyo desarrollo la ha llevado a convertirse en la expresión más alta del capitalismo, como lo es el imperialismo.
Los periódicos, las emisoras de radio y los canales de televisión se han constituido en el principal fiscalizador mediante una guerra abierta con el presidente Donald Trump, cuyos resultados consisten en un nivel de ridiculización del mandatario que le ha quitado toda su credibilidad, llevándolo incluso a la posibilidad de ser expulsado de la Casa Blanca mediante investigaciones periodísticas de un escándalo que se parece mucho al caso Wategate, que generó la renuncia del entonces presidente Richard Nixon.
Jugarse con los poderes fácticos no importa en que lugar del mundo se constituye en un gran dolor de cabeza para cualquier gobierno o autoridad pública, porque su poder descansa en la enorme fuerza de apelación con que cuentan y con la posesión de una mercancía que cambia la forma de pensar de muchos, como la es el dinero.
Es importante darle seguimiento a la extraordinaria incidencia de un poder fáctico como los medios de comunicación social, los cuales tienen al garete a un Donald Trump que nunca midió su audacia de declararle la guerra abierta a la prensa, cuyos resultados son definitivamente demoledores para él, su familia y todos los que se mueven en su entorno.
Cualquiera pudiera alegar que Trump es presa de su propia ignorancia y arrogancia, pero si la prensa se hiciera de la vista gorda de muchas de sus inconductas, probablemente la situación del mandatario norteamericano fuera mucho más llevadera y tolerada.
No se juegue con candela si no quiere quemarse en el fuego.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.