Editorial
La Contundencia de los Poderes Fácticos
Históricamente ha quedado demostrado que los poderes fácticos se ponen por encima de cualquier instancia pública o privada, cuya mejor demostración es lo que ocurre con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Los poderes fácticos son, principalmente, el empresariado, la iglesia y los medios de comunicación social, los cuales acumulan tanto poder en las llamadas democracias representativas, que los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y judicial, generalmente respetan sus intereses.
Todo el mundo sabe que incluso Estados tan poderosos como el norteamericano, siempre se cuidan de tomar medidas muy severas en contra de un sector que como el empresarial tiene la posibilidad de crear empleos y de impactar las sociedades capitalistas de tal manera que su estabilidad depende de sus inversiones.
Todo el mundo conoció la experiencia de la llamada burbuja inmobiliaria que sufrió la sociedad estadounidense, donde miles y miles de personas perdieron sus viviendas por un manejo inescrupuloso de los bancos y una serie de instituciones financieras que estafaron a sus clientes y que luego llevó al borde de la quiebra a todo el sistema financiero.
Sin embargo, en ese momento el Estado estadounidense socializó las pérdidas de los bancos y otros agentes del sector financiero, pero mantuvo la privatización de las ganancias de los mismos, cuya carga de los deficits cayó sobre el pueblo, porque éstas fueron financiadas con recursos del contribuyente.
Pero si nos trasladamos a los países latinoamericanos, muy específicamente a la República Dominicana, donde el neoliberalismo ha hecho de las suyas con prácticamente todas las empresas heredadas de la dictadura trujillista, observamos que estos tres poderes fácticos siempre logran que las autoridades inclinen la balanza a favor de sus poderosos intereses.
Por ejemplo, un poder fáctico que no deja pasar una es la iglesia, principalmente la católica, la cual acumula la mayor incidencia en las políticas públicas en las naciones latinoamericanas, ya que fueron colonias españolas y entre sus imposiciones estuvo el asunto religioso.
Este poder fáctico ha echado una serie de peleas con los poderes formales, como el Legislativo y el Ejecutivo, donde en algún momento se ha querido imponer algún proyecto de ley que lesiona cuestiones de principios en la iglesia, pero al final de la jornada se sobreponen los intereses de ésta.
En lo que respecta al otro poder fáctico, los medios de comunicación social, hay ejemplos muy ilustrativos del peso de este sector en las decisiones del Gobierno y del Estado en sentido general, porque cuenta con la fuerza suficiente para imponer su voluntad o sus intereses.
Lo que mejor demuestra el poderío de los medios de comunicación social es lo que pasa en la principal economía del mundo, Estados Unidos, cuyo desarrollo la ha llevado a convertirse en la expresión más alta del capitalismo, como lo es el imperialismo.
Los periódicos, las emisoras de radio y los canales de televisión se han constituido en el principal fiscalizador mediante una guerra abierta con el presidente Donald Trump, cuyos resultados consisten en un nivel de ridiculización del mandatario que le ha quitado toda su credibilidad, llevándolo incluso a la posibilidad de ser expulsado de la Casa Blanca mediante investigaciones periodísticas de un escándalo que se parece mucho al caso Wategate, que generó la renuncia del entonces presidente Richard Nixon.
Jugarse con los poderes fácticos no importa en que lugar del mundo se constituye en un gran dolor de cabeza para cualquier gobierno o autoridad pública, porque su poder descansa en la enorme fuerza de apelación con que cuentan y con la posesión de una mercancía que cambia la forma de pensar de muchos, como la es el dinero.
Es importante darle seguimiento a la extraordinaria incidencia de un poder fáctico como los medios de comunicación social, los cuales tienen al garete a un Donald Trump que nunca midió su audacia de declararle la guerra abierta a la prensa, cuyos resultados son definitivamente demoledores para él, su familia y todos los que se mueven en su entorno.
Cualquiera pudiera alegar que Trump es presa de su propia ignorancia y arrogancia, pero si la prensa se hiciera de la vista gorda de muchas de sus inconductas, probablemente la situación del mandatario norteamericano fuera mucho más llevadera y tolerada.
No se juegue con candela si no quiere quemarse en el fuego.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.