Análisis Noticiosos
La Convergencia decantaría la crisis del partidismo
Por Juan Bolívar Díaz
En la medida en que se acerca el desenlace de la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que es su inminente división, se perfila la Convergencia por un Mejor País, que busca constituirse en un amplio frente que capitalice la oposición al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El pasado domingo ocho grupos políticos proclamaron la Convergencia con una agenda programática general a la espera de concertar un programa de gobierno, mientras esta semana el partido reconocido Alianza Social Dominicana será rebautizado como Partido Revolucionario Mayoritario.
Hacia nuevo ciclo político
El documento de proclamación de La Convergencia comienza reivindicando los anhelos políticos y sociales de las últimas cinco décadas, tras la desaparición de la tiranía trujillista para iniciar “un nuevo ciclo político” que “no solo desplace la corporación PLD del poder en el 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y la sociedad dominicana, esfuerzo posible si logramos una vigorosa coalición de fuerzas políticas y sociales, usando adecuadamente las armas y las herramientas de la política del siglo XXI” .
La estrategia fundamental parte de “la superación de los abismos existentes entre las fuerzas políticas y el movimiento social”, con una coalición no sólo de partidos sino de grupos diversos de la sociedad, desde el empresariado hasta las comunidades de base “con el interés de plantear soluciones a los problemas más sensibles de la ciudadanía”.
Reconocen el “deterioro que padece la clase política” por lo que se empeñarán en “construir una voluntad democrática que impregne confianza y entusiasmo en la población”, con propuestas presentadas “desde el pluralismo y la tolerancia, con prácticas y actitudes favorables a la creación de una relación necesaria entre el movimiento social y el movimiento político”, a través de la participación en las propuestas programáticas y en el gobierno.
Proponen articular un espacio plural y abierto para congregar “una amplia gama de posiciones políticas, ideológicas y sociales” con capacidad no sólo para ganar la presidencia de la nación, sino para alcanzar una significativa representación congresual y municipal “con propuestas que vayan más allá de un simple cambio de autoridades”.
La agenda programática
Los propulsores de La Convergencia parten de una agenda de cuatro capítulos generales a ser enriquecidos por los actores sociales y políticos en un proceso de concertación democrática para “desmontar el antidemocrático modelo peledeísta, erigido sobre la base de la corrupción, la impunidad y el clientelismo”.
En el capítulo 1, “participación electoral con transparencia” plantean “una reformulación integral de las normas que rigen el proceso electoral” Si bien apoyan la promulgación de una ley de partidos y del régimen electoral, lo consideran insuficiente para lograr la libertad de elección, por lo que incluyen la modificación de la actual composición del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral.
Los objetivos estructurales, en el capítulo 2, parten de la reestructuración del modelo económico “para que las grandes mayorías puedan beneficiarse de las riquezas del país, incentivando los sectores productivos, la generación de empleos de calidad con salarios dignos y derechos laborales garantizados, así como el aumento de la inversión social dirigida a combatir la pobreza y la desigualdad, garantizando una distribución equitativa de la inversión pública entre las diversas provincias del país”.
Esbozan acciones en los sistemas educativos, eléctrico y la seguridad social, en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana, y en políticas internacional y migratoria, incluyendo una Asamblea Nacional Constituyente “para desatar los nudos autoritarios existentes y reconfigurar los principales poderes públicos”.
El capítulo 3 se refiere a “objetivos Coyunturales”, como convertir la Loma Miranda parque nacional, la impunidad, código laboral y servicios públicos, y el cuarto se refiere al medio ambiente, mujer y género, juventud, discapacidad y diversidad.
Buscan incorporar otros
El manifiesto de La Convergencia fue presentado por los partidos reconocidos Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, por el PRD Mayoritario, el Foro Renovador del PRD, y los movimientos políticos sociales La Multitud, Red de Acción Política, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia y Dominicanos por el Orgullo Nacional.
La exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y el politólogo Pedro Catrain, de los principales ideólogos de La Convergencia, explican que están entregando el manifiesto a una serie de entidades políticas y sociales, a la vez que los invitan a participar en la concertación del programa de gobierno. Aspiran a lograr la incorporación de los partidos como Alianza País, Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata y Dominicanos por el Cambio, que lideran Guillermo Moreno, Max Puig, Hatuey de Camps y Eduardo Estrella.
En la concretización del programa esperan incluir cuestiones vitales para reducir la corrupción, la impunidad, el clientelismo y al reparto del Estado, y señalan asuntos como la incorporación de las entidades sociales en el Consejo Nacional de Etica, la supresión de organismos inoperantes y suplicantes de funciones, de cientos de vicecónsules, embajadores y cargos innecesarios, así como de las nominillas, dentro de una política de prioridades en la inversión y el gasto. También proscribir barrilitos y cofrecitos de los legisladores, con el compromiso dedicarse a sus funciones constitucionales, y gestión municipal absolutamente transparente y participativa.
Los estrategas están convencidos de que el compromiso concreto con las principales demandas de la sociedad producirá una avalancha que sacudirá el sistema partidista, aunque reconocen que para alcanzar esos objetivos tendrán que aunar grandes energías, “espantando los fantasmas del grupismo autodestructivo que ha afectado tanto al PRD como a los partidos y grupos de izquierda, que una y otra vez han impedido la sumatoria de los sectores democráticos y progresistas”. Esperan que esa avalancha no sólo liquide lo que quedará del viejo PRD, sino que genere un terremoto en el PLD.
Todo ello en base al rechazo que las encuestan marcan al actual sistema partidista.
El desafío de candidaturas
Cuando se discute a fondo con los promotores de La Convergencia, se llega siempre al desafío que representan las candidaturas, no sólo la presidencial, sino también las legislativas y municipales. Milagros Ortiz y Catrain dijeron el viernes por Teleantillas que esperan tener candidatura presidencial para octubre, o a más tardar para comenzar el 2015. Conciben la elección con el padrón universal, llamando a toda la población a elegir sobre las propuestas que formulen los partidos y grupos coaligados.
De los actuales participantes sólo el Frente Amplio ha señalado su candidato, Fidel Santana, y se espera que otros, incluyendo los que aún no se han comprometido, presenten candidaturas, lo mismo que el PRD Mayoritario, el cual tiene el desafío de decidir entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. El primero no ha dicho si la buscará, pero el segundo lleva más de un año en campaña. Hasta ahora los dos se mantienen unidos en la creación de la estructura que sustentará el PRD Mayoritario, conformada por la dirección media y de base del perredeísmo. Todos reconocen que si los perredeístas transportan el grupismo y el clientelismo tradicional, La Convergencia quedaría corta.
Un proyecto de reglamento elaborado a principio de año concibe que el 80 por ciento de los cargos sean elegidos en votación abierta, y el restante 20 por cieno para asegurar la representación de las minorías políticas y de los grupos sociales. Pero eso está aún por definirse, esperando la incorporación de otros partidos y núcleos sociales.
La suerte está echada
Para los dirigentes de lo que ya se conoce como “PRD Mayoritario”, la suerte está echada, porque tienen la convicción de que la elección de dirigentes del viejo partido culminará el próximo domingo en “otra imposición de Miguel Vargas con el apoyo del Tribunal Electoral y la Junta Central Electoral de Leonel Fernández”, a quien dan por candidato presidencial del PLD.
Han dado apoyo al intento de polarización con Vargas protagonizado por Guido Gómez Mazara, pero la actitud antidemocrática de aquel, la exclusión de casi dos tercios del viejo padrón del PRD y la parcialidad de la comisión organizadora, no dejan margen a la duda, por eso proclamarán esta semana el PRD Mayoritario.
La decisión está basada en todas las encuestas que, como la Gallup HOY, han dejado entre 9 y 13 por ciento las simpatías de los perredeístas por Vargas Maldonado, entre dos tercios y tres cuartas partes inclinados a seguir los pasos de Mejía y Abinader. Una investigación del Centro Económico del Cibao al primero de junio indicó que el 72 por ciento de los perredeístas apoyaría La Convergencia y el 21 por ciento no lo haría. El 68 por ciento se integraría a ella y el 23 por ciento no lo haría. El 70 por ciento dijo que Abinader y Mejía tienen la real representación del PRD, y el 15 por ciento la atribuyó a Vargas Maldonado.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.