Análisis Noticiosos
La Convergencia decantaría la crisis del partidismo
Por Juan Bolívar Díaz
En la medida en que se acerca el desenlace de la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que es su inminente división, se perfila la Convergencia por un Mejor País, que busca constituirse en un amplio frente que capitalice la oposición al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El pasado domingo ocho grupos políticos proclamaron la Convergencia con una agenda programática general a la espera de concertar un programa de gobierno, mientras esta semana el partido reconocido Alianza Social Dominicana será rebautizado como Partido Revolucionario Mayoritario.
Hacia nuevo ciclo político
El documento de proclamación de La Convergencia comienza reivindicando los anhelos políticos y sociales de las últimas cinco décadas, tras la desaparición de la tiranía trujillista para iniciar “un nuevo ciclo político” que “no solo desplace la corporación PLD del poder en el 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y la sociedad dominicana, esfuerzo posible si logramos una vigorosa coalición de fuerzas políticas y sociales, usando adecuadamente las armas y las herramientas de la política del siglo XXI” .
La estrategia fundamental parte de “la superación de los abismos existentes entre las fuerzas políticas y el movimiento social”, con una coalición no sólo de partidos sino de grupos diversos de la sociedad, desde el empresariado hasta las comunidades de base “con el interés de plantear soluciones a los problemas más sensibles de la ciudadanía”.
Reconocen el “deterioro que padece la clase política” por lo que se empeñarán en “construir una voluntad democrática que impregne confianza y entusiasmo en la población”, con propuestas presentadas “desde el pluralismo y la tolerancia, con prácticas y actitudes favorables a la creación de una relación necesaria entre el movimiento social y el movimiento político”, a través de la participación en las propuestas programáticas y en el gobierno.
Proponen articular un espacio plural y abierto para congregar “una amplia gama de posiciones políticas, ideológicas y sociales” con capacidad no sólo para ganar la presidencia de la nación, sino para alcanzar una significativa representación congresual y municipal “con propuestas que vayan más allá de un simple cambio de autoridades”.
La agenda programática
Los propulsores de La Convergencia parten de una agenda de cuatro capítulos generales a ser enriquecidos por los actores sociales y políticos en un proceso de concertación democrática para “desmontar el antidemocrático modelo peledeísta, erigido sobre la base de la corrupción, la impunidad y el clientelismo”.
En el capítulo 1, “participación electoral con transparencia” plantean “una reformulación integral de las normas que rigen el proceso electoral” Si bien apoyan la promulgación de una ley de partidos y del régimen electoral, lo consideran insuficiente para lograr la libertad de elección, por lo que incluyen la modificación de la actual composición del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral.
Los objetivos estructurales, en el capítulo 2, parten de la reestructuración del modelo económico “para que las grandes mayorías puedan beneficiarse de las riquezas del país, incentivando los sectores productivos, la generación de empleos de calidad con salarios dignos y derechos laborales garantizados, así como el aumento de la inversión social dirigida a combatir la pobreza y la desigualdad, garantizando una distribución equitativa de la inversión pública entre las diversas provincias del país”.
Esbozan acciones en los sistemas educativos, eléctrico y la seguridad social, en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana, y en políticas internacional y migratoria, incluyendo una Asamblea Nacional Constituyente “para desatar los nudos autoritarios existentes y reconfigurar los principales poderes públicos”.
El capítulo 3 se refiere a “objetivos Coyunturales”, como convertir la Loma Miranda parque nacional, la impunidad, código laboral y servicios públicos, y el cuarto se refiere al medio ambiente, mujer y género, juventud, discapacidad y diversidad.
Buscan incorporar otros
El manifiesto de La Convergencia fue presentado por los partidos reconocidos Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, por el PRD Mayoritario, el Foro Renovador del PRD, y los movimientos políticos sociales La Multitud, Red de Acción Política, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia y Dominicanos por el Orgullo Nacional.
La exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y el politólogo Pedro Catrain, de los principales ideólogos de La Convergencia, explican que están entregando el manifiesto a una serie de entidades políticas y sociales, a la vez que los invitan a participar en la concertación del programa de gobierno. Aspiran a lograr la incorporación de los partidos como Alianza País, Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata y Dominicanos por el Cambio, que lideran Guillermo Moreno, Max Puig, Hatuey de Camps y Eduardo Estrella.
En la concretización del programa esperan incluir cuestiones vitales para reducir la corrupción, la impunidad, el clientelismo y al reparto del Estado, y señalan asuntos como la incorporación de las entidades sociales en el Consejo Nacional de Etica, la supresión de organismos inoperantes y suplicantes de funciones, de cientos de vicecónsules, embajadores y cargos innecesarios, así como de las nominillas, dentro de una política de prioridades en la inversión y el gasto. También proscribir barrilitos y cofrecitos de los legisladores, con el compromiso dedicarse a sus funciones constitucionales, y gestión municipal absolutamente transparente y participativa.
Los estrategas están convencidos de que el compromiso concreto con las principales demandas de la sociedad producirá una avalancha que sacudirá el sistema partidista, aunque reconocen que para alcanzar esos objetivos tendrán que aunar grandes energías, “espantando los fantasmas del grupismo autodestructivo que ha afectado tanto al PRD como a los partidos y grupos de izquierda, que una y otra vez han impedido la sumatoria de los sectores democráticos y progresistas”. Esperan que esa avalancha no sólo liquide lo que quedará del viejo PRD, sino que genere un terremoto en el PLD.
Todo ello en base al rechazo que las encuestan marcan al actual sistema partidista.
El desafío de candidaturas
Cuando se discute a fondo con los promotores de La Convergencia, se llega siempre al desafío que representan las candidaturas, no sólo la presidencial, sino también las legislativas y municipales. Milagros Ortiz y Catrain dijeron el viernes por Teleantillas que esperan tener candidatura presidencial para octubre, o a más tardar para comenzar el 2015. Conciben la elección con el padrón universal, llamando a toda la población a elegir sobre las propuestas que formulen los partidos y grupos coaligados.
De los actuales participantes sólo el Frente Amplio ha señalado su candidato, Fidel Santana, y se espera que otros, incluyendo los que aún no se han comprometido, presenten candidaturas, lo mismo que el PRD Mayoritario, el cual tiene el desafío de decidir entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. El primero no ha dicho si la buscará, pero el segundo lleva más de un año en campaña. Hasta ahora los dos se mantienen unidos en la creación de la estructura que sustentará el PRD Mayoritario, conformada por la dirección media y de base del perredeísmo. Todos reconocen que si los perredeístas transportan el grupismo y el clientelismo tradicional, La Convergencia quedaría corta.
Un proyecto de reglamento elaborado a principio de año concibe que el 80 por ciento de los cargos sean elegidos en votación abierta, y el restante 20 por cieno para asegurar la representación de las minorías políticas y de los grupos sociales. Pero eso está aún por definirse, esperando la incorporación de otros partidos y núcleos sociales.
La suerte está echada
Para los dirigentes de lo que ya se conoce como “PRD Mayoritario”, la suerte está echada, porque tienen la convicción de que la elección de dirigentes del viejo partido culminará el próximo domingo en “otra imposición de Miguel Vargas con el apoyo del Tribunal Electoral y la Junta Central Electoral de Leonel Fernández”, a quien dan por candidato presidencial del PLD.
Han dado apoyo al intento de polarización con Vargas protagonizado por Guido Gómez Mazara, pero la actitud antidemocrática de aquel, la exclusión de casi dos tercios del viejo padrón del PRD y la parcialidad de la comisión organizadora, no dejan margen a la duda, por eso proclamarán esta semana el PRD Mayoritario.
La decisión está basada en todas las encuestas que, como la Gallup HOY, han dejado entre 9 y 13 por ciento las simpatías de los perredeístas por Vargas Maldonado, entre dos tercios y tres cuartas partes inclinados a seguir los pasos de Mejía y Abinader. Una investigación del Centro Económico del Cibao al primero de junio indicó que el 72 por ciento de los perredeístas apoyaría La Convergencia y el 21 por ciento no lo haría. El 68 por ciento se integraría a ella y el 23 por ciento no lo haría. El 70 por ciento dijo que Abinader y Mejía tienen la real representación del PRD, y el 15 por ciento la atribuyó a Vargas Maldonado.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.