Análisis Noticiosos
La “Convergencia” sería alternativa democrática
Por Juan Bolívar Díaz
La virtual división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha creado condiciones propicias para la emergencia de una nueva fuerza que ocupe el vacío de oposición y pudiera constituirse en una alternativa al continuismo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones presidenciales dentro de 26 meses.
La participación de los grupos mayoritarios del escindido PRD garantizaría un fuerte arranque de la ”Convergencia por un Mejor País”, cuyo estatuto general en discusión plantea elección abierta de candidatos, pero antes abrirían una concertación de programa de gobierno.
Una sumatoria política. La virtual división que afecta al PRD, donde no han podido establecer los más mínimos acuerdos para reencausar la democracia interna tras dos años de confrontaciones, y la prematura lucha en el PLD por la candidatura presidencial iniciada cuando faltaban tres años para las próximas elecciones generales, están impulsando la conformación de lo que se ha denominado “Convergencia por un Mejor País”, cuyo primer objetivo es buscar el poder en el 2016.
Se encuentra en su fase final el estudio de un proyecto de estatuto general tras lo cual abrirían un proceso para consensuar un programa mínimo de gobierno y luego proceder a una elección primaria para escoger candidatos mediante voto universal y secreto para todos los cargos a ser electos en mayo de 2016.
La propuesta partió del grupo Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia que profesionales e intelectuales insatisfechos con la gestión peledeísta conformaron entre el 2010 y 2011 buscando constituir un “frente amplio electoral” con participación de varios partidos de centro e izquierda con franquicia electoral y de núcleos populares. El esfuerzo no concretó.
Hasta ahora participan del proyecto los sectores perredeístas que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, los partidos con reconocimiento electoral Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, el Movimiento Rebelde de Juan Hubieres que lo procura, y los agrupamientos La Multitud, Red de Acción Política y Ciudadanos por la Democracia.
Tratarían de incorporar también a los reconocidos Alianza País, que lidera Guillermo Moreno; Partido Revolucionario Social Demócrata, que encabeza Hatuey Decamps, y Dominicanos por el Cambio, presidido por Eduardo Estrella.
Moreno condiciono su participación a la previa concertación de un programa que empiece por rechazar el prevaleciente reparto del Estado.
Un proyecto democrático. Los politólogos Pedro Catrain, César Pérez, Wilfredo Lozano y el economista Miguel Ceara Hatton, de los fundadores de Ciudadanos por la Democracia, vienen reclamando la constitución de una convergencia de todos los sectores preocupados por la institucionalidad democrática, en lo que han insistido después que el expresidente Leonel Fernández dijera que el PLD gobernará el país hasta el 2036, que luego amplió al 2044, es decir otros 30 años.
Pero han insistido en que la esencia del proyecto debe partir del rescate de los procedimientos democráticos, respeto a las minorías y renovación del liderazgo político promoviendo la incorporación de las organizaciones juveniles y la participación de las diversas expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes.
El preámbulo del proyecto de estatuto indica que es imprescindible la construcción de un espacio político de vertebración unitaria.
“Desde el respeto a los liderazgos, la pluralidad, la tolerancia la personalidad política y jurídica particular, los principios y declaraciones contenidas en las normas de funcionamiento de cada uno de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes que componen este esfuerzo unitario proclamamos la plena vigencia de Cambio 2016, Convergencia por un Mejor País”.
El artículo 3 dice que “La Convergencia nace con el objetivo de cambiar la situación política, económica y social de la República Dominicana, que los partidos, movimientos políticos organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes describen en el Manifiesto Político que explica su planteamiento programático”. La elaboración del manifiesto sería fruto del consenso mediante una mesa de diálogo.
Aporte de los perredeístas. La participación de la llamada Corriente Mayoritaria del PRD, integrada por los grupos que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, garantizaría una fortaleza considerable de la Convergencia desde su nacimiento. El proyecto se inspira en experiencias internacionales, como la de La Concertación que venció a Pinochet en el plebiscito de 1988 e inició la restauración de la democracia con el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) y siguió con los de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michel Bachelet, hasta el 2010, cuando fue desplazada del poder por Sebastián Piñera, para retornar en este 2014 de nuevo con Bachelet.
Se estima que Mejía y Abinader arrastrarían la mayor parte de los perredeístas inconformes con lo que denuncian como “secuestro del partido por su presidente Miguel Vargas y el expresidente Leonel Fernández y sus cortes”. Se sienten avalados por la mayoría absoluta que les atribuyen la generalidad de las encuestas publicadas desde que estalló la crisis perredeísta tras las elecciones del 2012.
Abinader y Mejía sumaron el 43 por ciento de las preferencias en el universo de los encuestados en la Gallup-HOY de septiembre pasado, contra 21 por ciento de Vargas. Entre quienes se dijeron perredeístas las diferencias eran mucho mayores, 73 a 12 por ciento. En la Gallup-HOY de enero pasado el dueto acumuló 46 por ciento a 21%. Y entre los perredeístas 75 a 13 por ciento. En una encuesta de mediados de febrero del Centro Económico del Cibao dispuesta por Abinader y Mejía el resultado fue 57 por ciento para ellos en el universo contra 20% a Vargas, y entre los perredeístas 86 a 11 por ciento, ambos empatados sobre el 44 por ciento.
Importantes interrogantes. Muchas son las interrogantes que se formulan sobre el proyecto de Convergencia. La primera si los involucrados tendrán la capacidad de concertación, vocación y ejercicio democrático para construirla, lo que se ha frustrado en procesos electorales anteriores tratándose de partidos minoritarios.
En 1973, cuando Juan Bosch abandonó el PRD cinco meses antes de los comicios presidenciales de 1974, en tan corto tiempo bajo el liderazgo de José Francisco Peña Gómez se estableció el Acuerdo de Santiago, en un pacto de cuatro partidos que logró capitalizar el descontento y encabezar la oposición.
Al llegar mayo, Balaguer utilizó hasta las Fuerzas Armadas en las calles para hacer campaña e imponerse, obligando a la abstención del frente cinco días antes de la votación.
La situación ahora es diferente, pues el PRD no tiene un Peña Gómez que lo unifique y el frente electoral no llevaría el nombre y símbolos del partido. Habría que ver si la mayoría de los perredeístas se convencen de que pueden prescindir de él, siquiera coyunturalmente. La encuesta de febrero preguntó si considerarían correcto que Mejía y Abinader salieran del PRD hacia la Convergencia. Lo aprobó el 51 por ciento del universo y el 68 por ciento de los perredeístas.
Otra interrogante es si los dos perredeístas se pondrían de acuerdo para presentar una candidatura presidencial a la Convergencia, o si llevarían a la misma las tradicionales luchas internas de los perredeístas. Desde el año pasado Abinader se proclamó precandidato presidencial y las encuestas lo muestran en ascenso. Mejía ha dicho que trabajará por la Convergencia sin subordinarlo a ser candidato, aunque también sin descartarlo.
Desde luego, el dueto de la Convergencia tendría que convencer a muchos perredeístas que todavía se aferran al nombre y la historia del más viejo partido nacional.
Los asuntos esenciales
Los partidos y grupos participantes conservarían su plena independencia pero estarían obligados a cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la Convergencia que serían Consejo General, Dirección Ejecutiva Nacional, con una Mesa Colegiada, un Coordinador General y un Portavoz, diversas comisiones y una Comisión Permanente y tendría órganos locales, provinciales y municipales acordes con la organización electoral del país.
Se plantea que la elección de los candidatos sería mediante voto directo universal, individual y secreto a través de un proceso de primarias en el que participarían los candidatos que presenten todos los partidos y agrupamientos integrados.
Así escogerían los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y el 80 por ciento de los cargos al Congreso Nacional y los municipios.
El restante 20 por ciento sería destinado a proteger el derecho de las minorías participantes, previa reglamentación.
El proyecto establece que las personas postuladas deberán aceptar los objetivos y programas de la Convergencia y su compromiso con un código de ética, además del cumplimiento de los principios éticos establecidos por las leyes y los que adopte la Convergencia.
Antepone los intereses generales a cualquier interés personal, y solo percibirán los honorarios, salarios y dietas establecidos para cada función.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.