Análisis Noticiosos
La “Convergencia” sería alternativa democrática
Por Juan Bolívar Díaz
La virtual división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha creado condiciones propicias para la emergencia de una nueva fuerza que ocupe el vacío de oposición y pudiera constituirse en una alternativa al continuismo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones presidenciales dentro de 26 meses.
La participación de los grupos mayoritarios del escindido PRD garantizaría un fuerte arranque de la ”Convergencia por un Mejor País”, cuyo estatuto general en discusión plantea elección abierta de candidatos, pero antes abrirían una concertación de programa de gobierno.
Una sumatoria política. La virtual división que afecta al PRD, donde no han podido establecer los más mínimos acuerdos para reencausar la democracia interna tras dos años de confrontaciones, y la prematura lucha en el PLD por la candidatura presidencial iniciada cuando faltaban tres años para las próximas elecciones generales, están impulsando la conformación de lo que se ha denominado “Convergencia por un Mejor País”, cuyo primer objetivo es buscar el poder en el 2016.
Se encuentra en su fase final el estudio de un proyecto de estatuto general tras lo cual abrirían un proceso para consensuar un programa mínimo de gobierno y luego proceder a una elección primaria para escoger candidatos mediante voto universal y secreto para todos los cargos a ser electos en mayo de 2016.
La propuesta partió del grupo Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia que profesionales e intelectuales insatisfechos con la gestión peledeísta conformaron entre el 2010 y 2011 buscando constituir un “frente amplio electoral” con participación de varios partidos de centro e izquierda con franquicia electoral y de núcleos populares. El esfuerzo no concretó.
Hasta ahora participan del proyecto los sectores perredeístas que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, los partidos con reconocimiento electoral Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, el Movimiento Rebelde de Juan Hubieres que lo procura, y los agrupamientos La Multitud, Red de Acción Política y Ciudadanos por la Democracia.
Tratarían de incorporar también a los reconocidos Alianza País, que lidera Guillermo Moreno; Partido Revolucionario Social Demócrata, que encabeza Hatuey Decamps, y Dominicanos por el Cambio, presidido por Eduardo Estrella.
Moreno condiciono su participación a la previa concertación de un programa que empiece por rechazar el prevaleciente reparto del Estado.
Un proyecto democrático. Los politólogos Pedro Catrain, César Pérez, Wilfredo Lozano y el economista Miguel Ceara Hatton, de los fundadores de Ciudadanos por la Democracia, vienen reclamando la constitución de una convergencia de todos los sectores preocupados por la institucionalidad democrática, en lo que han insistido después que el expresidente Leonel Fernández dijera que el PLD gobernará el país hasta el 2036, que luego amplió al 2044, es decir otros 30 años.
Pero han insistido en que la esencia del proyecto debe partir del rescate de los procedimientos democráticos, respeto a las minorías y renovación del liderazgo político promoviendo la incorporación de las organizaciones juveniles y la participación de las diversas expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes.
El preámbulo del proyecto de estatuto indica que es imprescindible la construcción de un espacio político de vertebración unitaria.
“Desde el respeto a los liderazgos, la pluralidad, la tolerancia la personalidad política y jurídica particular, los principios y declaraciones contenidas en las normas de funcionamiento de cada uno de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes que componen este esfuerzo unitario proclamamos la plena vigencia de Cambio 2016, Convergencia por un Mejor País”.
El artículo 3 dice que “La Convergencia nace con el objetivo de cambiar la situación política, económica y social de la República Dominicana, que los partidos, movimientos políticos organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes describen en el Manifiesto Político que explica su planteamiento programático”. La elaboración del manifiesto sería fruto del consenso mediante una mesa de diálogo.
Aporte de los perredeístas. La participación de la llamada Corriente Mayoritaria del PRD, integrada por los grupos que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, garantizaría una fortaleza considerable de la Convergencia desde su nacimiento. El proyecto se inspira en experiencias internacionales, como la de La Concertación que venció a Pinochet en el plebiscito de 1988 e inició la restauración de la democracia con el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) y siguió con los de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michel Bachelet, hasta el 2010, cuando fue desplazada del poder por Sebastián Piñera, para retornar en este 2014 de nuevo con Bachelet.
Se estima que Mejía y Abinader arrastrarían la mayor parte de los perredeístas inconformes con lo que denuncian como “secuestro del partido por su presidente Miguel Vargas y el expresidente Leonel Fernández y sus cortes”. Se sienten avalados por la mayoría absoluta que les atribuyen la generalidad de las encuestas publicadas desde que estalló la crisis perredeísta tras las elecciones del 2012.
Abinader y Mejía sumaron el 43 por ciento de las preferencias en el universo de los encuestados en la Gallup-HOY de septiembre pasado, contra 21 por ciento de Vargas. Entre quienes se dijeron perredeístas las diferencias eran mucho mayores, 73 a 12 por ciento. En la Gallup-HOY de enero pasado el dueto acumuló 46 por ciento a 21%. Y entre los perredeístas 75 a 13 por ciento. En una encuesta de mediados de febrero del Centro Económico del Cibao dispuesta por Abinader y Mejía el resultado fue 57 por ciento para ellos en el universo contra 20% a Vargas, y entre los perredeístas 86 a 11 por ciento, ambos empatados sobre el 44 por ciento.
Importantes interrogantes. Muchas son las interrogantes que se formulan sobre el proyecto de Convergencia. La primera si los involucrados tendrán la capacidad de concertación, vocación y ejercicio democrático para construirla, lo que se ha frustrado en procesos electorales anteriores tratándose de partidos minoritarios.
En 1973, cuando Juan Bosch abandonó el PRD cinco meses antes de los comicios presidenciales de 1974, en tan corto tiempo bajo el liderazgo de José Francisco Peña Gómez se estableció el Acuerdo de Santiago, en un pacto de cuatro partidos que logró capitalizar el descontento y encabezar la oposición.
Al llegar mayo, Balaguer utilizó hasta las Fuerzas Armadas en las calles para hacer campaña e imponerse, obligando a la abstención del frente cinco días antes de la votación.
La situación ahora es diferente, pues el PRD no tiene un Peña Gómez que lo unifique y el frente electoral no llevaría el nombre y símbolos del partido. Habría que ver si la mayoría de los perredeístas se convencen de que pueden prescindir de él, siquiera coyunturalmente. La encuesta de febrero preguntó si considerarían correcto que Mejía y Abinader salieran del PRD hacia la Convergencia. Lo aprobó el 51 por ciento del universo y el 68 por ciento de los perredeístas.
Otra interrogante es si los dos perredeístas se pondrían de acuerdo para presentar una candidatura presidencial a la Convergencia, o si llevarían a la misma las tradicionales luchas internas de los perredeístas. Desde el año pasado Abinader se proclamó precandidato presidencial y las encuestas lo muestran en ascenso. Mejía ha dicho que trabajará por la Convergencia sin subordinarlo a ser candidato, aunque también sin descartarlo.
Desde luego, el dueto de la Convergencia tendría que convencer a muchos perredeístas que todavía se aferran al nombre y la historia del más viejo partido nacional.
Los asuntos esenciales
Los partidos y grupos participantes conservarían su plena independencia pero estarían obligados a cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la Convergencia que serían Consejo General, Dirección Ejecutiva Nacional, con una Mesa Colegiada, un Coordinador General y un Portavoz, diversas comisiones y una Comisión Permanente y tendría órganos locales, provinciales y municipales acordes con la organización electoral del país.
Se plantea que la elección de los candidatos sería mediante voto directo universal, individual y secreto a través de un proceso de primarias en el que participarían los candidatos que presenten todos los partidos y agrupamientos integrados.
Así escogerían los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y el 80 por ciento de los cargos al Congreso Nacional y los municipios.
El restante 20 por ciento sería destinado a proteger el derecho de las minorías participantes, previa reglamentación.
El proyecto establece que las personas postuladas deberán aceptar los objetivos y programas de la Convergencia y su compromiso con un código de ética, además del cumplimiento de los principios éticos establecidos por las leyes y los que adopte la Convergencia.
Antepone los intereses generales a cualquier interés personal, y solo percibirán los honorarios, salarios y dietas establecidos para cada función.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.