Análisis Noticiosos
La corrupción detona crisis PLD-Gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
En medio de una encarnizada lucha por el poder en altos niveles del partido gobernante, el sólido expediente sobre la enorme riqueza del secretario de Organización Félix Bautista, desata un chantaje al Procurador General y al Gobierno
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El sólido expediente con que la Procuraduría General de la República pidió prisión y juicio al secretario de Organización del Partido de la Liberación Nacional (PLD), Félix Bautista, ha desatado una “abierta confrontación” entre sus dirigentes, bajo la convicción de que se busca liquidar el proyecto de retorno al poder del expresidente Leonel Fernández
El activismo de legisladores comprometidos con la campaña del presidente del partido que busca inhabilitar al procurador Francisco Domínguez Brito representa un desafío para el gobierno y toda la sociedad, mientras se teme que los recientes actos de terrorismo que han alarmado al país estén siendo inducidos como chantaje
Un tremendo expediente
Lo primero que resalta en la crisis, y no puede ser obviado por la sociedad, es la magnitud y contundencia de las irregularidades con que se entramó la enorme riqueza acumulada por el senador Bautista durante su ejercicio como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado cuando administró decenas de miles de pesos en el gobierno de Fernández, a quien se le vincula demasiado estrechamente. Fue muchas veces denunciada por periodistas críticos y políticos opositores, pero ahora documentada por los investigadores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y convertida en expediente judicial por el procurador Francisco Domínguez Brito.
Se trata de un grueso expediente de 412 páginas, de las que más de un centenar describen el entramado de Bautista, 250 presentan pruebas de las acusaciones contenidas en otras 40 páginas. Se refieren a una treintena de compañías vinculadas directa o indirectamente a Bautista y sus negocios particulares, tan voluminosos que hace dos años cuando se denunció los contratos de obras que ejecuta en Haití, no tuvo empacho en proclamar que “si me lo dan lo reconstruyo entero”.
Es imposible resumir el entramado empresarial y de negocios que documenta el expediente contra Bautista, quien al llegar al cargo en el 2004 declaraba un patrimonio de medio millón de pesos, como lo hizo el destacado jurista Francisco Alvarez Valdez esta semana en el digital Acento: vinculados que no tenían patrimonio, compañías con cuentas bancarias raquíticas pasaron de un momento a otro a operaciones multimillonarias. Una de ellas realizó depósitos bancarios sólo en el 2007 por 483 millones de pesos, 490 millones, 514 millones y 1,100 millones de pesos, que totalizaron 2 mil 587 millones de pesos, más 74 millones de dólares, que al 40 por uno adicionaban otros 2 mil 960 millones de pesos, para totalizar 5 mil 547 millones de pesos. Otra empresa manejó fondos por 3 mil 500 millones de pesos y 74 millones de dólares.
Se documentan contratos otorgados a empresas y personas vinculadas: una abría 64 certificados de depósitos personales en varios bancos y otra tenía 48 cuentas personales de ahorro y corriente, en pesos, dólares y euros. Otras recibieron contratos por 14 mil millones de pesos y 16 millones de dólares. Los vínculos incluyen exesposa, familiares y socios. Al mismo Bautista se le documentan certificados de depósitos por más de 3 millones de dólares y se le atribuye la compra de un avión ejecutivo Gulfstream, modelo 1159, (con costos entre 17 y 37 millones de dólares). Se documentan compras de una cementera por 32 millones de dólares y emisoras radiofónicas por 8 millones de dólares.
La justicia controlada
La Procuraduría General ha solicitado prisión preventiva y procesamiento judicial contra Félix Bautista y sus asociados Soraida Abréu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura, Carlos Manuel Ozoria, Bienvenido Apolinar Bretón y Gricel Aracelis Soler. Los cargos: falsedad de escritura privada, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Como Bautista es senador, lo que desde su postulación se denunció como intento de blindarlo, el sometimiento tuvo que ser en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, con mayoría de jueces vinculados al expresidente Fernández y su partido, incluyendo al doctor Alejandro Moscoso Segarra, exfiscal del DN, encargado de instruir el proceso por cuenta de esa corte. También es peledeísta el juez Frank Soto, quien el martes continuará conociendo el recurso incoado por Bautista contra la cautela dispuesta por el Procurador General sobre inmuebles multimillonarios de sus empresas.
La debilidad institucional de una justicia extremadamente partidarizada será el marco en el que se dilucidarán las graves acusaciones contra Bautista, a no ser que se lleve al Comité Político del PLD, como propuso públicamente el dirigente peledeísta Radhamés Camacho, en vez de pedir que Bautista se aparte o sea apartado del tercer cargo del partido, como ocurriría en cualquier democracia de medina intensidad institucional.
Disparan las palomas
Aunque parezca absurdo, la confrontación derivada del sometimiento podría terminar con las palomas disparando a las escopetas, ya que desde antes del sometimiento se empezó a montar una tarima para crucificar al procurador Domínguez Brito, cuya renuncia o destitución están pidiendo legisladores, voceros y abogados vinculados a Bautista y su líder Leonel Fernández. Son ellos mismos quienes se encargan de pregonar que la escopeta del procurador donde apunta es a la precandidatura de Leonel Fernández.
Se acusa a Domínguez Brito de actividades políticas, acompañado de otros miembros del ministerio público, y se susurra que entornos del presidente Medina lo alientan, que sin ese apoyo no se produce la investigación ni el sometimiento, porque en última instancia lo que buscan es liquidar al líder para que el universo del peledeísmo tenga que refugiarse en la reforma constitucional para abrir espacio a una repostulación del actual mandatario.
Medina, sin embargo, no ha dado la menor señal, y algunos allegados descartan totalmente que las proclamas reeleccionistas logren materializarse, dado que la reforma constitucional requeriría cien por ciento de los legisladores peledeístas y aliados y buscarse otro diez en la oposición. Con todo hay quienes creen que la corrupción en que terminó el gobierno de Fernández podría arrastrarlo al desastre político, y señalan hacia el expediente pendiente del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, otro de los grandes millonarios de Fernández, bajo investigación de la fiscalía del DN, que estaba a la espera del resultado final de una auditoría de la Cámara de Cuentas, publicada en estos días, que también deja amplia cola por donde pisar.
La fortaleza de Bautista,
Aún contra las cuerdas, Félix Bautista no puede ser subestimado y muestra su fortaleza, derivada del apoyo de Leonel Fernández, que alguna vez lo consideró como un hijo, y a cuya sombra y cercanía se montó una de las mayores fortunas políticas. Desde antes de que se sometiera el expediente un importante vocero en los medios anunció que un centenar de legisladores pedirían la cabeza del procurador Domínguez. No ha aparecido el centenar pero sí unos siete senadores y 22 diputados que pretenden una interpelación y destitución de la cabeza del ministerio público.
Paralelamente, Bautista ha tenido la suerte de que cinco de los abogados más caros del país, algunos con largas y afortunadas carreras en defensa de delincuentes de todo género de poder económico, y sin ningún vínculo con las instituciones que luchan por el fortalecimiento institucional, han salido a la palestra contra Domínguez Brito “preocupados” por la institucionalidad del ministerio público, al considerar que viola la Constitución y las leyes que le prohíben realizar actividades políticas. Sin la menor preocupación por las graves denuncias de corrupción ni por la actividad política de ministros en abierta campaña electoral.
Son muchos los que creen que se utilizarán armas de todos los calibres para hacer capitular a Domínguez Brito o que el gobierno “lo llame al orden partidario”. Un profesional vinculado a organismos de seguridad sostiene que aquí hay suficiente impunidad y grupos incontrolables capaces de “hacer cualquier cosa”, refiriéndose a una serie de acontecimientos extraños ocurridos entre el 21 y el 27 de octubre que causaron honda preocupación. Por eso las autoridades se empeñan en determinar si el incendiario del metro actuó por propio impulso, o si hay autores intelectuales. Más complejo fue el intento de sabotaje a 14 torres eléctricas de alta tensión, cuyos soportes aparecieron aflojados, para lo cual fueron necesarios equipos especializados. También preocupa el ataque a la cárcel de Najayo, que pareció más un espectáculo que real intento de rescate, pero que dejó seis muertos. Otro acto violento en la cárcel de La Victoria y el asesinato de un guardián de la casa de la madre de Domínguez Brito están inscritos en el récord.
Creciente preocupación
La confrontación que afecta altos niveles del partido de gobierno genera preocupación en los más diversos sectores, comenzando por personas del mismo ámbito político que muestran consternación por lo que está ocurriendo y por el nivel de corrupción a que se ha llegado. Pero sin valor para salir al frente y temor de ser vinculados a los sectores en pugna, sin poder prever cuál predominará.
Los peledeístas se benefician, y en parte por eso han llegado a ese nivel de confrontación, a causa del desmembramiento de la oposición, en lo que ha invertido el sector del expresidente Fernández, donde no acaba de fraguar un proyecto político de concertación con actitudes y valores democráticos. Y en la sociedad civil hay demasiado incertidumbre, desilusión, desconfianza e indiferencia. Aunque por debajo se incuba una honda que proclama la necesidad de respaldar al procurador Domínguez Brito por haberse atrevido a enfrentar un alto entramado de corrupción. El reconocido abogado santiagués Ramón Antonio Veras ha sido el primero y más decidido.
En la opinión pública crecen las preocupaciones y demandas de acciones contra la corrupción, segunda perturbación en la encuesta publicada esta semana por Diario Libre, pero es alto el porcentaje de comentaristas y periodistas asalariados que inundan los medios y que intentan descalificar toda legítima preocupación social. El conjunto de las instituciones sociales está desafiado a orquestar acciones que contribuyan a contener el deterioro de la política y la institucionalidad democrática nacional. Si el chantaje para que ni siquiera se juzgue a Félix Bautista llega a predominar, el país estará abocado a una prolongada opacidad moral e institucional. Y si el senador y sus defensores creen en su inocencia deberían ser los más interesados en que se juzgue el fondo, ya que, con o sin razón, él se ha convertido en el gran emprendedor del enriquecimiento al amparo del gobierno y la política.-
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
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Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.