Análisis Noticiosos
La corrupción es política de Estado
Por Juan Bolívar Díaz
Aquí la corrupción es política del Estado para enriquecimiento personal
China y Brasil son del puñado de países que han logrado un crecimiento asombroso en las últimas décadas, hasta entrar al círculo de las diez mayores economías del mundo, teniendo en común su enorme territorio, entre los cuatro más grandes y que, por demás, concentran cerca de la cuarta parte de la población mundial.
Ninguna de las dos naciones figura en los primeros lugares en los índices internacionales de transparencia pero están haciendo esfuerzos extraordinarios para combatir la corrupción, rechazando el criterio conformista de que es un mal de la humanidad, como quedó evidente esta semana en discursos de sus mandatarios.
Al inaugurar un congreso del partido oficial, sin oposición en capacidad de relevo, el presidente chino Hiu Jintao, dirigió sus cañones contra la corrupción, proclamando que “si no somos capaces de gestionar bien este problema, podría ser fatal para el partido y causar incluso el derrumbe del partido y la caída del Estado”.
Vale recordar que Jintao ya había abierto fuego contra la corrupción desde el discurso con que inició su gestión en el 2002, y luego en el 2007, y que desde entonces son miles las destituciones y procesos judiciales abiertos contra funcionarios de todos los niveles, incluyendo a un ex secretario del Partido Comunista Chino. Y en ese país las sanciones por corrupción llegan a la pena de muerte, que se aplica con frecuencia.
En una conferencia internacional anticorrupción, la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, resaltó el papel de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción, a través de sus órganos de control ético, de la ley de transparencia y de la “Ficha Limpia” que impide la postulación a cargos públicos de quienes hayan sido condenados en alguna instancia judicial.
La admirada mandataria sostuvo que la lucha contra la corrupción es de las preocupaciones fundamentales de su gobierno y de la sociedad brasileña, al punto de que en la actualidad hay más de cien proyectos contra ese mal en el parlamento, proclamando que “no debe confundirse con una lucha contra el Estado o contra la política, porque se corrompen las personas, no las instituciones”.
Además de los órganos del Estado, Dilma Roussef resaltó el papel de la prensa libre en el combate a la corrupción, aún cuando se produzcan exageraciones, porque “siempre es preferible el ruido de la prensa al ruido de la tumba de los dictadores”.
Vale también recordar que en Brasil acaba de concluir “el juicio del siglo” en el que 24 políticos y un publicista han sido condenados por corrupción, a penas que alcanzan hasta 40 años de cárcel. Los políticos del mismo partido de la presidenta, incluyendo a José Genoino y Delubio Soares, presidente y tesorero de la organización, y a José Dirceu, quien fue jefe del gabinete y mano derecha del presidente Lula Da Silva.
Si lo fue alguna vez, es obvio que ya la corrupción no es una política de Estado en Brasil, como lo sigue siendo en la República Dominicana, donde todo el aparato administrativo y de fiscalización del Estado, los organismos encargados de la ética, y una gran parte de los comunicadores son partícipes y defensores de la corrupción.
Aquí la corrupción es política del Estado para enriquecimiento personal, para ganar adeptos y elecciones, mediante el clientelismo y el rentismo. Se corrompe para comprar silencios y complicidades, para doblegar opositores. El reparto de lo público, la apropiación de lo colectivo, corroe las instituciones y reduce las posibilidades de progreso y cultiva la ignorancia, como base de la dependencia de los cuasi ciudadanos.
En este país se ha llegado tan lejos que es peligroso radicalismo exigir transparencia, rendición de cuentas, límites a la podredumbre y sanciones. Por eso hasta gente seria ve con indiferencia que el país sea situado en el escalón 144 en malversación de recursos públicos, entre 144 naciones, en el Índice de Competitividad del nada sospechoso Foro Económico Mundial.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.