Análisis Noticiosos
La corrupción es política de Estado
Por Juan Bolívar Díaz
Aquí la corrupción es política del Estado para enriquecimiento personal
China y Brasil son del puñado de países que han logrado un crecimiento asombroso en las últimas décadas, hasta entrar al círculo de las diez mayores economías del mundo, teniendo en común su enorme territorio, entre los cuatro más grandes y que, por demás, concentran cerca de la cuarta parte de la población mundial.
Ninguna de las dos naciones figura en los primeros lugares en los índices internacionales de transparencia pero están haciendo esfuerzos extraordinarios para combatir la corrupción, rechazando el criterio conformista de que es un mal de la humanidad, como quedó evidente esta semana en discursos de sus mandatarios.
Al inaugurar un congreso del partido oficial, sin oposición en capacidad de relevo, el presidente chino Hiu Jintao, dirigió sus cañones contra la corrupción, proclamando que “si no somos capaces de gestionar bien este problema, podría ser fatal para el partido y causar incluso el derrumbe del partido y la caída del Estado”.
Vale recordar que Jintao ya había abierto fuego contra la corrupción desde el discurso con que inició su gestión en el 2002, y luego en el 2007, y que desde entonces son miles las destituciones y procesos judiciales abiertos contra funcionarios de todos los niveles, incluyendo a un ex secretario del Partido Comunista Chino. Y en ese país las sanciones por corrupción llegan a la pena de muerte, que se aplica con frecuencia.
En una conferencia internacional anticorrupción, la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, resaltó el papel de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción, a través de sus órganos de control ético, de la ley de transparencia y de la “Ficha Limpia” que impide la postulación a cargos públicos de quienes hayan sido condenados en alguna instancia judicial.
La admirada mandataria sostuvo que la lucha contra la corrupción es de las preocupaciones fundamentales de su gobierno y de la sociedad brasileña, al punto de que en la actualidad hay más de cien proyectos contra ese mal en el parlamento, proclamando que “no debe confundirse con una lucha contra el Estado o contra la política, porque se corrompen las personas, no las instituciones”.
Además de los órganos del Estado, Dilma Roussef resaltó el papel de la prensa libre en el combate a la corrupción, aún cuando se produzcan exageraciones, porque “siempre es preferible el ruido de la prensa al ruido de la tumba de los dictadores”.
Vale también recordar que en Brasil acaba de concluir “el juicio del siglo” en el que 24 políticos y un publicista han sido condenados por corrupción, a penas que alcanzan hasta 40 años de cárcel. Los políticos del mismo partido de la presidenta, incluyendo a José Genoino y Delubio Soares, presidente y tesorero de la organización, y a José Dirceu, quien fue jefe del gabinete y mano derecha del presidente Lula Da Silva.
Si lo fue alguna vez, es obvio que ya la corrupción no es una política de Estado en Brasil, como lo sigue siendo en la República Dominicana, donde todo el aparato administrativo y de fiscalización del Estado, los organismos encargados de la ética, y una gran parte de los comunicadores son partícipes y defensores de la corrupción.
Aquí la corrupción es política del Estado para enriquecimiento personal, para ganar adeptos y elecciones, mediante el clientelismo y el rentismo. Se corrompe para comprar silencios y complicidades, para doblegar opositores. El reparto de lo público, la apropiación de lo colectivo, corroe las instituciones y reduce las posibilidades de progreso y cultiva la ignorancia, como base de la dependencia de los cuasi ciudadanos.
En este país se ha llegado tan lejos que es peligroso radicalismo exigir transparencia, rendición de cuentas, límites a la podredumbre y sanciones. Por eso hasta gente seria ve con indiferencia que el país sea situado en el escalón 144 en malversación de recursos públicos, entre 144 naciones, en el Índice de Competitividad del nada sospechoso Foro Económico Mundial.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.