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Corrupción estremece sociedad dominicana y protagonistas proceden del sistema de partidos.
Se repite cotidianamente la vocación delictual de los actores de la vida política nacional, ya que cuando no son los autores de bochornosos hechos, es que cubren bajo su sombrilla a los que incurren en una serie de ilícitos penales que dañan sustancialmente a la sociedad y a la democracia.
El fenómeno se ha visualizado de la forma más clara a propósito de la exigencia de la sociedad de que se escogiera un Ministerio Público independiente, que no esté vinculado con los que tienen la responsabilidad de manejar presupuestos y con la designación de todos los funcionarios de la administración pública, cuya función está reservada para los políticos que logran ganar elecciones y asumir el poder.
Es como si se tratara de una epidemia o de una segunda pandemia, porque así como aumentan los contagiados y los fallecidos por el Covid-19, de igual manera brotan los actos de corrupción que revelan hasta donde la sociedad está corrompida y que camina en medio de un pantano.
No se pueden medir las muertes provocadas por la enfermedad del coronavirus, como tampoco se puede saber cuántos dominicanos han fallecido durante las últimas décadas por carecer de recursos para comprar algún medicamento o por no tener la más mínima exigencia para recibir diálisis, así como alimentarse adecuadamente, pese a los miles y miles de millones de pesos que se van por el barril sin fondo de la corrupción administrativa, cuya consecuencia es una tragedia de una dimensión insospechada.
En los últimos días son diversos los casos de corrupción que han salido a la superficie y que parecen llenar las cárceles de ladrones del patrimonio nacional, entre los que se deben mencionar los imputados de la Operación Caral, la Anti-Pulpo, La Numero 13, el apresamiento del diputado del PRM, la imputación en contra de otra legisladora del mismo partido oficial y hace apenas horas la revelación del gran fraude en contra de las distribuidoras de electricidad.
Es impresionante la cantidad de dinero involucrado, ya que sólo en el caso de las EDES se habla de unos 50 mil millones de pesos sustraídos por los desplazados funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del expresidente Danilo Medina, cuyos hechos parecen implicar a todos los familiares del exmandatario.
Estos hechos hablan por si solos y dejan claro hasta donde ha sido la audacia de los partidos políticos que han hecho fiestas con los dineros del erario nacional, cuyas acciones han dejado una secuela de daños económicos, morales y sociales que no son tan fáciles de superar en una nación bañada de pobreza y de carencias.
El dinero dilapidado es realmente difícil de contar y también de recuperar porque son tantos los que exhiben fortunas que no pueden justificar que se vuelve una utopía que esos recursos puedan retornar al tesoro nacional, ya que para tal propósito la inversión es tan cuantiosa que habría que endeudar mucho más el país.
De cualquier modo, los esfuerzos no deben detenerse y la sociedad civil mantener una vigilancia permanente de todos los partidos, porque está demostrado que la vocación mafiosa arropa a todas estas organizaciones, no importa que sea pequeña, mediana o grande.
Es todavía peor el flagelo en razón de que el problema de la corrupción abarca a toda la sociedad, cuyo fenómeno es parte del ADN de los dominicanos y sólo con políticas públicas hasta cierto punto radicales se puede, sino acabar, disminuir un cáncer que puede llevar al abismo a cualquier sociedad del planeta.
El problema de la corrupción administrativa no se resuelve con sofismas ni doble moral, sino con acciones que permitan la aplicación cabal del mandato de la ley sobre la materia y que caiga quien caiga en aras de salvar el país del colapso total.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.