Análisis Noticiosos
La corrupción se lleva por año entre $30 mil y 51 mil millones
Por Juan Bolívar Díaz
En América Latina se estima que la corrupción se lleva alrededor del 1% del PIB, en Perú, donde hay 500 presos por corrupción, acaban de estimarla en el 10 por ciento del presupuesto nacional y aquí se calcula de 30 mil a 51 mil millones de pesos por año
Durante años se viene calculando a cuánto asciende lo que se roba al pueblo dominicano por un sistema de corrupción profundamente arraigado, alentado por la mayor impunidad, al punto de que no hay un solo condenado por ese delito, pese a incontables denuncias que han alcanzado a miles de millones de pesos.
Para 1996 Leonel Fernández sostuvo que montaba a 30 mil millones de pesos, y más recientemente la expresidenta de la Cámara de Cuentas Liselotte Marte dijo que equivale a dos República Dominicana, con el 1% del PIB sería $36 mil millones, y con el 10% del gasto público alcanzaría a 51 mil millones de pesos en el 2017.
Dos República Dominicana
Hace tres años la entonces presidenta de la Cámara de Cuentas Liselotte Marte de Barrios sostuvo que con lo que se lleva la corrupción se podrían construir dos República Dominicana, al quejarse de las sistemáticas irregularidades y depredaciones del patrimonio público que se encuentran en gran parte de las auditorías.
Si se aceptasen los cálculos del expresidente Leonel Fernádnez, la corrupción nacional representaría cientos de miles de millones de pesos anuales. Ya en la campaña que lo llevó por primera vez a la presidencia en 1996, la estimó en 30 mil millones de pesos, lo que él mismo recordó en el artículo “Odebrecht y el Combate a la Corrupción” del pasado 5 de junio en el Listín Diario. Era una exageración ya que entonces las recaudaciones fiscales apena alcanzaban esa cifra, y fue en el 2000 que llegaron a 48 mil millones de pesos.
De aplicarse al país los parámetros de Transparencia Internacional que estima la corrupción en la región en al menos 1% del PIB, este año ascendería a unos 36 mil millones de pesos. La oficina local de Oxfam procesa una metodología para calcularla, avanzando un estimado del 0.8 por ciento del PIB, lo que implicaría 30 mil millones de pesos. Si se aplica el 10 por ciento del presupuesto nacional calculado en un Perú, aquí montaría a 51 mil millones de pesos en el 2017. Eso restando al presupuesto de 711 mil millones de pesos, los 201 mil destinados al pago del capital y los intereses de la deuda. Aunque en la interna media también una considerable corrupción por el cobro de comisiones por pagos.
El expresidente Joaquín Balaguer llegó a considerar normal las comisiones del 10 por ciento robado en las obras y contrataciones públicas, pero ese nivel quedó muy atrás hace años, cuando se han estimado sobrevaluaciones sobre el cien por ciento en múltiples obras públicas y no sólo de Odebrecht, y a un solo funcionario, Félix Bautista, el Ministerio Público le formuló un expediente por 26 mil millones de pesos.
Perú: $US3,876 millones
En el Perú, una Comisión Presidencial de Integridad, creada por el presidente Pedro Pablo Kuczyinski que recientemente formuló cien recomendaciones para afrontar la persistente corrupción pública y privada, citó cálculos de la Contraloría General de la República, según los cuales durante el 2016 le robaron al pueblo peruano 12 mil 600 millones de soles, 3 mil 876.9 millones de dólares, equivalentes a unos 184 mil millones de pesos. Concluyen que la corrupción se apropia el 10% del presupuesto de la nación.
Así lo explicó hace una semana en Uno+Uno de Teleantillas el doctor Eduardo Vega Luna, quien presidió la comisión, resaltando que ese grave nivel se mantiene a pesar de que en su país hay 506 funcionarios de todos los niveles, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori, cumpliendo condenas por corrupción y que en los dos últimos años los tribunales habían dictado 3 mil 200 sanciones de los diversas estamentos estatales.
José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, también peruano, había resaltado en el mismo telediario, que tras los escándalos de los videos de Vladimir Montesinos a finales de los noventa, fueron condenados además del presidente Fujimori, casi 200 altos funcionarios civiles y militares y empresarios de alta jerarquía, jueces y fiscales.En Perú, donde los sobornos confesados por Odebrecht sólo fueron 29 millones de dólares, el gobierno, la justicia y la sociedad civil se movilizaron de inmediato y ya hay dictamen de prisión contra el expresidente Toledo y se investiga a otros dos mandatarios.
Las 100 recomendaciones
El actual presidente Kuczynski se puso a disposición de la justicia y de inmediato comenzó a atender las 100 recomendaciones formuladas por su Comisión de Integridad tras considerar que “la corrupción en las compras y obras públicas en los tres niveles de gobierno, la predisposición a aceptar que los políticos roben, siempre y cuando hagan obras, y la participación de integrantes de instituciones fundamentales en bandas criminales, entre otras tendencias, están creando condiciones para que desaparezca la sutil línea que separa la corrupción que proviene del dinero obtenido formalmente de aquella que procede de la economía ilegal”. Y la economía ilegal en Perú tiene altísima tasa por la producción y comercialización de cocaína.
Las cien recomendaciones de la comisión, que rindió informe en un plazo conminatorio de 45 días, incluyen la instauración de la máxima transparencia en el Estado, con la publicación inmediata de cada erogación para compras y contrataciones, el fortalecimiento del servicio civil, de la integridad y la ética en el sector público, evitar el tráfico de influencia e impedir el ingreso o reingreso a la función pública de los condenados por corrupción, narcotráfico y lavado de activos y transparentar el sistema de contrataciones del Estado,
También se han abocado a fortalecer la independencia de los organismos reguladores, del sistema nacional de control, de la unidad de inteligencia financiera, del sistema de defensa jurídica del Estado, del sistema de justicia, y la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, impedir el uso de dinero ilícito en las campañas electorales, limitar la inmunidad parlamentaria y promover integridad en el sector privado.
Cultura de corrupción
Las encuestas de cultura política han evidenciado que los dominicanos tienen una acendrada afición a la corrupción, llegando a legitimarla como “aprovechamiento de oportunidad”, aunque tras el escándalo Odebrecht parece alcanzarse la mayor cota de rechazo a esa práctica y a la impunidad que la incentiva. La sorpresiva fortaleza de la Marcha Verde pareciera indicar que la población comienza a tomar conciencia de lo que le roba la corrupción y de cómo se reproduce en delincuencia por el efecto demostración de los depredadores del patrimonio público través de sus subordinados, trabajadores domésticos, choferes, vigilantes, militares, policías y otros servidores que llegan a creer que también deben aprovechar cualquier brecha para incrementar sus magros ingresos.
Los análisis más elementales concluyen en la imperiosa necesidad de rebajar el altísimo costo de la política, que es uno de los mayores incentivos a la corrupción, lo que resiste el sistema político. Una prueba es que acaban de anunciar consenso en el proyecto de ley de partidos para limitar ´los aportes individuales a las campañas electorales al 1 por ciento de lo máximo que reciba del Estado un partido. Como en el 2016 tres recibieron 419 millones de pesos, habría implicado un límite de 4 millones de pesos, equivalentes a unos 84 mil dólares, cuando en Estados Unidos el límite es de 3 mil dólares por persona y 10 mil por entidades.
Sobran las regulaciones
En el orden administrativo sobran las regulaciones aprobadas en las últimas dos décadas, tras los compromisos del país con las Convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana para combate a la corrupción, y las exigencias de organismos como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El mismo Leonel Fernández en el artículo arriba citado se refirió a todo un nuevo sistema de controles estatales, de presupuesto, de función pública, contraloría, cámara de cuentas, compras y contrataciones, de libre acceso a la información, de declaración jurada de bienes, planificación e inversión pública, de crédito público, sobre el lavado de activos, de salarios públicos y hasta una nueva y ampulosa Constitución.
El estudio Finanzas Públicas y Desorden Institucional entregado esta semana por la Marcha Verde, documentó la violación de numerosos acápites de 6 artículos constitucionales y 7 leyes del sistema de control en las contrataciones con la Odebrecht.
La sistemática violación de la Ley Orgánica del Presupuesto y las leyes anuales de presupuesto, son claros indicadores de la renuencia a acatar las reformas que buscan restringir la corrupción, que el Papa Francisco ha definido como “la peor plaga social porque genera gravísimos problemas y crímenes que implican a todos”, razón por la que un foro internacional celebrado a mediados de junio en el Vaticano concluyó recomendando la excomunión para los corruptos.-
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.