Análisis Noticiosos
La corrupción se lleva por año entre $30 mil y 51 mil millones
Por Juan Bolívar Díaz
En América Latina se estima que la corrupción se lleva alrededor del 1% del PIB, en Perú, donde hay 500 presos por corrupción, acaban de estimarla en el 10 por ciento del presupuesto nacional y aquí se calcula de 30 mil a 51 mil millones de pesos por año
Durante años se viene calculando a cuánto asciende lo que se roba al pueblo dominicano por un sistema de corrupción profundamente arraigado, alentado por la mayor impunidad, al punto de que no hay un solo condenado por ese delito, pese a incontables denuncias que han alcanzado a miles de millones de pesos.
Para 1996 Leonel Fernández sostuvo que montaba a 30 mil millones de pesos, y más recientemente la expresidenta de la Cámara de Cuentas Liselotte Marte dijo que equivale a dos República Dominicana, con el 1% del PIB sería $36 mil millones, y con el 10% del gasto público alcanzaría a 51 mil millones de pesos en el 2017.
Dos República Dominicana
Hace tres años la entonces presidenta de la Cámara de Cuentas Liselotte Marte de Barrios sostuvo que con lo que se lleva la corrupción se podrían construir dos República Dominicana, al quejarse de las sistemáticas irregularidades y depredaciones del patrimonio público que se encuentran en gran parte de las auditorías.
Si se aceptasen los cálculos del expresidente Leonel Fernádnez, la corrupción nacional representaría cientos de miles de millones de pesos anuales. Ya en la campaña que lo llevó por primera vez a la presidencia en 1996, la estimó en 30 mil millones de pesos, lo que él mismo recordó en el artículo “Odebrecht y el Combate a la Corrupción” del pasado 5 de junio en el Listín Diario. Era una exageración ya que entonces las recaudaciones fiscales apena alcanzaban esa cifra, y fue en el 2000 que llegaron a 48 mil millones de pesos.
De aplicarse al país los parámetros de Transparencia Internacional que estima la corrupción en la región en al menos 1% del PIB, este año ascendería a unos 36 mil millones de pesos. La oficina local de Oxfam procesa una metodología para calcularla, avanzando un estimado del 0.8 por ciento del PIB, lo que implicaría 30 mil millones de pesos. Si se aplica el 10 por ciento del presupuesto nacional calculado en un Perú, aquí montaría a 51 mil millones de pesos en el 2017. Eso restando al presupuesto de 711 mil millones de pesos, los 201 mil destinados al pago del capital y los intereses de la deuda. Aunque en la interna media también una considerable corrupción por el cobro de comisiones por pagos.
El expresidente Joaquín Balaguer llegó a considerar normal las comisiones del 10 por ciento robado en las obras y contrataciones públicas, pero ese nivel quedó muy atrás hace años, cuando se han estimado sobrevaluaciones sobre el cien por ciento en múltiples obras públicas y no sólo de Odebrecht, y a un solo funcionario, Félix Bautista, el Ministerio Público le formuló un expediente por 26 mil millones de pesos.
Perú: $US3,876 millones
En el Perú, una Comisión Presidencial de Integridad, creada por el presidente Pedro Pablo Kuczyinski que recientemente formuló cien recomendaciones para afrontar la persistente corrupción pública y privada, citó cálculos de la Contraloría General de la República, según los cuales durante el 2016 le robaron al pueblo peruano 12 mil 600 millones de soles, 3 mil 876.9 millones de dólares, equivalentes a unos 184 mil millones de pesos. Concluyen que la corrupción se apropia el 10% del presupuesto de la nación.
Así lo explicó hace una semana en Uno+Uno de Teleantillas el doctor Eduardo Vega Luna, quien presidió la comisión, resaltando que ese grave nivel se mantiene a pesar de que en su país hay 506 funcionarios de todos los niveles, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori, cumpliendo condenas por corrupción y que en los dos últimos años los tribunales habían dictado 3 mil 200 sanciones de los diversas estamentos estatales.
José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, también peruano, había resaltado en el mismo telediario, que tras los escándalos de los videos de Vladimir Montesinos a finales de los noventa, fueron condenados además del presidente Fujimori, casi 200 altos funcionarios civiles y militares y empresarios de alta jerarquía, jueces y fiscales.En Perú, donde los sobornos confesados por Odebrecht sólo fueron 29 millones de dólares, el gobierno, la justicia y la sociedad civil se movilizaron de inmediato y ya hay dictamen de prisión contra el expresidente Toledo y se investiga a otros dos mandatarios.
Las 100 recomendaciones
El actual presidente Kuczynski se puso a disposición de la justicia y de inmediato comenzó a atender las 100 recomendaciones formuladas por su Comisión de Integridad tras considerar que “la corrupción en las compras y obras públicas en los tres niveles de gobierno, la predisposición a aceptar que los políticos roben, siempre y cuando hagan obras, y la participación de integrantes de instituciones fundamentales en bandas criminales, entre otras tendencias, están creando condiciones para que desaparezca la sutil línea que separa la corrupción que proviene del dinero obtenido formalmente de aquella que procede de la economía ilegal”. Y la economía ilegal en Perú tiene altísima tasa por la producción y comercialización de cocaína.
Las cien recomendaciones de la comisión, que rindió informe en un plazo conminatorio de 45 días, incluyen la instauración de la máxima transparencia en el Estado, con la publicación inmediata de cada erogación para compras y contrataciones, el fortalecimiento del servicio civil, de la integridad y la ética en el sector público, evitar el tráfico de influencia e impedir el ingreso o reingreso a la función pública de los condenados por corrupción, narcotráfico y lavado de activos y transparentar el sistema de contrataciones del Estado,
También se han abocado a fortalecer la independencia de los organismos reguladores, del sistema nacional de control, de la unidad de inteligencia financiera, del sistema de defensa jurídica del Estado, del sistema de justicia, y la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, impedir el uso de dinero ilícito en las campañas electorales, limitar la inmunidad parlamentaria y promover integridad en el sector privado.
Cultura de corrupción
Las encuestas de cultura política han evidenciado que los dominicanos tienen una acendrada afición a la corrupción, llegando a legitimarla como “aprovechamiento de oportunidad”, aunque tras el escándalo Odebrecht parece alcanzarse la mayor cota de rechazo a esa práctica y a la impunidad que la incentiva. La sorpresiva fortaleza de la Marcha Verde pareciera indicar que la población comienza a tomar conciencia de lo que le roba la corrupción y de cómo se reproduce en delincuencia por el efecto demostración de los depredadores del patrimonio público través de sus subordinados, trabajadores domésticos, choferes, vigilantes, militares, policías y otros servidores que llegan a creer que también deben aprovechar cualquier brecha para incrementar sus magros ingresos.
Los análisis más elementales concluyen en la imperiosa necesidad de rebajar el altísimo costo de la política, que es uno de los mayores incentivos a la corrupción, lo que resiste el sistema político. Una prueba es que acaban de anunciar consenso en el proyecto de ley de partidos para limitar ´los aportes individuales a las campañas electorales al 1 por ciento de lo máximo que reciba del Estado un partido. Como en el 2016 tres recibieron 419 millones de pesos, habría implicado un límite de 4 millones de pesos, equivalentes a unos 84 mil dólares, cuando en Estados Unidos el límite es de 3 mil dólares por persona y 10 mil por entidades.
Sobran las regulaciones
En el orden administrativo sobran las regulaciones aprobadas en las últimas dos décadas, tras los compromisos del país con las Convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana para combate a la corrupción, y las exigencias de organismos como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El mismo Leonel Fernández en el artículo arriba citado se refirió a todo un nuevo sistema de controles estatales, de presupuesto, de función pública, contraloría, cámara de cuentas, compras y contrataciones, de libre acceso a la información, de declaración jurada de bienes, planificación e inversión pública, de crédito público, sobre el lavado de activos, de salarios públicos y hasta una nueva y ampulosa Constitución.
El estudio Finanzas Públicas y Desorden Institucional entregado esta semana por la Marcha Verde, documentó la violación de numerosos acápites de 6 artículos constitucionales y 7 leyes del sistema de control en las contrataciones con la Odebrecht.
La sistemática violación de la Ley Orgánica del Presupuesto y las leyes anuales de presupuesto, son claros indicadores de la renuencia a acatar las reformas que buscan restringir la corrupción, que el Papa Francisco ha definido como “la peor plaga social porque genera gravísimos problemas y crímenes que implican a todos”, razón por la que un foro internacional celebrado a mediados de junio en el Vaticano concluyó recomendando la excomunión para los corruptos.-
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.