Análisis Noticiosos
La corrupción se lleva por año entre $30 mil y 51 mil millones
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9 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
En América Latina se estima que la corrupción se lleva alrededor del 1% del PIB, en Perú, donde hay 500 presos por corrupción, acaban de estimarla en el 10 por ciento del presupuesto nacional y aquí se calcula de 30 mil a 51 mil millones de pesos por año
Durante años se viene calculando a cuánto asciende lo que se roba al pueblo dominicano por un sistema de corrupción profundamente arraigado, alentado por la mayor impunidad, al punto de que no hay un solo condenado por ese delito, pese a incontables denuncias que han alcanzado a miles de millones de pesos.
Para 1996 Leonel Fernández sostuvo que montaba a 30 mil millones de pesos, y más recientemente la expresidenta de la Cámara de Cuentas Liselotte Marte dijo que equivale a dos República Dominicana, con el 1% del PIB sería $36 mil millones, y con el 10% del gasto público alcanzaría a 51 mil millones de pesos en el 2017.
Dos República Dominicana
Hace tres años la entonces presidenta de la Cámara de Cuentas Liselotte Marte de Barrios sostuvo que con lo que se lleva la corrupción se podrían construir dos República Dominicana, al quejarse de las sistemáticas irregularidades y depredaciones del patrimonio público que se encuentran en gran parte de las auditorías.
Si se aceptasen los cálculos del expresidente Leonel Fernádnez, la corrupción nacional representaría cientos de miles de millones de pesos anuales. Ya en la campaña que lo llevó por primera vez a la presidencia en 1996, la estimó en 30 mil millones de pesos, lo que él mismo recordó en el artículo “Odebrecht y el Combate a la Corrupción” del pasado 5 de junio en el Listín Diario. Era una exageración ya que entonces las recaudaciones fiscales apena alcanzaban esa cifra, y fue en el 2000 que llegaron a 48 mil millones de pesos.
De aplicarse al país los parámetros de Transparencia Internacional que estima la corrupción en la región en al menos 1% del PIB, este año ascendería a unos 36 mil millones de pesos. La oficina local de Oxfam procesa una metodología para calcularla, avanzando un estimado del 0.8 por ciento del PIB, lo que implicaría 30 mil millones de pesos. Si se aplica el 10 por ciento del presupuesto nacional calculado en un Perú, aquí montaría a 51 mil millones de pesos en el 2017. Eso restando al presupuesto de 711 mil millones de pesos, los 201 mil destinados al pago del capital y los intereses de la deuda. Aunque en la interna media también una considerable corrupción por el cobro de comisiones por pagos.
El expresidente Joaquín Balaguer llegó a considerar normal las comisiones del 10 por ciento robado en las obras y contrataciones públicas, pero ese nivel quedó muy atrás hace años, cuando se han estimado sobrevaluaciones sobre el cien por ciento en múltiples obras públicas y no sólo de Odebrecht, y a un solo funcionario, Félix Bautista, el Ministerio Público le formuló un expediente por 26 mil millones de pesos.
Perú: $US3,876 millones
En el Perú, una Comisión Presidencial de Integridad, creada por el presidente Pedro Pablo Kuczyinski que recientemente formuló cien recomendaciones para afrontar la persistente corrupción pública y privada, citó cálculos de la Contraloría General de la República, según los cuales durante el 2016 le robaron al pueblo peruano 12 mil 600 millones de soles, 3 mil 876.9 millones de dólares, equivalentes a unos 184 mil millones de pesos. Concluyen que la corrupción se apropia el 10% del presupuesto de la nación.
Así lo explicó hace una semana en Uno+Uno de Teleantillas el doctor Eduardo Vega Luna, quien presidió la comisión, resaltando que ese grave nivel se mantiene a pesar de que en su país hay 506 funcionarios de todos los niveles, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori, cumpliendo condenas por corrupción y que en los dos últimos años los tribunales habían dictado 3 mil 200 sanciones de los diversas estamentos estatales.
José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, también peruano, había resaltado en el mismo telediario, que tras los escándalos de los videos de Vladimir Montesinos a finales de los noventa, fueron condenados además del presidente Fujimori, casi 200 altos funcionarios civiles y militares y empresarios de alta jerarquía, jueces y fiscales.En Perú, donde los sobornos confesados por Odebrecht sólo fueron 29 millones de dólares, el gobierno, la justicia y la sociedad civil se movilizaron de inmediato y ya hay dictamen de prisión contra el expresidente Toledo y se investiga a otros dos mandatarios.
Las 100 recomendaciones
El actual presidente Kuczynski se puso a disposición de la justicia y de inmediato comenzó a atender las 100 recomendaciones formuladas por su Comisión de Integridad tras considerar que “la corrupción en las compras y obras públicas en los tres niveles de gobierno, la predisposición a aceptar que los políticos roben, siempre y cuando hagan obras, y la participación de integrantes de instituciones fundamentales en bandas criminales, entre otras tendencias, están creando condiciones para que desaparezca la sutil línea que separa la corrupción que proviene del dinero obtenido formalmente de aquella que procede de la economía ilegal”. Y la economía ilegal en Perú tiene altísima tasa por la producción y comercialización de cocaína.
Las cien recomendaciones de la comisión, que rindió informe en un plazo conminatorio de 45 días, incluyen la instauración de la máxima transparencia en el Estado, con la publicación inmediata de cada erogación para compras y contrataciones, el fortalecimiento del servicio civil, de la integridad y la ética en el sector público, evitar el tráfico de influencia e impedir el ingreso o reingreso a la función pública de los condenados por corrupción, narcotráfico y lavado de activos y transparentar el sistema de contrataciones del Estado,
También se han abocado a fortalecer la independencia de los organismos reguladores, del sistema nacional de control, de la unidad de inteligencia financiera, del sistema de defensa jurídica del Estado, del sistema de justicia, y la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, impedir el uso de dinero ilícito en las campañas electorales, limitar la inmunidad parlamentaria y promover integridad en el sector privado.
Cultura de corrupción
Las encuestas de cultura política han evidenciado que los dominicanos tienen una acendrada afición a la corrupción, llegando a legitimarla como “aprovechamiento de oportunidad”, aunque tras el escándalo Odebrecht parece alcanzarse la mayor cota de rechazo a esa práctica y a la impunidad que la incentiva. La sorpresiva fortaleza de la Marcha Verde pareciera indicar que la población comienza a tomar conciencia de lo que le roba la corrupción y de cómo se reproduce en delincuencia por el efecto demostración de los depredadores del patrimonio público través de sus subordinados, trabajadores domésticos, choferes, vigilantes, militares, policías y otros servidores que llegan a creer que también deben aprovechar cualquier brecha para incrementar sus magros ingresos.
Los análisis más elementales concluyen en la imperiosa necesidad de rebajar el altísimo costo de la política, que es uno de los mayores incentivos a la corrupción, lo que resiste el sistema político. Una prueba es que acaban de anunciar consenso en el proyecto de ley de partidos para limitar ´los aportes individuales a las campañas electorales al 1 por ciento de lo máximo que reciba del Estado un partido. Como en el 2016 tres recibieron 419 millones de pesos, habría implicado un límite de 4 millones de pesos, equivalentes a unos 84 mil dólares, cuando en Estados Unidos el límite es de 3 mil dólares por persona y 10 mil por entidades.
Sobran las regulaciones
En el orden administrativo sobran las regulaciones aprobadas en las últimas dos décadas, tras los compromisos del país con las Convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana para combate a la corrupción, y las exigencias de organismos como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El mismo Leonel Fernández en el artículo arriba citado se refirió a todo un nuevo sistema de controles estatales, de presupuesto, de función pública, contraloría, cámara de cuentas, compras y contrataciones, de libre acceso a la información, de declaración jurada de bienes, planificación e inversión pública, de crédito público, sobre el lavado de activos, de salarios públicos y hasta una nueva y ampulosa Constitución.
El estudio Finanzas Públicas y Desorden Institucional entregado esta semana por la Marcha Verde, documentó la violación de numerosos acápites de 6 artículos constitucionales y 7 leyes del sistema de control en las contrataciones con la Odebrecht.
La sistemática violación de la Ley Orgánica del Presupuesto y las leyes anuales de presupuesto, son claros indicadores de la renuencia a acatar las reformas que buscan restringir la corrupción, que el Papa Francisco ha definido como “la peor plaga social porque genera gravísimos problemas y crímenes que implican a todos”, razón por la que un foro internacional celebrado a mediados de junio en el Vaticano concluyó recomendando la excomunión para los corruptos.-
Análisis Noticiosos
El reconocimiento de cuerpos por videollamada: duelo a distancia venezolano
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17 horas agoon
agosto 13, 2026
Caracas.- Norellys Marrero dejó un ejemplar del libro Vida, de Paulo Coelho, en la mesa de noche de su hija Liz el día antes de abandonar Los Ángeles. Viajaba de vuelta a Venezuela luego de vivir tres años con ella y esperar la respuesta de una solicitud de asilo que le fue negada. “Te lo dejo aquí para que nunca te olvides de que, pase lo que pase, uno nunca puede perder la esperanza de vivir hasta el final”, le dijo. Dos meses después, Norellys murió junto a su otra hija y su nuero en La Guaira, durante el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela.
Pero, a diferencia de otras historias, Liz vivió la tragedia por videollamada. Estaba a punto de ir a dar clases a la academia de baile donde trabaja desde hace 11 años cuando su mejor amigo —que también es artista y vive en Turquía— la llamó para decirle que había habido un terremoto catastrófico y que llamara a su familia. “Aparecieron todos, excepto mi núcleo familiar. Y ahí, cuando yo veo que todo el mundo contesta, que todo el mundo escribe y no escucho a los míos y llamo, llamo, llamo… ahí yo, automáticamente, ya sabía”, dice Liz.
La bailarina contactó desde Los Ángeles a motorizados en La Guaira para que fueran a ver el estado del edificio; también a su canosa tía Maribel, que perdió carro y casa pero se fue a participar en las labores de rescate, e incluso le mostraron las manos del cadáver de su hermana para que las reconociera. “¿Pero para qué iba a reconocer unas manos? Quería ver el cuerpo completo de mi hermana, que apareció debajo de su esposo. Yo creo que ellos quedaron vivos y con la fuerza que les quedaba empujaron a su hijo para que pudiera salir, porque los encontraron impulsando los brazos hacia arriba y Samuel estaba encima de ellos”, describe Liz.

Sus sobrinos sobrevivieron. Sebastián, de 16 años, estaba en la playa de Macuto celebrando la fiesta de San Juan y vio cómo todo se desplomaba a su paso. Samuel, de 11, quedó atrapado junto a su familia, y un turista lo rescató 24 horas después tras ver cómo su cabeza sobresalía entre los escombros. Ahora Samuel tiene cuatro fracturas y una parálisis facial. “Está en el hospital, todavía muy delicado. No habla, no puede mover la cara, tiene que hacer terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y lo atienden entre fisioterapeutas, neurocirujanos e intensivistas. Lo acompaña una enfermera las 24 horas, y no se le puede dar de alta porque, cuando lo intentaron, convulsionó”, explica Liz.
Fue ella quien organizó cómo decirle a su otro sobrino que sus padres habían muerto. De nuevo, por videollamada: “Contacté a un psiquiatra y fue mi sobrino con toda la familia a su consultorio. El abuelo le dio a Sebastián la noticia y ese fue el momento más difícil de mi vida: ver a Sebastián tirándose al piso y gritando, a través de la pantalla. Porque ese dolor también lo tengo yo, yo también perdí a mi mamá en el mismo momento que él”, recuerda Liz.
Desde entonces, sus sobrinos están bajo la custodia de su abuelo paterno, mientras Liz ha organizado una campaña en GoFundMe a beneficio de su futuro como beisbolistas profesionales, carrera de la que sueña ser manager. “Gracias a la danza he reunido más de 70 mil dólares en un mes. Ya tengo 13 ciudades confirmadas donde se van a hacer talleres de danza para donar a los niños. También en la ciudad hacen un festival que se llama Next Fest LA y, gracias a las redes, vieron lo que estoy haciendo y me llamaron para patrocinar un escenario a beneficio de mi familia”, explica.

Los vecinos al rescate de supervivientes
El caso de Crismar Chacín es similar. Su vida transcurre en Los Ángeles desde 2021, cuando consiguió una beca para The American Academy of Dramatic Arts. Desde entonces, no ha vuelto a La Guaira. Su papá se suicidó hace cuatro años, cuando ya Crismar vivía en el extranjero, y su hermano Cristian, de 19 años, murió atrapado en uno de los edificios que se derrumbó en Los Corales el día del terremoto.
“Hija, hubo un terremoto”, le dijo su mamá a través de una llamada mientras Crismar estaba en una biblioteca. “La primera persona que me contó fue mi mamá, que estaba en Caribe y me llamó para decirme que todo se había venido abajo. La llamada duró menos de cinco minutos y sentí que se estaba acabando el mundo. La escuché cuando logró llegar al edificio, gritar por Cristian y que no respondiera”, recuerda.
Al edificio no llegaron rescatistas hasta el día siguiente y, en ese momento, estaban priorizando el rescate solamente donde se escuchara vida: “Eran vecinos a mano limpia tratando de salvar gente. Mi tío se lanzó una travesía desde Catia La Mar hacia Los Corales porque la policía había dado la orden de que no se metieran a los edificios, y mi tío dijo que él sí iba a meterse. Así encontraron a Cristian y a otros vecinos el viernes 26 de junio”, explica.
Crismar estaba con su mamá en la llamada cuando identificaron a su hermano. “A pesar de estar en la distancia, algo me dijo que intentara llamarla a ver si entraba la señal, y fue justo en el momento en el que lo identificaron por su tatuaje”, dice. Sin embargo, ahí no lo pudieron extraer y tuvieron que echarle cal al cuerpo para preservarlo. “El piso tres quedó en planta baja y todo el peso del edificio estaba encima de nuestros familiares. Así que no fue posible sacarlos sin la ayuda correcta, que llegó cuatro días después gracias a los topos mexicanos”, explica.

Por eso Liz destaca el sentido de comunidad que ha vivido gracias a este momento: “Pasó lo peor en La Guaira, y la única razón por la que mis sobrinos están vivos es porque en ese momento había comunidad. El único que te puede salvar cuando no hay luz, no hay agua, no hay internet, es el que te quiere”, dice.
Crismar enfrenta una larga espera por la legalización de su estatus en Estados Unidos, lo que le impide salir del país para estar con su mamá, que ahora se quedó sola. “Lo peor ha sido estar pegada al teléfono hablando con mi mamá y sentirme completamente inútil porque no puedo ni ir para allá ni traérmela, porque ya los venezolanos venimos con ciertas limitaciones. No es la primera pérdida que vivo lejos después de haberme ido de Venezuela, y tampoco es la primera vez que no puedo ir y abrazar inmediatamente a mi mamá”, dice.
Liz, en cambio, está esperando una residencia permanente en Estados Unidos y el trámite no le permite salir del país. “Pero olvídate. En el momento en que se resuelva lo de mi green card, que debe ser en un par de meses, estaré volando a Venezuela a ver a mis sobrinos”, dice.
Liz Marrero y Crismar Chacín son ejemplo de los nueve millones de venezolanos que emigraron masivamente entre 2014 y 2024 debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ambas están tratando de entender cómo avanzar legalmente para estar más cerca de los suyos. “Tengo que validar ante Estados Unidos y Venezuela que soy una persona trabajadora de bien, que hace impacto en la comunidad, que siempre ha sido generosa, profesional y súper exitosa. Pero es muy difícil, porque uno tiene que lidiar con sus sentimientos y, a la vez, tienes que lidiar con trámites legales y frenar un poco el corazón”, dice Liz.
Ambas se hacen preguntas que las ayuden a aliviar la pena, pero las respuestas no llegan tan fácilmente. Crismar lo resume así: “No sé por qué a los venezolanos nos está tocando esto y es un sentimiento muy específico e indescriptible el que tú estés buscando un mejor futuro y trabajando por tu familia afuera pero no puedes estar ahí cuando estas cosas pasan”. Liz, por su parte, lo deja a la fe: “¿Por qué nos pasan estas cosas? Ya yo me molesté con Dios y lo perdoné. Ahora tengo que seguir”.
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Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
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1 semana agoon
agosto 6, 2026El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros

“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales

Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros

“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
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Análisis Noticiosos
El Tribunal Superior Electoral y la figura de la inadmisibilidad.
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2 semanas agoon
julio 30, 2026Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.
