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Corrupción vulgar, irracionalidad extrema y falta de escrúpulo es carta de presentación del primer poder del Estado.
Por Elba García
El país tiene que estar lleno de vergüenza de que parte del gran debate nacional sea por la permanencia de una acción del Senado que no tiene justificación desde ningún punto de vista, porque habla de las grandes distorsiones que sufre un Estado que carece del nivel de institucionalidad que demanda cualquier democracia del mundo.
El famoso barrilito, cuya mayoría de senadores defiende con unas y dientes esa irracionalidad, ha sido el motivo de lo que parece ser una venganza de los senadores de la República con la aprobación en primera lectura de un proyecto de ley que desmonta todas las exenciones fiscales y exoneraciones en favor de diversos sectores nacionales.
La reacción de los legisladores, la cual ya parece que duerme el sueño eterno de lo olvidado, dado que el proyecto en cuestión fue aprobado en primera lectura y jamás se ha vuelto a hablar del mismo, es una forma de apelar a una expresión muy popular que dice que aquí jugamos todos o se rompe la baraja, es decir, que la eliminación de las exenciones y de las exoneraciones no será sólo en su contra, sino del sector empresarial y de otros que también se benefician del Estado.
Sin embargo, el proyecto sometido por estos legisladores, del cual no se ha vuelto hablar, lo que demuestra que no fue más que un chantaje, incluye la eliminación de exenciones fiscales y exoneraciones a algunos sectores que no debían ser, como por ejemplo los generadores de energía renovable, lo cual debía ser un propósito oficial para reducir la contaminación con efectos invernaderos a partir de que el servicio energético opera en el país, principalmente con combustibles fósiles.
La propuesta firmada por 24 senadores, eliminaría exoneraciones de vehículos, reduciría sueldos, disminuiría el gasto en publicidad estatal y derogaría varias leyes que no permiten la recaudación de múltiples impuestos.
Los legisladores previamente habían aprobado no llevarlo a discusiones e incluirlo en la agenda del día.
Entre los sectores que se benefician de esas exenciones se encuentran instituciones privadas, organizaciones sin fines de lucro, sector industrial, turismo, educación, salud, zona franca industrial, manufactureras textiles, energía renovable, sector cinematográfico y otros.
Ahora quitar estos privilegios, por ejemplo, al turismo parece sensato y entendible porque este sector de la economía nacional ya tiene un nivel de desarrollo que se puede valer por si mismo e incluso aportar recursos a los que todavía están razagados.
Pero de cualquier modo la actitud no habla bien del país que los senadores actúen y aprueben leyes por venganza, lo cual es una expresión de inmadurez y además de que los intereses particulares de los legisladores pesan más que el bienestar general de la nación.
El reportaje del programa El Informe de Alicia Ortega dejó muy claro que la corrupción en el país es parte de una cultura que para su eliminación todavía faltan muchas medidas severas en contra de los que la promueven.
Los detalles ofrecidos por ese reportaje no dejan dudas de que el dinero del Barrilito asignado a los senadores para supuestamente cubrir obras de bien social, no son más que otro instrumento para enriquecerse y promover privilegios propios y en favor de familiares y allegados.
El Barrilito es el resultado de lo que se ha querido vender como algo legítimo, aunque se trate de un acto de abuso en contra de la sociedad dominicana por parte de sus supuestos representantes en el Congreso Nacional, pero que además agrega otros elementos que constituyen una grave violación a la Constitución de la República, porque los mismos implican legislar para su propio beneficio.
El proyecto que busca desmontar exenciones y exoneraciones en favor de una serie de sectores nacionales ya fue aprobado en primera lectura y ahora debe pasar a una segunda para que entonces su destino quede en manos de la Cámara de Diputados, donde no parece que vaya a ser sancionado positivamente.
El rechazo de este proyecto por parte de los diputados se constituiría en una especie de legitimación de los senadores que proceden de esta manera porque se sienten agredidos por el rechazo de los medios de comunicación social y otros sectores del país del Barrilito y de otros privilegios de supuestos representantes de la ciudadanía en el Congreso Nacional.
De cualquier modo, no queda ninguna duda de la inmadurez y de como los intereses particulares pesan más en el país que los de las grandes mayorías nacionales y cuyas reacciones de estos representantes son precisamente un contrasentido de los que dentro de un par de años tendrán que acudir a buscar el voto de la gente que resulta golpeada por ellos.
Es importante darle seguimiento a lo que ocurre en el Congreso Nacional, primero con los diputados vinculados al crimen organizado y ahora con los senadores que se resisten a abandonar privilegios irritantes y que atropellan los afanes de la sociedad por contar con una democracia más depurada y acorde con los países con mayor avance en esta materia.
Lo que se impone es mantenerse a la expectativa de lo que ocurre entre los responsables de hacer las leyes nacionales, porque su conducta es un espejo de lo mal que están los partidos políticos, porque son ellos los que presentan como opciones a estos senadores y diputados.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.